Manuel Adorni confirmó que este lunes se lanzará la licitación para que el predio de Villa Martelli sea privatizado, en línea con la política de ajuste y retiro del Estado impulsada por la Casa Rosada.

El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso para concesionar Tecnópolis, uno de los principales espacios públicos dedicados a la ciencia, la cultura y la producción nacional, y lo hizo bajo el argumento de reducir el gasto público y “aliviar” las cuentas del Estado, aun a costa de resignar un bien de uso social que durante años fue de acceso libre y gratuito.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien comunicó que este lunes se abrirá el concurso público para transferir la explotación del predio a manos privadas por un plazo inicial de 25 años. Desde el Ejecutivo se insistió en presentar al complejo como un símbolo del “déficit” heredado, pese a su rol como espacio estratégico para actividades educativas, culturales y tecnológicas.

Según la información oficial, la concesión se enmarca en el plan de déficit cero y “racionalización” del gasto, una fórmula que en los hechos se traduce en el desmantelamiento de políticas públicas y en la cesión de activos estatales al sector privado. El predio, que dependía de la Secretaría de Cultura, fue descripto por el Gobierno como financieramente inviable, con deudas acumuladas y faltantes de equipamiento, sin mencionar el impacto social de su funcionamiento ni las decisiones presupuestarias que llevaron a esa situación.

Desde el inicio de la actual gestión, Tecnópolis ya había sido objeto de un fuerte recorte, con una reducción superior al 30% de su planta de trabajadores, en una señal clara del rumbo adoptado. Ahora, el Ejecutivo pretende cerrar el proceso con una concesión de largo plazo que, bajo la promesa de un canon mensual fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, consolida la retirada del Estado de un área clave.

La medida vuelve a exponer el sesgo ideológico del gobierno libertario, que prioriza el ajuste y la privatización como únicas respuestas, incluso cuando se trata de espacios públicos que cumplen una función social, educativa y cultural difícilmente reemplazable por la lógica del mercado. Traducido sin eufemismos: menos Estado, menos acceso y más negocio para pocos.

El gobernador bonaerense cuestionó con dureza el rumbo económico nacional, advirtió sobre el deterioro social y ratificó que participará de la movilización convocada por las centrales obreras.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, profundizó su confrontación con el gobierno de Javier Milei al anunciar que acompañará la movilización impulsada por la CGT junto a las dos CTA, en rechazo a la reforma laboral y al programa económico del Ejecutivo nacional, al que responsabilizó por el agravamiento de la crisis social y productiva.

En declaraciones radiales, el mandatario provincial describió un escenario marcado por despidos masivos, cierre de empresas y pérdida acelerada del poder adquisitivo. Según detalló, desde el inicio de la actual gestión nacional se registraron cientos de miles de cesantías y la desaparición de miles de firmas, con un impacto especialmente severo sobre las pymes industriales. “La economía cotidiana está cada vez más asfixiada”, resumió.

Kicillof alertó además sobre el endeudamiento de los hogares y el deterioro del consumo interno. Señaló que amplios sectores de la población ya no logran afrontar compromisos financieros, ni siquiera aquellos asumidos a través del sistema bancario o las billeteras virtuales, mientras se profundiza la caída en rubros clave como alimentos, industria metalmecánica, automotriz y producción láctea.

El gobernador también puso el foco en las consecuencias sanitarias del ajuste. Afirmó que la demanda en hospitales y centros de salud públicos se multiplicó de manera exponencial ante la imposibilidad de muchas familias de comprar medicamentos en el circuito privado. En ese marco, defendió la declaración de la emergencia económica en la provincia, aclarando que responde a una crisis social antes que a un problema estrictamente fiscal.

En un tono particularmente crítico, cuestionó el esquema económico nacional, al que acusó de sostener la desaceleración inflacionaria a costa de salarios, jubilaciones y producción local, mediante el atraso cambiario y la apertura indiscriminada de importaciones. También rechazó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, al sostener que fue elaborada sin diálogo con trabajadores, empresarios ni el Congreso, y que implica un retroceso histórico en materia de derechos.

