Al parecer, el exfutbolista no soportó las constantes agresiones de un cocinero al que también acusaron de estar pasado de copas y que luego subió la apuesta con sus dichos.

“Argentina no va a negociar con las partes demandantes”. De esta manera el vocero presidencial, Manuel Adorni, le cerró las puertas este viernes a un eventual diálogo con los fondos buitre, que obtuvieron en primera instancia un fallo favorable en el juicio por la expropiación de YPF y exigen el pago de 16.099 millones de dólares. En paralelo, los propios demandantes aclararon que su interés no es quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera -y el control de la compañía-, sino que buscan que el Gobierno deposite una “garantía” para tramitar la apelación en marcha.

En primer lugar, el vocero presidencial celebró el fallo que suspendió la entrega de acciones Clase D, ordenada por Loretta Preska el 30 de junio pasado. “Argentina logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones de YPF. En consecuencia, la decisión de la jueza se encuentra temporalmente suspendida”, dijo Adorni en conferencia de prensa.

En ese marco, el portavoz aclaró que “esta suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara decida si mantiene la suspensión durante todo el tramite de apelación de entrega de las acciones” y remarcó que “no hay un plazo determinado para eso”.

Adorni realizó estas declaraciones horas después de que el gobierno de Estados Unidos volviera a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF. El apoyo se concretó tras una presentación escrita del Departamento de Justicia, que se ofreció como amicus curiae en la causa.

El gobierno de Donald Trump pidió que se suspenda la ejecución de la sentencia para preservar la inmunidad soberana, evitar conflictos internacionales y garantizar que el proceso judicial se resuelva correctamente en la instancia de apelación.

La presentación se concretó en las tres causas vinculadas a la entrega de acciones de YPF, iniciadas por demandantes distintos: Petersen Energía Inversora S.A.U. (Case: 25-1687, a cargo de Burford Capital), Eton Park Capital Management (Case: 25-1689) y Bainbridge Fund Ltd. (Case: 25-1686), que corresponde a una parte todavía impaga de la deuda en default del 2001.

Con este apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Gobierno se animó a cerrar nuevamente la posibilidad de iniciar contactos con los fondos para analizar un acuerdo extrajudicial. “Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier discusión malintencionada de reuniones paralelas o acuerdos clandestinos”, sentenció Adorni.

Fondos buitre no quieren controlar YPF

En medio de la presentación del Departamento de Justicia y de los dichos de Adorni, se conoció que los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera, si es que las reciben como parte del cobro del juicio ganado.

Los fondos presentaron un escrito donde indicaron que buscarán la forma de devolverlas porque no tienen intención de administrar la compañía. Así lo informó el especialista Sebastián Maril, quien además precisó que los demandantes también manifestaron su oposición a que Argentina apele sin presentar una garantía financiera.

De acuerdo a la interpretación de Maril, este planteo, presentado en las últimas horas ante la justicia estadounidense, modifica el escenario procesal del caso.

Es que los beneficiarios del fallo expresaron que no aceptarán una apelación sin garantía. Según Maril, consideran que si Argentina pierde la apelación sin haber dejado una garantía suficiente, será difícil luego ejecutar el fallo por 16.099 millones de dólares.

En esta línea, indicaron que si reciben acciones de YPF como parte de un eventual cobro, no buscarán conservarlas y que tratarán de restituirlas por un mecanismo adecuado. O sea, venderlas.

Cómo sigue el juicio por YPF

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y determinó que el Estado debía pagar 16.099 millones de dólares por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de la empresa.

Argentina apeló y el caso está ahora en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para continuar con la apelación y evitar una ejecución inmediata del fallo, el país debe ofrecer una garantía financiera. Sin embargo, todavía no lo hizo.

El proyecto logró la adhesión mayoritaria en la legislatura porteña, excepto La Libertad Avanza. Ahora le corresponde al Poder ejecutivo de la Ciudad promulgar la norma.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó este jueves la ley que garantiza la gratuidad del subte para jubilados, pensionados y retirados que perciban hasta dos jubilaciones y media del haber mínimo, lo que alcanzará aproximadamente al 65% de los jubilados de la Ciudad.

