Con el respaldo de Milei, el “Proyecto Digesto” avanza para vaciar organismos públicos, eliminar derechos y profundizar un ajuste que golpea a los trabajadores y debilita las funciones esenciales del Estado.
Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, puso en marcha una nueva etapa del ajuste impulsado por Javier Milei. Bajo la etiqueta de “Proyecto Digesto”, el Gobierno busca eliminar miles de leyes, resoluciones y decretos, al mismo tiempo que acelera la disolución de organismos públicos clave, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Lejos de ser una simple “limpieza administrativa”, el plan de Sturzenegger representa un ataque directo contra las estructuras estatales que garantizan derechos básicos y regulan sectores estratégicos. La justificación oficial habla de “simplificación” y “modernización”, pero en los hechos se trata de un vaciamiento del Estado para abrirle paso al mercado sin ningún tipo de control.
Según admitió el propio Sturzenegger, existen 42 mil leyes y más de 900 mil decretos y resoluciones, de los cuales apenas el 10% están digitalizados. A partir de esa cifra, el Gobierno pretende eliminar normativas en masa, sin un análisis serio sobre su impacto social, laboral o económico. En paralelo, se anunció la eliminación de al menos 60 organismos mediante decretos, afectando miles de puestos de trabajo y dejando áreas sensibles —como derechos humanos, protección al consumidor y transporte público— libradas a su suerte.
La motosierra de Milei y Sturzenegger avanza con un sesgo ideológico claro: destruir el Estado para reforzar los negocios privados. No hay preocupación real por mejorar la calidad institucional o hacer más eficiente la gestión pública; lo que se busca es desmantelar cualquier resquicio de protección social que contradiga el dogma libertario.
Mientras el discurso oficial promete “libertad” y “desburocratización”, en los hechos millones de argentinos se enfrentan al desguace de organismos que sostienen derechos conquistados con décadas de lucha. Como ya advirtieron sindicatos, universidades y organizaciones sociales, el costo de esta motosierra no lo pagan los “privilegios”, sino la sociedad en su conjunto.
El entretelón del Proyecto Digesto
Mientras vende su proyecto como una cruzada contra la burocracia, Milei y Sturzenegger avanzan en silencio con dos nuevos decretos. Uno buscará eliminar cientos de miles de normas que consideran “obsoletas” y el otro apunta a seguir recortando organismos estatales. Todo planeado para lanzarse antes del 9 de julio, en una puesta en escena que intentará mostrar una “revolución legal”. Sin embargo, entre los pasillos del Gobierno ya admiten que se trata de otro decreto que no tiene nada de necesidad ni de urgencia, y que apunta más a desproteger derechos que a mejorar la vida de la gente.
