La medida, tomada sin difundir resultados ni avances, refuerza las sospechas de encubrimiento y debilita el discurso oficial sobre la lucha contra la corrupción.
La reciente decisión del presidente Javier Milei de disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar sobre la presunta estafa relacionada con la criptomoneda $Libra, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en su gobierno.
La UTI fue establecida en febrero de 2025 mediante el Decreto 114/2025, con el objetivo de colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en la investigación de posibles hechos de corrupción vinculados a $Libra. Sin embargo, su disolución, formalizada por el Decreto 332/2025, se produjo sin que se hicieran públicos los resultados de sus indagaciones.
La falta de transparencia en la divulgación de los hallazgos de la UTI ha generado críticas y cuestionamientos sobre la eficacia y la independencia de la comisión. La creación y posterior disolución de un organismo destinado a investigar al propio presidente, sin resultados públicos, plantea dudas sobre el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
Este episodio se suma a una serie de medidas adoptadas por la administración de Milei en su primer año de gobierno, caracterizado por una política de austeridad y reducción del gasto público. Entre estas acciones se incluyen la disolución de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la agencia de noticias Télam. Además, se ha llevado a cabo una significativa reducción del empleo público, con más de 31.000 empleados desvinculados desde el inicio de su gestión.
La disolución de la UTI, sin la publicación de sus conclusiones, refuerza las preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el actual gobierno argentino.
