Crece la preocupación por acuerdos que profundizan la entrega de recursos en Malvinas sin avanzar en el reclamo de soberanía.

La histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido atraviesa un nuevo capítulo, atravesado por un reclamo tan insólito como preocupante: los kelpers, representantes de la comunidad británica que ocupa ilegalmente el archipiélago, exigen que el gobierno argentino cumpla con los compromisos asumidos en acuerdos bilaterales firmados durante las gestiones de Mauricio Macri y Javier Milei, los cuales —según denuncian expertos y organizaciones— socavan la posición soberana del país en favor de intereses británicos.

Dos pactos, una misma política: entregar sin discutir soberanía

En el centro de la controversia se encuentran dos documentos clave: el Acuerdo Foradori-Duncan (2016) y el más reciente Pacto Mondino-Lammy (2024). Ambos fueron celebrados bajo la llamada fórmula de “paraguas de soberanía”, acordada entre Buenos Aires y Londres en 1989, que implica avanzar en relaciones bilaterales sin discutir el estatus del territorio en disputa.

Este paraguas ha servido como cobertura diplomática para que sucesivos gobiernos promuevan una “agenda positiva” con el Reino Unido en torno a temas económicos, logísticos y científicos en el Atlántico Sur. Tanto el acuerdo de 2016 como el firmado en 2024 fueron elaborados sin intervención del Congreso Nacional argentino, lo que ha despertado cuestionamientos sobre su legalidad y legitimidad.

Entre los puntos más polémicos se destacan:

• Facilitación de vuelos comerciales a las islas desde Brasil.
• Cooperación en materia de pesca y recursos hidrocarburíferos, sin reciprocidad ni control efectivo argentino.
• Convenios logísticos y científicos con base en las islas, incluso para actividades en la Antártida.
• Ausencia total de avances o condiciones vinculadas al reclamo de soberanía.

Acuerdo Foradori-Duncan (2016): el origen de la entrega

Firmado el 13 de septiembre de 2016 por el entonces vicecanciller Carlos Foradori y el ministro británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, este documento abrió una nueva etapa en la relación bilateral bajo el gobierno de Mauricio Macri. Allí se estableció una hoja de ruta para avanzar en conectividad aérea, identificación de soldados caídos en Malvinas, cooperación antártica y diálogo sobre pesca e hidrocarburos.

Sin embargo, el acuerdo fue severamente criticado por no incluir ningún tipo de reafirmación del reclamo de soberanía, lo cual fue interpretado como una claudicación diplomática. El hecho de que se haya firmado sin debate legislativo ni consulta pública, y con una redacción que —según expertos— utiliza terminología más cercana a los intereses británicos que a los argentinos, lo convirtió en uno de los puntos más cuestionados de la política exterior de Cambiemos.

Pacto Mondino-Lammy (2024): continuidad en el retroceso

Ya bajo la presidencia de Javier Milei, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino —entonces encabezado por Diana Mondino— rubricó un nuevo entendimiento con el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, que ratifica y profundiza los lineamientos del Foradori-Duncan. Firmado en 2024, el Pacto Mondino-Lammy consolida la cooperación en áreas sensibles, como pesca, vuelos y logística antártica, sin plantear en ningún momento la necesidad de retomar las negociaciones por la soberanía.

El gobierno argentino justificó este pacto como una “herramienta pragmática” para fortalecer los vínculos bilaterales, sin confrontar. Mondino incluso defendió públicamente a Carlos Foradori —quien en 2024 fue designado por la gestión Milei como embajador ante la ONU en Ginebra—, lo cual fue interpretado como un gesto explícito de continuidad con la política exterior del macrismo en materia de Malvinas.

¿violación constitucional?

Distintas voces especializadas han advertido que estos acuerdos podrían constituir una violación directa a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas (…), y ratifica el objetivo permanente e irrenunciable de recuperarlas por medios pacíficos”.

Para el especialista en pesca y Atlántico Sur, César Lerena, se trata de una “cesión incondicional” del desarrollo económico del archipiélago: “Se les entrega a los británicos sin contrapartidas”. En la misma línea, el politólogo Armando Abruza advirtió que los textos “invisibilizan la condición colonial” del territorio usurpado.

