El gobierno de Javier Milei mandó a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, a negar lo evidente: el brutal ajuste en las partidas para personas con Discapacidad. En el Congreso y ante la requisitoria de los legisladores opositores solo atinó a decir, una y otra vez: “No crean lo que dicen los medios”.

Quien mandó a Guberman fue Luis Caputo que empieza a temer por su propio lugar en el ministerio de Economía, ahora que crecen los rumores sobre la posible llegada de Alberto Ades, un economista del gusto de Milei que vive en Manhattan, Estados Unidos.

Muy nervioso, Guberman aseguró que “nunca hubo un ajuste” en las partidas previstas para Discapacidad y que el revuelo se produjo a causa de las noticias en la prensa. “No se dejen llevar por lo que dicen los medios”, aconsejó. El gobierno teme por la llegada del Papa León XIV que visitará justamente un cotolengo, que sufre los recortes en carne propia de Milei. Al presidente lo tienen sin cuidado las personas con discapacidad pero no quiere saber nada con un reto público del Papa.

El presidente de la Cámara de Diputados obtuvo un crédito de la banca pública por $197,4 millones para Gentech, la empresa de suplementos dietéticos de la que es titular. La firma saldó esa deuda en marzo, pero volvió a recibir otro préstamo por $18 millones. El caso suma un nuevo capítulo a la polémica por los créditos del Banco Nación a funcionarios y allegados al poder, en medio de la recesión y las dificultades que enfrentan miles de pequeñas y medianas empresas.

El escándalo por los préstamos millonarios del Banco Nación a dirigentes y personas vinculadas al oficialismo suma un nuevo nombre de peso: Martín Menem. El titular de la Cámara de Diputados accedió, a través de Gentech, su compañía de barritas de cereal y suplementos nutricionales, a un crédito de $197.430.000 en octubre de 2024, durante los primeros meses del ajuste impulsado por Javier Milei.

La revelación vuelve a poner bajo la lupa los criterios con los que la entidad estatal distribuye el financiamiento, mientras la política económica del Gobierno golpea los ingresos de los trabajadores, desploma el consumo y deja a numerosas pequeñas y medianas empresas al borde del cierre. En ese contexto, el acceso de una compañía vinculada a la máxima autoridad de la Cámara baja a recursos de la banca pública plantea interrogantes que exigen explicaciones.

Pero el caso no se limita a aquel desembolso. Según la información publicada por el portal de noticias Diagonales, Gentech recibió hace aproximadamente 40 días otro préstamo del Banco Nación, esta vez por $18 millones, después de haber cancelado en marzo de este año el crédito anterior, cuyo costo total había ascendido a $225.673.000.

Créditos millonarios y ajuste para las mayorías

El contraste resulta difícil de ignorar: mientras el Gobierno sostiene que no hay recursos para atender las necesidades sociales y mantiene una política de ajuste fiscal, una empresa presidida por uno de los principales referentes del oficialismo obtuvo financiamiento de una institución estatal por casi $200 millones.

El crédito original, que actualizado equivale aproximadamente a $350 millones o US$230.000 según la publicación, permitió a Gentech atravesar las dificultades financieras de los primeros meses de la gestión libertaria. La cuestión central es bajo qué condiciones se otorgó ese financiamiento, qué garantías se exigieron y si la operación respondió a criterios equivalentes a los aplicados al resto de las empresas que recurren al banco.

Gentech funciona desde 1997 y Martín Menem asumió su conducción en 2017. En su última declaración jurada, el diputado informó participaciones accionarias del 37%, 21%, 18% y 4% en la compañía, según los datos consignados en el informe. Además, mantiene una deuda de aproximadamente $68 millones con su propia empresa.

La dimensión institucional del caso exige especial atención: no se trata de un empresario ajeno al Estado que solicita financiamiento, sino de un funcionario de primera línea cuya compañía recibió préstamos de un banco público durante el ejercicio de su cargo. Esa circunstancia vuelve indispensable transparentar las condiciones de las operaciones y determinar si existieron posibles conflictos de intereses.

De los créditos estatales al negocio con la Selección

La trama también incluye a Tech Security SRL, empresa fundada por Menem y cedida a sus hermanos al comienzo de la gestión libertaria. En julio de 2025, la firma obtuvo un contrato con el Banco Nación por más de $3.900 millones para prestar servicios de seguridad privada durante 24 meses, con posibilidad de prórroga por otros 24.

De esta manera, dos compañías vinculadas al titular de Diputados quedaron relacionadas con operaciones millonarias en la órbita de la banca estatal: una recibió un crédito para financiar su actividad y la otra obtuvo un contrato para prestar servicios de seguridad a la misma institución.

A su vez, Gentech logró posicionarse como sponsor oficial de los suplementos dietéticos de la Selección Argentina. Durante la despedida internacional de Lionel Messi, las barritas energéticas de la marca estuvieron presentes en el entorno del equipo nacional.

La combinación de financiamiento bancario, contratación pública y expansión comercial no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades, pero sí refuerza la necesidad de conocer en detalle cómo se tomaron las decisiones y qué controles se aplicaron.

