El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, fue denunciado penalmente luego de la difusión de un video grabado con cámara oculta en Nueva York. En las imágenes, se lo ve ofreciéndole al exagente estadounidense Tim Ballard contactos con jueces, legisladores y medios argentinos, e incluso la posibilidad de impulsar “leyes a medida” para mejorar su imagen pública. Las denuncias, presentadas por el abogado Rodrigo Tripolone y la Fundación La Alameda, ya fueron radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py.
La grabación, difundida el 29 de julio, muestra al ministro conversando con Ballard —fundador de la ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), hoy desvinculada de su figura— y proponiéndole utilizar estructuras del Estado argentino para revertir el impacto de las múltiples denuncias por abuso sexual que pesan sobre él. “Ese accionar inadmisible en un Estado de Derecho socava la imparcialidad judicial y legislativa”, señalaron desde La Alameda.
Tripolone, abogado y querellante, explicó que llegó al caso Ballard tras conocer su nombre en una denuncia mediática. “Así me entero quién es. Luego aparece él vinculado al caso Loan. Fue fuente de Viviana Canosa y también tuvo relación con Nicolás Soria, porque vino en representación de su ONG”, detalló. A partir de esa información, presentó una denuncia contra Cúneo Libarona por abuso de autoridad.
El abogado también aseguró que Ballard firmó en 2023 un convenio con el procurador general bonaerense Julio Conte Grand, y que “participaba de allanamientos como si estuviera a cargo de las filmaciones”. “Hay registros donde se los ve manipulando documentación. Cualquier abogado defensor puede pedir la nulidad de esos procedimientos”, advirtió. Según Tripolone, Ballard creía que su cercanía con las autoridades lo habilitaba a intervenir en el caso por la desaparición de Loan Peña.
En su presentación judicial, La Alameda —que encabeza Gustavo Vera— acusó al ministro de incurrir en abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, de acuerdo con los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal. “Solicitamos que se impulse la acción penal y que se proteja la institucionalidad democrática”, reclamaron.
Ballard, que se presenta como experto en trata de personas, enfrenta numerosas demandas civiles en Utah y California, además de una denuncia federal por violar la Trafficking Victims Protection Act (TVPA). “Lo que dice combatir es lo que está fomentando”, sentenció Tripolone. Según explicó, representa legalmente a dos presuntas víctimas de Ballard, una de las cuales habría sido su secretaria y lo acusa por delitos cometidos en América Latina.