El Senador por Neuquén del Frente de Todos planteó la necesidadde enfrentar la persecución y proscripción de la vicepresidenta de la Nación.

Al inicio de la entrevista, Parrilli habló acerca de las escuchas ilegales, las cuales “son materia de investigación judicial” solo cuando sirven para acusar “a los peronistas” y sostuvo que el Frente de Todos debe “tomar el bastón de mariscal” para “comenzar a proponer ideas” y así “superar la proscripción con la que el Poder Judicial está sometiendo a Cristina Kirchner”.

Pareciera que las escuchas ilegales son materia de investigación judicial solo cuando son para los peronistas, cuando son para los macristas no se puede abrir ninguna causa judicial por escuchas ilegales”, afirmó el Senador.

El legislador hizo referencia y respaldó las manifestaciones realizadas en un hilo publicado este mediodía por la Vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter, en el que cuestionó a la Justicia por la falta de un criterio común para determinar la validez de ese tipo de prueba.

Más tarde, Parrilli afirmó que “la realidad demuestra cómo cambian las opiniones” de la Justicia y señaló que los mensajes de la Vicepresidenta “demuestran claramente que hay un partido judicial en Argentina”.

Parrilli, además, expresó que: “Todos los que formamos parte del Frente de Todos, en especial los que reivindicamos la gestión y Néstor y de Cristina, debemos comenzar a presentar propuestas y superar esta proscripción a la cual el Poder Judicial está sometiendo a Cristina Kirchner”.

Para finalizar, manifestó que “no estaría mal” que se desarrolle un Congreso del Partido Justicialista (PJ) en febrero, para que ese partido “comience a tener algún protagonismo” y los congresales “puedan dar su opinión acerca de la marcha de la economía” y del Gobierno.

El Presidente afirmó que la reincorporación de la nación vecina a ese bloque regional permitirá avanzar en la integración de los líderes de la región.

Alberto Fernández manifestó su “certeza” de que la reincorporación de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) permitirá avanzar del mejor modo hacia la realidad de la integración regional y confió que el organismo ”pueda profundizar sus vínculos con China” al considerarlos como una cuestión “estratégica”.

De cara a la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la entidad, que se realizará el martes próximo en Buenos Aires, Fernández señaló que ese encuentro servirá para que “nos encontremos los líderes de la región y podamos debatir a ver cómo enfrentamos el futuro”.

En declaraciones a la Televisión Central China (CCTV) el Jefe de Estado reseñó la labor que desarrolla como presidente Pro Témpore del organismo y destacó que hizo “mucho hincapié en la necesidad de mostrar una América Latina unida frente al mundo”, además de llevar “los reclamos regionales” al escenario mundial.

“Planteé la posición latinoamericana en dos reuniones del G20, tanto en Roma como en Indonesia, y fui a la Cumbre de las Américas y planteé ante América del Norte nuestra preocupación por las injusticias que el sistema estaba generando”, dijo.

Sobre el funcionamiento de la entidad, Fernández opinó que “lo lamentable de los últimos años fue que Brasil haya salido del escenario internacional”, como consecuencia de las políticas instrumentadas por el expresidente Jair Bolsonaro.

Pero ahora, con la vuelta a la presidencia del país vecino de Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que tiene “certeza de que vamos a poder llevar adelante del mejor modo la idea de integración regional”.

La decisión se formalizó hace poco más de una semana, cuando el canciller Santiago Cafiero recibió al embajador de Brasil en la Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, quien le entregó la carta formal por la cual Brasil oficializó su retorno a la Celac, tras la decisión de Bolsonaro en enero de 2020, de suspender su participación en el bloque que reúne a 33 naciones de América latina y el Caribe.

Así lo afirmó el politólogo y miembro del Observatorio del Sur Global al analizar la actualidad política y social en esa nación suramericana.

Federico Montero analizó en el programa radial de la AM530-Somos Radio, Cuanto Cuento, las consecuencias y reclamos de las movilizaciones que sacuden a Perú, su repercusión en la región y brindó un adelanto sobre la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) que se realizará el martes próximo en Buenos Aires.

“Las protestas tienen que ver con el descontento que se inició el 7 de diciembre con el golpe institucional a Pedro Castillo, que en un primer momento fue resistido por la base social y rural de Perú, y que fue tomando mayor protagonismo en la respuesta a la represión ordenada por el Gobierno de Dina Boularte”, describió Montero al inicio de su columna.