La organización Agenda Malvinas, que viene denunciando la inconstitucionalidad de estos pactos, sostiene que cada gesto de cooperación sin exigencias soberanas debilita la posición argentina y consolida una ocupación de facto por parte del Reino Unido.

El reclamo ilegítimo de los kelper

El reclamo de los kelpers se intensificó luego de que, en junio de 2024, la Argentina obtuviera un respaldo unánime en la 55ª Asamblea General de la OEA, donde se reiteró el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones por la soberanía. Como contrapartida, el gobierno británico, a través de la baronesa Jennifer Chapman, representante del Foreign Office, exigió públicamente que Argentina “honre los compromisos pesqueros y de conectividad aérea” establecidos en el Pacto Mondino-Lammy.

Chapman defendió estos acuerdos como beneficiosos “para todos los actores”, incluyendo a los habitantes de las islas, y volvió a insistir en el principio de autodeterminación de los isleños, posición históricamente rechazada por Argentina al considerar que los kelpers no constituyen un pueblo colonizado, sino una población implantada por una potencia colonial.

Con el Reino Unido reforzando su presencia militar y económica en las islas —incluyendo inversiones en infraestructura, vuelos y plataformas petroleras— y con el gobierno argentino apostando por una política exterior de perfil bajo y concesivo, diversos analistas alertan sobre la posibilidad de una “normalización de facto” de la ocupación británica.

“Cada concesión sin reciprocidad consolida la ocupación”, reiteró César Lerena. En este contexto, la política oficial parece oscilar entre discursos soberanistas y gestos que, en los hechos, avalan la continuidad del statu quo impuesto tras la guerra de 1982.

El futuro de las Malvinas —y del reclamo argentino— se juega en este delicado equilibrio entre diplomacia, recursos naturales y geopolítica. Y mientras los acuerdos no pasen por el Congreso ni reflejen una estrategia nacional consensuada, la soberanía sigue estando más en los papeles que en la práctica.

La provincia de Buenos Aires se prepara para una contienda electoral polarizada entre dos frentes principales: el peronismo bajo el sello “Fuerza Patria” y la alianza encabezada por La Libertad Avanza (LLA), que incluye al PRO.

Tras el cierre del plazo para la inscripción de alianzas electorales, la provincia de Buenos Aires definió sus grandes bloques de cara a las elecciones legislativas de septiembre. El peronismo logró cerrar su unidad bajo el frente “Fuerza Patria” , mientras que la derecha consolidó una única coalición bajo el sello de “Alianza La Libertad Avanza” , en la que el PRO quedó absorbido por el partido violeta. Además, podría sumarse en las próximas horas un tercer frente denominado “Somos Buenos Aires” , liderado por Facundo Manes y con apoyo de algunos intendentes radicales e independientes.

Dentro del peronismo, las últimas horas antes del cierre fueron intensas. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner sellaron un acuerdo que incluye al PJ, Frente Renovador, Patria Grande, Partido de la Victoria y otros espacios menores. Se definieron apoderados, una junta electoral integrada por representantes de cada sector y el inicio del trabajo conjunto para armar las listas nacionales, provinciales y locales. Aunque se espera que las primeras sean más fáciles de consensuar, los desafíos están en los niveles locales, donde cada distrito presenta intereses particulares.

Una de las discusiones más sensibles dentro del frente ocurrirá en la tercera sección electoral, una de las más importantes. Allí suena fuerte la candidatura de la vicegobernadora Verónica Magario, aunque también se menciona a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Quedan diez días para resolver todas las incógnitas y presentar las listas definitivas antes del 19 de julio, fecha límite establecida por la justicia electoral.

Por otro lado, La Libertad Avanza confirmó su hegemonía sobre el espacio de derecha luego de absorber al PRO, pese a las resistencias iniciales de algunos dirigentes ligados a los Macri. Karina Milei encabezó el anuncio oficial junto a Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y Martín Menem. En el encuentro, destacó la necesidad de “terminar con el kirchnerismo”, mientras que Pareja advirtió que “no hay lugar para los tibios”. Los líderes del PRO admitieron que, divididos, no alcanzan niveles competitivos y que debían adaptarse al nuevo escenario político.

Si bien ya está definido que Diego Valenzuela, exPRO y ahora en LLA, encabezará la lista en la primera sección electoral, el resto de las candidaturas se irá configurando municipio por municipio. Desde el PRO buscan mantener cierta influencia en los 13 distritos que controlan, aunque no hay garantías. Las negociaciones continuarán hasta el límite legal, con el reloj corriendo para cerrar listas que aseguren una buena performance electoral.

