La denuncia exige “la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos”.

El Gobierno nacional denunció a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”, según se informó oficialmente.

“Por instrucción del Presidente de la Nación argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento”, se indicó en un comunicado oficial que dio a conocer Télam.

Entre otras pruebas, se pide que la Justicia ordene “la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos”.

Dádivas

Hace algunos meses, una investigación periodística de El Destape reveló la constancia de vuelo que mostraba la nómina de los hoy denunciados y, el fin de semana último, el diario Tiempo Argentino develó el contenido de un grupo de chat en el que los acusados intercambiaban estrategias para contener la denuncia y dar una versión construida de las características de ese viaje.

Según se precisó, en el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas al juez federal Julián Ercolini; al integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola y al titular del juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso, Pablo Cayssials.

A ellos se suma el actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro.

Por otra parte, se acusó por el ofrecimiento de dádivas al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; al administrador del inmueble en el que se habría desarrollado el encuentro, Nicolás Van Ditmar; al exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, Leonardo Bergroth; y a Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

En la denuncia se busca que se investiguen hechos que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

“Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas”, señala el comunicado difundido por la Presidencia de la Nación.

Ya en territorio patagónico y “según la información que tomó estado público”, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.

El escrito plantea que, “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Graves delitos

Al mismo tiempo, la denuncia evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

“Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”, se afirma en el cuerpo de la denuncia.

Asimismo, el escrito presentado por el ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “Gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación”.

El lunes último, por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido al Ministerio de Justicia para que “se investigue penalmente” el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) tras compartir un viaje a Lago Escondido.

Al mismo tiempo, solicitó al Congreso que “avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”.

También informó que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura pedirá el inicio de un sumario contra los magistrados implicados ante la Comisión de Disciplina del cuerpo.

La Liga de Gobernadores repudió el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner del TOF 2.

La Liga de Gobernadores consideró como “un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia” la condena a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa Vialidad.

Así lo transmitió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en un hilo de Twitter en el que señaló: “Desde la Liga de Gobernadores manifestamos que ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”.

En ese marco, el texto sostiene que “se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la Republica mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales“.

“Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente le adjudicaron actos y funciones de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución, como los actos de administración general y manejo de fondos públicos”, se indicó.

Luego, se expuso que “durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas”.

En ese marco, se advirtió que “los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió CFK y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones”.

En el texto posteado por el gobernador bonaerense se subrayó que “todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública”.

“Los hechos investigados objeto de la condena ya habían sido sobreseídos y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular”, continuó el pronunciamiento.

Así, evaluó que “esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder”.

“La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos”, remarcó.

“El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra Vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir”, cerró.

Durante los noventa, el empresario inglés de 85 años compró la estancia que hoy es el centro de atención de la polémica.

Esta semana estalló el escándalo que sacó a la luz un encuentro entre magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia, en la estancia de Lago Escondido, provincia de Río Negro, del magnate inglés Joe Lewis, amigo de Mauricio Macri.

Este magnate británico se lo conoce como la cara visible de un poderoso grupo económico dueño del club Tottenham de la Premier League inglesa, y su fortuna rondaría los $5,3 mil millones.

Además es propietario de parte de Pampa Holding, la empresa energética vinculada al empresario Marcelo Mindlin que opera en Argentina y que tiene entre sus activos a Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país.

Las miradas se dirigieron a Lewis de manera directa entre 2016 y 2019, ya que el margen de ganancias de Edenor aumentó exponencialmente con la política de tarifas del gobierno del entonces presidente Macri.

Durante los noventa, el empresario inglés de 85 años compró la estancia que hoy es el centro de atención de la polémica. Ubicada en Río Negro, el Lewis fue denunciado por adquirir esas hectáreas -alrededor de 12.000- en un valor muy por debajo de los del mercado.

Además se lo investiga por triangulaciones en la operación de adquisición de las tierras, dado que habría eliminado su nombre extranjero para no figure como propietario de esa cantidad de tierras en una zona de frontera.

Los investigados en esta causa por “aceptación de dádivas” son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

La mansión en Lago Escondido y las denuncias de la comunidad

Nadie le conoce la cara más que por imágenes o fotos que circulan por internet. Nadie dentro de los poblados cercanos o de las ciudades lo ha visto, por lo que su presencia es un misterio, como parte del férreo hermetismo que maneja para moverse sin ser detectado.

A la mansión en Lago Escondido sólo pudieron acceder políticos y empresarios, es decir, son los únicos que tuvieron la oportunidad de ingresar a la zona. No así los turistas o visitantes ocasionales, a quienes se les restringe el paso.

Esto ha sido el causante de muchas denuncias, especialmente por el derecho de acceso al lago. La titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) Magdalena Odarda obtuvo fallos favorables por reclamar el libre tránsito en 2009, 2012 y 2013.

Mientras tanto, Lewis nunca los cumplió y hoy, con la retención de unas 20 personas (entre ellas el médico Jorge Rachid) el tema por el incumplimiento de la decisión de la Justicia recobra fuerza.

