El padre y representante de Lionel Messi muriÃģ en la madrugada de este sÃĄbado tras complicaciones de salud. La noticia generÃģ conmociÃģn en el deporte mundial y provocÃģ muestras de afecto desde diversas partes del globo.
En las primeras horas de este sÃĄbado se confirmÃģ el fallecimiento de Jorge Messi, padre y figura clave en la carrera profesional de Lionel Messi. El empresario se encontraba internado en un centro mÃĐdico tras sufrir un rÃĄpido deterioro en su estado de salud durante los Últimos dÃas. La confirmaciÃģn oficial llegÃģ a travÃĐs de un comunicado emitido por el entorno cercano de la familia.
Durante mÃĄs de dos dÃĐcadas, Jorge desempeÃąÃģ un rol fundamental no solo en la vida personal del capitÃĄn de la selecciÃģn argentina, sino tambiÃĐn como su representante y administrador. Desde los inicios del astro argentino en las divisiones inferiores hasta su consolidaciÃģn en la ÃĐlite del fÚtbol internacional, estuvo al frente de las negociaciones de todos sus contratos y proyectos comerciales.
La noticia provocÃģ una ola instantÃĄnea de condolencias en las redes sociales y el ÃĄmbito deportivo global. Distintos clubes, instituciones futbolÃsticas, atletas internacionales y personalidades de la cultura expresaron su dolor y enviaron mensajes de apoyo para la familia Messi en este difÃcil momento.
Las ceremonias de despedida se realizarÃĄn de manera privada en las prÃģximas horas por decisiÃģn de sus allegados. Mientras tanto, los principales medios del mundo continÚan haciÃĐndose eco del impacto de su partida y reconociendo el papel determinante que tuvo en la historia del fÚtbol moderno.
El exfuncionario macrista y denunciante estrella prestÃģ declaraciÃģn testimonial en el tribunal, pero no pudo aportar pruebas ni sostener sus propias acusaciones sobre la obra pÚblica. Su testimonio dejÃģ expuestas las inconsistencias de la investigaciÃģn armada durante el gobierno de Cambiemos.
Lo que prometÃa ser una jornada clave para sostener una de las acusaciones mÃĄs mediÃĄticas de los Últimos aÃąos terminÃģ convirtiÃĐndose en un verdadero fiasco. El exadministrador de Vialidad Nacional y exministro de EnergÃa del macrismo, Javier Iguacel, naufragÃģ estrepitosamente durante su declaraciÃģn en el juicio oral de la denominada “Causa Cuadernos”, al mostrarse incapaz de fundamentar las irregularidades que ÃĐl mismo denunciÃģ en los medios de comunicaciÃģn y en la fase de instrucciÃģn.
Convocado al estrado en calidad de testigo y uno de los principales impulsores de la teorÃa sobre la cartelizaciÃģn de la obra pÚblica, Iguacel quedÃģ acorralado ante las preguntas tÃĐcnicas de las defensas. A lo largo de su exposiciÃģn, el exfuncionario debiÃģ admitir reiteradamente que no le constaban los hechos de manera directa, que muchas de sus afirmaciones se basaban en “suposiciones” o “informes periodÃsticos” y que no contaba con documentaciÃģn respaldatoria para acreditar los supuestos retornos o sobreprecios denunciados.
Las claves del desmoronamiento del testimonio de Iguacel:
Sin pruebas concretas: Pese a haber sido el motor de la denuncia que iniciÃģ el raid judicial contra exfuncionarios y empresarios, Iguacel reconociÃģ que no presenciÃģ ningÚn pago ilegal ni detectÃģ pruebas fÃsicas directas de la existencia de una asociaciÃģn ilÃcita en los expedientes de Vialidad.
Inconsistencias tÃĐcnicas: Al ser consultado sobre las auditorÃas internas que su propia gestiÃģn encargÃģ en Vialidad Nacional, el testigo debiÃģ admitir que esos informes tÃĐcnicos no arrojaron evidencias de sobreprecios en la construcciÃģn de rutas ni certificaron obras pagadas y no ejecutadas.