Mientras miles de comerciantes, industriales y emprendedores enfrentan tasas elevadas, caída de ventas y dificultades para sostener sus negocios, el caso Menem vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿qué condiciones ofrece la banca pública y a quiénes llegan sus recursos?

En un Gobierno que hizo de la lucha contra los privilegios y la llamada casta política una de sus principales banderas, la transparencia no puede ser una exigencia reservada a los adversarios. Los préstamos, los contratos y los eventuales conflictos de intereses de los funcionarios deben esclarecerse con información verificable y controles públicos, sin excepciones.

La Auditoría General de la Nación encendió una señal de alarma sobre las operaciones financieras del BCRA con las reservas de oro durante 2025. Su titular, Juan Manuel Olmos, advirtió que nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud ni se habían utilizado reservas físicas de oro para operaciones de riesgo. La gestión de Luis Caputo y Santiago Bausili queda bajo fuertes cuestionamientos por el manejo de uno de los activos estratégicos del país.

El manejo de las reservas de oro del Banco Central quedó envuelto en una nueva polémica después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) identificara pérdidas por USD 1.023 millones durante 2025, equivalentes a unos $1,5 billones. Se trata de un resultado que expone la magnitud de las apuestas financieras realizadas con activos de la entidad y abre interrogantes sobre las decisiones adoptadas bajo la conducción económica de Javier Milei.

El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, fue contundente al describir la operatoria: el BCRA realizó operaciones financieras apostando a una determinada trayectoria del precio internacional del oro, calculó mal su evolución y terminó registrando una pérdida millonaria. Según advirtió, desde que el organismo fiscaliza los estados contables de la entidad, «nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud».

La gravedad del caso excede cualquier discusión contable. El organismo identificó operaciones con derivados liquidables en dólares que utilizaron parte de las reservas de oro como activo subyacente. Aunque fueron registradas con fines de cobertura, sus resultados negativos y la exposición al riesgo quedaron bajo observación. La pregunta es inevitable: ¿por qué se comprometieron activos estratégicos del Banco Central en operaciones que terminaron arrojando semejante quebranto?

Una pérdida millonaria para el país

El informe corresponde a la auditoría de los estados contables del BCRA cerrados al 31 de diciembre de 2025. Si bien la AGN consideró que los balances reflejan razonablemente la situación patrimonial de la entidad desde el punto de vista técnico, formuló una observación específica sobre las operaciones vinculadas al oro.

Olmos también señaló el carácter excepcional de la operatoria: nunca antes, según su advertencia, se habían utilizado las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo con pérdidas de semejante magnitud. La cifra de USD 1.023 millones coloca bajo escrutinio las decisiones financieras del Banco Central y la responsabilidad política de las autoridades económicas.

En un país donde el Gobierno justifica el ajuste sobre jubilados, trabajadores, universidades y servicios públicos con el argumento de que no hay recursos disponibles, las pérdidas millonarias registradas en operaciones financieras plantean un fuerte contraste y exigen explicaciones públicas.

Las 37 toneladas de oro que siguen desaparecidas

El escándalo se suma a los cuestionamientos por el traslado al exterior de aproximadamente 37 toneladas de oro de las reservas argentinas. Hace un mes, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, defendió ante el Congreso la decisión de enviar el metal al extranjero y sostuvo que su destino y sus movimientos habían sido auditados y aprobados por la AGN.

Sin embargo, Olmos aclaró que la evaluación específica sobre la trazabilidad del oro depositado en el exterior todavía no había concluido y que la documentación entregada por el Banco Central continuaba bajo análisis. Por lo tanto, no corresponde presentar esa auditoría como una aprobación definitiva del destino y los movimientos de las reservas.

La senadora Juliana Di Tullio reclamó información sobre el paradero del oro y cuestionó la falta de precisiones oficiales. Bausili sostuvo que las reservas se encuentran en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza, mientras que Di Tullio afirmó que el metal estaría en Londres. La ubicación efectiva de las tenencias y la documentación que permita reconstruir sus movimientos siguen siendo cuestiones centrales del debate.

Ante las contradicciones y la falta de una confirmación definitiva por parte de la AGN sobre la trazabilidad, la oposición presentó un proyecto para interpelar a Bausili en el Senado y exigir respuestas sobre el destino de las reservas.

El Gobierno, obligado a dar explicaciones

La pérdida de USD 1.023 millones y las dudas sobre el traslado del oro colocan al Banco Central frente a una exigencia ineludible de transparencia. No alcanza con defender las operaciones como decisiones técnicas ni con invocar objetivos de cobertura: es necesario explicar qué riesgos se asumieron, cómo se ejecutaron las transacciones y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.

La advertencia de la AGN instala un interrogante de enorme relevancia institucional: cómo se administraron las reservas estratégicas de la Argentina y quién debe rendir cuentas por las pérdidas registradas. Mientras el Gobierno exige sacrificios a la sociedad en nombre del equilibrio fiscal, el manejo del oro argentino reclama información verificable, controles efectivos y responsabilidades claramente establecidas.