La Comisión de Comercio, que conduce la diputada Gabriela Lena (UCR) recibió a representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Asociación de Citricultores de Chajarí (Entre Ríos) y la Federación Económica de Corrientes, entre otros, a fin de analizar juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las Pymes.

Al respecto, Esteban Mancuso, coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) celebró que se “esté trabajando en un tema endémico como lo es el problema del empleo no registrado. La imprevisibilidad del marco legal implica el cierre de una persiana y una pyme”. “Creemos conveniente que las multas sean destinadas al sistema único de la seguridad social evitando un problema futuro cuando el trabajador quiera recibir un beneficio jubilatorio en materia de solidaridad y financiamiento y hay que incentivar acuerdos conciliatorios”, propuso.

Juan Ángel Ciolli, representante Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), advirtió que “Es un tema que tenemos que abordar en conjunto con los trabajadores porque afecta a pymes y a la organización de trabajadores. Más del 80% de los establecimientos tienen entre 0 y 9 trabajadores, un juicio puede provocar el cierre de una empresa”, alertó. “Planteamos y presentamos el informe 931 y el libro digital de sueldos que son herramientas muy importantes y deberían ser públicas. Puede ser un elemento fundamental para evitar los juicios”.

Por último, Ciolli propuso una instancia intermedia en un observatorio tripartito donde participen cámaras, sindicatos y Estado, a través del ministerio de Trabajo “para tener una orientación clara de que se tratan este tipo de juicios y una diferenciación entre las micro y macro empresas ya que las “pymes generamos más del 70% de la mano de obra”.

Juan Pablo Diab, asesor del Departamento de Legales de la CAME, explicó lo “grave de la problemática de la litigiosidad laboral. El 95% de los juicios laborales están referenciados en tres leyes de empleo y no hay reclamo laboral que no conlleve estas normas que la historia ha demostrado que no funcionó. Para empresas es un incordio en gastos judiciales”, aseveró. Asimismo, sugirió una instancia intermedia entre el tiempo de reclamo y el plazo de la ley.

Para “contextualizar”, Leonardo Ezequiel Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), manifestó que “las empresas tuvieron buenas ventas en todos los trimestres, tanto del comercio como servicios en 2022”. “Tenemos que dar discusiones multidimensionales porque lo unilateral no lleva a nada, hay demandas diferentes y hay que dar discusión sobre la simplificación laboral”.

El 76.4% de las empresas empleadoras no afronta reclamos laborales, un 23.5% tiene uno o más casos. 1 de cada 10 empresas tiene episodios laborales significativos, aportó como dato el empresario y manifestó que “casi la mitad de las pymes indican que la coyuntura económica es la principal causa de conflictos, le sigue legislación laboral con el 40%, luego abogados y jueces con 30.7% y sindicatos con 29.5%”, detalló.

Por su parte, William Borgo, presidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí, Entre Ríos, “hemos visto productores abandonar su producción por no poder solventar juicios laborales. La solución está en la política, no es lo mismo una pequeña que una gran empresa tiene que haber una normas distintas para ser viables y potables”. “Los costos de registración se tienen que solventar todos los meses y es una contradicción a la realidad del país que tenemos. Tienen que estar todas las partes para encontrar una solución de fondo. Los jóvenes queremos trabajar y generar trabajo”, aseguró.

Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), consideró que “Tiene que quedar claro que los derechos de los trabajadores no tienen nada que ver con los problemas de las pymes. En los casos de crisis las multas deberían reducirse para que no sea un juicio laboral lo que destruya una unidad productiva”.

Asimismo, Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes, advirtió que “no es lo mismo ser pyme en Buenos Aires que ser pyme en el norte, una región olvidada y poco federalizada, si se puede decir. Tenemos que tratar a todos con la misma vara”.

Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, se mostró a favor de “segmentar nuestros convenios colectivos de trabajo y negociar pisos salariales para la realidad de las distintas pymes que son diferentes en las regiones y a las grandes empresas”. “la litigiosidad es alta en el país. La solución es sentar ambas partes y encontrar una solución y en los convenios colectivos de trabajo que hay que modernizar”, fundamentó.

