La ex presidenta publicó una larga carta donde destroza al modelo de ajuste del presidente Javier Milei y se postula para conducir al Partido Justicialista.

En una extensa carta publicada en redes sociales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su disposición para asumir la presidencia del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional. En el mensaje, no solo lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei, sino que también realizó un profundo análisis sobre el estado actual del peronismo.

“Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad, porque si algo tengo claro es que acá no sobra nadie. Sin embargo, la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible”, afirmó Cristina, reafirmando su compromiso con el movimiento.

En la misma línea, agradeció las muestras de apoyo recibidas: “Nunca he ocupado un lugar sin la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada, sin miedo ni presiones”. De esta forma, dejó en claro que está lista para liderar al peronismo en un contexto de incertidumbre política y económica.

La exmandataria también apuntó directamente contra el actual presidente, Javier Milei, al que calificó de “showman economista en la Rosada”. Criticó las políticas de ajuste perpetuo y la intención de dolarizar la economía, señalando los devastadores efectos de estas medidas en sectores vulnerables como los jubilados, las universidades y los hospitales de salud mental.

Además, Fernández de Kirchner cuestionó el estilo de liderazgo de Milei, acusándolo de fomentar la violencia y la polarización en el país. “Su comportamiento genera un clima de odio que está envenenando a la sociedad”, sentenció, al tiempo que denunció el deterioro económico que atraviesa la Argentina, con tarifas impagables y salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

La ex presidenta también hizo un repaso de los últimos 40 años de democracia, poniendo el foco en el endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri y en las políticas de ajuste actuales, que—según ella—han profundizado la crisis. En este sentido, aseguró que Milei vive “en un mundo paralelo” al afirmar que salarios y jubilaciones están superando la inflación, algo que consideró alejado de la realidad.

Cristina cerró su carta reafirmando su compromiso con el peronismo y su disposición a conducir el PJ, con el objetivo de reagrupar fuerzas políticas y sociales detrás de un proyecto que “devuelva a los argentinos la esperanza y el orgullo”. En su análisis, describió el contexto actual como uno de “crueldad y odio” generado por las políticas libertarias y llamó a la unidad para enfrentar estos desafíos.

Pese al discurso oficial contra la “casta” y los llamados “ñoquis”, la gestión de Javier Milei sigue tomando un rumbo contradictorio.

El discurso del Gobierno nacional, que ha justificado miles de despidos en ministerios, secretarías e instituciones estatales, además del cierre de diversos organismos y recortes en áreas sensibles como salud y asistencia social, sigue una línea reiterativa: presuntas irregularidades, supuesta negativa a auditorías y un supuesto gasto público excesivo.

Estas afirmaciones, que hasta el momento no han sido comprobadas, han sido desmentidas por los propios trabajadores y autoridades afectadas. En este contexto, una figura central del gobierno ha sido Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei, encargado de movilizar un ejército de trolls que difunden noticias falsas y discursos de odio en redes sociales, especialmente en X (anteriormente Twitter).

Contrataciones controvertidas en el INCAA

Pese al discurso oficial contra la “casta” y los llamados “ñoquis”, la gestión de Javier Milei sigue tomando un rumbo contradictorio. El reciente nombramiento de Pablo Lantaron como director en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) ha despertado críticas. Lantaron es un conocido integrante de Carajo, un canal de streaming de derecha liderado por Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”, uno de los trolls más influyentes en redes sociales y cercano al gobierno.

La contratación de Lantaron pone en evidencia la estrategia del gobierno de reforzar su presencia en áreas clave del Estado con figuras vinculadas al mundo digital y a la difusión de propaganda pro-gobierno en redes sociales.

El rol de los trolls en la comunicación oficial

La incorporación de trolls no es exclusiva del INCAA. Manuel Adorni, vocero presidencial, fue recientemente designado como titular de la Secretaría de Comunicación y Medios, controlando directamente la estrategia comunicacional del gobierno. En este ámbito, bajo la coordinación de Santiago Caputo y Karina Milei, hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia, el gobierno ha destinado millones de pesos a la contratación de personal para fortalecer la comunicación oficial y contrarrestar la caída de la imagen pública del mandatario.