Acorralado por las defensas: Las preguntas de los abogados defensores dejaron en evidencia el sesgo polÃtico de sus denuncias originales, exponiendo la falta de rigor metodolÃģgico en las acusaciones que sirvieron para armar la causa durante el gobierno de Mauricio Macri.
Una causa acorralada por sus propias debilidades
El fallido paso de Iguacel por el Tribunal Oral Federal representa un golpe demoledor para la estrategia de la fiscalÃa y reafirma los cuestionamientos sobre cÃģmo se instruyÃģ el expediente bajo la doctrina del extinto juez Claudio Bonadio.
Para las defensas, la fragilidad exhibida por el denunciante estrella demuestra que el expediente se sostuvo sobre una construcciÃģn mediÃĄtica y polÃtica mÃĄs que sobre elementos probatorios sÃģlidos. La caÃda del testimonio de Iguacel acelera el desgaste de una causa emblemÃĄtica que, al llegar a la etapa de juicio oral y pÚblico, empieza a mostrar sus grietas mÃĄs profundas.
La vicepresidenta firmÃģ la resoluciÃģn para habilitar la participaciÃģn remota de la senadora mendocina por motivos de salud. La medida destaca en medio de la tirante relaciÃģn entre la conducciÃģn de la CÃĄmara alta y el bloque opositor.
En una decisiÃģn que marca un parÃĐntesis en la permanente confrontaciÃģn polÃtica dentro del Congreso, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, autorizÃģ formalmente a la senadora kirchnerista Anabel FernÃĄndez Sagasti a participar y votar de manera virtual en las prÃģximas sesiones de la CÃĄmara alta.
La resoluciÃģn firmada por la presidencia del cuerpo responde a un pedido presentado por la legisladora mendocina fundado en razones de salud que le impiden trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. Con esta habilitaciÃģn excepcional, el bloque de UniÃģn por la Patria mantendrÃĄ su esquema completo de bancas para las discusiones clave que se avecinan en el recinto.
Las claves del aval de la Presidencia del Senado:
Sustento reglamentario: La autorizaciÃģn se encuadrÃģ en las herramientas de conectividad y participaciÃģn remota que quedaron contempladas en el reglamento de la CÃĄmara para situaciones justificadas de fuerza mayor o licencias mÃĐdicas.
PreservaciÃģn del quÃģrum y los votos: Para el bloque opositor, la presencia virtual de FernÃĄndez Sagasti resulta estratÃĐgica de cara a votaciones con nÚmeros sumamente finos, donde cada banca es decisiva para inclinar la balanza.
Un gesto institucional en un clima tenso: La firma de Villarruel fue leÃda en los pasillos de la CÃĄmara alta como un cumplimiento estricto del rol institucional, marcando un contraste con la lÃģgica de confrontaciÃģn plena que domina la agenda parlamentaria.
El tablero polÃtico en la CÃĄmara alta
La habilitaciÃģn remota se produce en un contexto de altÃsima intensidad en el Senado, donde el Ejecutivo busca destrabar leyes clave mientras la oposiciÃģn articula mayorÃas para ponerle frenos a decretos y proyectos oficiales.
Con el esquema de sesiones listo y los nÚmeros al lÃmite, la decisiÃģn de garantizar la conectividad de la senadora mendocina asegura que las prÃģximas batallas legislativas se libren con la totalidad de los votos en juego sobre la mesa.
En una jugada relÃĄmpago que encendiÃģ todas las alarmas en el Congreso, Mahiques anunciÃģ el envÃo masivo de designaciones judiciales a la CÃĄmara alta. Sectores opositores advierten sobre un intento de acomodar jueces “ad hoc” y garantizar un blindaje tribunero para el oficialismo.
