El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa, advirtió sobre los alcances de la “ley ómnibus” en los sectores productivos y exportadores de la provincia.

Durante los últimos días, el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa, han mantenido reuniones con referentes de la industria metalúrgica, sectores del campo y de los biocombustibles, la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y de la Industria Metalmecánica y Componentes de Córdoba, quienes han manifestado su preocupación por las medidas incluidas en el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y en la “ley ómnibus” que afectan a los sectores productivos.

“Nosotros hemos recibido a todos los sectores productivos de Córdoba que nos han acercado su preocupación por las retenciones de exportación que el DNU está aplicando a todos los productos que se producen en nuestra provincia y que son exportables. Ese 15% a algunos sectores les hace mucho daño y a algunos otros prácticamente lo saca del mercado”.

Estos sectores -al igual que los autopartistas provinciales y los autopartistas- nos han hecho llegar la gran preocupación de que podrían llegar a perder todos los mercados que han ganado en el exterior. Este 15% los deja completamente afuera de mercado y de competencia en el exterior con otras marcas que vienen de otros países –y que son marcas de punta-. Y es que ellos han invertido muchos años de esfuerzos para imponer su marca. Porque una fábrica -de sembradoras, o fumigadoras, o de autopartes- lo que vende es una marca; e imponer una marca de estas características en el mercado es muy difícil, lleva muchos años. Este 15% de retenciones de exportación hace que se pierda ese mercado, y aunque dure solo un año la medida lamentablemente si se pierde el mercado un año se pierde todo el mercado del exterior. Por lo tanto, la gran preocupación por ese 15% -que no le significa mucho a la administración nacional- es que para Córdoba significa una fuerte pérdida de productividad y del efecto “derrame” en toda la provincia -y en varias localidades de modo más puntual-, destaco el funcionario.

Economías regionales

“Con los biocombustibles pasa lo mismo que con las economías regionales –que son economías de agregado de valor a varios productos primarios –como el poroto, el garbanzo, el maíz pisingallo, el maní, la alfalfa, y algunas otras más-. Si se pierden esas pequeñas economías regionales -que dan el valor agregado a esos productos primarios- mucha mano de obra se vería afectada. En el caso de la alfalfa –con la elaboración de fardos exportables- y del pisingallo quedarían totalmente fuera de mercado, y hay muchísimo “derrame” económico que se pierde. En el caso de los biocombustibles ahora se ha llegado a un arreglo en el cual se le va agregar un artículo donde le exigen a las petroleras la presencia de un “corte” en las naftas y en el biodiesel. Aquí, en Córdoba – al igual que en Santa Fe –, se han hecho fuertes inversiones en el área de los biocombustibles que se perderían completamente de no modificarse el punto que los afecta.

El gobierno de la provincia está de acuerdo en líneas generales con la ley ómnibus. Vamos a apoyar; hay que apoyar al gobierno nacional. Sabemos que hay que hacer un cambio estratégico en la administración nacional y que eso incluye muchas leyes. Pero esas leyes no deben afectar a la industria y menos a la del interior -del interior-.

Fuente: La Nueva Mañana

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Gustavo Weiss, manifestó su preocupación por la suspensión de obras que generan una deuda acumulada de más de $30 millones.

Según el dirigente sectorial, “la obra pública está prácticamente sino totalmente paralizada en todo el país. Independientemente del origen de los fondos, de si son nacionales, provinciales o municipales, las obras están frenadas”.

“Hay desde grande obras de infraestructura hasta lo que se dice cordón cuneta. Entre aquellas que ya han sido facturadas y la que está en trámite, la deuda debería ser del orden de los $300.000 millones“, agregó.

Sobre aquellas obras que permanecen paralizadas en el medio del proceso de construcción, Weiss remarcó: “El Gobierno quiere que se concesione todo lo que sea y las obras las hagan los privados, pero (el ministro de Infraestructura) Guillermo Ferraro sabe que hay obras que no se pueden hacer por el sector privado porque no tienen rentabilidad y las tiene que encarar el Estado”.

El presidente de Camarco presentó sus dudas respecto de la suerte del RIGI, el régimen de promoción de inversiones con el que el Gobierno busca tentar fondos externos. “Me parece bien que venga todo el capital privado que pueda porque el déficit de infraestructura es gigantesco, pero no van a venir con esta macro.

La ley ómnibus, ingresada al Congreso y debatida por estos días en comisión, plantea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un sistema con beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para promover inversiones productivas y de infraestructura que serán aplicables a vehículos titulares de un único proyecto de inversión y que aplicaría, eventualmente, a las obras públicas en suspenso.

“Si hoy viene Ferraro y me dice ´acá tenés la plata, empezá a hacer las obras´, no lo hago, porque pierdo plata por la inflación“, aseguró.