Entre las recientes incorporaciones se encuentra Iván Gómez, otro miembro de Carajo, quien fue nombrado Coordinador de Gestión de Comunicación Digital, según el decreto 497/2024. Gómez dependerá de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, controlada por la Secretaría General de la Presidencia, reforzando así el uso de trolls y redes sociales para afianzar la estrategia propagandística del gobierno.

Contradicciones en el discurso de austeridad

Mientras se recorta el presupuesto en áreas esenciales como salud y educación, y se justifica la desvinculación de miles de trabajadores bajo el pretexto de eliminar “ñoquis”, el gobierno de Milei sigue incorporando figuras clave en la comunicación digital, muchas de ellas vinculadas a canales y usuarios que han sido denunciados por promover fake news y discursos de odio en redes sociales. Estas decisiones contrastan con el discurso de austeridad que el gobierno sostiene públicamente.

Las convicciones de Mauricio Macri duraron 20 días, cuando pasó de defender a la universidad a apoyar el veto de Javier Milei a una ley que busca ampliar el presupuesto de las instituciones nacionales. ¿Qué habrá pasado en el medio?

Esa vuelta en el aire puede ser clave para definir si el veto avanza o es rechazado por el Congreso nacional. El PRO cuenta con 38 votos que pueden definir la situación.

Para Macri es una jugada compleja. Si el PRO rechaza el veto, se enfrentará definitivamente con Milei. Si apoya abiertamente al gobierno en una cuestión sensible para la agenda de su fuerza política puede forzar a que muchos legisladores lo contradigan y voten en contra de sus deseos. Para Macri, la jugada no es sencilla.

En septiembre, las ventas minoristas pymes cayeron un 5,2% interanual y acumulan un declive del 15% en lo que va del 2024, según informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 

Se trata de una disminución en el consumo que se sostiene por cuarto mes consecutivo: junio (21,9%), julio (17,7%) y agosto (10,5%).

Los siete rubros relevados por CAME sufrieron bajas en sus ventas. La mayor retracción anual se detectó en Perfumerías (-20,8%), seguido por Bazar, decoración, textiles de hogar (-12,3 %). En el acumulado del año, la mayor baja la llevan también Perfumerías (-30,9%) y Farmacias (-25,5%).

Trabajadores de ese nosocomio resisten su cierre, que afecta a 700 empleos y miles de pacientes, y anuncian medidas de fuerza ante la falta de respuesta oficial.

Este lunes a las 11:00, los empleados del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte realizarán una conferencia de prensa para anunciar medidas de fuerza. Afirman que más de 25.000 personas fueron atendidas en lo que va del año y que el cierre pone en riesgo casi 700 puestos de trabajo.

En respuesta al anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre el cierre del hospital, los trabajadores han organizado guardias rotativas de 12 horas para garantizar la atención de los pacientes internados. Permanecen en el edificio desde el viernes y planean quedarse para impedir que este lunes se les bloquee el acceso a sus puestos de trabajo.

“Estamos en el hospital desde el viernes y no vamos a irnos”, declaró Leonardo Fernández Camacho, delegado gremial, a TN. El personal teme que el cierre del área de internación y de la guardia interdisciplinaria sea solo el primer paso hacia la disolución total del hospital. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), hasta ahora no ha habido respuesta de las autoridades.

ATE también denunció que la instrucción es la clausura completa del servicio de guardia y las internaciones durante el fin de semana, y que el decreto que formalizaría el cierre total del hospital podría firmarse el lunes.

Las denuncias de los trabajadores
“Esta decisión no solo afecta a casi 700 trabajadores, sino que perjudica a miles de pacientes que reciben atención en diversas áreas como internación, guardia, consultorios externos, odontología y clínica médica”, señaló ATE en un comunicado. Además, destacaron que el Bonaparte es el único hospital nacional especializado en salud mental y adicciones.

El gremio denunció que el cierre es un ataque directo a la salud pública y advirtió que la situación incrementa el conflicto dentro del Estado. “Las medidas de fuerza se endurecerán”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien culpó al Gobierno por la escalada de tensiones.

ATE ha establecido la permanencia de los trabajadores en el hospital y no descarta profundizar las protestas. El futuro de las acciones se definirá en la conferencia de prensa de este lunes.