Con dos frentes mayoritarios perfilándose como los principales contendientes, y un tercer frente aún en formación, la provincia de Buenos Aires se prepara para una campaña electoral cargada de tensiones, alianzas estratégicas y una disputa que podría marcar el rumbo político del país cara a las próximas elecciones generales.

Salió a la luz que Hayden Davis movió 500 mil dólares a una billetera virtual luego de que el presidente anuncie la creación de la cripto estafa $Libra.

El pasado 30 de enero, apenas unas horas después de que el presidente Javier Milei compartiera una imagen junto al empresario estadounidense Hayden Davis en sus redes sociales, se registró una misteriosa transferencia de 507.400 dólares a una billetera virtual cuyo titular aún permanece en el anonimato. Este movimiento financiero fue detectado por el ingeniero en sistemas Fernando Molina , quien ha estado investigando minuciosamente la operatoria relacionada con el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $Libra.

Según los registros blockchain analizados por Molina, esta no sería sino una de varias transacciones significativas realizadas por Davis poco antes y después del anuncio presidencial sobre $Libra. Cuatro horas después de la reunión en la Casa Rosada y 42 minutos luego de que Milei publicara una selfie con el empresario en “X”, Davis transfirió dicha cantidad a la plataforma Bitget, una exchange que utiliza con frecuencia.

Este envío no fue casual. Antes de realizarlo, Davis efectuó una transferencia menor de 100 USDC , lo que parece ser parte de su modus operandi para verificar la recepción del dinero. Esta misma práctica se repitió antes de otras operaciones clave, incluyendo un reembolso de 4,5 millones de USDC al conocido empresario Dave Portnoy, quien había decidido distanciarse del proyecto.

Un día antes del posteo de Milei promocionando $Libra, Davis realizó otra transferencia importante: 1.275.000 dólares hacia Gate.io, una plataforma distinta a las habituales. Y diez días antes del lanzamiento oficial de la moneda digital, se registró un movimiento de 1.991.000 dólares hacia otra wallet desconocida. Al día siguiente, Mauricio Novelli , trader amigo de Milei y nexo entre éste y Davis, abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia sucursal Martínez, tal como reveló este diario. La operación fue filmada por cámaras de seguridad del banco y mostró cómo Novelli, acompañado por su madre y hermana, llevó dos mochilas y un bolso. Días más tarde, el primer día hábil tras el lanzamiento de $Libra, ambas mujeres regresaron al lugar y retiraron todo su contenido.

Según fuentes especializadas en tecnología blockchain, estos movimientos financieros parecen indicar una coordinación previa. El programador Maximiliano Firtman , también involucrado en la investigación, destacó los tiempos exactos de entrada y salida de Davis de la Casa Rosada: llegó a las 13:55 y salió a las 14:31 . A las 17:51 , Milei lo presentaba públicamente en redes. Menos de una hora después, se producía la transferencia mencionada.

Además, una investigación de Coffe Break YT reveló que Davis habría obtenido 21 millones de dólares mediante una operación irregular con la memecoin de Melania Trump semanas antes de su acercamiento con Milei. Esto da pie a pensar que el entorno del Presidente pudo haber tenido acceso a información privilegiada o haber participado de alguna forma en estrategias similares.

Durante una entrevista reciente con Luis Majul, el presidente aseguró que la Oficina Anticorrupción (OA) lo había exculpado de cualquier responsabilidad en el caso. Sin embargo, cabe recordar que este organismo depende directamente del Poder Ejecutivo y no tiene carácter judicial. Además, su cuenta en “X” está identificada como una herramienta gubernamental, lo cual contradice su argumento de que el tuit promocional fue hecho en forma personal.

Por otro lado, el titular de la OA, Alejandro Melik , enfrenta una denuncia penal por parte de diputados de la Coalición Cívica por posible encubrimiento y omisión de deberes funcionales. La Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada por el Ministerio de Justicia tampoco resultó transparente: cuando el diputado Juan Marino solicitó acceso a la documentación generada, le respondieron que era información reservada.

