El Gobierno dio de baja el programa de cultivo de cannabis medicinal

Con argumentos poco convincentes, Patricia Bullrich confirmó que darán de baja todos los permisos de REPROCANN para cultivar marihuana de uso medicinal. Advierten que la medida favorece al crimen organizado.

El Gobierno Nacional anunció la eliminación del Reprocann, el programa que permite el cultivo de cannabis con fines medicinales, en una decisión que contradice su propio discurso sobre el emprendedurismo y la libre iniciativa privada. Mientras países desarrollados como Estados Unidos avanzan en la industrialización del cannabis terapéutico, Argentina retrocede, generando un vacío que beneficiará a los monopolios farmacéuticos, el contrabando y el crimen organizado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “no es ley el desvío a la venta ilegal” y que “vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero”. Según la funcionaria, durante el gobierno de Alberto Fernández se aprobaron más de 300 mil permisos para el cultivo, permitiendo a 30 mil personas producir derivados terapéuticos para terceros.

Sin embargo, la medida generó fuertes críticas, ya que restringe el acceso de pacientes a tratamientos que no encuentran en el mercado formal y que en muchos casos son recomendados por profesionales de la salud. Además, al debilitar la producción nacional, fortalece a las grandes empresas que lucran con los derivados del cannabis y fomenta el mercado negro, donde el precio y la calidad de los productos quedan fuera de todo control.

El Reprocann fue creado en 2021 para regular y garantizar el cultivo con fines medicinales, permitiendo a los pacientes cultivar entre una y nueve plantas para su tratamiento, con supervisión médica. Su eliminación deja en la incertidumbre a miles de personas que dependen de este sistema, forzándolas a recurrir a canales informales o costosos productos importados.

Mientras otros países impulsan el desarrollo de la industria del cannabis medicinal, Argentina vuelve a un esquema restrictivo que solo beneficia a los sectores más concentrados, en contra del supuesto espíritu de libre mercado que el Gobierno dice defender.

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