La Justicia Federal hizo lugar al amparo colectivo y declaró que la ANDIS actuó “ilegalmente” y ordenó reestablecer de forma definitiva todas las pensiones que fueron revocadas por el Gobierno. 

El juzgado federal 2 de Catamarca falló este jueves sobre la cuestión de fondo de la denuncia colectiva contra las pensiones no contributivas por “invalidez laboral” que fueron suspendidas por el Gobierno. El mismo juzgado ya había fallado también en primera instancia sobre el mismo tema y había ordenado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir todas las pensiones. En el fallo de este jueves, la Justicia Federal hizo lugar al amparo colectivo y declaró que la ANDIS actuó “ilegalmente” y ordenó reestablecer de forma definitiva todas las pensiones que fueron revocadas. 

“Hacer extensivo a todo el territorio nacional la medida cautelar dictada el 12 de setiembre de 2025 y en consecuencia ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en el plazo de veinticuatro horas (24h)… restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas…, pague el importe de los haberes de pensión retenidos…; y… se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada… y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral; II) Conferir la representación adecuada del frente actor… a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores y a la Asociación Azul; […]”, argumenta el fallo del juzgado federal 2 de Catamarca. La Justicia estableció 24 horas de plazo. 

En el Gobierno están confiados: creen que Karina Milei no será involucrada por la Justicia en el caso Spagnuolo

Si bien es un tema que genera rispideces y malhumor y el Gobierno prefiere silenciarlo, en Casa Rosada están confiados y creen que Karina Milei no será involucrada por la Justicia en el caso Spagnuolo. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se negó a declarar este miércoles y no respondió las preguntas del fiscal Franco Picardi. Dijo que es inocente y negó los hechos que se le imputan. Ahora, en Casa Rosada quieren que “hable” la Justicia.

“Vamos a dejar actuar al Poder Judicial. Que se investigue qué pasó”, afirmó a El Destape en estricto off una fuente inobjetable del primer anillo de confianza de Karina Milei. “Al final van a a ver que ni ella ni los Menem tienen nada que ver”, dijo este dirigente de LLA a este portal. Y ratificó: “No estamos preocupados, no va a pasar nada”. 

La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa.

La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, un predio perteneciente a la Armada Argentina.

La presentación —registrada el 10 de noviembre bajo el código KLGZ-246— detalla presuntas irregularidades, vicios en el procedimiento y omisiones de deberes de funcionario público, y coloca bajo la lupa una operación realizada en el marco del Decreto 950/2024, mediante el cual el Gobierno habilitó la venta de más de 400 propiedades estatales bajo el argumento de “innecesariedad”.

El inmueble, considerado la principal herramienta del país para la protección de objetivos digitales estratégicos, fue vendido por 34 millones de dólares al fideicomiso Madero 6. Según la denuncia, la enajenación se concretó sin un plan de transición adecuado, sin previsión presupuestaria y sin evaluar las consecuencias estratégicas que podría generar un ciberataque durante el traslado, lo que comprometería directamente la responsabilidad de las máximas autoridades de Seguridad y Defensa.

Una cadena de responsabilidades que apunta al corazón del Ministerio de Defensa

La denuncia señala en primer lugar al general de brigada Luis Guimpel, comandante Conjunto de Ciberdefensa, como responsable directo de la infraestructura, los activos críticos y la seguridad del organismo. Se le reprocha no haber elevado objeciones ante el Estado Mayor Conjunto (EMCO) ni ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pese al riesgo de vender el predio sin una sede alternativa ni presupuesto asignado.

También es mencionado el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto, autoridad máxima de la estructura de la cual depende el Comando de Ciberdefensa. La denuncia sostiene que Isaac debió evaluar y objetar la desafectación de un activo estratégico sin contar con un plan de contingencia ni con una nueva instalación que cumpla requisitos de seguridad.

A ello se suma el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Alejandro Rozas Garay, cuyo rol en la planificación y supervisión de la política de infraestructura militar es puesto bajo sospecha. El texto pide investigar si Rozas Garay participó en la decisión de catalogar el inmueble como “innecesario” y si articuló adecuadamente con el EMCO y la AABE para evitar riesgos a la seguridad nacional.

La denuncia subraya, además, que la venta del edificio dejó al país en una situación de vulnerabilidad estratégica ante posibles ciberataques, dado que la nueva sede —un edificio en la calle Junín, perteneciente a la Fuerza Aérea— aún no cuenta con garantías plenas en materia de seguridad digital y física.

El cierre repentino de una sucursal de Frávega en Temperley desató un fuerte conflicto laboral y encendió nuevas alarmas en el comercio minorista. El local de Pasco y Salta amaneció este martes con las persianas bajas y sin aviso previo, mientras los trabajadores se enteraban de sus despidos al llegar a cumplir la jornada.

La situación derivó en una protesta espontánea en la vereda, acompañada por el Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora. El secretario general del CEC, Rubén Crosta, se presentó de inmediato y denunció un “brutal avance patronal”, cuestionando a la empresa por ejecutar “un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma”. Para el dirigente, la decisión representó un “atropello” que no podía quedar sin respuesta, reseñó el sitio La Política Argentina.

Mientras los empleados permanecían frente al comercio, Crosta advirtió que este episodio podría ser apenas la antesala de un ajuste mayor dentro de la cadena. Según indicó, el gremio maneja información sobre un plan de despidos que alcanzaría a 300 trabajadores en todo el país, lo que profundizaría la tensión en un sector ya golpeado por la caída del consumo.

Javier Milei nombró a Lisandro Catalán en el directorio de YPF y el tucumano cobrará 140 millones de pesos por mes apenas dos semanas después de dejar el ministerio del Interior. Catalán no sabe nada de energía ni petróleo.

Se sabía que Catalán había pedido un lugar en YPF no tanto por sus conocimientos sino por los sueldos estratosféricos que da la empresa público-privada a sus directores. Vale todo.

El sitio especializado EconoJournal adelantó que Catalán se quedó con la silla que tenía Carlos Bastos, que fue secretario de Energía de Domingo Cavallo y había ingresado a YPF ni bien la empresa quedó en manos de Horacio Marín.

El directorio de la petrolera se convirtió en una suerte de embajada para los ex funcionarios del gobierno libertario. Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete, tiene una silla en ese directorio y sigue sin aclarase si cobra o no.