El valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró en enero un aumento del 5,6%, el salto mensual más pronunciado desde marzo de 2025.

El dato fue difundido por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. La CBA fija el umbral de indigencia: para un hogar tipo —integrado por una pareja propietaria y dos hijos pequeños— se requirieron al inicio del año al menos $767.413 para no caer por debajo de esa línea.

En paralelo, desde el 1° de enero comenzó a aplicarse un nuevo esquema de subsidios a la electricidad que excluye a parte de los usuarios alcanzados por el régimen anterior. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que funciona como referencia para medir la pobreza, subió 3,7%, también el mayor incremento de los últimos diez meses. Así, esa misma familia necesitó ingresos por $1.396.660 para no ser considerada pobre.

A diferencia de la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel nacional, el organismo porteño aplica un esquema propio de canastas para segmentar con mayor detalle a los sectores “no pobres”. Con este criterio, en enero se clasificó como “no pobre vulnerable” a los hogares con ingresos de entre una CBT y $1.760.925,78.

Aquellos que percibieron entre esa cifra y hasta $2.201.157,23 fueron ubicados dentro de la categoría “clase media frágil”, mientras que se consideró “sector medio” a quienes registraron ingresos de hasta $7.043.703,15. Por encima de ese monto se encuadran los denominados “sectores acomodados”.

La ocupación de la planta de aires acondicionados en Tierra del Fuego por parte de sus 140 trabajadores, que denuncian salarios adeudados desde el año pasado, expone con crudeza la profundización de la crisis industrial y abre un interrogante sobre el futuro inmediato del sector. Desde diciembre no cobran el salario ni saben qué va a pasar con la fábrica.

La firma Aires del Sur fue tomada en las últimas horas por su personal, que asegura no haber cobrado los últimos dos meses y advierte sobre el riesgo concreto de cierre. La razón: la delirante apertura de importaciones que está inundando el mercado de productos chinos. Mientras, cierran las fábricas argentinas.

El conflicto se inscribe en una secuencia de suspensiones y clausuras que ya impacta en distintas regiones del país y que ahora alcanza al régimen de promoción fueguino, jaqueado por la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Aires del Sur produce equipos de aire acondicionado bajo tecnología de la israelí Electra Consumer Products y comercializa en el país las marcas Electra y Fedders.

Además de enfrentar la retracción del consumo y la mayor competencia externa, la compañía se prepara para un escenario aún más adverso: el próximo año vencen las medidas antidumping que protegían al sector, lo que anticipa un fuerte ingreso de equipos importados —principalmente de origen chino—. El antecedente de los microondas resulta ilustrativo: tras el fin de esas barreras, la producción nacional se desplomó alrededor de un 60%.

Este martes se realizó en la Cámara de Diputados una reunión convocada por distintos bloques parlamentarios junto a representantes del sistema universitario para analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que busca modificar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por ambas cámaras a mediados de 2025.

La convocatoria surgió tras la presentación de la iniciativa oficial, que pretende introducir cambios en la norma ya aprobada —cuyo veto presidencial fue revertido por el Congreso— y que actualmente se encuentra en instancia judicial para garantizar su cumplimiento. Durante el encuentro, los participantes rechazaron el nuevo proyecto al considerar que implica un retroceso y una reducción de los recursos destinados al sistema universitario.

La reunión fue impulsada por la diputada Blanca Osuna y contó con la participación del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y de los diputados Lucía Cámpora, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Itai Hagman, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Esteban Paulón (Provincias Unidas), Romina del Pla y Myriam Bregman (Frente de Izquierda), entre otros.

También participaron rectores de universidades nacionales. La rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Sandra Torlucci, leyó el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mientras que expusieron Rubén Soro (rector de la UTN), Germán Pinazo (vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento) y Mónica Biasone (rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata).

“Existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo”, expresó el CIN en su comunicado, en el que exigió la implementación plena de la norma vigente. Por su parte, Soro calificó la situación como “muy grave” y advirtió que el proyecto del Ejecutivo “persigue un solo objetivo que es la destrucción total de la universidad pública”.

Del encuentro también participaron representantes de federaciones de trabajadores docentes y no docentes, así como federaciones estudiantiles. El secretario general de FATUN, Walter Merkis, llamó a sostener la unidad del sector para garantizar el financiamiento y el rol social de la universidad pública. “Tenemos que seguir trabajando fuertemente para llevar adelante lo que está necesitando nuestro país y nuestra sociedad, que es sostener esa vía del ascenso social que nuestros jóvenes pueden ver y transitar a través de su paso por la universidad”, señaló.

En medio de la profunda crisis que atraviesa el mercado interno y que sigue dejando víctimas en el entramado productivo, cerró una histórica fábrica de yogures y flanes y 400 trabajadores quedaron en la calle.

Tras el fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024, la Justicia confirmó en noviembre de 2025 la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La firma, que había sido adquirida por el grupo Grupo Vicentin, estaba a cargo de la elaboración de reconocidos yogures y postres de SanCor, una marca emblemática de la tradición láctea argentina.

A pesar de sus inicios prometedores, la empresa acumuló importantes deudas con proveedores, transportistas y empleados. Desde 2023 arrastraba atrasos salariales y había aplicado suspensiones masivas, en un contexto de caída del consumo y fuerte retracción de la actividad.

ARSA operaba dos plantas clave: una en Arenaza (partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires), donde trabajaban 180 empleados, y otra en Monte Cristo, Córdoba, con alrededor de 200 trabajadores. Ambas eran el núcleo de la producción de postres lácteos refrigerados para SanCor.