Con ese diagnóstico, Kicillof ratificó su decisión de acompañar la protesta sindical prevista para esta semana y dejó en claro su alineamiento con los reclamos del movimiento obrero frente a un modelo que, advirtió, “está dejando a amplios sectores afuera”. Traducido al criollo: el conflicto recién empieza y nadie parece dispuesto a aflojar.

El consultor político de la empresa Zuban Cordoba, Facundo Londero, se refirió al momento político del gobierno de Javier Milei. Reconoció que aumentó su respaldo desde las elecciones de octubre pero aseguró que existe una mayoría que “hoy no está dispuesto a votarlo pero la oposición no logra expresarla”

“Hay una división muy grande entre el mileismo y antimileismo. El gobierno ganó mucho respaldo desde el triunfo electoal. Aprueba su gestión más de un 40% de la sociedad”, explicó el consultor en diálogo con AM 530.

“Pero lo que se destaca es que el 60% de la sociedad cree que su situación económica empeoró. Hay respaldo a pesar de eso. Solo una minoría cree que su situación es mejor gracias a las políticas de Milei”, describió.

“Hay un tener en cuenta que hay un 54% no está dispuesto a votar al gobierno. Pero ese rechazo no encuentra expresión”, siguió. “Hay un 20% que lo votó en el balotaje no está dispuesto a votarlo de nuevo. Ahora, no sé si votaría a un peronista”, advirtió.

Aunque la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) concentra la mayor parte de estos fondos, también existen partidas de este tipo en organismos dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad, como es el caso de la Fuerza Aérea.

El presupuesto destinado a gastos reservados de la Fuerza Aérea Argentina registró un incremento inédito: pasó de $15 millones vigentes hasta el 1° de diciembre a $166 millones tras una actualización publicada ese mismo día en el Boletín Oficial. La ampliación, dispuesta por decreto, rige para el último mes del año e impactó en el presupuesto abierto a partir del 3 de diciembre, según pudo constatar PERFIL. Desde 2023, los recursos asignados a partidas sin rendición pública crecieron un 3.970%.

La Ley 25.520 define a la inteligencia nacional como el conjunto de actividades orientadas a la obtención y análisis de información vinculada a amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad interior y exterior del país. Estas tareas pueden financiarse mediante gastos reservados, cuyo detalle solo es conocido por las autoridades competentes y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. Aunque la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) concentra la mayor parte de estos fondos, también existen partidas de este tipo en organismos dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad, como es el caso de la Fuerza Aérea.

El 1° de diciembre, a través del decreto 849/2025, el Poder Ejecutivo reasignó recursos y amplió partidas presupuestarias en distintos organismos. Entre ellos, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea incorporó $151 millones adicionales para gastos reservados. Hasta ese momento, el organismo contaba con $15,34 millones para ese concepto, por lo que la ampliación representa un aumento del 985%, a ejecutarse además en menos de un mes.

Los datos de ejecución reflejan la magnitud del salto: hasta el 3 de diciembre se habían devengado $15,18 millones en gastos reservados, prácticamente el total asignado para todo el año. Para el 8 de diciembre, en apenas cinco días, se sumaron otros $20 millones, superando lo ejecutado durante los once meses previos.

La comparación histórica refuerza el carácter excepcional del aumento. En 2016, primer año con registros disponibles, el presupuesto para gastos reservados de la Fuerza Aérea era de $1,25 millones y se mantuvo por debajo de los $2 millones durante varios años. En 2023 ascendió a $4,09 millones y, entre diciembre de ese año y diciembre de 2025, el incremento acumulado alcanza el 3.970%.

El refuerzo presupuestario se produjo además en un contexto político particular: en vísperas de la asunción de un militar al frente del Ministerio de Defensa. Carlos Andrés Presti, hasta entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, reemplazó esta semana a Luis Petri. El aumento también coincide con la llegada de los aviones de combate adquiridos a Dinamarca, enmarcada en el plan oficial de “modernización” del sistema de defensa.

En términos generales, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Ministerio de Defensa incrementó su presupuesto vigente en $123.044 millones. La mayor parte se destinó al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares ($59.634 millones), mientras que también se ampliaron partidas para gastos de personal y funcionamiento en los estados mayores de la Fuerza Aérea ($24.761 millones), el Ejército ($15.966 millones) y la Armada ($15.398 millones), entre otros.

