El ex presidente Eduardo Duhalde lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro político de Javier Milei, al señalar que una derrota electoral en octubre podría poner en riesgo la continuidad de su mandato.

“Es muy posible que peligre la continuidad del Presidente si pierde en octubre”, afirmó en diálogo con El Destape 1070, al analizar la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Según sostuvo, un revés electoral dejaría a Milei en “una situación muy difícil”, agravada por los juicios por corrupción que lo rodean y por el enojo creciente de la ciudadanía.

Duhalde también apuntó contra la interpretación oficialista de los resultados: “Milei no hace una lectura correcta del resultado electoral, pero tampoco sé qué podría hacer cuando el gran problema que tienen ellos está vinculado con la corrupción y con el enojo de la gente”.

🗣️"Si el Gobierno pierde en octubre lo pondría en una situación muy difícil"

Eduardo Duhalde se refirió a la continuidad de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo en caso de perder en las elecciones legislativas nacionales#PaloyZanahoria 🥕 pic.twitter.com/8dsm2zZ6lb

— El Destape 1070 (@eldestape_radio) September 16, 2025

Si bien aclaró que no vislumbra un escenario de Asamblea Legislativa porque “tenemos vicepresidente”, insistió en que la gobernabilidad del oficialismo quedaría seriamente comprometida tras un eventual tropiezo en las urnas.

En cuanto a la política provincial, destacó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof “acertó con el desdoblamiento electoral” y consideró que esta estrategia fue clave para la victoria en Buenos Aires: “Sin el desdoblamiento, este resultado no se hubiese dado. Gracias a esto y al triunfo bonaerense, ahora estamos más convencidos de que se puede ganar bien el mes que viene”.

Sobre el plano nacional, Duhalde cuestionó la reciente cadena nacional en la que Milei anunció el envío del Presupuesto 2026 al Congreso. Aunque reconoció que el mandatario “quiere cambiar su forma de ser” y lo notó “muy ordenadito hablando”, remarcó que “no entiende la importancia de la producción” y que el país “está muy quedado en el sector productivo”.

Finalmente, recordó que Milei llegó al poder “por los defectos de los gobiernos anteriores” y puso en duda su optimismo: “Lo veo absolutamente convencido cuando dice que lo peor ya pasó, pero es muy difícil convencer a quienes ya hemos gobernado”.

El gobernador se unirá a la protesta en contra de los recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei en las universidades y en la salud pública.

El gobernador Axel Kicillof participa hoy de la Marcha Federal Universitaria en rechazo a los recortes presupuestarios que el gobierno de Javier Milei aplica a las universidades y a la salud pública. “Volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando. En defensa de la educación y la salud”, expresó en redes sociales antes de la movilización.

La marcha tiene como epicentro el Congreso de la Nación, donde desde el mediodía se concentran columnas de estudiantes, docentes, sindicalistas y organizaciones sociales. La convocatoria surge como respuesta al veto presidencial de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, impulsadas por la oposición.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) vuelve a ser protagonista de la jornada, con una fuerte presencia de su comunidad académica, en defensa del sistema público. Se espera una masiva participación de estudiantes, docentes y trabajadores de distintas facultades.

La movilización cuenta con el respaldo de partidos opositores, la CGT, las dos CTA y diferentes organizaciones políticas y sociales que buscan visibilizar el reclamo frente al ajuste.

En paralelo, la Cámara de Diputados debate los proyectos vetados por Milei. Si ambas leyes logran ser ratificadas, pasarán al Senado, donde tienen altas chances de ser aprobadas y convertirse en ley, en un nuevo revés político para el presidente.

El presidente Javier Milei incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 la eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría, lo que implica un cambio drástico para millones de usuarios de gas en la provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país.

De prosperar la iniciativa, quienes hoy reciben descuentos del 30% y 50% en sus facturas volverán a pagar tarifas plenas en un contexto económico marcado por el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo.

La medida figura en el artículo 72 del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso, donde se derogan los artículos centrales de la Ley 27.637, sancionada en 2021. Esa norma extendió el beneficio original —vigente desde 2002 para zonas de climas extremos como la Patagonia, la Puna y Malargüe— hacia distritos templados y cálidos-templados. Gracias a esa ampliación, más de 3,1 millones de hogares accedieron a tarifas diferenciales en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y San Luis.