Aunque ninguna de las transferencias analizadas por sí sola puede considerarse concluyente, suman evidencia de un patrón de conductas que merece una investigación más profunda. Como señala Molina, “ninguna de estas transacciones son concluyentes por sí solas y no hay que sacar conclusiones apresuradas”. Pero también advierte que muchas de las plataformas utilizadas, como Gate.io y Bitget , no han sido debidamente investigadas.

Mientras tanto, Novelli y Terrones Godoy, imputados en la causa judicial, intentan justificar sus múltiples reuniones en la Casa Rosada como parte de negocios vinculados a criptomonedas y tecnología. Por ahora, los expertos en blockchain siguen encontrando pistas mucho más rápido que los organismos oficiales.

El presidente cuestionó a los mandatarios provinciales días después de que se generara controversia por el abrupto cambio de agenda tras una supuesta tormenta que finalmente no se registró.

Luego de la polémica generada por la cancelación de su viaje a Tucumán —justificado inicialmente por una alerta meteorológica que luego fue desmentida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)—, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra los gobernadores , acusándolos de “querer destruir al Gobierno Nacional” .

La decisión de suspender el acto en la provincia había generado críticas tanto desde sectores opositores como dentro de su propio espacio político, especialmente cuando se conoció que no se había registrado fenómeno climático alguno en la zona previsto para el momento del anuncio.

Durante una entrevista radial y en declaraciones públicas realizadas horas más tarde, Milei señaló que muchos gobernadores actúan con intereses contrarios al Ejecutivo nacional , poniendo en duda su compromiso con las políticas centrales y denunciando una supuesta coordinación encubierta entre algunos de ellos para debilitar su gestión.

“En el fondo, lo que quieren es destruir al gobierno nacional” , afirmó el presidente, sin brindar pruebas específicas que respalden sus dichos. La frase generó inmediata repercusión en el ámbito político, con interpretaciones dispares sobre si se trataba de una estrategia de distracción o una genuina denuncia.

Este nuevo episodio refuerza la tensión entre el gobierno nacional y ciertos sectores provinciales, en un año electoral donde la unidad del frente oficialista será clave para asegurar apoyo legislativo y ejecutivo en las distintas jurisdicciones.

El presidente anunció que no asistirá al acto en la provincia donde se firmó la Independencia argentina. El Servicio Meteorológico Nacional desmintió las alertas que habría usado la Casa Rosada como justificación.

La decisión del presidente Javier Milei de no viajar a Tucumán para participar del acto central del 9 de Julio , fecha en la que se conmemora la firma del Acta de Independencia en esa provincia en 1816, generó un fuerte escándalo político. Inicialmente, desde la Casa Rosada se informó que la ausencia del mandatario se debía a “alertas meteorológicas” emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) relacionadas con condiciones climáticas adversas, especialmente niebla persistente . Sin embargo, minutos después, fuentes oficiales del propio SMN desmintieron públicamente que existieran alertas rojas o naranjas para ese día, y aseguraron que las condiciones climáticas no representaban un impedimento técnico para el desarrollo normal de los eventos.

Esta contradicción generó críticas inmediatas desde distintos sectores políticos y medios de comunicación. La versión oficial fue cuestionada incluso por algunos analistas meteorológicos independientes, quienes remarcaron que no había pronóstico alguno que justificara la cancelación del viaje presidencial. En paralelo, voceros del gobierno nacional insistieron en mantener su postura, sin ofrecer mayores explicaciones técnicas detrás de la decisión tomada horas antes de la celebración patria más importante del año.

Entre las posibles razones detrás de esta cancelación repentina estaría el clima de tensión entre el gobierno nacional y varios gobernadores, particularmente por el conflicto por los fondos coparticipables. Fuentes cercanas al ámbito político señalan que Milei atraviesa un momento de distanciamiento con varios mandatarios provinciales, incluido Juan Manzur, gobernador de Tucumán , quien tampoco confirmó su presencia en el acto organizado por Nación. Esta situación refleja un malestar generalizado en varias provincias ante la falta de diálogo y la redistribución de recursos que impuso el Ejecutivo nacional.