En un movimiento de altÃsimo volumen polÃtico que promete desatar una tormenta institucional, el Gobierno nacional enviÃģ 203 pliegos de jueces, fiscales y defensores al Senado para cubrir las vacantes en los tribunales de todo el paÃs. La confirmaciÃģn, a cargo del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, fue leÃda de inmediato por amplios sectores polÃticos como una maniobra estratÃĐgica de la Casa Rosada para copar el Poder Judicial y garantizarse impunidad de cara a los expedientes sensibles que acorralan a la gestiÃģn.
Lejos de tratarse de un mero trÃĄmite administrativo para agilizar la justicia, el masivo desembarco de nombres propuesto por Javier Milei apunta a casilleros decisivos en la Justicia Federal y en los fueros donde se tramitan desde denuncias por corrupciÃģn y contratos del Estado, hasta las presentaciones colectivas contra el ajuste econÃģmico y las medidas del Ejecutivo.
Las claves de la sospecha por el “copamiento” judicial:
El control de los juzgados clave: La lista incluye postulantes para despachos de primera instancia y cÃĄmaras de apelaciones estratÃĐgicas, lo que le permitirÃa al oficialismo tejer una red de contenciÃģn frente a futuras investigaciones penales o reveses judiciales.
Alertas por “jueces ad hoc”: Desde la oposiciÃģn salieron a denunciar que el apuro por aprobar este paquete busca nombrar magistrados afines al proyecto libertario, condicionando la independencia del Poder Judicial para los prÃģximos aÃąos.
La rosca en el Senado: Con un recinto fragmentado, la aprobaciÃģn de las 203 candidaturas dependerÃĄ de negociaciones bajo mesa. Denuncian que el Gobierno ofrecerÃĄ cobertura en provincias a cambio del voto de senadores dialoguistas para blindar sus propios pliegos.
Blindaje judicial en tiempos de ajuste
La jugada se produce en el momento de mayor erosiÃģn polÃtica del Gobierno, salpicado por el descontento social y los severos cuestionamientos a sus decretos. Para analistas y legisladores opositores, armar una “Justicia adicta” es la Última trinchera del Ejecutivo para frenar los amparos que frenan sus reformas y, al mismo tiempo, asegurarse la tranquilidad penal cuando los funcionarios deban rendir cuentas ante los tribunales.
El estudio expone un acentuado deterioro en la imagen del Presidente y un pesimismo econÃģmico creciente. De cara a los prÃģximos escenarios electorales, casi un 62% de los consultados se inclina por una alternativa opositora.
Un estudio reciente de la consultora Zuban CÃģrdoba y Asociados afirma que hay una importante caÃda en el respaldo de la sociedad al gobierno de Javier Milei, impulsada por la visiÃģn sobre el rumbo de Argentina y la situaciÃģn econÃģmica personal de los ciudadanos.
Esta encuesta, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas (NA), indica que la desaprobaciÃģn a la gestiÃģn libertaria ya superÃģ el 65%, y la mayorÃa de los consultados afirma que escogerÃa una alternativa diferente a La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones presidenciales del aÃąo que viene.
El relevamiento muestra un complejo escenario para LLA:
El 65,3% de las personas encuestadas desaprueba la gestiÃģn nacional, frente a solo un 33,4% que la aprueba.
La imagen negativa del presidente Milei es del 61,3%, mientras que su imagen positiva es de 33,4%.
El 64% de los entrevistados piensa que Argentina va en la direcciÃģn incorrecta, frente al 30% que opina que va por el camino correcto.
Consultados sobre su situaciÃģn personal respecto al inicio del mandato de Milei, el 53,9% asegurÃģ estar peor, un 14,4% asegurÃģ seguir igual de mal y solo el 13,2% dijo estar mejor.
De cara a las elecciones presidenciales del aÃąo que viene, el 61,9% de los consultados expresÃģ que votarÃa por un cambio del gobierno actual, mientras que apenas un 33,4% apoyarÃa la continuidad.