Con la derogación propuesta por Milei, solo quedarían dentro del esquema los 850.000 usuarios del régimen original de 2002. El resto perdería los descuentos: 30% para usuarios residenciales y de gas por redes, y 50% para beneficiarios de la Tarifa Social y hogares vulnerables registrados en ANSES.

Desde el Gobierno nacional argumentaron que la medida responde a la necesidad de “racionalizar subsidios” y sostener el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de la política económica oficial. Sin embargo, para los distritos afectados, el recorte se traducirá en un fuerte impacto en el bolsillo, especialmente en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo.

No es la primera vez que el Ejecutivo avanza sobre el tema. Durante el debate de la Ley Bases, Milei ya había intentado restringir el beneficio exclusivamente a las provincias del sur, aunque la propuesta fue rechazada en el Senado. En mayo, el Gobierno aplicó un ajuste parcial reduciendo los descuentos para usuarios con más de un medidor.

Con el Presupuesto 2026, la apuesta se redobla: municipios bonaerenses como Azul, Olavarría, Saladillo, Bolívar y Tandil, entre muchos otros, quedarían excluidos del beneficio, pese a su alto consumo de gas para calefacción durante gran parte del año.

Rechazo en el Congreso

El diputado bonaerense Gustavo Pulti (Unión por la Patria) cuestionó duramente la decisión de Milei y pidió al Congreso que restituya el beneficio. “Estos descuentos no solo aliviaron el bolsillo de los hogares; también sostuvieron el consumo, ayudaron a las pymes, dieron aire a los comercios y fueron un alivio fundamental para jubilados, pensionados y personas con discapacidad”, señaló.

Repudiamos la decisión de Milei de derogar los beneficios de la Zona Fría y reclamamos al Congreso Nacional que restituya el beneficio.

Una decisión que afecta al Partido de General Pueyrredón y al sur y sudeste de la Provincia de Buenos Aires

La Ley 27.637, sancionada en 2021,… pic.twitter.com/hK7gR91BpB

— Gustavo Pulti (@GustavoPulti) September 16, 2025

Según el legislador marplatense, “quitar los descuentos es encarecer la vida diaria y reducir aún más el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ya deterioradas”. Además, advirtió que la medida “debilitará la actividad económica, profundizará la recesión y golpeará a los sectores más vulnerables”.

Más allá de los discursos oficiales, los números son claros: el Presupuesto 2026 proyecta un nuevo recorte en la inversión destinada a la educación universitaria.

En términos del Producto Bruto Interno (PBI), la partida para el sector pasó de representar el 0,718% en 2023 a 0,569% en 2024, descendió a 0,495% en 2025 y, de acuerdo al proyecto enviado por Javier Milei al Congreso, caerá todavía más en 2026, hasta el 0,462%.

Este retroceso se produce en vísperas de una masiva movilización universitaria convocada para este miércoles 17 en la Plaza de los Dos Congresos, donde se busca respaldar el rechazo parlamentario al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

La comparación histórica tampoco deja lugar a dudas: el nivel de inversión proyectado para 2026 es equivalente al de 2003, cuando el país aún trataba de recuperarse de la crisis de 2001.

El deterioro se refleja también en los salarios docentes, que se redujeron un 29,1% entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Según datos del Consejo Universitario Nacional, alrededor de 10.000 docentes dejaron sus cátedras en los últimos años. El organismo calcula que se necesitarían 7,3 billones de pesos para sostener el sistema en condiciones mínimas, pero el proyecto oficial prevé solo 4,8 billones.

Para Claudio Martínez, periodista y divulgador científico, esta caída presupuestaria revela la raíz del conflicto: “Las universidades son fábricas de conocimiento. Su modelo económico no necesita un país de personas cultas y formadas”.

El debate parlamentario y la movilización social de esta semana marcan un punto de inflexión: no se trata únicamente de un presupuesto, sino de la definición del rumbo que tomará el país en relación con el conocimiento, la innovación y el futuro de la educación pública.

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Macri, Javier González Fraga, y a su entonces vice, Lucas Llach, junto a otros 24 exdirectores del Banco Nación y de la agroexportadora Vicentin, en el marco de la causa que investiga un presunto fraude contra el Estado por más de US$260 millones.