Además participaron, Pedro Etcheberry, miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio; Julián Jajurin, jefe del Departamento de Legales de la CAME; Diego Guerri, presidente de Metalúrgica JMD SA; Mariano Cáceres, vicepresidente y CEO de Calarca S.A. Industria Química; el diputado Eduardo Fernández, vicepresidente 1º de APYME; David Selser, Confederación General de la Producción.

Un escrito presentado por un ex agente revela el vínculo entre el periodista (sic) y la agentes de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.

El escrito fue presentado por el abogado defensor de Jorge Sáez, jefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Mauricio Macri, y quien integraba el grupo llamado Super Mario Bros y fue detenido en 2020 por realizar actividades de vigilancia ilegal a Cristina Kirchner.

El documento fue publicado por el periodista Juan Alonso con el título “Sótanos de la democracia” y muestran las relaciones entre servicios de inteligencia, medios de comunicación y funcionarios del PRO.

En concreto, el abogado Emmanuel Carro (defensor de Sáez) presentó una solicitud de pruebas ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa por tareas de espionaje ilegal desarrolladas entre el 2016 y 2019 contra Cristina Kirhcner.

Para realizar la solicitud de las medidas de prueba, el abogado realizó una argumentación donde contó que el ex espía (su defendido) tienen conocimiento de que la AFI utilizaba la infraestructura porteña para sus tareas. Asimismo, sostuvo que “la actividad se llevó a cabo con la finalidad de que el periodista Luis Majul mostrara en su programa las imágenes obtenidas”.

“Lo que se pretende establecer con las medidas a solicitar es la articulación entre la Agencia de Inteligencia, el juez Federico Villena y funcionarios a determinar del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó el defensor de Sáez.

El diputado nacional del Frente de Todos también se mostró crítico con la gestión del gobierno. “Tenemos que discutir las medidas que incumplimos con la sociedad”.

El diputado nacional y secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Omar Palazzo, habló sobre la persecución a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Quieren encarcelar políticas de inclusión y cualquier atisbo de rebeldía que se anime a enfrentar a las corporaciones”, afirmó.

Además, señaló que Cristina Kirchner “sigue siendo la dirigente que más mide en Argentina” a pesar de que “hubo horas de televisión y de radio para destruirla”.

En este sentido, expresó que la vicepresidenta “marca agenda”, por eso “pretenden destruir un pensamiento distinto”.

Y amplió: “La agenda tiene que ver con los intereses del grueso de la sociedad, no el de las corporaciones”. Con lo cual, afirmó: “El castigo a Cristina viene de un Poder Judicial amañado en el poder económico que lo que quiere es más que a Cristina presa, sino encarcelar políticas de inclusión y cualquier atisbo de rebeldía que se anime a enfrentar a las corporaciones”.

En este sentido, Palazzo criticó el encuentro y remarcó que “si la reunión es para discutir candidaturas, que ni se junten. Nosotros tenemos que discutir las medidas que hemos incumplido en el contrato electoral con la sociedad”, apuntó.

Por último, al ser consultado por una de las “deficiencias” de gestión a las que se refiere, aclaró: “no haber redistribuido el ingreso”. Y reclamó que a la vicepresidenta “no se la ha escuchado” a lo largo de los tres años y medios de gobierno.

Se trata de una inversión de casi tres mil millones de pesos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el administrador general de la Dirección de Vialidad, Hernán Y Zurieta, firmaron el contrato con el que se iniciarán las obras para la pavimentación de la Circunvalación de Mar del Plata.

Los trabajos, con una inversión superior a los $2.900 millones y un plazo de ejecución de un año, forman parte de la primera etapa de la obra que, una vez culminada, conformará la Circunvalación de la ciudad costera, uniendo las localidades de Santa Clara del Mar con el acceso sur a Mar del Plata, en el municipio de General Pueyrredon.

Las tareas comprenden más de 16 kilómetros de pavimentación y la readecuación de la intersección con la Ruta Provincial N º 88, en el inicio del tramo; rectificación de la curva, construcción de intersecciones rotacionales en el cruce con el viejo camino a Miramar (Av. Antártida Argentina) y con la Av. Jorge Newbery.

Así lo anunció el ministro de Economía Sergio Massa para la provisión de Gas Licuado para 2023. “Este es el último año en que Argentina tiene que importar este combustible” afirmó.

“Durante el año pasado, uno de los daños que sufrió la economía argentina fue por el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto impactó en el precio de la importación de los barcos de Gas Licuado (GNL) que inyectan este combustible a nuestra matriz energética”, explicó el jefe de Hacienda.

