En un descarado apriete mafioso, el gobierno de Milei amenaza con ajustar la salud pública si no se apoya el veto contra el financiamiento universitario.
La embestida ideológica del Gobierno contra las universidades por los fondos esta en plena tensión, con posiciones dispares y varios rounds por delante. El oficialismo ya está trazando diferentes escenarios en caso de que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, lo que subyace en este debate es un claro chantaje por parte del gobierno hacia el Congreso y las provincias.
Desde la Casa Rosada, ya han comenzado a planear estrategias para costear la ley en caso de que se pierda la votación. La primera opción es judicializar la norma, argumentando que incumple el reglamento al no especificar de dónde saldrán los fondos para su financiamiento. Aunque saben que este camino sería lento, con posibles amparos y cautelares, la amenaza está puesta sobre la mesa.
Lo más alarmante es que, si se ven obligados a cumplir con la ley, en LLA ya están considerando recortar fondos de áreas sensibles como Salud. Según fuentes del gobierno, se contempla la posibilidad de reducir programas, achicar estructuras y ajustar los gastos en medicamentos, en lo que parece ser una medida drástica que impactaría directamente en la salud pública y la vida de miles de personas para desviar esos recursos a la educación.
Otra opción es reducir los fondos destinados a la obra pública en el Presupuesto 2025 para redirigirlos a la secretaría de Educación, lo que permitiría que la ley funcione. Este movimiento, sin embargo, genera otra forma de presión: los gobernadores de distintos signos políticos, que dependen de esos fondos para terminar obras prometidas, se verían forzados a aceptar que se recorten recursos de sus provincias para solventar una ley que el oficialismo pretende imponer.
De este modo, el gobierno juega con dos frentes de chantaje: al Congreso, amenazando con judicializar la norma si no se rechaza el veto, y a las provincias, imponiéndoles un recorte en obra pública o en salud si el financiamiento educativo avanza. Esta estrategia revela una clara táctica de presión y coacción para hacer cumplir sus objetivos, independientemente del impacto en áreas críticas del país.