Un nuevo estudio de la consultora Zuban Córdoba revela un contundente rechazo social a la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei habilite bases militares de Estados Unidos en territorio argentino, en el marco de lo que analistas describen como una “agenda de subordinación geopolítica” impulsada por el oficialismo.

El relevamiento, realizado entre el 29 y 30 de septiembre con 1.500 personas de todo el país, muestra que el 71,5% de los consultados se manifestó en contra de que Milei permita una base militar estadounidense en Tierra del Fuego a cambio de un acuerdo económico, mientras que solo el 21% expresó estar de acuerdo y un 7,5% dijo no tener una posición definida. El sondeo tiene un margen de error del ±2,5% y un nivel de confianza del 95%.

Los resultados llegan en un momento de creciente tensión política: el mismo día en que se difundió la encuesta, Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, que autoriza la realización de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y Chile, incluyendo el ingreso de tropas estadounidenses a bases navales estratégicas como Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

BASE MILITAR DE EEUU EN ARGENTINA 🇺🇲🇦🇷

Hoy, el Presidente Milei firmó el Decreto 697/25 que autoriza el ingreso de fuerzas militares extranjeras en Ushuaia entre el 20/10 y el 15/11.

Preguntamos sobre la posibilidad de una base en TDF y esto nos dijeron 👇 pic.twitter.com/KAtHSO6DNJ

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) September 30, 2025

Aunque el ministro de Defensa, Luis Petri, negó la existencia de un proyecto formal para una “base naval conjunta”, admitió que el gobierno busca profundizar la alianza militar con Washington, tras encuentros con el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

La medida del Ejecutivo, que había sido enviada al Congreso pero nunca tratada, fue finalmente impuesta vía decreto y permitirá la ejecución de polémicos operativos combinados entre octubre y noviembre de este año, bajo el Plan Anual de Ejercicios Combinados.

El 71.5 % de los argentinos y argentinas está en desacuerdo con que Milei permita una base militar de EEUU en Tierra del Fuego a cambio de un acuerdo económico 💵

Los números hablan por sí solos: la mayoría rechaza esta decisión ❌ pic.twitter.com/vCqNsVHYWU

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) September 30, 2025

El fuerte rechazo revelado por Zuban Córdoba expone una fractura entre la agenda geopolítica del gobierno libertario y la opinión mayoritaria de la sociedad argentina, que se pronuncia de manera clara contra la instalación de bases militares extranjeras en el país.

Desde el gobierno provincial advirtió que esos datos “no son correctos” y que la situación en la calle refleja un escenario mucho más grave.

La distancia entre las estadísticas oficiales y la realidad cotidiana volvió a quedar en evidencia en Santa Fe. Mientras el INDEC informó una fuerte reducción de la pobreza —del 52,9% al 31,6% en un año— y de la indigencia al 6,9%, el gobierno provincial advirtió que esos datos “no son correctos” y que la situación en la calle refleja un escenario mucho más grave.

Este lunes se presentaron los resultados preliminares del tercer Registro Nacional de Personas en Situación de Calle (Renacalle) en la capital provincial. El relevamiento, coordinado por la Red Puentes junto a universidades e instituciones sociales, confirmó la presencia de 730 personas en situación de calle, un incremento del 12,5% respecto a 2024 y casi un 45% más que en 2023.

El contraste es contundente: mientras la Nación celebra una baja histórica de la pobreza, en Santa Fe los números de exclusión se disparan.

Datos que no cierran

El estudio expone un deterioro acelerado: más mujeres, más jóvenes y más familias enteras sobreviven en la calle. También creció el consumo problemático, la discapacidad sin cobertura y la violencia institucional.

• 82,7% son varones, aunque la vulnerabilidad femenina aumenta: se registraron 86 mujeres en situación de calle, cinco de ellas embarazadas.
• El 60,2% de los encuestados sufrió algún tipo de agresión; entre las mujeres, seis de cada diez padecieron violencia de género.
• El 68,4% consume alguna sustancia, con un salto de 10 puntos interanuales; sin embargo, menos de la mitad recibió ayuda.
• El 18% presenta algún tipo de discapacidad, pero la mayoría carece de CUD y queda fuera de las prestaciones básicas.