Consultados sobre la preferencia por espacios polÃticos para 2027, el Peronismo lidera la intenciÃģn de voto general, con variaciones entre el 31,3% y el 35,3%, dependiendo de las opciones presentadas, seguido por La Libertad Avanza (entre el 28% y el 33,8%). El PRO quedÃģ tercero, con un 17,3%, mientras que fuerzas como el Frente de Izquierda varÃan entre el 4,4% y el 6,6%.
El periodista anti kirchnerista analizÃģ la solidez tÃĐcnica del fallo judicial en la causa Vialidad y denunciÃģ un sesgo evidente en Comodoro Py. Tarda en llegar…
Ernesto Tenembaum ha sido, a lo largo de los aÃąos, uno de los crÃticos mÃĄs persistentes de las gestiones kirchneristas. Su postura respecto a la transparencia gubernamental siempre estuvo marcada por la sospecha y el cuestionamiento directo hacia los funcionarios del ciclo iniciado en 2003. Sin embargo, el reciente avance definitivo en la condena a Cristina FernÃĄndez de Kirchner en la causa Vialidad lo ubicÃģ en una posiciÃģn analÃtica que tomÃģ por sorpresa a gran parte de su audiencia habitual.
Lejos de celebrar el fallo de manera acrÃtica, el periodista comenzÃģ a poner la lupa sobre el expediente judicial y el proceso que llevÃģ a la inhabilitaciÃģn de la expresidenta. En sus habituales editoriales radiales, Tenembaum seÃąalÃģ que el dictamen presenta severos puntos dÃĐbiles en materia probatoria. Para el conductor, atribuirle una responsabilidad penal directa a una jefa de Estado requiere estÃĄndares de prueba indubitables que, a su criterio tÃĐcnico, la causa Vialidad no logrÃģ consolidar con la contundencia necesaria.
Esta lectura no significa una absoluciÃģn moral ni polÃtica por parte del periodista hacia la exmandataria. Tenembaum continÚa reafirmando de manera tajante su convicciÃģn de que existieron irregularidades y hechos de corrupciÃģn durante las administraciones K. No obstante, hace una distinciÃģn clara entre la opiniÃģn polÃtica y la exigencia del derecho penal: saber o sospechar que hubo corrupciÃģn en una gestiÃģn no equivale automÃĄticamente a haber probado en un expediente la autorÃa o complicidad directa de la mandataria.
A esta debilidad probatoria se le suma la fuerte crÃtica de Tenembaum al funcionamiento del Poder Judicial argentino y a la innegable “doble vara” de los tribunales. SegÚn su anÃĄlisis, resulta alarmante para la credibilidad democrÃĄtica que las causas contra dirigentes vinculados al kirchnerismo avancen con una velocidad inusitada, mientras que los procesos que involucran a figuras de la oposiciÃģn o del poder econÃģmico queden cajoneados de forma sistemÃĄtica en los despachos de Comodoro Py.
En definitiva, la postura de Tenembaum no responde a un repentino cambio de bando, sino a la preocupaciÃģn por las garantÃas constitucionales y el precedente de la Justicia. Al advertir que condenar sin la solidez tÃĐcnica adecuada erosiona el sistema democrÃĄtico, el periodista expone que una condena judicial floja de papeles termina alimentando la sospecha de persecuciÃģn polÃtica, dejando un sabor amargo incluso entre aquellos que fueron sus mayores detractores.
Un contundente informe revelÃģ el impacto destructivo del ajuste sobre la tercera edad. La pÃĐrdida del poder adquisitivo y el costo de los medicamentos empujaron a miles de adultos mayores al endeudamiento para cubrir la canasta bÃĄsica.
La crisis econÃģmica y la sostenida licuaciÃģn de los haberes previsionales alcanzaron un punto crÃtico. SegÚn datos revelados en las Últimas horas, se triplicÃģ la cantidad de jubilados que registran deudas impagas o un severo atraso en sus compromisos financieros, una cifra alarmante que expone el grado de ahogo que atraviesa uno de los sectores mÃĄs vulnerables de la poblaciÃģn.
