Es solo para las líneas que no ingresan a la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño había tomado una decisión similar. Los colectivos “interjurisdiccionales” mantienen el mismo precio.

La provincia de Buenos Aires anunció este viernes un aumento del 10% en el boleto de colectivos a partir del 1 de marzo. Este incremento se aplicarán en las líneas que van del 200 en adelante que no ingresan a la Capital Federal. El boleto mínimo llegará a $408,23.

La medida anunciada por el gobierno de Axel Kicillof es similar a la tomada por su par porteño, el jefe de Gobierno Jorge Macri, quien autorizó aumentos en las 31 líneas de colectivos que circulan sólo dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El mínimo quedó también en $408,23, mientras que los colectivos “interjurisdiccionales”, con subsidios de Nación, quedaron en un mínimo de $371,13.

Hasta el septiembre del año pasado, estas líneas eran subsidiadas en parte por el Gobierno nacional, quien, en pos de lograr equilibrio fiscal, decidió cortar con esta ayuda. Tras esta decisión, los gobiernos porteño y bonaerense decidieron hacerse cargo de los montos que aportaba Nación para mantener un boleto accesible para los pasajeros.

Las únicas líneas de colectivos que aún conservan subsidios de Nación son las “interjurisdiccionales”; es decir, aquellas que realizan un trayecto que incluye la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Inflación: cuánto subieron los alimentos en Argentina en enero 2025

Ayer por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer que la inflación de enero fue del 2,2%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 84,5%. Esto significa una desaceleración, luego del 2,7% que experimentó la inflación en diciembre, y se trata del número más bajo de la gestión de Javier Milei.

Por su parte, en febrero se estima un número cercano al 2%, aunque está en duda por la suba de la carne del 15% en lo que va del mes corriente. En ese sentido, la última vez que se registró un número por debajo del 2% fue hace cuatro años y medio, en julio de 2020, durante pandemia y cuarentena estricta, con un 1,9% mensual.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contó que pese a que el Gobierno Nacional tiene la intención de tratar el pliego del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema el próximo jueves en la Cámara de Senadores, aún no están los votos necesarios para su aprobación.

“El juez Lijo tiene un dictamen de comisión, pero después tiene que pasar el pleno del Senado y obtener los dos tercios. No es un tema que esté resuelto todavía”, contó en declaraciones a Cadena 3.

En la misma línea, insistió en que la estrategia del mandatario “no se modificó” y planteó que avanzará en nombrar tanto a Lijo como a Manuel García Mansilla. “Fue muy claro cuando dijo los dos o ninguno. Habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene el Presidente”, añadió.

El empresario ítalo-argentino, Cristian Rattazzi, elogió a Javier Milei pero pidió una devaluación: “Yo flotaría lo más rápido posible el dólar, que para mí no se va para arriba, para dejar libre el comercio, para así ver cuánto vale en serio”. Ese “cuanto vale en serio” es un mensaje claro al gobierno: hoy el dólar está muy barato.

En esta línea, el expresidente de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) elogió a la gestión de Javier Milei por “llegar al superávit fiscal en el segundo mes” y afirmó que “ahora, 2% por mes es una inflación altísima”.

“Yo soy liberal libertario desde muy adentro, no por [Javier] Milei. Yo flotaría lo más rápido posible el dólar, que para mí no se va para arriba, para dejar libre el comercio, para así ver cuánto vale en serio. Ahora, 2% por mes es una inflación altísima, es enorme”, cerró.

Con argumentos poco convincentes, Patricia Bullrich confirmó que darán de baja todos los permisos de REPROCANN para cultivar marihuana de uso medicinal. Advierten que la medida favorece al crimen organizado.

El Gobierno Nacional anunció la eliminación del Reprocann, el programa que permite el cultivo de cannabis con fines medicinales, en una decisión que contradice su propio discurso sobre el emprendedurismo y la libre iniciativa privada. Mientras países desarrollados como Estados Unidos avanzan en la industrialización del cannabis terapéutico, Argentina retrocede, generando un vacío que beneficiará a los monopolios farmacéuticos, el contrabando y el crimen organizado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “no es ley el desvío a la venta ilegal” y que “vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero”. Según la funcionaria, durante el gobierno de Alberto Fernández se aprobaron más de 300 mil permisos para el cultivo, permitiendo a 30 mil personas producir derivados terapéuticos para terceros.

Sin embargo, la medida generó fuertes críticas, ya que restringe el acceso de pacientes a tratamientos que no encuentran en el mercado formal y que en muchos casos son recomendados por profesionales de la salud. Además, al debilitar la producción nacional, fortalece a las grandes empresas que lucran con los derivados del cannabis y fomenta el mercado negro, donde el precio y la calidad de los productos quedan fuera de todo control.

El Reprocann fue creado en 2021 para regular y garantizar el cultivo con fines medicinales, permitiendo a los pacientes cultivar entre una y nueve plantas para su tratamiento, con supervisión médica. Su eliminación deja en la incertidumbre a miles de personas que dependen de este sistema, forzándolas a recurrir a canales informales o costosos productos importados.

Mientras otros países impulsan el desarrollo de la industria del cannabis medicinal, Argentina vuelve a un esquema restrictivo que solo beneficia a los sectores más concentrados, en contra del supuesto espíritu de libre mercado que el Gobierno dice defender.

La feria donde los gendarmes argentinos cruzan la frontera desde nuestro país para conseguir sus uniformes muchos más baratos se encuentra en la ciudad boliviana de Bermejo.

Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instala alambradas en la frontera con Bolivia y mantiene a los gendarmes con salarios indignos, cientos de efectivos cruzan diariamente al país vecino para adquirir la vestimenta que el Estado argentino no les proporciona.

El Paseo Las Chalanas, en la ciudad boliviana de Bermejo, se ha convertido en un punto clave para los gendarmes que buscan uniformes a precios accesibles. Allí, pueden conseguir la indumentaria oficial por $40 mil, mientras que en Argentina su costo asciende a $100 mil. “Vienen muchos, la verdad, y compran hasta por docena”, relató una vendedora al canal de noticias C5N.

Los efectivos, cuyos reclamos salariales han sido ignorados por la ministra, recurren a esta alternativa para equiparse con pantalones con puño, camperas softshell, borcegos a $38 mil y mochilas de 40 litros por $20 mil. Para abaratar aún más los costos, organizan compras mayoristas entre compañeros.

Así, mientras Bullrich endurece los controles fronterizos y despliega un discurso de seguridad, los propios gendarmes—mal pagos y sin recursos—se ven obligados a cruzar a Bolivia en busca de lo que su propio ministerio no les brinda.