La falta de acceso al sistema de salud y la caída en la generación de ingresos profundizan el cuadro: apenas el 51% trabajó al menos una hora en la última semana, un 12% menos que el año anterior.

Cuestionamientos directos al INDEC

Desde el área provincial de Igualdad y Desarrollo Humano fueron categóricos: “La realidad es que no vemos lo mismo que muestran los números del INDEC. La demanda social crece semana a semana. La gente pide más asistencia alimentaria, medicamentos, ayuda para pagar alquileres. Eso no coincide con una baja de la pobreza al 31%”.

El planteo oficial de Santa Fe se suma a las observaciones de consultoras y académicos que ya habían señalado inconsistencias en las estadísticas nacionales.

“Si alguien cree que bajaron esos números, estamos mirando distinto. La calle dice otra cosa. Los invito a ir a los barrios y hablar con las instituciones. Ahí está la realidad”, remarcaron.

El reclamo

Red Puentes advirtió además que el Estado incumple la Ley Nacional 27.654 y exigió políticas estructurales inmediatas. “No se trata solo de más personas en la calle, sino de más jóvenes, más mujeres y más familias con menores a cargo. El Estado no está dando respuestas reales”.

Las últimas presentaciones patrimoniales del diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, exhiben un entramado de inconsistencias que encienden alarmas y aumentan las sospechas sobre su cuestionada figura pública.

La más insólita: ahora declara ser socio de una empresa valuada en apenas un peso, cuando en el ejercicio anterior figuraba con un valor de $50.000.

La información, revelada por elDiarioAR, llega en un momento especialmente crítico para Espert, salpicado por sus vínculos con el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo —renunciante en medio de denuncias de coimas— y por su relación con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y señalado como uno de sus financistas de campaña.

Una empresa fantasma y propiedades que cambian de tamaño

El repaso de sus declaraciones juradas de los últimos tres años revela anomalías que, según especialistas en ética pública, difícilmente puedan atribuirse a simples “errores de carga”:

• Varianza SA: valuada en $50.000 en 2023, fue declarada en $1 en 2024, como si la compañía hubiera perdido todo valor de manera repentina y sin explicación contable posible.
• Propiedades fluctuantes: su casa en Beccar pasó de 250 m² en 2023 a 472 m² en 2024; mientras que en Pergamino una propiedad que en 2023 aparecía con 1 m² ahora figura con 212 m².
• Movimientos en dólares: sus depósitos bancarios en moneda extranjera se desplomaron de US$34.000 en 2023 a US$281 en 2024, aunque sin modificar el rubro de efectivo en dólares, que se mantiene en US$15.000.

Estas irregularidades, lejos de ser meras formalidades administrativas, refuerzan la percepción de opacidad en torno a su patrimonio.

Espert, entre escándalos y vínculos incómodos

La difusión de estas inconsistencias patrimoniales se produce mientras crecen los cuestionamientos sobre las relaciones políticas y personales de Espert. Su amistad con Spagnuolo, renunciado en medio de acusaciones de corrupción, y su cercanía con Machado —acusado de narcotráfico a gran escala— vuelven aún más sensibles las anomalías en su declaración jurada.

Hoy, Espert, figura clave del oficialismo en el Congreso, queda bajo la lupa de la Oficina Anticorrupción. Y sus propias declaraciones patrimoniales, plagadas de dudas e inconsistencias, no hacen más que aumentar las sospechas que lo rodean.

El ajuste fiscal del Gobierno nacional golpea de lleno a las provincias en áreas especialmente sensibles como salud y educación, según surge del último reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El ajuste fiscal del Gobierno nacional golpea de lleno a las provincias en áreas especialmente sensibles como salud y educación. Según el último reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante el primer semestre del año las transferencias no automáticas –aquellas que la Nación distribuye de manera discrecional– registraron fuertes caídas en la mayoría de los distritos, con reducciones de hasta 61% en recursos para salud y desplomes de más del 90% en partidas educativas.