Sin embargo, las mayores importaciones de energía durante el año pasado fueron compensadas por los buenos precios de exportaciones de los commodities agrícolas y de los minerales. De esta manera, la balanza comercial cerró el 2022 con un superávit de 6923 millones de dólares.

Impacto en las cuentas externas

En medio de un aumento de la tensión cambiaria y dudas sobre la capacidad de alcanzar la meta de acumulación de reservas que el país acordó con el FMI, el ministro Massa salió a dar la buena noticia en materia energética, que tiene un impacto positivo en las cuentas externas.

EN ese marco, y en un contexto de tensión cambiara y la demanda del FMI de acumulación de reservas, el ministro Sergio Massa hizo el anuncio en materia energético que impactará de manera positiva en las cuentas externas.

“Para este año, los gastos presupuestados originalmente para importación de GNL eran de 3465 millones de dólares, a 55 dólares el millón de BTU. Sin embargo, el impacto de la volatilidad del precio internacional de GNL abrió una ventana de oportunidad para Argentina. En este cuadro de baja de precios, se decidió anticipar la compra de GNL que permitió bajar el precio a 20,8 dólares el millón de BTU, a través de un proceso licitatorio, en tres bloques, con participación de nueve empresas internacionales en cada uno de estos segmentos”, detalló Sergio Massa.

De esta manera, calculó el ministro, los 3465 millones de dólares que Argentina iba a gastar en materia de importación de GNL se reducen a 1313 millones de dólares. “Esto genera, por un lado, un ahorro de salida de divisas para la Argentina de más de 2100 millones, y por el otro, un ahorro fiscal de más de 500 mil millones de pesos”, aseguró Massa.

A este ahorro vía precio, se suma el que se va a producir a partir del mes de julio de este año con la finalización del gasoducto Néstor Kirchner, que redundará en una baja de las cantidades importadas de gas y combustibles líquidos.

Los productos con agregados de azúcar, sodio, grasas en grandes cantidades deberán llevar advertencias en el packaging. Sin embargo, existen grandes empresas que aún no se adecuaron a la ley.

A menos de una semana del vencimiento de la prórroga que habían solicitado grandes empresas para adecuarse a la ley de etiquetado frontal de alimentos y bebidas, que tiene como objetivo informar en los envoltorios de los productos sobre los excesos que son nocivos para la salud, la mayoría de las grandes empresas pidieron prorrogas que vencen el próximo 16 de febrero.

Si bien algunos productos y cuentan con el sello negro en la góndola, el gobierno estaría en condiciones de controlar el efectivo cumplimiento de la norma a partir de este mes y, para quienes no implementen la nueva regulación, recibirán las sanciones previstas por el Decreto 274/19 y la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), según corresponda.

La normativa de Lealtad Comercial fija sanciones de acuerdo a un monto equivalente a entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles y cada una equivale a 40,61 pesos: el valor máximo se ubica en torno a los 400 millones de pesos, según la actualización de enero de 2020. Respecto a la Ley de Defensa del Consumidor los montos no están actualizados desde hace 10 años y el máximo actual es de 5 millones de pesos.

El 23 de marzo de 2022 y por Decreto 151/2022, el Gobierno nacional aprobó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable Nº 27.642, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal.

Desde su publicación en el Boletín Oficial la norma entró formalmente en vigencia y la industria alimentaria comenzó a adecuarse a la nueva normativa que busca advertir a la población en los envoltorios de los alimentos con excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud como azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros.

La norma, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2021, “alienta a la población a adoptar una alimentación saludable a través de la implementación de un etiquetado frontal de advertencias, que es una herramienta gráfica que permite que los y las consumidoras cuenten con información más sencilla, clara, precisa, no engañosa y de visibilidad espontánea o fácilmente visible, con el fin de conocer lo que están eligiendo comprar y consumir”, según indicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Además, la norma permite regular la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, tanto en medios de comunicación masiva como en los envases, así como la promoción y el patrocinio de esos productos. Y en ese sentido, la medida de salud pública “permite limitar la oferta de los productos que contengan al menos un sello de advertencia en su envase en instituciones educativas y en las compras públicas de organismos nacionales de gobierno”.