Organizaciones sociales y políticas se movilizarán este viernes 30 de enero a las 18.30 desde las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA hasta el Ministerio de Seguridad Nacional, para exigir la declaración de la emergencia ígnea y ambiental ante el avance de los incendios forestales en la Patagonia.

La movilización comenzará en la intersección de Figueroa Alcorta y Pueyrredón y finalizará en Gelly y Obes 2289, frente al edificio del Ministerio de Seguridad, del cual depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Según datos difundidos por los convocantes, más de 230 mil hectáreas ya fueron afectadas por el fuego en distintas provincias del sur del país, mientras miles de brigadistas continúan trabajando en condiciones extremas para intentar contener los focos activos. En ese contexto, denuncian la falta de una respuesta integral y oportuna por parte del Gobierno nacional frente a una situación que se agrava semana tras semana.

En el ámbito legislativo, el bloque de Unión por la Patria presentó dos proyectos de ley —uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado— para declarar la emergencia ígnea y ambiental en la región patagónica, con el objetivo de agilizar recursos y fortalecer la asistencia a las poblaciones afectadas.

En medio de la convocatoria a la movilización, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció a través de su cuenta de X que se disponía a firmar el decreto que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El anuncio llegó luego de semanas de reclamos de gobernadores, intendentes, vecinos y organizaciones sociales, que este viernes volverán a las calles para exigir no solo la declaración formal de la emergencia, sino también la asignación de fondos específicos para asistir a las familias damnificadas y reforzar la lucha contra los incendios.

Farmacias de todo el país reclamaron al PAMI la regularización urgente de pagos atrasados y alertaron que las demoras ya ponen en riesgo la provisión de medicamentos para jubilados y pensionados.

Las principales entidades farmacéuticas nacionales enviaron una carta conjunta al Programa de Atención Médica Integral, dependiente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en la que advirtieron que la falta de cumplimiento en los plazos de pago compromete la continuidad del convenio de dispensa de tratamientos.

El documento fue firmado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA) y la Asociación de Farmacias Argentinas (ASOFAR).

Según detallaron, existen atrasos en anticipos y saldos correspondientes a noviembre y diciembre, mientras que algunos vencimientos de enero acumulan demoras cercanas a un mes, profundizando la incertidumbre en el sector.

Los referentes farmacéuticos remarcaron que el pago en tiempo y forma es indispensable para sostener la reposición permanente de medicamentos, ya que las farmacias deben comprar semanalmente en droguerías para garantizar que los afiliados accedan a sus tratamientos sin interrupciones.

“Todas las semanas tenemos que reponer medicamentos para que los jubilados del PAMI puedan seguir con sus tratamientos. Cuando los pagos no llegan, se resiente toda la cadena de atención”, sostuvo Alejandra Gómez, presidenta de COFA.

Las entidades señalaron además que la combinación de pagos demorados, costos en alza y alta demanda está afectando la estructura operativa de muchos establecimientos, en un contexto marcado por recortes y ajustes en el sistema sanitario.

En ese marco, recordaron el compromiso sostenido del sector farmacéutico durante años de inflación y desbalances económicos, incluso mediante acuerdos para reducir costos y garantizar el acceso de los adultos mayores a medicamentos esenciales.

Finalmente, reclamaron el pago inmediato de lo adeudado y exigieron previsibilidad hacia adelante por parte del gobierno de Javier Milei, al advertir que la regularización es indispensable para evitar un deterioro en un servicio clave para millones de jubilados.

Bullrich insistió en que el PAMI es un “gasto brutal” y habló de desmantelarlo

La polémica se intensificó luego de declaraciones de Patricia Bullrich, dirigente de La Libertad Avanza, quien cuestionó la existencia del PAMI y lo definió como un esquema “conceptualmente erróneo”.

“Cuando tenés todas personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro: es un gasto brutal”, afirmó, comparando el sistema con “una compañía donde todos los autos chocan al mismo tiempo”.

Durante una entrevista en streaming, Bullrich sostuvo que el Estado debería discutir cómo desmantelar el organismo, al que describió como una estructura demasiado grande y difícil de reformar.

Si bien aclaró que esa posibilidad “no está en estudio” dentro de la administración de Javier Milei, reconoció que es una idea que le gustaría que se analice, en medio del ajuste que atraviesa el sistema previsional y sanitario.

Las declaraciones generaron rechazo y preocupación, mientras farmacéuticos y organizaciones advierten que la falta de pagos y los recortes podrían traducirse en una interrupción directa en la entrega de medicamentos para jubilados.

Luego de la fuerte presión ejercida por los gobernadores de la Patagonia, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea y zona de desastre en cuatro provincias afectadas por los incendios forestales: Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La decisión fue tomada por el oficialismo tras una reunión de la Mesa Política y responde a un pedido especial de los mandatarios provinciales, quienes reclamaban desde hace semanas una herramienta inmediata para acelerar el envío de fondos y recursos ante el avance del fuego.

La medida habilita partidas extraordinarias, coordina acciones con provincias y municipios, y busca frenar los focos activos, asistir a las comunidades afectadas y avanzar en la restauración de las áreas dañadas.

Los gobernadores habían solicitado incluso que el tema fuera tratado en sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, remarcó la urgencia de contar con una respuesta nacional: “Necesitábamos una herramienta concreta y de aplicación inmediata para enfrentar una situación que no reconoce límites jurisdiccionales ni partidarios”.

Luego de más de dos meses de incendios en distintas zonas patagónicas, con un saldo crítico de más de 230.000 hectáreas afectadas, el Gobierno nacional firmó finalmente el decreto, en un contexto marcado también por la creciente preocupación social y la presión de la opinión pública.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión en la noche del jueves: “Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa”.

Con esta declaración, Nación garantiza mayores recursos para las provincias que enfrentan las consecuencias del fuego y refuerza el operativo federal para contener una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años.