Un informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) ubicó al país en la categoría más crítica de su ranking global tras registrar un fuerte deterioro de las garantías sindicales.

Durante el gobierno de Javier Milei, la Argentina cayó a la categoría más crítica en materia de derechos laborales y quedó entre los diez peores países del mundo en el ranking elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI).

El dato surge del Índice Global de Derechos que elabora anualmente la organización sindical internacional, cuya última edición registró un retroceso sostenido del país durante los últimos dos años. Como resultado, la Argentina descendió a la categoría 5, la más baja de la clasificación, luego de haber permanecido previamente en la categoría 3.

Según el informe, se trata de uno de los deterioros más pronunciados detectados por el organismo a nivel mundial. Entre los principales aspectos observados figuran las restricciones al derecho a la protesta, las interferencias en la vida interna de las organizaciones sindicales y la existencia de despidos antisindicales.

El documento también advierte sobre un retroceso general de las garantías laborales, especialmente en lo referido al ejercicio de la representación gremial y la negociación colectiva, dos pilares fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores.

A nivel global, la CSI encuadra estos resultados en una tendencia más amplia de debilitamiento de los derechos laborales y democráticos, impulsada por gobiernos con prácticas autoritarias y por sectores con una elevada concentración de poder económico.

La ofensiva sindical ante la OIT

Frente a este panorama, la CGT y las dos CTA resolvieron llevar el reclamo al plano internacional y presentarán una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.

Desde el movimiento obrero interpretaron el informe como una señal de alerta sobre el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, al considerar que afectan tanto los derechos de los trabajadores como la calidad institucional.

La presentación ante la OIT contará con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y de la propia CSI, con el objetivo de visibilizar la situación argentina en el principal ámbito internacional dedicado a la protección y promoción de los derechos laborales.

Datos obtenidos por el portal Ámbito mediante un pedido de acceso a la información pública muestran que el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, durante la gestión de Javier Milei.

Lo que comenzó como una polémica por un puñado de créditos millonarios otorgados a funcionarios del Gobierno nacional terminó revelando una dimensión mucho mayor. Datos obtenidos por Ámbito mediante un pedido de acceso a la información pública muestran que el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, durante la gestión de Javier Milei.

La cifra expone por primera vez la magnitud de una operatoria que hoy se encuentra bajo cuestionamiento político y judicial. De los 25.391 créditos hipotecarios concedidos por la entidad en ese período, uno de cada 23 fue destinado a personas alcanzadas por los controles especiales que exige la Unidad de Información Financiera (UIF) para funcionarios, exfuncionarios y familiares directos de quienes ocupan posiciones de poder.

El dato adquiere especial relevancia porque contradice la versión oficial que intentó minimizar la controversia. Tras conocerse los primeros casos, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que menos del 0,2% de los créditos habían sido otorgados a personas vinculadas al Gobierno. Sin embargo, la información suministrada por el propio Banco Nación muestra un universo significativamente más amplio: al menos 1.120 beneficiarios pertenecientes a una categoría que el sistema financiero identifica y monitorea específicamente por su cercanía al poder político.

La polémica se profundiza porque el crecimiento de estos préstamos coincidió con modificaciones introducidas por la propia administración libertaria. En septiembre de 2024, el Banco Nación reformó la reglamentación de la línea hipotecaria “+ Hogares” para incorporar expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”, una modificación inexistente en la normativa anterior.

El discurso anti casta sin credibilidad

Los cuestionamientos apuntan a una aparente contradicción entre el discurso oficial de combate a los privilegios de la dirigencia política y la ampliación de condiciones que facilitaron el acceso de funcionarios a créditos hipotecarios otorgados por la principal entidad financiera pública del país.

La controversia estalló cuando trascendieron casos de altos funcionarios que accedieron a préstamos por cientos de millones de pesos. Entre ellos figuran el director del Banco Central, Pedro Juan Inchauspe, con un crédito de $510 millones; el asesor económico Felipe Núñez, con $373 millones; el secretario de Finanzas Federico Furiase, con $367 millones; y Leandro Massaccesi, quien obtuvo $420 millones antes de ser desplazado de su cargo.

La información surgió luego de la difusión de datos a través del sitio “¿Cuánto Deben?”, desarrollado por el especialista en visualización de datos Andrés Snitcofsky, que permitió identificar créditos otorgados a integrantes de la administración nacional. Sin embargo, los nuevos datos obtenidos por Ámbito revelan que aquellos casos representaban apenas una parte de un fenómeno mucho más extendido.

Además, los números podrían incluso ser conservadores. La categoría de Personas Expuestas Políticamente no incluye a todos los cargos relevantes de la estructura estatal. Subsecretarios nacionales, determinados directivos de empresas públicas y otros funcionarios de alto rango quedan fuera de esa clasificación, por lo que la cantidad total de beneficiarios vinculados al aparato estatal podría ser superior a la informada.