El fenÃģmeno refleja una transformaciÃģn dramÃĄtica en las prioridades de gasto de la tercera edad. Ante la imposibilidad de llegar a fin de mes con la jubilaciÃģn mÃnima, miles de abuelis y abuelas debieron recurrir de forma sistemÃĄtica al uso de tarjetas de crÃĐdito, crÃĐditos personales o prÃĐstamos para costear insumos de primera necesidad, generando un espiral de endeudamiento que hoy resulta imposible de cancelar.
Las claves del ahogo financiero en la tercera edad:
El costo de la supervivencia: La mayor parte del endeudamiento no responde a consumos extraordinarios, sino a la compra de alimentos, el pago de servicios pÚblicos con tarifas dolarizadas y, fundamentalmente, la adquisiciÃģn de medicamentos crÃģnicos tras la quita de coberturas gratuitas.
Refinanciaciones con tasas desmedidas: Frente a la mora, los bancos y entidades financieras aplican intereses punitorios altÃsimos, lo que convierte a las pequeÃąas deudas iniciales en montos impagables que insumen casi la totalidad del ingreso mensual.
La caÃda libre del poder de compra: Informes privados coinciden en que la fÃģrmula de movilidad aplicada por el Ejecutivo no logrÃģ compensar el salto inflacionario en los rubros esenciales, empujando a mÃĄs del 60% de los adultos mayores por debajo de la lÃnea de la pobreza.
Un colapso silencioso que golpea a las familias
La acumulaciÃģn de deudas impagas en la clase pasiva no solo afecta a los titulares de las jubilaciones, sino que impacta de lleno en la red de contenciÃģn familiar. En muchos casos, hijos y nietos deben destinar parte de sus golpeados ingresos para saldar los compromisos financieros de los adultos mayores o cubrir los gastos bÃĄsicos de salud que el Estado dejÃģ de financiar.
Con los centros de jubilados movilizados de forma permanente ante el Congreso y los tribunales inundados de amparos judiciales, la proliferaciÃģn del endeudamiento previsional expone el costo humano del programa econÃģmico y enciende todas las alarmas sobre la viabilidad social del ajuste impulsado desde la Casa Rosada.
A travÃĐs de un DNU, el presidente autorizÃģ el despliegue de las Fuerzas Armadas en el ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”, organizado por EE. UU. La decisiÃģn saltea el debate en la CÃĄmara de Diputados y reabre la controversia por el control del Congreso sobre el envÃo de tropas al exterior.
A travÃĐs de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el BoletÃn Oficial, el gobierno de Javier Milei autorizÃģ la salida del territorio nacional de tropas y medios de las Fuerzas Armadas para participar en el ejercicio militar multinacional “PANAMAX 2026”, llevado a cabo en la RepÚblica de PanamÃĄ entre el 27 de julio y el 15 de agosto de 2026.
La medida elude el trÃĄmite parlamentario ordinario en el Congreso de la NaciÃģn, atribuciÃģn que la ConstituciÃģn Nacional (artÃculo 75, inciso 28) otorga al Poder Legislativo para autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales.
El bypass al Congreso y el argumento del DNU
SegÚn el texto oficial, el Poder Ejecutivo habÃa enviado oportunamente al Honorable Congreso de la NaciÃģn un proyecto de ley para autorizar el Programa de Ejercitaciones Combinadas. Sin embargo, al no haber obtenido tratamiento en la CÃĄmara de Diputados y ante la inminencia del ejercicio, el Presidente âen Acuerdo General de Ministrosâ optÃģ por firmar un DNU. ÂŋCuÃĄl es la necesidad y la urgencia para firmar algo asÃ?
Entre los considerandos de la medida se argumenta que:
Razones de oportunidad: La invitaciÃģn cursada por el Gobierno de los Estados Unidos exigÃa el despliegue inmediato de las tropas.