Mientras el gobierno mantiene su discurso optimista sobre la marcha de la economía, la polémica por la cancelación del viaje de Milei a Tucumán pone en evidencia una crisis de credibilidad institucional. Además, crece la sospecha de que la supuesta niebla haya sido utilizada como una excusa para evitar un evento simbólico de alto valor histórico y político, en un año electoral. Hasta ahora, desde Presidencia no se han brindado precisiones adicionales sobre el tema, lo que profundiza las dudas sobre la transparencia del manejo de la agenda presidencial.

El contraste entre el relato oficial y la realidad objetiva sigue generando ruido en el ambiente político argentino. Con el 9 de Julio a la vuelta de la esquina, todo indica que la ausencia del presidente en Tucumán será uno de los temas centrales del debate público durante la jornada patria. Mientras tanto, el SMN mantiene su postura técnica, los gobernadores siguen en sus provincias, y el pueblo aguarda una explicación clara del primer mandatario.

Mientras los argentinos luchan contra la inflación, un pastor amigo de Milei asegura que 100.000 pesos se le convirtieron en dólares… por milagro divino.

El entorno de Javier Milei sigue generando polémica, pero esta vez por declaraciones más cercanas a la fe que a la economía. Un pastor evangélico muy cercano al presidente argentino aseguró haber vivido un “milagro económico” cuando recibió 100.000 pesos en efectivo de un fiel, los guardó en su casa y, según contó él mismo, estos se transformaron en dólares. La historia, publicada por Crónica , da cuenta de un relato cargado de misticismo que pone en evidencia el tipo de vínculos que rodean al mandatario libertario.

Lo llamativo del caso no es solo la naturaleza sobrenatural del testimonio religioso, sino que haya sido difundido públicamente sin que ninguna autoridad del gobierno lo desmienta. Al contrario: el pastor asegura tener una relación directa con Milei y haber compartido múltiples encuentros espirituales con él, incluso antes de que fuera presidente. Esto abre preguntas sobre el peso real que tienen ciertos líderes religiosos en las decisiones políticas del Ejecutivo.

Mientras Argentina atraviesa una crisis económica profunda, con inflación récord y una moneda que pierde valor cada día, este tipo de relatos parecen flotar en otra realidad. ¿Cómo explicarle a un jubilado que debe hacer malabarates para llegar a fin de mes, que hay quien asegura haber visto billetes locales convertirse en divisas por obra divina? Es difícil no ver en estas declaraciones una desconexión absoluta con la vida real de millones de argentinos.

Milei ha construido su imagen pública sobre un discurso supuestamente racional, basado en el liberalismo económico y la crítica al intervencionismo estatal. Sin embargo, su entorno inmediato parece moverse entre la fe, los milagros y las redes eclesiásticas. Esta contradicción entre el mensaje económico y las prácticas políticas y personales del presidente empieza a ser imposible de ignorar.

¿Hasta cuándo seguirán pasando cosas… “milagrosas” mientras el país sigue hundiéndose?

La Cámara Federal de Casación Penal retiró el recurso contra la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, un giro que deja sin efecto el intento de trasladarla a una unidad carcelaria.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el intento de revertir la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner , luego de que el fiscal general Mario Villar decidiera retirar el recurso presentado por la Fiscalía en contra de esta modalidad de cumplimiento de pena.

La decisión fue comunicada minutos antes del inicio de la audiencia oral en la que se analizarían cuestiones vinculadas a las condiciones de la prisión domiciliaria, como el uso de tobillera electrónica, el régimen de visitas y la validez del domicilio elegido en el barrio porteño de Constitución .

El fiscal Villar se desligó del planteo de Luciani y Mola

El criterio de Villar se opone al de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola , quienes habían apelado la prisión domiciliaria y solicitaban que Cristina Kirchner cumpla su condena en una unidad carcelaria , o alternativamente, que sea trasladada a otro domicilio distinto al de San José 1111.

Tras el retiro del recurso por parte de Villar, la Cámara no tiene margen para revisar la modalidad de detención , por lo que queda firme la continuidad de CFK en prisión domiciliaria.

No obstante, Villar mantiene el pedido para que se evalúe el cambio de domicilio , argumentando que el actual “no aporta mayores garantías” debido a las constantes concentraciones de militantes en el barrio, lo cual “incrementa el riesgo” para la seguridad del lugar.

“La sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución”, señaló Villar en su escrito.

Por su parte, Luciani y Mola insistieron en sus críticas , señalando que desde el Ministerio de Seguridad se identificaron unidades penitenciarias viables donde podría cumplir la pena, y rechazaron que haya “trato inhumano” en ese tipo de alojamiento.

