Desde Naciones Unidas y la ONG Human Right Watch rechazaron la intención de que los jueces de la Corte Suprema de Justicia sean designados por decreto.

La intención del gobierno argentino de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, en caso de no lograr el aval del Senado, ha generado una fuerte reacción internacional. Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó su preocupación por lo que considera una amenaza a la separación de poderes en el país.

“He tomado nota de las preocupantes noticias de que el Gobierno de Argentina supuestamente podría estar considerando nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto”, afirmó Satterthwaite en su cuenta de X. La relatora subrayó que el principio de legalidad exige respetar los procedimientos constitucionales para preservar la independencia judicial.

He tomado nota de las preocupantes noticias de que el Gobierno de #Argentina supuestamente podría estar considerando nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto.

Recuerdo que el principio de legalidad exige que se sigan los procedimientos constitucionales al designar jueces,…

— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) December 13, 2024

El artículo de la Constitución que permite al presidente llenar vacantes mediante decretos en comisión durante el receso legislativo ha sido objeto de controversias. Según expertos, esta disposición no debería aplicarse a los jueces de la Corte Suprema, ya que no se consideran “empleos” en el sentido que la norma establece. Además, la vacante de la Corte que busca ser cubierta no ocurrió durante el actual receso legislativo, lo que pone en duda la validez del mecanismo propuesto.

El antecedente de Macri

Este escenario recuerda un antecedente polémico: en 2015, el expresidente Mauricio Macri intentó designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial, amparándose en la misma disposición constitucional. En ese entonces, organizaciones de derechos humanos y juristas, incluyendo Human Rights Watch, criticaron duramente la medida por considerarla contraria a los principios republicanos. Sin embargo, los jueces designados por Macri no asumieron hasta obtener el respaldo de dos tercios del Senado, seis meses después.

En un contexto donde Argentina ha ratificado tratados internacionales que exigen un proceso transparente y acorde con la división de poderes, la iniciativa del gobierno actual de Javier Milei ha provocado una reacción que trasciende las fronteras. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, instó al presidente a “demostrar respeto por la independencia judicial trabajando con el Senado para lograr los acuerdos necesarios en lugar de recurrir a nombramientos por decreto”.

Mientras el gobierno insiste en esta polémica vía, Naciones Unidas y otros actores internacionales recuerdan que cualquier debilitamiento en los procesos de designación de jueces puede poner en jaque la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental de la democracia.

Gobierno en crisis: la maniobra para proteger a Kueider desata renovadas tensiones con Villarruel.

Desde la Casa Rosada, se percibe una clara estrategia para desvincular al senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares de dudoso origen sin declarar, de las graves acusaciones en su contra. Mientras los abogados del legislador buscan impugnar la sesión en la que se votó su expulsión, Santiago Caputo, asesor cercano a Javier Milei, ha lanzado una campaña de desprestigio contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, sembrando dudas sobre la validez de dicha sesión.

Caputo sostiene que Villarruel no cumplió con su obligación constitucional de asumir la Presidencia durante el viaje de Milei a Italia. Según la versión de la Casa Rosada, Villarruel habría sido notificada con suficiente antelación, algo que su entorno niega, argumentando que el traspaso oficial se produjo a las 19:00 horas, mucho después de la sesión. Este vacío temporal, interpretado como acefalía, ha generado un fuerte debate entre constitucionalistas y una nueva pugna política dentro del oficialismo.

El asesor presidencial filtró documentos y supuestas conversaciones privadas para respaldar su versión que pretenden dejar mal parada a la vicepresidenta. Sin embargo, estas acciones no han ido más allá del plano mediático, ya que de momento ningún funcionario del gobierno ha impulsado formalmente la anulación de la sesión, lo que evita una crisis institucional de mayor envergadura.

La presión de Caputo por salvar a Kueider no solo revela un intento por proteger a un aliado clave, sino también el temor de que el escándalo se extienda. Fuentes en el Senado y fiscales paraguayos han señalado que Kueider podría poseer información comprometedora que podría involucrar a figuras de alto nivel. Esto llevó a declaraciones como las de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien ironizó: “Tienen miedo de que Kueider cante más que Valeria Lynch”, y al contundente consejo del senador José Mayans: “Le recomiendo que no salga ni al balcón; sabe demasiado”.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Milei y Villarruel parece intensificarse. La vice, cada vez más distanciada del presidente, enfrenta un desgaste político considerable, avivado por esta última controversia. La fractura interna del oficialismo, sumada a las maniobras desesperadas para salvar a Kueider, deja al gobierno en una posición delicada frente a la opinión pública y la justicia.

Según datos oficiales, la cantidad de personas en situación de calle saltó de 3.286 en noviembre de 2023 a 4.416 en noviembre de este año. Pero las organizaciones advierten que la cifra real es más del doble.

En un contexto de crisis económica y social, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el distrito más rico del país, enfrenta un alarmante aumento del 35% en su población en situación de calle. Según datos oficiales, las personas sin techo pasaron de 3.286 en noviembre de 2023 a 4.416 un año después. Sin embargo, organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Proyecto 7 estiman que la cifra real supera las 12.000 personas, lo que incluye a un número creciente de familias con niños y personas mayores.