El proyecto fue aprobado con una amplia mayoría: 44 votos a favor y 6 abstenciones, todas provenientes del bloque de La Libertad Avanza (LLA), cuyos legisladores decidieron no acompañar la iniciativa. Las abstenciones corresponden a Juan Pablo Arenaza, Rebeca Fleitas, María Luisa González Estevarena, Silvia Imas, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert.

Desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) destacaron que se trata de “un pequeño alivio para los que más están sufriendo” las consecuencias de las políticas nacionales, y subrayaron que fue posible gracias al trabajo conjunto de todo el arco opositor. También remarcaron que el beneficio será irrestricto, funcionará todos los días y deberá renovarse cada cinco años.

SUBTE GRATIS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Acabamos de conseguir en la Legislatura la aprobación de la gratuidad del boleto de subte para jubilados y pensionados que cobren hasta 2,5 haberes mínimos. pic.twitter.com/zrVmOVg0D8

— Legisladores UP CABA (@diputados_caba) July 17, 2025

¿Qué establece la norma?

• Beneficiarios: Jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con domicilio en CABA y con ingresos que no superen dos jubilaciones y media mínimas según ANSES.
• Alcance: El pase gratuito se podrá usar sin límite horario durante toda la semana.
• Trámite: El pase se gestionará en todas las estaciones cabeceras de subte y sedes comunales mediante una tarjeta magnética.
• Renovación: El beneficio tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación indefinida siempre que se mantengan los requisitos. Si el pase no se usa durante dos años seguidos, se dará de baja automáticamente.

Con la sanción ya aprobada por la Legislatura, el Poder Ejecutivo de la Ciudad tiene ahora la responsabilidad de promulgar la ley para que pueda comenzar a aplicarse.

Un nuevo escandalo sacude al Gobierno de Javier Milei que terminó con la denuncia a propios funcionaros los cuales habrían filtrado información a Estados Unidos para favorecer a los fondos buitre en el juicio por YPF y que la Argentina le entregue la empresa pública a Norteamérica.

Un verdadero terremoto político sacude al Gobierno de Javier Milei tras la denuncia de un nuevo escándalo de gravedad institucional: funcionarios de su propia gestión habrían filtrado información confidencial a Estados Unidos para beneficiar a los fondos buitre y facilitar la entrega de YPF a intereses extranjeros.

La Procuración del Tesoro, organismo clave en la defensa jurídica del Estado, despidió de manera inmediata a 60 empleados luego de tomar conocimiento de la posible filtración de datos estratégicos en pleno juicio internacional por la expropiación de YPF. Si bien el Ejecutivo habla oficialmente de una “reestructuración”, detrás de esta abrupta purga se esconde una acusación explosiva: la posible venta de información sensible para perjudicar deliberadamente a la Argentina en un caso judicial histórico.

El foco de las sospechas recae sobre la figura de Santiago Caputo, principal asesor del presidente y uno de los nombres más poderosos en la mesa chica del Gobierno. El titular de la Procuración durante los hechos, Santiago Castro Videla, habría llegado al cargo con el aval directo de Caputo, lo que alimenta las tensiones internas en el oficialismo.

La denuncia señala que la filtración habría incluido detalles críticos sobre la estrategia legal del país frente a Burford Capital, el fondo buitre que logró un fallo favorable de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para quedarse con el 51% de las acciones Clase D de la petrolera estatal. Aunque recientemente una Cámara de Apelaciones en EE.UU. suspendió la cesión de las acciones, el proceso judicial sigue abierto y la maniobra denunciada podría haber debilitado la defensa argentina de manera irreparable.

Mientras el Gobierno busca minimizar el tema con discursos de “eficiencia” y “austeridad”, la gravedad del escándalo es inocultable: se investiga una traición a los intereses nacionales que podría terminar con la entrega de una de las empresas más emblemáticas del país al poder financiero extranjero. La polémica crece y el caso promete nuevas revelaciones que podrían sacudir aún más a una gestión ya marcada por la crisis y el conflicto.