Además, la Justicia informó que esperarán hasta el lunes para solicitar el pedido de extradición del exfuncionario bolsonarista y exsecretario de Seguridad Pública, Anderson Torres. v
La Justicia aceptó la cautelar presentada por Procuraduría General de la Unión (AGU, según sus siglas en portugués) para embargar los bienes de 52 personas y siete empresas que fueron identificadas como financistas del ataque contra los Tres Poderes del Estado perpetrado el domingo pasado.
Según el comunicado, se trata de quienes pagaron los micros que transportaron a los, aproximadamente, cinco mil bolsonaristas; y quienes hicieron sus aportes para sostener el campamento instalado frente al cuartel del Ejército en donde pedían la intervención militar.
Mientras tanto, el ministro de Justicia informó que esperarán hasta el lunes para solicitar el pedido de extradición del exfuncionario bolsonarista y exsecretario de Seguridad Pública, Anderson Torres.
Los bienes están tasados en 6,5 millones de reales (un millón de dólares) por los actos golpistas y terroristas y serán utilizados para la reparación los daños causados en el patrimonio cultural y edilicio de las instalaciones públicas invadidas y destruidas. El bloqueo fue solicitado sobre inmuebles, vehículos y valores financieros en cuentas, según detalló en un comunicado la AGU.
Dado que el costo de los daños generados todavía no fue calculado, el monto bloqueado es sólo preliminar y puede llegar a ampliarse. “Por el momento, el monto considera sólo estimaciones del Senado Federal de daños a su edificio de R$ 3,5 millones y de la Cámara Federal, cuya evaluación preliminar es de daños a R$ 3,03 millones en el edificio de la Cámara.
Todavía no hay estimaciones de los daños causados a los Palacios del Planalto y el Supremo Tribunal Federal”, dice la nota.
Hace dos días, el portal G1 y TVGlobo, de la cadena O’Globo, llevó a cabo una investigación en la que también dio a conocer que la mayoría de los financiadores se encuentran en los estados de Paraná, Mato Gorro do Sul y San Pablo.