Capacidades militares: Participar de “PANAMAX 2026” mejora la interoperabilidad, la integraciÃģn doctrinal y la estandarizaciÃģn de procedimientos del Instrumento Militar argentino.
Costos y operatividad: Quedar fuera privarÃa a las Fuerzas Armadas de la actualizaciÃģn de doctrinas y validaciÃģn de procedimientos junto a socios estratÃĐgicos de la regiÃģn.
Financiamiento: Los gastos serÃĄn absorbidos por la JurisdicciÃģn 45 (Ministerio de Defensa) – SubjurisdicciÃģn 24 (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas).
El decreto fue remitido a la ComisiÃģn Bicameral Permanente para su control posterior, pero su vigencia es inmediata a partir de su publicaciÃģn.
ÂŋQuÃĐ es el ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”?
PANAMAX es uno de los adiestramientos militares conjuntos y combinados mÃĄs importantes del Hemisferio Occidental. Organizado y patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) en coordinaciÃģn con las fuerzas de seguridad de PanamÃĄ, se realiza periÃģdicamente con la participaciÃģn de mÃĄs de una docena de paÃses aliados de la regiÃģn (como Brasil, Chile, Colombia, PerÚ, Ecuador, entre otros).
Claves del ejercicio:
Objetivo principal: Garantizar la seguridad, la defensa y la operatividad del Canal de PanamÃĄ, un cuello de botella estratÃĐgico para el comercio marÃtimo global y la economÃa internacional.
Escenarios y operaciones: Simula respuestas multinacionales ante amenazas a la infraestructura crÃtica bajo el marco ficticio de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Rol de las fuerzas argentinas: A travÃĐs del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE) del Estado Mayor Conjunto, las tropas especiales argentinas participan en el planeamiento y la ejecuciÃģn de operaciones de alto riesgo en entornos selvÃĄticos, marÃtimos y urbanos.
La decisiÃģn de enviar tropas mediante DNU reactiva la discusiÃģn institucional sobre los lÃmites de las facultades ejecutivas respecto al control civil y legislativo sobre las Fuerzas Armadas, un principio sensible en la historia democrÃĄtica argentina.
De la dinamita al maquillaje: cÃģmo la reforma de la Carta OrgÃĄnica expone el truco de la inflaciÃģn acumulada y consagra el olvido definitivo de cerrar el Banco Central.
La reciente columna de Javier Milei en ClarÃn vuelve a echar mano del golpe de efecto efectista al lucir en su titular un estridente $12.819.532.788.614.400.000 de inflaciÃģn acumulada en Argentina desde 1935. Sin embargo, apelar a un cÃĄlculo matemÃĄtico compuesto de casi un siglo para impresionar a la tribuna no es mÃĄs que un artilugio de manipulaciÃģn estadÃstica: acumular nominalmente casi un siglo de historia econÃģmica atravesado por la eliminaciÃģn de 13 ceros en la moneda (pesos moneda nacional, ley 18.188, australes y pesos actuales) es mezclar la hiperinflaciÃģn de 1989 (3.079%) con la estabilidad de la Convertibilidad o perÃodos de inflaciÃģn internacional de posguerra. MÃĄs aÚn, resulta sumamente irÃģnico que pretenda dictar cÃĄtedra sobre prudencia de precios cuando su propia gestiÃģn registrÃģ en sus primeros meses picos de inflaciÃģn que superaron el 280% interanual tras una abrupta devaluaciÃģn y liberaciÃģn de precios regulados, demostrando que el ajuste lo terminÃģ pagando el bolsillo popular mientras la inflaciÃģn real acumulada de su gestiÃģn superÃģ en tiempo rÃĐcord las estimaciones mÃĄs pesimistas.