Si bien el informe destaca que hubo un aumento general de estas transferencias (178,5% interanual) por los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de un fallo judicial, el panorama para el resto de las provincias fue de severos recortes.

Salud en crisis: caída generalizada de aportes

Las partidas orientadas al “fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud” se redujeron en promedio un 48,8% real respecto al mismo período de 2024, cuando ya habían sufrido bajas importantes. Salvo Catamarca, Entre Ríos y Neuquén, que tuvieron leves recuperaciones, todas las demás provincias vieron recortados sus recursos.

Mendoza encabeza la lista con una caída del 61,3%, seguida por seis provincias donde el ajuste superó el 50%: Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, Río Negro, Santa Fe y Tucumán. En otras jurisdicciones como La Rioja, Córdoba, San Juan y San Luis los recortes superaron el 30%, mientras que en Chaco –donde casi la mitad de la población es pobre– la reducción fue del 23,6%.

Los efectos ya son visibles en la práctica. El Foro de Sociedades Médicas, que agrupa a 21 instituciones, advirtió meses atrás sobre la “grave crisis del sistema de salud”, con guardias colapsadas, demoras en la atención de urgencias y falta de residentes médicos.

Educación: desplomes históricos

La poda también alcanzó al sistema educativo provincial. En algunas jurisdicciones las reducciones fueron extremas: Santa Cruz (98,5%), Neuquén (91,7%) y Salta (91,6%) casi dejaron de recibir recursos nacionales en este rubro.

Provincias en tensión

Mientras las transferencias automáticas de la coparticipación crecieron un 3,6% real por la actualización del Consenso Fiscal, el recorte en los envíos discrecionales deja a las provincias frente a un escenario complejo: deberán cubrir con fondos propios programas de salud y educación que antes tenían financiamiento nacional.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, denunció que Nación ya cerró todo programa que no esté obligado por ley a sostener, obligando a las provincias a asumir gastos extra multimillonarios en medicamentos, insumos y tratamientos.

En paralelo, varias jurisdicciones mantienen reclamos judiciales contra Nación por deudas que superan los US$ 9.000 millones, sumando tensión a la relación fiscal.

En apenas seis meses de gestión de Javier Milei, la deuda externa argentina pegó un salto sin precedentes y superó los U$S300.000 millones en el segundo trimestre del año, alcanzando así un récord histórico en al menos veinte años.

El crecimiento vertiginoso del stock de pasivos estuvo motorizado principalmente por el endeudamiento con organismos internacionales, en un escenario marcado por la falta crónica de divisas y un creciente déficit de cuenta corriente.

De acuerdo con el informe difundido por el INDEC, la deuda externa bruta nominal trepó U$S23.783 millones (+8,5%) respecto del primer trimestre, llegando a U$S305.043 millones, el nivel más alto desde que existen registros oficiales (2006).

El salto se explica en gran medida por el endeudamiento del gobierno general, que se incrementó en U$S18.480 millones. Dentro de ese monto, sobresale el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S12.398 millones, lo que consolidó al organismo como el principal acreedor del país.

Según los datos oficiales, la deuda externa con organismos internacionales ya asciende a U$S92.964 millones, de los cuales casi el 60% corresponde exclusivamente al FMI. El resto se reparte mayormente entre el BID, el BIRF y la CAF.

El Banco Central también engrosó su deuda en U$S2.380 millones mediante la ampliación de la operación de REPO con siete bancos internacionales, mientras que las sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro sumaron U$S2.435 millones adicionales.

Si bien el ratio deuda externa/exportaciones volvió a superar el 300%, por debajo del pico del 400% registrado en 2020-2021, el actual volumen absoluto de deuda representa un máximo histórico nominal y refleja el nivel de vulnerabilidad financiera en el que se encuentra la economía argentina.

Más del 70% de los pasivos externos está concentrado en obligaciones a largo plazo, pero el incremento acelera la dependencia estructural del país respecto de la deuda internacional, marcando un hito de endeudamiento pocas veces visto en la historia reciente.

El escándalo que envuelve a José Luis Espert por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado tuvo un eco inmediato en el Congreso. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados, se produjo un nuevo cruce entre el legislador de Unión por la Patria, Martín Soria, y la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde.