Esta crisis ocurre durante la primera gestión de Jorge Macri como jefe de Gobierno porteño, quien ha implementado una polémica campaña para “limpiar las calles de indigentes”. Estas medidas, que incluyen operativos policiales y la remoción forzosa de personas, han generado críticas generalizadas por parte de defensores de derechos humanos, que denuncian un trato deshumanizante y un aumento del 500% en la violencia institucional hacia esta población.

Hay casi tres veces más gente viviendo en las calles de Buenos Aires que en 2019.

El censo de este mes estableció que viven 4.416 personas, 2.682 más que en 2019. Un pueblo entero vive en las calles de la ciudad. Estos números abrumadores nos dan una idea del tamaño del… pic.twitter.com/TuDz62LoVs

— Clara Muzzio (@claramuzzio) December 6, 2024

Más pobreza en la Ciudad más rica

CABA, donde la pobreza afecta al 32,1% de sus habitantes (989.000 personas) y la indigencia al 13,5% (417.000), muestra los niveles más altos de precarización social de la última década. Este deterioro ha llevado a un aumento notable de personas que recurren a organizaciones por comida o refugio, incluso aquellas que aún tienen vivienda pero no pueden sostener los costos básicos.

“El colapso es total”, advierte Horacio Ávila, referente de Proyecto 7. “Vemos más familias, más chicos, y más adultos mayores que quedan en la calle porque sus ingresos no alcanzan para alquilar, comer y pagar medicamentos. La ciudad más rica del país no puede resolver esta crisis; es inadmisible”.

Políticas de exclusión y estigmatización

Desde el inicio de su gestión, Macri ha vinculado la problemática de las personas sin techo con cuestiones de salud mental y seguridad, promoviendo un enfoque punitivo mediante operativos de desalojo que, según el Registro Unificado de Violencias, ocurren cada dos días en promedio. Además, la falta de vacantes en los Centros de Integración Social (CIS) agrava la situación.

“Estas políticas no solo no resuelven el problema, sino que lo empeoran”, señala Jorgelina Di Iorio, investigadora del Conicet. “La narrativa oficial intenta culpar a otros distritos, pero los datos indican que muchas de estas personas llevan años en la ciudad”.

Emergencia social y derechos incumplidos

Pese a la existencia de leyes nacionales y locales que deberían garantizar derechos básicos para las personas en situación de calle, como la Ley 3.706 y la Ley 27.654, su implementación es prácticamente nula. “El Gobierno porteño opta por criminalizar la pobreza en lugar de abordarla desde una perspectiva de derechos”, denuncia Ávila.

La situación no solo refleja el impacto de políticas insuficientes, sino también un enfoque que prioriza la “limpieza” del espacio público sobre la asistencia social, dejando a miles de personas en la intemperie en una de las ciudades más ricas del continente.

Ayer, el senado nacional decidió echar al senador Eduardo Kueider después de que le encontrarán 200 mil dólares mientras pasaba a Paraguay. Ahora todas las miradas apuntan a Cristian Ritondo, hombre clave del PRO, que se encuentra en una situación similar.

Su mujer es parte de un entramado que incluye propiedades en Estados Unidos que no fueron declaradas en Argentina. Se estima que en total la mega operación incluye casi 3 millones de dólares, más de 3000 millones de pesos. ¿De dónde salió esa plata? ¿Corrupción macrista?

La situación debería ser un escándalo pero por ahora nadie del PRO dijo nada, Ritondo sigue callado y a ningún fiscal le interesa el caso.

Lo irónico de la situación es que fue Ritondo uno de los impulsores del proyecto de “ficha limpia”, por la se establece que aquellas personas que cometan delitos no pueden ser candidatos. ¿Ritondo será echado?

En el marco de la sesión especial del Senado en la que se discutía la expulsión del senador Edgardo Kueider, el legislador José Mayans, de Unión por la Patria, realizó declaraciones explosivas y cargadas de suspicacias. El formoseño, conocido por su estilo confrontativo, fue tajante al referirse a la situación de Kueider, quien se encuentra detenido en Paraguay por portar 200.000 dólares en efectivo sin declarar.

“Se metió con gente jodida y él lo sabe. Hay que cuidarlo, no vaya a ser que nade en la piscina y se ahogue”, dijo, refiriéndose al hotel de lujo en el que Kueider está cumpliendo prisión domiciliaria en Paraguay.

Mayans continuó con sus críticas, asegurando que, aunque ahora parece estar protegido, la situación de Kueider podría cambiar. “Ahora lo están protegiendo, ¿pero después qué va a pasar? ¿Qué más sabe Kueider que lo quieren proteger?”, se preguntó.

En su intervención, el senador formoseño también apuntó al gobierno de Javier Milei y criticó la gestión de los ministros de Economía y Desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. De manera polémica, añadió que durante el macrismo se había intentado “coimearlo”, lo que elevó aún más la temperatura del debate. Crecen las sospechas sobre un soborno a Kueider por parte de sectores vinculados a Milei.