El primer pilar de su propuesta pretende limitar la actuaciÃģn del Banco Central a preservar “Únicamente” el valor de la moneda, un axioma neoclÃĄsico que omite de manera insÃģlita cÃģmo operan las bancas centrales de los paÃses desarrollados. Entidades como la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) tienen por mandato estatutario un “doble rol” inequÃvoco: contener la inflaciÃģn pero al mismo tiempo promover el mÃĄximo empleo sostenible y el crecimiento econÃģmico. Pretender que el BCRA actÚe desvinculado de la realidad productiva y del mercado laboral del paÃs implica atar de manos al Estado frente a shocks externos o recesiones, sacrificando puestos de trabajo e industria nacional en el altar de una meta monetaria abstracta y dogmÃĄtica.
En el segundo y quinto punto, el Presidente promete prohibir de forma absoluta la asistencia del Banco Central al Tesoro bajo la amenaza de juzgar el seÃąoreaje como “asociaciÃģn ilÃcita” y derogar la reforma de 2012 para eliminar instrumentos como las Letras Intransferibles. Lo que la retÃģrica oficial oculta cuidadosamente es que la propia administraciÃģn de Milei ha recurrido de forma constante al endeudamiento con el sistema financiero y a maniobras de ingenierÃa financiera (como la migraciÃģn de pasivos remunerados hacia pases, lefi y deuda directa del Tesoro) para absorber liquidez y maquillar el dÃĐficit cuasifiscal. Tipificar la polÃtica monetaria como delito penable no es mÃĄs que una sobreactuaciÃģn institucional que busca judicializar la polÃtica econÃģmica, ignorando que la emisiÃģn cero y el sobreendeudamiento en moneda extranjera han sido histÃģricamente la antesala de severas crisis de liquidez y quiebras del sistema bancario privado.
Respecto al tercer eje, consistente en exigir mayorÃas calificadas de dos tercios del Congreso para remover al titular del BCRA con el pretexto de “blindarlo” de presiones polÃticas, el planteo roza el absurdo en tÃĐrminos de coherencia democrÃĄtica. Elevar a una cÚspide intocable a las autoridades de la entidad monetaria pretende congelar una orientaciÃģn econÃģmica de mercado a espaldas de la alternancia republicana. Resulta irÃģnico que un mandatario que ha gobernado recurrentemente mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) e intentado eludir los debates legislativos proponga ahora un candado constitucional para proteger a funcionarios que podrÃan estar ejecutando polÃticas diametralmente opuestas a las elegidas por la ciudadanÃa en las urnas.
Por Último, el cuarto punto busca restringir el reparto de utilidades del Banco Central hacia el Estado, bajo el argumento de que se tratan de ganancias ficticias. Si bien el saneamiento del balance del BCRA es un criterio deseable, el verdadero problema radica en cÃģmo el propio Ejecutivo evalÚa sus activos: mientras exige al Banco Central estÃĄndares de extrema austeridad, utiliza las reservas internacionales como colateral para garantizar deuda privada o cubrir fuga de capitales. Restringir por completo los mecanismos de auxilio financiero del BCRA sin contar con un flujo sÃģlido de divisas ni acceso sostenible al crÃĐdito internacional condena a la economÃa argentina a un esquema de vulnerabilidad extrema ante cualquier fluctuaciÃģn de los mercados globales.
La gran estafa del eslogan de campaÃąa: del “dinamitar” al institucionalizar
MÃĄs allÃĄ del debate tÃĐcnico sobre la reforma monetaria, esta columna de opiniÃģn consagra de forma definitiva una de las estafas electorales mÃĄs descaradas en la historia polÃtica reciente de la Argentina. Durante toda su campaÃąa y sus aÃąos de irrupciÃģn mediÃĄtica, Javier Milei edificÃģ su identidad polÃtica bajo un lema categÃģrico y sin matices: la promesa de “cerrar”, “eliminar” y hasta “dinamitar” el Banco Central de la RepÚblica Argentina. Aquel discurso incendiario, que le sirviÃģ para canalizar el enojo social contra la dirigencia tradicional jurando que erradicarÃa de raÃz al “cÃĄncer de la emisiÃģn”, ha quedado reducido a un mero folclÃn mediÃĄtico para cautivar incautos.