Dentro del refuerzo asignado a la Fuerza Aérea, $8.198 millones se destinarán en diciembre al programa de “Alistamiento operacional”, que creció un 2,6%. Allí se incorporan los $151 millones de gastos reservados, un monto muy superior al que regía previamente para ese concepto.

El portal PERFIL consultó al Ministerio de Defensa sobre los motivos de este aumento en gastos reservados, que no fue postergado hasta 2026, pero no obtuvo respuestas hasta el cierre de esta nota.

SIDE: otro salto en fondos sin control público

La Secretaría de Inteligencia de Estado también registró una fuerte expansión presupuestaria. Durante 2025, el organismo pasó de contar con $48 mil millones a $106 mil millones, un aumento del 32,3%, luego de que el Congreso rechazara en 2024 un DNU que buscaba otorgarle $100 mil millones en gastos reservados. Del total actual, $26 mil millones se sumaron mediante el último decreto.

Hasta el momento, la SIDE ejecutó $75 mil millones: $41 mil millones en personal y $13 mil millones en gastos reservados. Si bien la ampliación incluyó $19 mil millones adicionales para salarios, los mayores cuestionamientos se concentraron en otros rubros, como textiles y vestuario ($320 millones), productos de cuero y caucho ($350 millones), cubiertas y cámaras de aire ($350 millones) y mantenimiento, reparación y limpieza ($900 millones).

Brutal. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron 19.114 empresas, según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa caída se tradujo en una pérdida de algo más de 264.000 puestos de trabajo registrados.  

Si se mira con lupa, la destrucción es cotidiana. Esas 19.114 empresas cerradas equivalen a  casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora, que dejaron de tener trabajo en el registro formal.  

Mientras, el gobierno de Javier Milei insiste en una retórica pro capitalista y a favor de los empresarios. Pero la realidad muestra otra cosa: miles de empresarios debieron bajar las persianas de sus empresas, en algunos casos emprendimientos de décadas, porque no tienen rentabilidad debido a la caída del consumo doméstico. No fue magia, fue Milei.

En declaraciones realizadas en un canal de streaming, la exministra de Seguridad sostuvo que el organismo representa “un gasto brutal acumulado” y planteó que los fondos destinados a la salud de los jubilados deberían ser transferidos a los sindicatos.

Bullrich comparó al PAMI con “una compañía de seguros donde todos los autos chocan” y argumentó que “cuando tenés a todas las personas grandes en un seguro de salud, eso no es un seguro, es un gasto”. En ese marco, cuestionó el origen del organismo y afirmó que fue creado en 1971 por una decisión improvisada del entonces ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique, y que “nunca nadie lo desarmó”, pese a que hoy atiende a cerca de cinco millones de jubilados, pensionados y familiares.

La senadora aseguró que sería “mucho más barato” destinar los aportes directamente a los sindicatos, que —según explicó— dejan de cubrir a los trabajadores una vez que alcanzan la edad jubilatoria. “El sindicato se saca de encima a los afiliados a los 65 años y no los tiene nunca más”, sostuvo, al defender su idea de reemplazar el PAMI por un esquema administrado por las organizaciones gremiales.

Si bien esta propuesta no fue presentada explícitamente durante la campaña electoral de La Libertad Avanza, espacio político al que hoy responde, el planteo se inscribe en la lógica de reducción del Estado y desmantelamiento de sistemas públicos que promueve ese sector.

Bullrich también cuestionó la calidad de la atención del PAMI y señaló que “no tiene una atención demasiado buena”, aunque reconoció que su tamaño lo vuelve difícil de reformar. No obstante, fue categórica al concluir que “conceptualmente el PAMI es un error”, minimizando el rol que cumple en la cobertura sanitaria de los sectores más vulnerables.

La exministra volvió al centro de la escena política tras asumir su banca en el Congreso. En las últimas horas también se viralizaron sus declaraciones en defensa de la reforma laboral, realizadas junto al CEO de Techint, Paolo Rocca, en un seminario para pymes, donde afirmó que en la Argentina “hay 500 mil trabajadores de plataformas” que prefieren no estar en relación de dependencia y que sean ellos mismos quienes paguen los seguros por eventuales accidentes laborales.