El gobierno busca replicar la estrategia de Mauricio Macri en 2015, cuando quiso designar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El Gobierno admite que evalúa designar jueces en la Corte Suprema por decreto, una maniobra que busca asegurar una mayoría afín en el máximo tribunal. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, confirmó que se analiza la posibilidad de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla si no se consiguen los votos necesarios en el Senado. Esta estrategia recuerda a la polémica decisión de Mauricio Macri en 2015 de intentar designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Francos, en diálogo con Radio Mitre, reconoció que la intención oficial es someter las designaciones al Senado, pero admitió las complicaciones derivadas de la falta de mayoría oficialista: “Cuando estás en minoría todo cuesta más. Ojalá pudiera funcionar, pero evaluamos todas las alternativas”. Según Alejandro Bercovich, quien adelantó esta posibilidad en su columna “LOBBY” en elDiarioAR, la maniobra buscaría neutralizar un eventual bloqueo opositor y fortalecer el control gubernamental sobre la Corte Suprema.
La propuesta ha generado críticas por evocar prácticas como la “mayoría automática” del menemismo, que subordinó políticamente a la Corte Suprema, despertando preocupaciones sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes en un momento crítico para el país.
La empresa ocupó los últimos puestos de un ranking internacional: quedó entre las 6 peores líneas aéreas del mundo. En solo una semana, canceló 28 vuelos.
Flybondi, la aerolínea low-cost dirigida por Mauricio Sana, atraviesa un periodo crítico que la posicionó entre las 6 peores aerolíneas del mundo según un reciente ranking internacional. En solo una semana, la empresa canceló 28 vuelos, lo que equivale a un promedio de cuatro vuelos diarios, evidenciando serias falencias operativas y una evidente incapacidad de satisfacer las necesidades del mercado interno argentino.
Cancelaciones masivas y reclamos de los pasajeros
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) había notificado previamente a Flybondi por sus cancelaciones recurrentes, acumulando al menos 23 vuelos suspendidos en semanas anteriores. Esto generó un aluvión de quejas por parte de pasajeros que enfrentaron retrasos y cancelaciones inesperadas. Estas irregularidades no solo afectan la confianza de los usuarios, sino que también plantean dudas sobre la capacidad de la aerolínea para operar de manera eficiente en un contexto de creciente demanda de vuelos domésticos.
Problemas técnicos y seguridad en tela de juicio
A las cancelaciones se suman preocupaciones relacionadas con la seguridad. Recientemente, un vuelo de Flybondi (FO5020) que iba de Aeroparque a Córdoba sufrió un desperfecto técnico en pleno trayecto, obligándolo a aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según voceros de la empresa, el avión presentó una “novedad técnica” que requirió la intervención del equipo de mantenimiento antes de poder continuar su recorrido. Aunque la compañía minimizó el incidente, este tipo de situaciones alimenta el escepticismo respecto a la calidad y el mantenimiento de su flota.
Un modelo low-cost que no despega
El desempeño de Flybondi pone en evidencia los límites de un modelo low-cost que parece priorizar la reducción de costos por encima de la seguridad, calidad del servicio y la satisfacción del cliente. En un país donde el transporte aéreo cumple un rol clave para conectar regiones y estimular el turismo interno, la aerolínea no solo incumple expectativas, sino que también genera trastornos significativos para los pasajeros.
Las recientes cancelaciones masivas, problemas técnicos y el pésimo lugar en rankings internacionales refuerzan la necesidad de una regulación más estricta y un replanteo en el modelo operativo de Flybondi. Si la aerolínea no toma medidas inmediatas para mejorar su performance, corre el riesgo de perder su posición en un mercado interno que exige estándares de calidad y seguridad mucho más elevados.
Un informe de la UBA revela que el salario mínimo cayó 28% en el último año, ubicándose en niveles inferiores a los de 2001, año en el que se desató una profunda crisis socioeconómica.
Un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el salario mínimo vital y móvil (SMVM) sufrió una caída real del 28% en el último año, ubicándose en niveles inferiores a los de 2001, año marcado por una profunda crisis socioeconómica. A pesar de la estabilidad relativa del empleo formal, el poder adquisitivo de los trabajadores continúa en franco deterioro debido a una inflación persistente y el aumento de costos básicos.
Según el informe, tituladoPanorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones, esta tendencia negativa comenzó en diciembre de 2023, con una contracción del 15%, y continuó en enero de 2024 con una caída adicional del 17%. Aunque se registró cierta estabilidad durante algunos meses, la pérdida del poder adquisitivo se intensificó nuevamente desde junio y se prolongó hasta octubre. En términos históricos, el SMVM acumula una pérdida real del 60% desde 2011, año en el que alcanzó su punto más alto.
Consumo y mercado laboral en crisis
El empleo formal, aunque estable, no ha logrado compensar el impacto de la caída salarial. En agosto de 2024, los trabajadores registrados en los sectores público, privado y de casas particulares totalizaron 10,1 millones, un leve incremento de 1.600 puestos respecto al mes anterior. Sin embargo, este número sigue reflejando una contracción prolongada, con niveles similares a los de noviembre de 2022, en plena recuperación pospandemia.