Vale destacar, que el mandatario peruano fue destituido por un procedimiento impulsado por el Congreso (unicameral) de esa nación suramericana, gracias al “juicio por vacancia” el cual fue aplicado de forma irregular y que en estos momentos el presidente depuesto se encuentra encarcelado sin la realización de un juicio.

En ese sentido, el analista señaló: “El espiral de violencia que estamos viendo ya se cobró cincuenta muertos, todos ellos fallecieron por armas de fuego disparadas por las fuerzas de seguridad, lo que implica una creciente inestabilidad política“.

Por otra parte, Montero relató los posibles escenarios que se abren en Perú y cómo se podría resolver la crisis política en la hermana nación. Para ello, planteó que Boularte puede finalizar los años de gobierno que le quedaban a Castillo o llamar a elecciones, lo cual debe ser ratificado por el Congreso.

“La agenda del movimiento social consta de cuatro puntos: Primero, la liberación de Castillo; segundo, el llamado inmediato a elecciones; tercero, una renovación del Congreso y la Presidencia y cuarto, una reforma constituyente“, explicó el politólogo en Cuanto Cuento.

Acerca del impacto de la crisis peruana en América Latina, Montero explicó que “existieron pronunciamientos diferenciados” por distintos mandatarios de la región. “Lula antes de asumir la presidencia de Brasil realizó un saludo a la continuidad institucional luego de la destitución de Castillo, pero no volvió a posicionarse”.

Siguiendo esa lógica argumentativa, el analista señaló que “México tuvo una posición más consecuente porque siempre mantuvo una condena a lo que estaba sucediendo y fue el país que ofreció la salida para la familia de Castillo”.

Más tarde, el politólogo adelantó que “habrá varios representantes de quienes fueron funcionarios del gobierno de Castillo en Argentina de cara a la Cumbre de la Celac” y luego expresó: “Hay que ver cómo evoluciona la posición regional y si es posible tener un acuerdo para aportar en la resolción de está situación”.

Luego, Montero explicó que las movilizaciones y la salida represiva del Gobierno “ayudan” a que un sector mayoritario de la población entienda la necesidad de un cambio más profundo. “En la agenda parlamentaria es un elemento que está en juego, luego de votar en el Congreso el acortamiento del mandato de Boularte y una convocatoria a elecciones para abril de 2024“, contó.

“Ahora el Congreso debería ratificar esa convocatoria“, explicó el politólogo para luego describir: “La izquierda está condicionando el apoyo a la ratificación de ese adelanto de las elecciones, correrlas para este año, y que vaya acompañado de una convocatoria de una Asamblea Constituyente“.

Al cierre de su columna, Montero habló sobre la realización de la VII Cumbre de los presidentes de la Celac que se realizará el martes en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

En ese sentido el analista contó que confirmaron su presencia a la Cumbre varios mandatarios de América Latina como Lula de Brasil; Gustavo Petro de Colombia y el jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric.

“Hay que ver qué matriz de discusión atraviesa la Cumbre en un contexto donde América Latina se juega mucho, en un mundo en crisis y por la necesidad de unificar posiciones, donde paradojicamente nunca antes hubo tantos gobiernos autoconsiderados populares y de izquierda, pero con menos capacidad de articulación entre sí frente a un mundo en crisis”, señaló el politólogo para finalizar su columna.

Así lo informó el Indec en su habitual informe. Superó a la balanza de 2021 que quedó en 14.751 millones.

La balanza comercial cerró el año pasado con un superávit de US$. 6.923 millones, frente a los US$ 14.751 millones de todo 2021, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre, el intercambio de bienes con el exterior dejará una ganancia de US$ 1.102 millones, contra los US$ 371 millones de igual mes del 2021.

En diciembre de 2022, las exportaciones alcanzaron US$ 6.119 millones y las importaciones, US$ 5.017 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 13,0% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 11.136 millones.

De esta forma, la balanza comercial registró un superávit interanual de US$ 1.102 millones.

Las exportaciones cayeron 7,1% respecto a igual mes de 2021 (-US$468 millones) debido a una baja de 13,1% en las cantidades, ya que los precios se incrementaron 6,8%. En términos desestacionalizados, las exportaciones descendieron 8,6% y la tendencia-ciclo, 1,8% con relación a noviembre de 2022.

Los productos primarios (PP) disminuyeron 26,4% y las manufacturas de origen industrial (MOI), 9,4%; mientras que los combustibles y energía (CyE) aumentaron 7,5% y las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 5,4%.