Soria le recordó a Villaverde una causa por tenencia de cocaína en Florida, Estados Unidos, y exhibió documentación en plena sesión, lo que encendió la polémica en un momento especialmente sensible para el espacio libertario. La escena se leyó como un capítulo más del creciente desgaste que enfrenta la fuerza de Espert, cuyo candidato principal ya está en el centro de las críticas por la revelación de giros de dinero y el uso de un avión aportados por Machado.

La disputa entre ambos legisladores no es nueva: ya en febrero habían protagonizado un cruce cuando Villaverde había acusado a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria —hermana del exministro—, de beneficiarse políticamente con la emergencia ambiental por los incendios en la Patagonia. Esta vez, Soria devolvió la ofensiva: “Lamento que la diputada preopinante que habló de mi familia refiriéndose a un ‘clan’ no haya sido mejor asesorada por sus pares”.

Acto seguido, fue más allá y vinculó el señalamiento con el debate sobre narcotráfico: “Muchos periodistas me preguntaban por qué hablé de este tema en la última sesión, cuando también respondí a la diputada de mi provincia”, lanzó Soria, mientras varios libertarios abandonaban el recinto en señal de malestar.

El gobierno de Javier Milei oficializó este martes un nuevo paso en su plan privatizador y confirmó que avanzará con la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.

El Decreto 695/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, establece la privatización parcial de la compañía mediante la venta del 49% de sus acciones en un bloque a inversores privados, en el marco de lo dispuesto por la Ley Bases.

De esta manera, el Estado conservará la mayoría accionaria con el 51%, pero la conducción de una de las áreas más sensibles del sistema energético argentino quedará en manos de capitales privados, nacionales o extranjeros, que tendrán injerencia directa en decisiones estratégicas.

Una privatización que genera alertas

El avance genera fuertes cuestionamientos porque implica abrir la puerta a la participación privada en la producción de energía nuclear, un sector clave que hasta ahora estuvo bajo control estatal por su impacto en la seguridad, la soberanía energética y el desarrollo tecnológico.

Además, especialistas advierten que, aun con mayoría accionaria, el Estado quedará atado a negociaciones con los nuevos socios para definir proyectos de expansión, construcción de nuevas centrales o eventuales retiros de servicio, lo que podría condicionar la política energética a intereses privados.

El proceso de venta

Actualmente, la distribución accionaria de NA-SA se compone del 79% en manos del Ministerio de Economía, un 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1% de Energía Argentina S.A. (Enarsa). Según el decreto, esas participaciones serán transferidas a la Secretaría de Energía para concretar el proceso de licitación pública, tanto nacional como internacional.

El Gobierno ya anticipó que el 49% de las acciones será ofrecido en bloque, lo que limita la posibilidad de participación de pequeños accionistas y concentra el control en grandes grupos económicos.

Riesgos para el futuro energético

Con esta medida, la Argentina resigna parte del manejo de su matriz energética a manos privadas y extranjeras, en un contexto en el que la energía nuclear representa no solo una fuente de generación clave y limpia, sino también un campo estratégico en materia de investigación científica, seguridad y soberanía nacional.

El escándalo del presunto narco Fred Machado golpeó de lleno la campaña del libertario José Luis Espert, al conocerse este domingo un documento presentado en la justicia de Texas en el que se revela un giro de 200 mil dólares al economista por parte del presunto narco Fred Machado, que además le prestó su avión para que se desplace.

Por el escándalo, Milei decidió que Espert se corriera de la campaña y desapareciera. Espert pasó de decir “bala o cárcel” para hablar de la inseguridad a tener que callarse porque está directamente vinculado a un narcotraficante detenido en Viedma y con pedido de extradición de Estados Unidos. ¿Corre el “cárcel o bala” para Espert?

“Hay que esconder a José Luis”, reconoció un dirigente libertario que confirmó que el economista canceló actividades en los últimos días. Ayer, además, el candidato peronista Juan Grabois denunció en la justicia argentina a Espert por la revelación en Estados Unidos de un pago de 200 mil dólares. ¿Espert es un narcopolítica?