Aguiar también alertó sobre las consecuencias del cierre, subrayando que el hospital brinda un servicio esencial para la comunidad y que la protesta busca defender su derecho a trabajar. Además, recordó que, tras la Ley Nacional de Salud Mental, el Bonaparte fue reconvertido para tratar problemáticas de adicciones y consumo.

Según ATE, 612 puestos de trabajo están en peligro debido a la decisión del nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, comunicada por el director del hospital, Cristian Baldino.

En el último año, el precio de los medicamentos ha crecido a un ritmo mayor que la inflación, afectando al bolsillo . Los productos de alta complejidad, se han vuelto inaccesibles para muchos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que entre julio de 2023 y julio de 2024 el sector salud aumentó un 285,2%, mientras que la inflación general fue del 266,1%. En el rubro de “productos medicinales y equipos para la salud”, el aumento fue aún mayor: 289,4%. Este escenario agrava una situación ya difícil, donde el costo de los medicamentos pasó de representar el 15% al 33% del gasto médico en obras sociales y prepagas desde la pandemia.

Un sector del mercado señala que la inflación distorsiona los precios, permitiendo subas excesivas en ciertos medicamentos. Además, mencionan la aprobación judicial de fármacos costosos, sin pruebas concluyentes sobre su eficacia, lo que contribuye al encarecimiento general del sistema de salud.

Entre enero de 2019 y agosto de 2024, los medicamentos aumentaron un 4.055%, superando ampliamente la inflación acumulada de 3.537%. Esto ha impulsado al Gobierno a permitir que las provincias importen medicamentos sin autorización nacional, como respuesta a propuestas como la del gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Fármacos que lideran los aumentos
Algunos medicamentos han tenido incrementos desmesurados. La fórmula láctea Nutrilon Pepti Lata y las tiras reactivas Accu-chek subieron un 596%. Otros ejemplos son el Diamicron para la diabetes (544%) y el Daflon para la circulación (567%).

Un estudio del CEPA destacó que medicamentos comunes como el Ibupirac 600 mg aumentaron un 456% en un año. Tras las elecciones de Javier Milei, los precios de los medicamentos comenzaron un ciclo de subas, registrándose incrementos del 25,7% en noviembre de 2023 y otros importantes en los meses siguientes.

Medicamentos de alta complejidad: precios millonarios
Los medicamentos de alta complejidad han experimentado alzas exorbitantes. El Perjeta-Herceptin, utilizado en el tratamiento del cáncer de mama, cuesta actualmente $16.500.000 tras subir un 590%. Otros medicamentos, como el Mabthera para artritis reumatoide y el Herceptin, subieron un 586%, con precios de hasta $7.000.000. El medicamento más caro, el OFEV para fibrosis pulmonar, tiene un precio de $19.000.000 y ha subido un 473% en el último año.

El Gobierno busca alternativas para enfrentar estos aumentos, pero los medicamentos continúan siendo un factor crítico en la crisis económica que afecta al país.

La norma se publicó por el Boletín Oficial. Se permitirá a las empresas fijar los horarios, paradas, frecuencias y precios del servicio de ómnibus, dejando al mercado las condiciones de transporte para los pasajeros.

Este lunes, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial un decreto que desregula los servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de media y larga distancia. Fuentes oficiales informaron que la nueva norma permitirá a las empresas fijar libremente recorridos, horarios, precios y duración de los servicios.

La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, sustituye la regulación vigente de más de 30 años. Según el Gobierno, el objetivo es modernizar y adaptar el transporte a las necesidades actuales, promoviendo la competencia y una mayor oferta de servicios.

Además, se creará el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, accesible online, sin costo, para facilitar los trámites y garantizar la transparencia. Las empresas registradas no tendrán que reinscribirse, pero las nuevas operadoras obtendrán su habilitación automáticamente tras cinco días de inscribirse, aplicando el “Silencio Positivo”, que concede la aprobación si no hay respuesta en un plazo determinado.

Si bien la norma flexibiliza la organización del servicio, se mantendrán los requisitos de seguridad establecidos por la ley. Las empresas deberán informar en el Registro detalles sobre capacidad, vehículos, licencias de conductores y paradas autorizadas. No podrán ofrecer servicios que no figuren en el Registro.