Las importaciones disminuyeron 19,3% respecto a diciembre de 2021 (-US$1.199 millones) debido a un descenso de 21,8% en las cantidades, puesto que los precios crecieron 3,3%.

En términos desestacionalizados, las compras al exterior cayeron 2,0% y la tendencia-ciclo, 3,0% con relación a noviembre de 2022. Todos los usos económicos registraron variaciones negativas.

Combustibles y lubricantes (CyL) cayó 38,6%; resto, 35,4%; mayormente debido a la disminución de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); bienes de capital (BK), 23,9%; bienes intermedios (BI), 19,3%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 10,5%; bienes de consumo (BC), 8,4%; y vehículos automotores de pasajeros (VA), 5,2%.

El saldo de la balanza comercial fue de US$ 1.102 millones, US$731 millones superior al saldo de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de US$ 371 millones.

A través de su cuenta personal de twitter, la Vicepresidenta apuntó contra la mafia mediática-judicial y cuestionó la reapertura de la causa Memorándum con Irán.

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, elaboró nuevas críticas a la Justicia, en esta oportunidad por las escuchas ilegales para permitir o no la investigación del delito. “La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, escribió.

En otro mensaje del hilo de twitter, Cristina recordó: “En el año 2016 en Comodoro Py los Camaristas de Casación Hornos y Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en ´una escucha ilegal´, metieron preso a Zannini y le prohibieron a Timerman tratarse de un cáncer en EEUU. Después de la legalización de la escucha, Macri -que era presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión”.

“Ahora en 2023, el Juez Ramos de Comodoro Py en 20 días rechazó la denuncia contra Silvio Robles, que arreglaba fallos de la Corte en chats con D’Alessandro, Mtro. de Seguridad CABA, diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en ´una escucha ilegal´”, señaló la Vicepresidenta.

En otro de los mensajes, la ex presidenta puntualizó: “Por si alguien faltaba en este verdadero escándalo, el fiscal que intervino fue… ¡Stornelli! procesado por espionaje ilegal e impulsor de la ´Operación Puf´, donde buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate”.

“Stornelli, para salvar al ladero de Rosatti -Robles- cita el voto en minoría de la camarista Ana María Figueroa en el caso Memorándum con Irán, que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa. Solo con mafia mediática-judicial puede haber tanta impunidad”, apuntó, fiel a su estilo.

Par finalizar, Cristina se preguntó: “Hoy, a esta altura, hay que hacerse la pregunta del millón: ¿Qué hará ahora la Cámara de Casación con la causa Memorandum con Irán?“.

La medida se formalizó este viernes a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Comercio estableció multas de hasta $ 71 millones, a los incumplimientos en que pudieran incurrir los supermercados minoristas y mayoristas que venden los productos participantes del programa Precios Justos.

En concreto, la normativa modifica la Resolución 118/2022 donde se establecían los rangos de multas previstos en los convenios de colaboración entre la Secretaría de Comercio y los municipios de las diversas provincias que contribuyan en las actividades de fiscalización y control de Precios Justos.

La normativa de 1994 en su artículo 47 establecía como sanciones, según el caso, un apercibimiento, el decomiso de las mercaderías objeto de la infracción, la clausura del establecimiento o, en el caso de las multas económicas, sanciones de entre $ 100 y $ 5 millones, teniendo como parámetro el alcanzar el triple del beneficio ilegal obtenido por la infracción.

A través de la Ley de Presupuesto de este año se dispuso un aumento de hasta 4.200% en dichas multas, tomando ahora como parámetro -ajustable a la inflación- la Canasta Básica Total (CBT) para el Hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).

Por tanto, tomando la última canasta publicada de diciembre pasado (de $121.420) , las multas pueden comprender entre los $ 60.710 y los $ 254.982.000.

Tomando este marco, el área conducida por Matías Tombolini, actualizó hoy las multas que pueden resultar pasibles los supermercados ante eventuales incumplimientos.

En el caso de ofertas de productos del programa a precios superiores de los establecidos, las multas se ubicarán entre los $4.613.960 y los $ 35.697.480, con los montos mínimo y máximo de las multas variando en función del punto de venta, otra novedad de la normativa que anteriormente no los diferenciaba.

En el caso de la primera reincidencia, las multas se podrán incrementar en un 40%, mientras que si se incumple por segunda vez podrán aumentarse hasta un 100%, llegando así hasta los $71.394.840 en el caso de los mayoristas.