Al presentar hoy un megaproyecto para reformar la Carta OrgÃĄnica, nombrar autoridades blindadas y reestructurar el funcionamiento del BCRA, el propio Presidente admite que la instituciÃģn seguirÃĄ abierta, operativa y regulando la economÃa del paÃs. La fantasmagÃģrica dolarizaciÃģn sin dÃģlares y el cierre del BCRA han pasado a ser promesas archivadas en el cajÃģn de los eslÃģganes caducos. Lejos de destruir la “maquinita”, el Ejecutivo ha optado por apropiarse del sillÃģn de Reconquista 266 para utilizar la estructura de la banca central a su favor, dejando en evidencia que la “libertad” prometida no era mÃĄs que una consigna electoral tan volÃĄtil como el valor de la moneda que prometiÃģ exterminar.
En medio de las discusiones por el atraso cambiario y la presiÃģn sobre la divisa, el vocero oficial admitiÃģ que la cotizaciÃģn del dÃģlar sufrirÃĄ un reajuste en el corto plazo, aunque descartÃģ un salto devaluatorio brusco.
El debate alrededor de la polÃtica econÃģmica y el rumbo del tipo de cambio sumÃģ una definiciÃģn clave por parte del Poder Ejecutivo. En las Últimas horas, representantes del Gobierno nacional admitieron abiertamente que el dÃģlar podrÃa alcanzar valores de entre $1.700 y $1.800 en los prÃģximos meses, reconociendo un margen de deslizamiento en el mercado cambiario ante las presiones inflacionarias y la cotizaciÃģn de los financieros.
El vocero presidencial AdriÃĄn Ravier admitiÃģ que el dÃģlar podrÃa llegar a $1.800 dentro de algunos meses. DespuÃĐs calificÃģ esa correcciÃģn como âmÃnimaâ y asegurÃģ que no tendrÃa un impacto significativo en el bolsillo.
Las claves de la proyecciÃģn cambiaria del Ejecutivo:
Un margen de ajuste estimado: Desde la vocerÃa oficial argumentaron que un avance de la divisa hacia la zona de los $1.700 o $1.800 representarÃa un movimiento gradual y “controlado”, rechazando tajantemente los pronÃģsticos de la oposiciÃģn que advierten sobre un salto devaluatorio desmedido.
La postura sobre el atraso cambiario: Pese a admitir que la cotizaciÃģn se moverÃĄ al alza, el Ejecutivo mantiene su postura de que no existe un atraso estructural en el tipo de cambio, respaldÃĄndose en las metas de superÃĄvit comercial y el equilibrio en las cuentas pÚblicas.
El impacto en precios y salarios: Analistas de mercado seÃąalan que la confirmaciÃģn de un piso mÃĄs alto para el dÃģlar podrÃa trasladarse a los precios de la canasta bÃĄsica y poner mayor tensiÃģn sobre las paritarias, en un contexto donde los ingresos familiares ya llegan fuertemente golpeados por la recesiÃģn.
Expectativa en la City y presiÃģn sobre los financieros
El reconocimiento de esta nueva pauta para la divisa se da en un momento en que los dÃģlares paralelos y financieros vienen mostrando oscilaciones y tocando rÃĐcords nominales. Para los operadores de la City porteÃąa, la admisiÃģn de un valor cercano a los $1.800 funciona como un sincericidio que busca achicar la brecha y fijar expectativas de cara a la segunda mitad del aÃąo.
Mientras el Ministerio de EconomÃa procura sostener la liquidaciÃģn de divisas para fortalecer las arcas del Banco Central, la confirmaciÃģn de este escenario reaviva los reclamos del sector industrial y las pymes, que advierten sobre el impacto de la incertidumbre cambiaria en los costos de insumos importados y el valor final de la producciÃģn nacional.