“Una crisis como ésta es inédita. Hemos pasado períodos de paralización, pero esta crisis nos impacta con muchas obras en ejecución, con empresas con mucha carga, mucha deuda. En 2001 las empresas tenían pocos contratos, entonces se pudo capear”, explicó el referente sectorial.

Fuente: Ámbito.

La industria fueguina dió de baja 2.500 contratos en la actividad productiva, luego de los anuncios económicos del gobierno de Milei y la posibilidad de eliminación del régimen de promoción industrial.

La crisis económica golpeó duramente a la industria de Tierra del Fuego, a partir de los anuncios del gobierno de Javier Milei de desregulación económica y la incertidumbre por la quita de subsidios al sector productivo de la provincia. El impacto se ve reflejado en la no renovación de 2.500 contratos de la industria fueguina.

El secretario general de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) de Tierra del Fuego, Javier Escobar, reconoció la situación y se quejó de la flexibilidad que tienen este tipo de contrataciones, “tendría que tener otro tipo de restricciones”, apuntó el gremialista.

A su vez, Escobar criticó a la administración nacional y señaló que “este gobierno está gobernado para ellos, son decisiones netamente para millonarios, no para el de una imprenta, para el local”, remarcó sobre las medidas en materia económica anunciadas por Milei y el contenido del DNU 70/2023 y la Ley “ómnibus” que desregulan la actividad industrial.

El dirigente fueguino enfatizó en la necesidad de un Estado que administre y regule la actividad, “los ámbitos administrativos tienen que regular, controlar, inspeccionar”, para evitar este tipo de situaciones y agregó sobre el accionar del gremio sobre los despidos, “nosotros tenemos una burocracia que nos cuesta muchísimo romper con el ámbito administrativo”, expresó.

Escobar destacó que el movimiento obrero de la provincia adhirió al paro del próximo 24 de enero para frenar el proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/2023 en el Congreso de la Nación, “se ha decidido convocar en todas las localidades y provincias en unidad con compañeros de CTA, movimientos sociales, para ir a este paro que va a ser contundente el 24 de enero”, ponderó.

Finalmente, se despachó contra los proyectos del Poder Ejecutivo nacional por su impacto en la provincia, “si este DNU o la ley avanzan, en un corto plazo, lamentablemente para la industria fueguina se termina”, advirtió y explicó que si “sacan los regímenes industriales, de esta manera nos impactan directamente a nuestra promoción industrial”, concluyó.

Fuente: Mundo Gremial

“El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires ratifica su acompañamiento a la decisión de las centrales obreras, cuyos cuerpos orgánicos han convocado para el día 24 de enero a un paro a partir de las 12 horas y movilización a la Plaza de los dos Congresos”, manifestaron desde el justicialismo provincial.

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires comunicó este sábado el acompañamiento al paro y movilización convocados por la CGT y las CTA para el próximo miércoles, manifestó su rechazo a las medidas implementadas por el Gobierno nacional y remarcó que “la Argentina no se vende”.

“El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires ratifica su acompañamiento a la decisión de las centrales obreras, cuyos cuerpos orgánicos han convocado para el día 24 de enero a un paro a partir de las 12 horas y movilización a la Plaza de los dos Congresos”, manifestaron desde el PJ bonaerense en un comunicado.

Desde el partido que conduce Máximo Kirchner se instó a “todas las ramas que lo componen, así como a todos PJ distritales, a sumarse y expresarse, organizados y en paz”.

“Pensamos diferente, la Argentina no se vende” recalcaron.

En el comunicado rechazaron la “bestial devaluación del 118%” que llevó adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificaron como el “personero del Gobierno del (expresidente Mauricio) Macri que nos endeudó a 100 años y trajo devuelta al FMI a la Argentina”.

“El Gobierno de Javier Milei puso primera para incumplir un mandato electoral, no sería castigada `la casta` (sino que ésta integraría su gobierno), sino el Pueblo”, advirtieron.

En ese sentido, sostuvieron que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregula la economía es “violatorio de garantías constitucionales y derechos” que conforman el patrimonio de “cada habitante de este país” y atenta contra “preceptos identitarios de nuestra Argentina”.

Sobre el proyecto de la Ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” que el Ejecutivo envió al Congreso, el PJ bonaerense advirtió que la sanción de esa norma legalizaría “la dependencia de nuestro país, sometimiento que se basa fundamentalmente en las tres reformas flexibilizadoras: la laboral, la ambiental y la tributaria”.

“Sometimiento que no significa solo sacrificio presente sino, y por sobre todas las cosas, la condena del futuro de muchas generaciones. El dolor al cual está siendo sometido el pueblo no redundará en felicidad algún día, sino en la entrega total de la Argentina, con los argentinos y argentinas dentro”, remarcaron.