La decisión judicial, tomada tras un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita luego de cinco años de pesquisa, incluyó también la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los imputados, con el objetivo de evitar maniobras de ocultamiento patrimonial.

Los implicados

Entre los convocados figuran, además de González Fraga y Llach, el exdirector del Nación Carlos Castellani. Por parte de Vicentin fueron citados Daniel Buyatti, Alberto Macua, Herman y Roberto Vicentin, Martín Colombo y Máximo Padoan, integrantes de la cúpula que llevó a la empresa a la cesación de pagos en 2019.

La acusación

De acuerdo con la fiscalía, entre agosto y diciembre de ese año, las autoridades del Banco Nación concedieron créditos irregulares a Vicentin aun cuando la compañía ya acumulaba deudas impagas, había perdido su calificación crediticia y se encontraba en riesgo de default.

La operatoria incluyó la liberación de garantías, la otorgación de nuevos préstamos por más de US$105 millones y la simulación de un plan de cobro que en los hechos favoreció la falta de pago. Parte de esos fondos —alrededor de US$16 millones— habrían sido derivados a cuentas en paraísos fiscales, mientras que otra porción se encubrió mediante facturación apócrifa por casi $223 millones.

El fiscal Pollicita señaló que los funcionarios macristas del Nación “se apartaron deliberadamente de la conducta debida para beneficiar a los empresarios, en claro perjuicio del Estado”.

Lo que viene

Las indagatorias se llevarán a cabo entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre. Están citados exdirectores, gerentes y síndicos del banco, así como los principales responsables de la agroexportadora.

El tribunal destacó la “gran complejidad” de los hechos, que involucran a una de las compañías más influyentes del sector agroindustrial y al mayor banco público del país.

Lo que en su momento se presentó bajo el lema “Somos todos Vicentin”, hoy aparece resignificado: cuando se defrauda al Estado, los estafados “somos todos”.

El presidente Javier Milei anunció la reactivación de la obra pública y aseguró que el superávit fiscal permitirá al Estado “financiar al sector privado” para llevar adelante proyectos de infraestructura y logística.

Sin embargo, desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) señalaron que las definiciones del mandatario “son muy confusas” y generan más dudas que certezas. La mayoría de los empresarios perdieron la confianza en el gobierno nacional.

“El texto del presupuesto destina apenas el 0,4% del PBI a obra pública, cuando lo que se necesita es alrededor del 5% solo para mantener en pie la infraestructura existente”, advirtió Ricardo Griot, vicepresidente de Camarco, en declaraciones a FM La Patriada.

El dirigente empresario remarcó que la ambigüedad oficial se arrastra desde hace meses: “La lectura ha sido muy confusa desde hace bastante tiempo. No tenemos claro si realmente va a haber un cambio en este esquema”.

Griot también describió el deterioro acumulado en el sector: “Para volver al nivel de diciembre de 2023 necesitaríamos entre 10.000 y 20.000 millones de dólares”.

El mercado cambiario cerró la jornada de ayer con nuevas tensiones. A pesar de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei intentó transmitir calma y reafirmó su compromiso con el equilibrio fiscal, el dólar retomó la senda alcista y el riesgo país se disparó, alcanzando su mayor nivel en los últimos doce meses.

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró a $1.480 para la venta, mientras que el promedio de las entidades financieras lo ubicó en torno a $1.482. En el segmento mayorista, la divisa terminó en $1.469, con un incremento leve respecto del día anterior. El paralelo, en tanto, volvió a presionar al alza y se vendió a $1.465, unos diez pesos más que en la rueda previa. El presupuesto que presentó Milei, de esta manera, nace muero: dice que el dólar estará al 1350 para fin de año. Imposible.

La suba se produjo en un contexto de incertidumbre política y financiera. Lejos de disipar las dudas, la cadena presidencial no logró frenar la demanda de dólares ni la inquietud de los inversores, que siguieron buscando cobertura frente a un escenario volátil.

El otro dato negativo de la jornada fue el salto del riesgo país, que trepó hasta los 1.225 puntos básicos, el valor más elevado en casi un año. La combinación de presión cambiaria, caída de reservas y desconfianza en la capacidad del Gobierno para sostener sus compromisos de deuda alimentó la escalada del indicador, que refleja el costo adicional que paga Argentina para financiarse en los mercados internacionales.