En el caso de que ocurra una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos previstos, sin que se encoraran ofertados sus respectivos sustitutos, las multas serán de entre $1.821.300 y $ 14.327.560.

Si existiera una falta en la identificación de la señalética del programa de al menos el 80% de los productos incluidos en los convenios correspondientes, se aplicarán sanciones de entre $1.427.040 y $ 13.477.620.

Antes las sanciones en este caso rondaban entre los $ 200.000 hasta $ 400.000, por lo que la multa máxima, en el caso de los mayoristas, tendrá un incremento de 3269,41 %.

Asimismo, cuando en el caso de utilizarse la señalética, se dispongan productos que no correspondan, las multas pasarán de un rango de entre $150.000 a $300.000 a ser de entre $1.335.620 y $ 10.684.960, dependiendo el punto de venta.

En el caso de hallarse el “establecimiento de alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté previamente autorizado por la Secretaría de Comercio”, las sanciones pasarán de un rango de entre $250.000 a $500.000 a ser de entre $ 2.306.980 y $ 17.727.320.

La resolución de hoy también fija multas para el caso de los productos no alimenticios, diferenciando entre “tiendas” y “supertiendas” de dichos productos, al igual que sus plataformas web, y aplicando el mismo porcentaje de incremento en el caso de reincidencias.

Para las plataformas web y tiendas se aplicarán las mismas sanciones que los puntos “web” y “express” de los alimentos, mientras que para las “supertiendas” serán equivalentes a las de los supermercados.

Los asesinados por las fuerzas de seguridad ascienden a cincuenta, desde que se iniciaron las protestas contra la presidenta Dina Boularte. En la “toma de Lima” se registraron serios incidentes.

Manifestantes de todo Perú llegaron a Lima exigiendo cambios radicales en el país luego de más de 50 muertes vinculadas a las protestas contra el Gobierno que encabeza Boluarte y que este viernes dejaron otros dos fallecidos en el interior de la hermana nación.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas seguridad marcan un pico de violencia solo superado en la década de los noventa del siglo pasado, bajo la sangrienta presidencia de Alberto Fujimori.

Los habitantes de las regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre; jornada que fue denominada como “La toma de Lima”.

En horas de la noche de este jueves, Boluarte dio un mensaje al país, en el cual intentó mostrarse fortalecida a pesar de la crisis, y dijo que su gobierno “está firme”, y su gabinete “más unido que nunca”.

La embajada de Estados Unidos en Lima, actor central en la destitución del presidente Pedro Castillo, emitió un comunicado, en el cual sigue “con atención y preocupación la situación en las últimas horas. Es fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, el derecho a la protesta, y protejan a la ciudadanía. La protesta que expresa demandas y preocupaciones legítimas debe ser pacífica”.

Desde el golpe parlamentario realizado en Perú, se desataron protestas por todo el país exiguiendo la renuncia de Boluarte, elecciones rápidas, cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado vigente desde 1993 en el gobierno de Fujimori, quien está preso por vioaciones a los derechos humanos.

La presidenta del Instituto Cultural bonaerense también habló del armado nacional de Frente de Todos y aseguró que se debe trabajar para “dar vuelta” la proscripción de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La presidenta del Instituto Cultural bonaerense y dirigente del Frente de Todos, Florencia Saintout, se refirió en declaraciones radiales al futuro electoral en la provincia de Buenos Aires y señaló al actual gobernador, Axel Kicillof, como el candidato “lógico” por el oficialismo.

En una entrevista con la AM750, la funcionaria sostuvo: “Lo veo a Axel caminar y es casi lógico que reelija como gobernador. Es un muy buen gobernador. Está haciendo muchísimo. Esto se le reconoce”.

En ese marco, aclaró que “también es militante de una fuerza organizada y la candidatura no la decide solo. Hay cosas que no tienen que ver con las ganas personales. Yo estoy convencida de que las bases deciden sobre las candidaturas. Que se decide en la política y con un sentido colectivo”.

Por otro parte, Saintout habló sobre el escenario nacional y aseguró que “el pueblo argentino” debe trabajar para “dar vuelta la proscripción” de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“Este año cumplimos 40 años de democracia y estamos frente a un dilema si no resolvemos esto. No es un enlatado ‘mafia o democracia’. No podemos permitir que proscriban a nadie, y menos a una de las líderes democráticas más importantes del mundo” afirmó.