La causa ya motivó una denuncia penal presentada por la diputada nacional Mónica Frade y actualmente tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. La investigación deberá determinar si existieron o no irregularidades en el otorgamiento de los préstamos.

Mientras tanto, los datos oficiales ya permiten establecer un hecho político contundente: detrás de los casos individuales que generaron repercusión pública existe un universo de al menos 1.120 créditos hipotecarios otorgados a personas alcanzadas por los mecanismos de control reservados para quienes ocupan o han ocupado posiciones de poder. Una cifra que amplía significativamente el alcance de un escándalo que continúa creciendo y que amenaza con convertirse en uno de los capítulos más incómodos para la administración de Javier Milei.

Ahora surgieron otras dos jubiladas que habrían actuado como prestamistas en una operatoria vinculada al patrimonio familiar, repitiendo un esquema que ya había despertado fuertes sospechas.

El caso patrimonial que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni parece no tener techo. Cuando las explicaciones ensayadas por el entorno del funcionario todavía no lograron disipar las dudas sobre el origen y la evolución de sus bienes, una nueva revelación vuelve a sacudir el expediente: ahora surgieron otras dos jubiladas que habrían actuado como prestamistas en una operatoria vinculada al patrimonio familiar, repitiendo un esquema que ya había despertado fuertes sospechas.

La documentación conocida en las últimas horas remite a una operación realizada por Jorge Adorni, padre del funcionario, quien habría constituido una hipoteca sobre el departamento familiar para garantizar un préstamo de 22.500 dólares otorgado por dos mujeres jubiladas. El dato no solo resulta llamativo por el monto involucrado para la época, sino también porque las acreedoras no registraban antecedentes en actividades financieras formales, una característica que se repite en otras operaciones investigadas y que profundiza los interrogantes sobre el origen de los fondos.

Según los registros analizados, el dinero habría sido entregado en efectivo en 1996 mediante un contrato privado posteriormente respaldado por una garantía hipotecaria. La operación derivó años más tarde en reclamos judiciales debido a incumplimientos en la devolución del préstamo, dejando una serie de documentos, pagarés y compromisos impagos que hoy vuelven a quedar bajo la lupa.

La historia suma además otro capítulo difícil de explicar. Tras el fallecimiento de Jorge Adorni, Manuel Adorni, su hermano Francisco y su madre solicitaron el levantamiento de la hipoteca para disponer libremente del inmueble. Aunque no existen constancias públicas que acrediten la cancelación de la deuda con las jubiladas, la Justicia levantó la medida en 2023. Dos años después, el departamento fue finalmente inscripto y puesto a la venta por 95.000 dólares. El inmueble, además, no figura en las declaraciones juradas conocidas del actual funcionario.

La aparición de estas nuevas prestamistas se produce cuando todavía persisten las dudas sobre la situación patrimonial del vocero presidencial. A casi un mes de que el presidente Javier Milei prometiera que la declaración jurada actualizada de Adorni era “inminente”, el documento sigue sin presentarse. Mientras tanto, crecen las especulaciones sobre una eventual justificación basada en inversiones en criptomonedas, una explicación que, de concretarse, obligaría al funcionario a aclarar por qué esos activos no habrían sido consignados oportunamente al ingresar al Gobierno.

La investigación que tramita en el juzgado de Ariel Lijo se concentra actualmente en una serie de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2024 y 2025. Antes de desembarcar en la administración libertaria, Adorni poseía un departamento en Parque Chacabuco. Sin embargo, posteriormente comenzaron a detectarse nuevas adquisiciones, entre ellas una vivienda de mayor valor en Caballito y una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, movimientos que marcaron un crecimiento patrimonial significativo.

Uno de los puntos centrales del expediente es la compra de un departamento en Caballito por 230.000 dólares. De acuerdo con la investigación, cerca del 90% de la operación habría sido financiado mediante préstamos otorgados por otras dos mujeres jubiladas que, además, participaron como vendedoras del inmueble. La estructura de la operación, sumada a las diferencias detectadas entre el valor declarado y las estimaciones de mercado, alimentó nuevas sospechas sobre la trazabilidad de los fondos utilizados.

Las dudas también alcanzan a una propiedad ubicada en un country de Exaltación de la Cruz, vinculada a Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario. Según la hipótesis judicial, la adquisición habría contado con aportes externos cercanos a los 100.000 dólares realizados el mismo día de la compra, una circunstancia que los investigadores analizan como parte de un posible esquema de financiamiento cruzado o simulado.