También destacaron que Cristina Kirchner no difiere en condiciones de salud ni de edad de otros condenados en el mismo proceso, quienes ya están cumpliendo sus penas en unidades carcelarias.

Los fiscales adjuntaron imágenes de las aglomeraciones frente al edificio donde reside CFK, incluyendo personas en balcones y terrazas de viviendas cercanas, y citaron un informe de la Procuración General de la Ciudad que advierte sobre disturbios, ruidos molestos y afectación de servicios esenciales en el barrio.

“El barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia”, remarcaron Luciani y Mola.

A pesar del retiro del recurso por parte de Villar, la disputa por el lugar donde debe cumplirse la prisión domiciliaria sigue abierta , y será definida en la audiencia correspondiente.

El gobierno de Milei permitió que el gas de uso doméstico tuviera más potencia de la que pueden soportar los aparatos, y eso generó que se libere un gas invisible y mortal: el monóxido de carbono.

La decisión del gobierno de Javier Milei y su ministro de desregulación Federico Sturzenegger de modificar los parámetros técnicos del gas natural inyectado en los ductos del país está teniendo consecuencias fatales. Según datos recopilados por distintas instituciones y confirmados por el sitio Chequeado , las intoxicaciones por monóxido de carbono han subido un 57% en comparación con el mismo período del año anterior , convirtiéndose en una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años.

Este repunte coincide con una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) que autorizó un aumento en el poder calorífico del gas transportado vía ductos, una medida alineada con los intereses de las empresas productoras radicadas en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. Sin embargo, esta modificación no fue acompañada por ajustes en la infraestructura ni en los artefactos domésticos e industriales, muchos de los cuales siguen calibrados para funcionar con el nivel calórico anterior.

Cuando el gas tiene un mayor poder calorífico y se quema sin suficiente oxígeno, la llama cambia de color: pasa de azul a amarilla . Este cambio visual esconde un riesgo letal: la combustión incompleta genera monóxido de carbono , un gas tóxico, inodoro e invisible que puede provocar desde mareos hasta la muerte. Los equipos domésticos están diseñados para trabajar bajo ciertos estándares técnicos, y cualquier alteración en la composición del gas sin previo aviso o adaptación tecnológica pone en riesgo a millones de usuarios.

Empresas distribuidoras como Camuzzi, Naturgy, Ecogas y Litoralgas advirtieron antes de la medida que no podían garantizar la seguridad de los usuarios si se modificaban los parámetros actuales. Fabricantes de artefactos como Coppens también deslindaron responsabilidades, mientras que cámaras industriales alertaron sobre posibles daños irreversibles en maquinaria sensible. Pero sus advertencias no fueron escuchadas.

Una tragedia anunciada

Lo que hoy se vive en todo el país parece haber sido una tragedia anunciada . Ya en octubre del año pasado, voces especializadas alertaron sobre los riesgos de aumentar las calorías del gas sin realizar una adecuada campaña de comunicación ni adaptaciones técnicas. Aunque se argumentó que estudios realizados por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) avalaban la medida, empresas del sector cuestionaron la metodología y el alcance de dichos análisis, señalando que representaban los intereses de los productores, no de los usuarios.

Un caso emblemático es el de una familia de Villa Devoto que perdió la vida por intoxicación con monóxido de carbono. Trágicamente, no fue un hecho aislado. En distintas provincias del país se han registrado múltiples casos de intoxicaciones y fallecimientos vinculados al gas. Familias enteras han sido encontradas inconscientes en sus hogares, muchas veces sin síntomas claros que les permitieran reaccionar a tiempo.

¿Por qué no se revierte la medida?

Una clave del problema está en el Gasoducto Néstor Kirchner , que por falta de obra pública en plena ola polar opera apenas al 70% de su capacidad, lo que reduce la presión necesaria para garantizar una correcta distribución del gas. Para algunos expertos, esto obliga a mezclar el gas con otras sustancias —como alcoholes— que mejoran su fluidez pero interfieren con la odorización del mercaptano, el compuesto que permite detectar fugas por olor.

Además, hay quienes señalan que un mayor poder calorífico hace que el gas combustione más rápido , lo que no solo multiplica los casos de intoxicación, sino también el riesgo de incendios domésticos e industriales.