Además planteó que se deben “crear las condiciones” y que “hay que militar para dar vuelta la proscripción”. “Yo estoy convencida, como muchísimos, de que Cristina puede llevar al país a un destino mejor para todos y todas”.

Po último, la dirigente oriunda de La Plata expresó: “Sabemos que lo que anunció Cristina no fue por la bronca, sino que es una decisión de no ponerle ese peso a la fuerza política. Pero Cristina ha demostrado a lo largo de toda su historia que decide escuchando al pueblo”.

Se cuenta con los votos para iniciar el proceso legislativo.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el jueves 26 de enero para resolver si abre el proceso de jury a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Presidente Alberto Fernández y gobernadores.

La intención del oficialismo es convocar para el jueves a las 10 a la comisión, que preside la diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos Carolina Gaillard, para analizar los expedientes vinculados al mal desempeño de los integrantes del máximo tribunal.

El oficialismo tiene los votos en la comisión para iniciar el proceso, pero no lograría los dos tercios necesarios para avanzar en el recinto con el dictamen acusatorio.

La iniciativa, presentada por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.

La principal bancada opositora adelantó que participará del debate, pero no dará quórum en la comisión, al advertir que se trata de “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con la Justicia.

La Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) acompañaron el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que impulsó el Presidente Alberto Fernández junto con gobernadores.

“La arbitraria e ilegal sentencia a favor de la Ciudad Autónoma de ­Buenos Aires (CABA), firmada por los integrantes del máximo tribunal en perjuicio del federalismo y las ­provincias, es una clara muestra del accionar en beneficio del PRO y la alianza Juntos por el Cambio como representantes de los grupos concentrados de poder”, aseguraron en un comunicado.

Esos espacios gremiales, que lideran respectivamente el bancario Sergio Palazzo, el camionero Pablo Moyano, el docente Hugo Yasky y el estatal Hugo Godoy, afirmaron en el texto que a ese fallo “se sumó la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema y la decisión de Horacio Rosatti de colocarse como su presidente y arrogarse funciones legislativas”.

También enfatizaron que la Corte Suprema ya había dado muestras de “su ausencia de idoneidad y mal ­desempeño”, porque en 2017 “pretendió frenar los avances sobre derechos humanos al avalar el beneficio de dos por uno para acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que fue evitado por la masiva movilización popular”.

Asimismo, reseñaron que “la Corte actuó regresivamente sobre los derechos laborales, contrariando el principio de progresividad del derecho del trabajo. Limitó el derecho de huelga, desconoció la relación de dependencia de contratados, cercenó reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, redujo indemnizaciones por accidentes y consideró prescripto el reclamo de crédito laboral por crímenes de lesa humanidad”.

Alberto Fernández viajó hasta La Pampa, donde se puso en marcha un sistema de soldadura automatizada de última generación para cumplir con el proyecto del Gasoducto.

El presidente Alberto Fernández recorrió este jueves las obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en La Pampa, donde se puso en marcha un sistema de soldadura automatizada de última generación que se utiliza por primera vez en la Argentina y permitirá alcanzar los niveles de productividad necesarios para cumplir con el proyecto.

El jefe de Estado puso en valor “la tecnología que empresarios argentinos han traído para desarrollar esta obra” y señaló la importancia de que la misma finalice “a mediados del año que viene, para seguir camino a Santa Fe y desde allí proveer de gas no solo al norte de la Argentina, sino también a Brasil, que está necesitando energía gasífera y se la podremos suministrar”.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, ubicado en la localidad de Doblas, permitirá ampliar en un 25 por ciento la capacidad del sistema de transporte de gas natural argentino desde Vaca Muerta y ahorrar más de 2.900 millones de dólares al año entre sustitución de importación de combustibles y reducción de subsidios.

Con una extensión total de 573 kilómetros, además de aumentar la disponibilidad de gas a precios competitivos, generará 10 mil puestos de trabajo directos y otros 40 mil indirectos, entre la construcción y la mayor producción prevista en Vaca Muerta.

“Esta es una obra central para el futuro de la Argentina”, destacó Fernández y proyectó qué se conseguirá con el nivel de producción que se alcance. “Nos va a garantizar contar con el gas que todo este tiempo tuvimos que importar perdiendo divisas y recursos que podremos utilizar en la producción y el trabajo”, destacó el mandatario, que estuvo acompañado del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.