Cada nuevo documento que aparece parece abrir más preguntas que respuestas. Lo que comenzó como una discusión sobre declaraciones juradas y operaciones inmobiliarias se transformó en una compleja trama de préstamos, jubiladas prestamistas, hipotecas, bienes no declarados y mecanismos de financiamiento difíciles de justificar. Lejos de cerrarse, el caso Adorni continúa acumulando elementos que incrementan la presión política y judicial sobre uno de los funcionarios más visibles del gobierno de Javier Milei.

A los recientes cruces por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ahora se suma una nueva diferencia de peso: la senadora adelantó que no acompañará el pedido del Gobierno para retirar el pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza del Tribunal Criminal Federal N°3 de La Plata.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, Bullrich confirmó que ya le comunicó personalmente su decisión al Presidente. “Voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, sostuvo la legisladora, quien además reivindicó su derecho a expresar posiciones propias dentro del oficialismo.

La decisión representa un nuevo gesto de desaire político frente a la Casa Rosada y, especialmente, frente al círculo más cercano al mandatario. El Gobierno impulsa la impugnación de Michelli por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien participó de investigaciones periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción que salpican a funcionarios libertarios.

Bullrich justificó su postura apelando a principios institucionales y aclaró que la diferencia no implica una ruptura con el proyecto político de Milei. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente”, afirmó. Sin embargo, remarcó que el respeto por las convicciones individuales y el debate interno también forman parte del cambio que propone el oficialismo.

El episodio se suma a las diferencias que la senadora ya había exhibido semanas atrás durante la controversia que rodeó a Adorni. En aquella oportunidad, Bullrich fue una de las primeras dirigentes oficialistas en reclamar públicamente medidas para despejar las sospechas surgidas tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.

Su postura generó malestar en el entorno presidencial, particularmente en Karina Milei, una de las principales defensoras de Adorni dentro del Gobierno. La senadora incluso buscó acelerar la publicación de información patrimonial por parte del funcionario y del propio Presidente, al difundir su propia declaración jurada como forma de presión política.

Con este nuevo desacuerdo por el caso Michelli, Bullrich vuelve a marcar diferencias con la estrategia de la Casa Rosada y alimenta las versiones sobre una creciente distancia con Milei y el núcleo duro del poder libertario.

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente y mientras aumentan las preocupaciones internacionales por una posible ampliación del conflicto regional, el presidente Javier Milei volvió a ratificar su apoyo irrestricto a Israel y llamó a respaldarlo al considerar que representa “el bastión de Occidente”.

Durante la inauguración del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), realizado en Buenos Aires, el mandatario formuló una serie de declaraciones que profundizan su alineamiento político e ideológico con el gobierno israelí y que fueron interpretadas por críticos como una peligrosa identificación de los intereses argentinos con los de una potencia involucrada en un conflicto bélico cada vez más complejo.

“Israel es el bastión de Occidente. Si cayera, luego viene Occidente. Debemos defender la posición de Israel”, afirmó Milei, quien sostuvo además que el respaldo al Estado israelí constituye tanto una obligación moral como una necesidad estratégica.

El Presidente fue más allá y presentó una visión conspirativa del escenario internacional al advertir sobre una presunta “alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”, una afirmación de fuerte contenido ideológico que no estuvo acompañada por evidencias concretas y que se inscribe en la narrativa de polarización global que caracteriza sus intervenciones públicas.

Según Milei, el antisemitismo actual no habría disminuido sino que simplemente se habría reorganizado bajo nuevas formas de expresión. En ese marco, vinculó las críticas a Israel con una supuesta hostilidad general hacia Occidente y sostuvo que detrás de esos cuestionamientos operan fuerzas políticas e ideológicas que buscarían socavar los valores de la civilización occidental.

Las declaraciones llegan en un momento particularmente sensible de la situación internacional y refuerzan una política exterior que ha convertido al respaldo a Israel en uno de los ejes centrales del gobierno libertario. Diversos sectores cuestionan que esta postura implique abandonar la tradicional prudencia diplomática argentina para asumir posiciones cada vez más involucradas en disputas geopolíticas ajenas al interés nacional.

Durante su discurso, Milei también reivindicó las medidas adoptadas por su administración contra organizaciones y funcionarios vinculados al régimen iraní, entre ellas la declaración de Hamas, la Guardia Revolucionaria iraní y las Fuerzas Quds como organizaciones terroristas, así como la expulsión de representantes diplomáticos iraníes.

Asimismo, celebró los acuerdos de Isaac, impulsados para fortalecer la cooperación entre Israel y países considerados aliados estratégicos en América Latina, consolidando una orientación internacional que privilegia la alineación con Washington y Tel Aviv por sobre las tradicionales posiciones de equilibrio mantenidas por la diplomacia argentina.