Entre los productos más destacados que salían de sus líneas de producción se encontraban los yogures Yogs y Primeros Sabores, orientados al consumo familiar, y una amplia gama de flanes y postres como los tradicionales flanes caseros SanCor, Shimy, Sancorito, Sublime y Vida, que durante décadas formaron parte de la mesa de millones de argentinos.

El cierre de ARSA no solo implica la pérdida de 400 puestos de trabajo, sino que vuelve a evidenciar el impacto de la crisis sobre la industria alimenticia y el mercado interno, con empresas que no logran sostener su actividad frente al derrumbe del consumo, la oleada importadora y el aumento de los costos.

En el distrito más rico del país, los propios datos oficiales muestran que la pobreza sería al menos seis puntos más alta que la informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una brecha difícil de atribuir únicamente a diferencias técnicas.

Impulsada por aumentos en alimentos como carne, frutas y verduras, la canasta de indigencia trepó 5,6% en enero y alcanzó los 767 mil pesos. La canasta de pobreza también subió —3,7%— y en ambos casos los incrementos superaron la inflación mensual de la Ciudad (3,1%). Es decir, mientras los precios de los consumos básicos avanzan por encima del promedio general, las mediciones nacionales no reflejan con la misma intensidad ese deterioro.

Para Eduardo Chávez Molina, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, la diferencia no es menor y responde a la metodología utilizada. Según explicó, la Ciudad realiza un relevamiento directo del gasto de los hogares: el encuestador consulta cuánto se destina efectivamente a alimentos, ropa y otros consumos esenciales. El INDEC, en cambio, estima los gastos no alimentarios mediante un coeficiente, un mecanismo que —según cuestiona— mantiene rezagados rubros sensibles como tarifas, medicina prepaga y educación privada.

La utilización de esta metodología indirecta no es exclusiva del organismo nacional: también la emplean las provincias, lo que dificulta dimensionar con precisión la magnitud real de la pobreza y la indigencia en el país. En ese contexto, la distancia entre lo que muestran las estadísticas y lo que se percibe en la vida cotidiana se amplía.

“En el resto del país no lo vas a ver reflejado en términos estadísticos, lo vas a ver reflejado en la situación social”, advirtió Chávez Molina, quien consideró probable que los niveles reales de pobreza e indigencia sean más altos que los publicados, aunque la metodología vigente impide comprobarlo con exactitud.

Paradójicamente, incluso con criterios distintos, la medición porteña no enfrenta cuestionamientos de legitimidad en la captación de hogares bajo la línea de pobreza. El contraste deja expuesta una tensión de fondo: mientras el costo de vida golpea con más fuerza a los sectores vulnerables, las cifras oficiales nacionales parecen amortiguar ese impacto en los papeles, pero no en la realidad.

La norma, sancionada junto al Presupuesto 2026, comenzó a regir el primer día hábil de enero y, con la reanudación de la actividad judicial en febrero, empezó a mostrar su impacto concreto: expedientes que se caen a un ritmo de entre 15 y 20 por día o incluso más según un relevamiento periodístico.

La entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) desató una fuerte controversia tras el cierre masivo de causas por evasión tributaria en los tribunales penales económicos. La norma, sancionada junto al Presupuesto 2026, comenzó a regir el primer día hábil de enero y, con la reanudación de la actividad judicial en febrero, empezó a mostrar su impacto concreto: expedientes que se caen a un ritmo de entre 15 y 20 por día —o incluso más— según un relevamiento periodístico.

El núcleo de la polémica radica en la actualización extraordinaria de los montos mínimos para configurar delitos tributarios. La evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que implica incrementos superiores al 6500%. En el caso de la evasión a través de terceros, el umbral subió de $2.000.000 a $200.000.000, un alza cercana al 9900%. En términos generales, la ley elevó en torno al 3000% los pisos a partir de los cuales una conducta se considera delito penal.

Como consecuencia, la enorme mayoría de las causas en trámite quedaron fuera del ámbito penal. Según fuentes judiciales, son muy pocos los expedientes que superan los nuevos montos. El cierre se produce por dos vías: pedidos de las defensas para acogerse a la nueva norma o decisiones de los jueces que, aplicando el principio constitucional de la ley penal más benigna, extinguen las acciones de oficio. En muchos casos, los fiscales no apelan o retiran la acusación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dirigida por Andrés Vázquez, respaldó formalmente este criterio. En su primer instructivo de 2026 ordenó la aplicación “universal e irrestricta” del principio de la ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos en causas ya iniciadas.

¿Una ley hecha a medida de la delincuencia?

El debate jurídico y político es intenso. Para los críticos, la ley funciona como una amnistía encubierta que beneficia a evasores y debilita la capacidad del Estado para investigar el origen de los fondos. El tributarista Marcos Sequeira sostuvo que la norma “beneficia a los grandes evasores” y modifica el paradigma histórico del derecho tributario al abandonar la lógica de control sobre la procedencia del patrimonio. Según su interpretación, el Estado prioriza que los fondos ingresen al mercado —ya sea para consumo o adquisición de bienes— por encima de la verificación de su origen.

En la misma línea, el excanciller Jorge Taiana cuestionó duramente la iniciativa y afirmó que la “hipócritamente llamada ley de inocencia fiscal” podría convertir al país en un paraíso para el lavado de dinero, en contradicción con compromisos internacionales asumidos por la Argentina, entre ellos los vinculados al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los defensores de la norma, en cambio, argumentan que el objetivo es concentrar los recursos del sistema penal en los grandes evasores y descomprimir los tribunales, trasladando los casos menores al ámbito administrativo, donde continuarían bajo sanciones y multas.

Mientras tanto, el efecto inmediato es tangible: centenares de expedientes cerrados y un cambio profundo en el alcance del derecho penal tributario, cuya dimensión institucional y económica sigue generando fuertes interrogantes.