Desde Naciones Unidas y la ONG Human Right Watch rechazaron la intención de que los jueces de la Corte Suprema de Justicia sean designados por decreto.
La intención del gobierno argentino de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, en caso de no lograr el aval del Senado, ha generado una fuerte reacción internacional. Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó su preocupación por lo que considera una amenaza a la separación de poderes en el país.
“He tomado nota de las preocupantes noticias de que el Gobierno de Argentina supuestamente podría estar considerando nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto”, afirmó Satterthwaite en su cuenta de X. La relatora subrayó que el principio de legalidad exige respetar los procedimientos constitucionales para preservar la independencia judicial.
He tomado nota de las preocupantes noticias de que el Gobierno de #Argentina supuestamente podría estar considerando nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto.
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) December 13, 2024
Recuerdo que el principio de legalidad exige que se sigan los procedimientos constitucionales al designar jueces,…
El artículo de la Constitución que permite al presidente llenar vacantes mediante decretos en comisión durante el receso legislativo ha sido objeto de controversias. Según expertos, esta disposición no debería aplicarse a los jueces de la Corte Suprema, ya que no se consideran “empleos” en el sentido que la norma establece. Además, la vacante de la Corte que busca ser cubierta no ocurrió durante el actual receso legislativo, lo que pone en duda la validez del mecanismo propuesto.
El antecedente de Macri
Este escenario recuerda un antecedente polémico: en 2015, el expresidente Mauricio Macri intentó designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial, amparándose en la misma disposición constitucional. En ese entonces, organizaciones de derechos humanos y juristas, incluyendo Human Rights Watch, criticaron duramente la medida por considerarla contraria a los principios republicanos. Sin embargo, los jueces designados por Macri no asumieron hasta obtener el respaldo de dos tercios del Senado, seis meses después.
En un contexto donde Argentina ha ratificado tratados internacionales que exigen un proceso transparente y acorde con la división de poderes, la iniciativa del gobierno actual de Javier Milei ha provocado una reacción que trasciende las fronteras. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, instó al presidente a “demostrar respeto por la independencia judicial trabajando con el Senado para lograr los acuerdos necesarios en lugar de recurrir a nombramientos por decreto”.
Mientras el gobierno insiste en esta polémica vía, Naciones Unidas y otros actores internacionales recuerdan que cualquier debilitamiento en los procesos de designación de jueces puede poner en jaque la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental de la democracia.
