En la ampliación de la denuncia realizada en los Estados Unidos, los abogados que impulsan la demanda colectiva, destacan que Karina Milei, en su rol de Secretaria General de la Presidencia, fue quien autorizó el primer ingreso de Davis a la Casa de Gobierno.

El caso del megafraude vinculado al token cripto $LIBRA dio un giro clave esta semana en la justicia estadounidense. Los abogados que impulsan la demanda colectiva contra el empresario Hayden Davis y otros implicados presentaron una ampliación del expediente que introduce, por primera vez, a figuras del círculo presidencial argentino: Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, aparece mencionada en el nuevo documento judicial.

Aunque Karina Milei de momento no está formalmente imputada, los abogados sostienen que fue quien facilitó el primer ingreso de Davis a la Casa Rosada en su rol como secretaria general de la Presidencia. La presentación, firmada por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, representa una ampliación de la demanda colectiva (“class action”) en el fuero federal de Estados Unidos, y apunta a que los acusados enfrenten un juicio oral y público por crimen organizado, estafa y enriquecimiento ilícito.

El apellido Milei —en alusión al presidente argentino— aparece más de 50 veces en el texto judicial, principalmente en relación con la promoción pública que hizo del token $LIBRA desde sus redes sociales oficiales, lo cual, según los denunciantes, tuvo un impacto directo en el volumen de operaciones y en la cotización del criptoactivo.

“El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio del presidente Milei”, señala la demanda en referencia a un posteo realizado por el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter), donde respaldaba el proyecto.

La mención directa a Karina Milei marca un punto de inflexión en el caso: hasta ahora, ninguna figura del entorno presidencial había sido vinculada en los documentos judiciales presentados ante la justicia norteamericana. Si bien no se trata aún de una imputación formal, su inclusión en el expediente suma tensión política al escándalo.

Desde el Gobierno argentino no se emitieron declaraciones oficiales sobre esta nueva etapa del proceso. No obstante, tanto en el ámbito político como en el financiero se sigue de cerca la evolución del caso, que podría escalar aún más si la justicia estadounidense decide avanzar hacia un juicio con jurado.

El caso $LIBRA ya es considerado uno de los mayores escándalos financieros recientes vinculados al mundo cripto, y la causa continúa expandiéndose con nuevas revelaciones y protagonistas.

Aunque todavía no puede ser demandado por ser presidente, la justicia estadounidense ya dejó claro que sin su participación, el escándalo de $LIBRA no habría existido.

La ampliación de una demanda colectiva presentada en Nueva York contra los creadores del token $LIBRA puso al presidente Javier Milei en el centro de una estafa multimillonaria que perjudicó a más de 40.000 inversores. En el escrito judicial, el nombre del mandatario aparece al menos 19 veces, y también se menciona a su hermana y secretaria general, Karina Milei, como facilitadora de los encuentros entre el empresario cripto Hayden Davis y el jefe de Estado. Aunque la causa no puede dirigirse formalmente contra Milei por su inmunidad como presidente, los demandantes afirman que su rol fue determinante.

“Fue un fraude público extraordinario”, afirman los abogados que representan a los estafados, y señalan como elemento clave el posteo de Milei en redes sociales el 14 de febrero de 2025. En ese mensaje, el Presidente vinculó a $LIBRA con un supuesto proyecto de inversión para fomentar la economía argentina, lo que, según la presentación, generó una ola de confianza entre miles de inversores que luego lo perdieron todo. “Creyeron que existía un proyecto legítimo respaldado por su gobierno”, afirman los demandantes.

Hayden Davis, principal acusado junto al ex CEO de Meteora Benjamin Chow, alardeó ante otros empresarios de “tener control sobre Milei” y ser capaz de negociar cualquier acuerdo a través de él. En mensajes privados filtrados a la prensa, llegó a afirmar: “Le mandé dinero a la hermana y él firma todo lo que yo digo”. En la demanda también se cita un brindis de Davis en el Four Seasons tras una visita a la Casa Rosada, celebrando un supuesto acuerdo con el Presidente argentino.