La Secretaría de Transporte será la encargada de implementar la medida, que entrará en vigor en 60 días, tras las actualizaciones tecnológicas necesarias.

En un descarado apriete mafioso, el gobierno de Milei amenaza con ajustar la salud pública si no se apoya el veto contra el financiamiento universitario.

La embestida ideológica del Gobierno contra las universidades por los fondos esta en plena tensión, con posiciones dispares y varios rounds por delante. El oficialismo ya está trazando diferentes escenarios en caso de que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, lo que subyace en este debate es un claro chantaje por parte del gobierno hacia el Congreso y las provincias.

Desde la Casa Rosada, ya han comenzado a planear estrategias para costear la ley en caso de que se pierda la votación. La primera opción es judicializar la norma, argumentando que incumple el reglamento al no especificar de dónde saldrán los fondos para su financiamiento. Aunque saben que este camino sería lento, con posibles amparos y cautelares, la amenaza está puesta sobre la mesa.

Lo más alarmante es que, si se ven obligados a cumplir con la ley, en LLA ya están considerando recortar fondos de áreas sensibles como Salud. Según fuentes del gobierno, se contempla la posibilidad de reducir programas, achicar estructuras y ajustar los gastos en medicamentos, en lo que parece ser una medida drástica que impactaría directamente en la salud pública y la vida de miles de personas para desviar esos recursos a la educación.

Otra opción es reducir los fondos destinados a la obra pública en el Presupuesto 2025 para redirigirlos a la secretaría de Educación, lo que permitiría que la ley funcione. Este movimiento, sin embargo, genera otra forma de presión: los gobernadores de distintos signos políticos, que dependen de esos fondos para terminar obras prometidas, se verían forzados a aceptar que se recorten recursos de sus provincias para solventar una ley que el oficialismo pretende imponer.

De este modo, el gobierno juega con dos frentes de chantaje: al Congreso, amenazando con judicializar la norma si no se rechaza el veto, y a las provincias, imponiéndoles un recorte en obra pública o en salud si el financiamiento educativo avanza. Esta estrategia revela una clara táctica de presión y coacción para hacer cumplir sus objetivos, independientemente del impacto en áreas críticas del país.

El expresidente expresó que acompañará al oficialismo con el rechazo a la ley de presupuesto universitario.

Mauricio Macri publicó este domingo una ambigua reflexión sobre las universidades, en vísperas de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza buscará defender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento educativo. En su mensaje, Macri justificó su apoyo al ajuste presupuestario arguyendo que “la defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”, apoyando así la auditoría a las universidades impulsada por el Gobierno nacional, bajo la dirección de Sandra Pettovello.

El expresidente, quien recientemente se reunió en privado con Santiago Caputo, enfrenta un contexto de división dentro de su propio partido. Mientras la expectativa crece sobre cómo votará el bloque del PRO, surgieron mensajes contradictorios desde las filas del partido. Mientras Fernando de Andreis recurrió a la fábula del escorpión y la rana para aludir a la situación, Álvaro González anticipó que votaría en contra del veto. Por otro lado, Diego Santilli salió a anunciar que apoyará la postura de Milei, coincidiendo casi al mismo tiempo con el posteo de Macri.

En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura.

Lo cierto es que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la…

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 6, 2024

El bloque del PRO llega fracturado a la reunión del martes, sin una posición clara de su cúpula. Macri, presidente del PRO, había guardado silencio hasta su reciente publicación, donde criticó a la UBA por una supuesta falta de controles “la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”. También agregó que “lo cierto es que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento. Lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política”.

Este mensaje de Macri parece sugerir un apoyo implícito al veto de Milei, aunque sin una directiva explícita para el bloque liderado por Cristian Ritondo. Se anticipa un panorama de ausencias, abstenciones y votos cruzados en la sesión del miércoles.

La hipocresía de Macri

Llama la atención, sin embargo, la insistencia de Macri en la transparencia de los recursos universitarios mientras evita abordar el hecho de que su gobierno contrajo el mayor préstamo de la historia del FMI, sin auditorías claras ni rendiciones de cuentas precisas sobre el destino de esos fondos. La contradicción es evidente: exige controles rigurosos en instituciones académicas, pero omite referirse al préstamo que hundió a la economía Argentina generando toda clase de problemas macroeconómicos.