Los coordinadores del estudio, Roxana Maurizio y Luis Beccaria, señalaron que el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores tiene un impacto directo en la economía. La pérdida de ingresos afecta el consumo interno, que es uno de los motores fundamentales del crecimiento, y genera un círculo vicioso que perpetúa la desaceleración económica y la recesión.
Contexto estructural y desafíos
La caída del salario mínimo se da en un contexto de crisis estructural marcado por el aumento sostenido de precios, ajustes tarifarios y la falta de políticas salariales que compensen la inflación. Este fenómeno no solo profundiza las desigualdades sociales, sino que también limita la capacidad de recuperación de la economía al restringir el acceso a bienes y servicios básicos para gran parte de la población.
Con un salario mínimo por debajo de los niveles de 2001, los trabajadores enfrentan un panorama complejo en el que la estabilidad laboral no garantiza un ingreso suficiente para sostener un nivel de vida adecuado. Este retroceso plantea la urgente necesidad de políticas públicas que protejan el poder adquisitivo y estimulen el mercado interno como vía para revertir el deterioro socioeconómico.
El intendente macrista de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, sugirió que “le plantan” indigentes y delincuentes que no son de su ciudad.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, desató una nueva polémica al celebrar públicamente el desalojo de personas en situación de calle en Mar del Plata. A través de un video en sus redes sociales, mostró un operativo policial donde agentes interrumpen a una pareja de indigentes, advirtiéndoles que “se terminó el diálogo”. Con el lema “Se terminó”, Montenegro no solo validó la acción, sino que reforzó un discurso de criminalización hacia los sectores más vulnerables.
Desde distintos sectores políticos y sociales, surgieron críticas contundentes hacia esta postura. La dirigente de izquierda Myriam Bregman calificó de “basura” al intendente y denunció la violencia institucional como una herramienta sistemática contra los más pobres: “Todos matones contra los más débiles”. Nicolás Del Caño, también referente de la izquierda, lo tildó de “cobarde” y le reprochó la criminalización de la pobreza, una problemática que tiene raíces en las políticas que él mismo sostiene.
Guillermo Montenegro salió a “cazar” personas en situación de calle y lo celebro en sus redes sociales.
Montenegro, lejos de retroceder, intensificó su discurso al acusar a Juan Grabois y a organizaciones sociales de “enviar delincuentes” a la ciudad, buscando adjudicar a estos sectores una supuesta estrategia de desestabilización. En lugar de abordar el aumento de la indigencia en un distrito donde más de 360 mil personas viven por debajo de la línea de pobreza, el intendente recurrió a una narrativa securitista y deshumanizadora, asociando la marginalidad con la criminalidad.
Un patrón reiterado de odio y desprecio a los más necesitados
Este caso no es aislado, sino parte de un patrón creciente en sectores del PRO y libertarios que buscan instalar la securitización de la pobreza como una política de Estado. En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, jefe de Gobierno, comparó recientemente a las personas en situación de calle con “basura” y minimizó su problemática al sugerir que los cajeros automáticos son sus “monoambientes”. Además, impulsó campañas de desalojo y hasta llegó a pedir que la ciudadanía deje de brindar ayuda solidaria: “No les den de comer”, enfatizó su ministro de Seguridad, Diego Kravetz, quien también amenazó con expulsar a estas personas de la ciudad.
¿Sacarle a una persona en situación de calle lo poco que tiene? Se ve que nunca te faltó nada, monigote. Sos una basura.
Para esto necesitamos tener ley provincial para personas en situación de calle. Para que los hijos de puta como Montenegro no se sigan creyendo impunes. https://t.co/LmFTxAKHB9
En un marco nacional, el presidente Javier Milei refuerza este paradigma de exclusión con declaraciones que naturalizan la desigualdad extrema. Al defender su postura de no intervención frente a la creciente crisis económica, afirmó: “Si la gente se muere de hambre, de alguna manera decidirá algo para no morirse”, eludiendo cualquier responsabilidad del Estado ante la precarización de la vida.
La securitización de la pobreza como herramienta política
Estas actitudes reflejan una estrategia política que busca trasladar el foco de la crisis económica y social hacia los sectores más vulnerables, reforzando discursos de odio y estigmatización. En lugar de atender las raíces estructurales de la desigualdad, estas políticas priorizan la represión y la criminalización de quienes sufren las consecuencias más duras del modelo económico actual.
Mientras las cifras de pobreza y marginalidad alcanzan niveles alarmantes en Argentina, la respuesta de estos sectores políticos evidencia una desconexión total con la realidad de miles de personas a quienes prácticamente le niegan su condición humana. La insensibilidad ante la precarización de la vida no solo expone un desprecio por los derechos básicos, sino que profundiza un clima de polarización y violencia simbólica contra quienes menos tienen.