Crisis energética y doméstica

Esta situación no solo afecta a los hogares, sino también a la industria. La falta de estabilidad en la calidad del gas ha generado cortes de suministro, cierres de estaciones de GNC, pérdidas millonarias por la suspensión de exportaciones a Chile y una creciente dependencia de importaciones urgentes que ponen presión sobre las reservas del Banco Central.

Las muertes por monóxido de carbono son parte de la misma película: una política energética que prioriza la exportación del recurso antes que la seguridad de los ciudadanos, que ignora las advertencias técnicas y que, en lugar de resolver problemas, los multiplica.

La medida fue adoptada luego de que Abaigar permaneciera más de 10 días detenida en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza por escrachar el domicilio de Espert.

En medio del fuerte rechazo social y político generado por la detención de un grupo de militantes acusados de realizar un escrache frente a la casa del diputado José Luis Espert, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado decidió este viernes otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria a Alessia Abaigar , una de las cinco jóvenes detenidas.

La medida fue adoptada luego de que Abaigar permaneciera más de 10 días detenida en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, pese a padecer una enfermedad autoinmune que requiere atención médica constante. La jueza dispuso que deberá cumplir su arresto con tobillera electrónica , y dio un plazo de una hora a su defensa para presentar el domicilio donde se cumplirá la medida.

El caso tomó estado público cuando los cinco detenidos —entre ellos Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes— fueron imputados por hechos que consistieron en la colocación de un pasacalles y estiércol frente a la residencia del legislador libertario. Para sectores de la oposición, la detención fue una respuesta desproporcionada ante una acción política simbólica.

Denuncias de persecución judicial

Desde sus defensas, los imputados denunciaron una “persecución judicial y mediática” , al considerar que se les está criminalizando una acción política sin violencia ni afectación real de bienes. Incluso, organismos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Procuración Penitenciaria de la Nación pidieron la excarcelación inmediata de los detenidos, señalando que la decisión de encarcelarlos fue “forzada y desproporcionada” .

Según estas entidades, la privación de la libertad solo debería aplicarse si existen riesgos reales de fuga o de obstaculización de la justicia, algo que no estaría presente en este caso. Además, recordaron que el hecho investigado podría ser catalogado como una simple contravención municipal.

Denuncia contra la jueza

Este viernes también se presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza Sandra Arroyo Salgado. Los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley acusaron a la magistrada por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por ordenar allanamientos violentos, mantener incomunicados a los detenidos, secuestrarles celulares y trasladarlos a cárceles de máxima seguridad por una contravención menor.

“Presentamos una denuncia por mal desempeño contra Sandra Arroyo Salgado por la arbitraria detención de militantes por expresarse políticamente”, aseguró Recalde. Por su parte, Siley describió una serie de irregularidades durante el operativo: allanamientos en horas de la madrugada, perturbación de hogares ajenos al caso, malos tratos y falta de claridad sobre los delitos imputados.

El presidente anunció la cancelación del tradicional desfile militar por el 9 de Julio en Plaza de Mayo, medida que fue interpretada como parte de su política de ajuste y desconocimiento de símbolos históricos y patrios.

El Gobierno de Javier Milei decidió suspender el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia programado para el próximo miércoles. Según confirmó Noticias Argentinas, fuentes del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, indicaron que la decisión se tomó para ahorrar $1.000 millones.

Sin embargo, la medida no es el ajuste en si, columna vertebral del gobierno cuyo ahorro fue en detrimento de hospitales, universidades, ciencia, comedores populares y género, entre otras áreas, sino que el propio Milei remarcó en más de una ocasión que su Gobierno vino a reivindicar el rol de las fuerzas armadas.

Así, el año pasado, el desfile del 9 de julio se realizó sobre un tramo de Av. Libertador, en el barrio porteño de Palermo, donde se estuvieron más de 6.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto a más de 2.000 veteranos de la Guerra de Malvinas.

El del año pasado implicó un costo de más de 720 millones de pesos y, al actualizarlo por inflación, su realización de este año demandaría casi 1.000 millones de pesos.

El desfile militar del 9 de Julio fue una tradición durante décadas, hasta que se dejó de hacer con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia, decisión que permaneció durante las dos gestiones posteriores de Cristina Kirchner.