El documento judicial detalla cómo Davis y Chow diseñaron un esquema para quedarse con más del 95% de los tokens en circulación, inflar artificialmente su precio, y luego venderlos rápidamente al público. El resultado fue un colapso total de $LIBRA en cuestión de horas. Los acusados se habrían alzado con cientos de millones de dólares, mientras los inversores quedaron con las manos vacías. Nunca existió ninguna inversión en emprendimientos argentinos, como había sugerido el gobierno.

La acusación en EE.UU. se basa en la Ley RICO, una norma utilizada para perseguir redes criminales organizadas. Esta herramienta legal —invocada irónicamente en Argentina por la propia Patricia Bullrich— describe una “empresa criminal” con planificación empresarial. Según los denunciantes, Davis y Chow actuaron con una estrategia minuciosa de fraude financiero, respaldados en imagen por la figura presidencial de Milei.

La jueza Jennifer Rochon convocó una audiencia clave para el 19 de agosto, donde podría avanzar el reconocimiento formal de la demanda colectiva. Mientras tanto, la justicia argentina sigue sin moverse: en Comodoro Py, la causa avanza a paso lento, sin indagatorias ni definiciones, pese a las pruebas acumuladas. En ambos países, sin embargo, crece la presión sobre el Presidente, señalado por los inversores como la pieza central de una estafa que pudo evitarse.

Gobernadores de cinco provincias lanzaron un frente electoral para impulsar una agenda federal, en medio de las tensiones con Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra publica.

En medio de las crecientes tensiones con el presidente Javier Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra pública, cinco gobernadores provinciales oficializaron la creación de “Grito Federal”, un nuevo frente político que buscará llevar al Congreso la voz del interior productivo y avanzar con una agenda federal.

La alianza fue sellada este miércoles en la Casa de Chubut, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El espacio, que se proyecta hacia las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, se presenta como una tercera vía frente a la polarización política actual y apunta a defender los intereses de las provincias frente al centralismo de la administración nacional.

El acta fundacional del nuevo frente, titulada justamente “Un grito federal”, marca el tono de la iniciativa: “Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso”. En el documento, los mandatarios destacaron su compromiso con el equilibrio fiscal, pero advirtieron que ese esfuerzo no puede sostenerse sin inversión pública ni obras de infraestructura que permitan desarrollar el potencial productivo del interior del país.

𝐔𝐍 𝐆𝐑𝐈𝐓𝐎 𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐋

Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina.

Todos, el gobierno… pic.twitter.com/GEwKKzAign

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 30, 2025

“No estamos pidiendo plata, estamos exigiendo un reparto justo y previsible de los recursos que corresponden a cada provincia”, subrayaron.

Uno de los ejes centrales del reclamo es el recorte de fondos y la parálisis de la obra pública. En particular, los gobernadores denunciaron la interrupción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y su uso discrecional como mecanismo de premio y castigo político por parte del Gobierno nacional. Ignacio Torres, vocero del nuevo frente, cuestionó con dureza esa práctica, al calificarla de “látigo y chequera”, y propuso además una reforma para que recursos clave —como los derivados del impuesto al combustible— se distribuyan según índices de coparticipación, garantizando mayor equidad.

La coalición “Grito Federal” reúne a referentes del peronismo, el radicalismo, el PRO y partidos provinciales, en un intento por superar las divisiones ideológicas y centrarse en una agenda común basada en el desarrollo regional, la inversión en infraestructura y una distribución más justa de los fondos públicos.

Aunque el armado aún se encuentra en una etapa inicial, sus impulsores anticiparon que la reunión en la Casa de Chubut fue apenas la primera de muchas. El objetivo: construir una alternativa nacional que represente al interior, con una mirada puesta en el futuro y una decisión firme de dejar atrás “el pasado que dividió y frenó el desarrollo del país”.