De hecho, la causa en la que se lo investigaba por la triangulación en la compra de las tierras en 2016 (cuya querellante es Odarda) a pesar de haber prescripto, dejó un fallo vigente que ordena que los rionegrinos pueden acceder al Lago Escondido por las dos vías que ofrece la ruta 40.

A la propiedad del lago se suma un aeropuerto privado (también ubicado en Río Negro)que cuenta con una pista de casi dos mil metros de largo. Se localiza cerca de la costa atlántica de esa provincia, a 30 kilómetros de Sierra Grande. Desde allí se puede llegar a las Islas Malvinas en dos horas de viaje.

La fiscal de la causa avanza en la investigación de aceptación de dádivas del grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia, que se encontraron en Lago Escondido.

La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare pidió a la Justicia que se investigue por el delito de aceptación de dádivas al grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia por el delito de “aceptación de dádivas”, a raíz de un viaje que realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, provincia de Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis (amigo de Mauricio Macri) posee una estancia.

Los investigados en esta causa son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

Los involucrados mantuvieron conversaciones en un grupo de chat, en el cual se coordinaban estrategias para dar versiones falsas sobre los motivos de ese viaje, según se desprende del contenido de los mensajes que intercambiaron y que trascendió en los últimos días en varias informaciones periodísticas.

Etchepare consigna en su pedido de investigación por dádivas que inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de octubre pasado viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.

El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia.

“Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”, remarca la funcionaria judicial.

En la presentación, la fiscal afirma además que el avión pertenece a una empresa que posee un nombre de “fantasía”, conocido como “Flyzar”, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.

“A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad “contado” y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, remarca la fiscal.

Los pedidos de prueba de la fiscal

Etchepare indica que “en cuanto a los pasajeros arribados” a Bariloche ese día “no figura en ninguno de los vuelos el ex presidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A, Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo“.

Además, la integrante del Ministerio Púbico Fiscal detalla haber requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) “la remisión de las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado”.

“Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia ‘Lago Escondido’, puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de “Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia”, añade.

Y completa: “En las imágenes, aquél está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados”.

Etchepare comprobó además que los pasajeros fueron abordados directamente en la pista de aterrizaje por dos camionetas del alta gama que los llevó a la estancia, y en función de ellos pide explicaciones a las autoridades aeroportuarias por la supuestamente falta de controles.

Por eso para la fiscal, “si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios”.

Los participantes de ese encuentro “se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”, dice luego el texto.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas ‘al contado’ e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, afirma Etchepare.

En ese sentido, considera que los hechos podrían encuadrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública en infracción a los artículos 248, 256, 256 bis, 257, 258 y 291 del Código Penal, y solicita que el denunciante sea aceptado como querellante.

Además, solicita que disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados junto con el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.” a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente”.

En las conversaciones del grupo de chats que integraban los involucrados, Ercolini y Juan Bautista Mahiques afirmaban que Etchepare había aceptado las sugerencias de cerrar la causa sin mayor trámite, una vez que se presentó la denuncia.

“Este nuevo escándalo institucional muestra claramente que con prácticas de mafiosos están hiriendo de muerte a la democracia argentina”, expresaron en un comunicado.

Bajo el lema, “Con la mafia no hay democracia”, los bloques de diputados y de senadores del Frente de Todos repudiaron el supuesto contenido de los chats de los jueces, fiscales, empresarios de medios, ex agentes de inteligencia y funcionarios públicos que salieron a la luz en los últimos días y reclamaron una investigación que aclare todo los sucesos.

Según el comunicado de presa divulgado por las bancadas oficialistas, “este nuevo escándalo institucional muestra claramente que con prácticas de mafiosos están hiriendo de muerte a la democracia argentina”.

“Repudiamos y exigimos una inmediata investigación y condena por los hechos de público conocimiento que involucran a jueces, fiscales, empresarios del Grupo Clarín, publicistas, un ex agente de inteligencia y el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmaron los diputados y senadores del interbloque.

Asimismo, los legisladores del FdT sostuvieron que “jueces y fiscales que participaron activamente de la persecución político-judicial de Cristina Fernández de Kirchner y que están vinculados a la jueza que no investiga el atentado en su contra, aparecen cometiendo una serie de delitos graves inadmisibles”.

También remarcaron que esos funcionarios judiciales “reciben costosos favores y dádivas de empresarios a los cuales les resuelven sus causas, encubren delitos, inducen al falso testimonio, presionan a la fiscal de Bariloche que investiga el hecho, falsifican documentos, pagos y facturas, y amenazan con continuar armando causas a quien hable de ellos, y hasta la aplicación de torturas y encarcelamientos ilegales”.

La revelación del fin de semana pasado puso luz sobre el encuentro de jueces federales, directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño y el jefe de los fiscales de la Ciudad, a quien se sumó un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Coordinaron así, a través de la aplicación Telegram, difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche. Esto abrió un escándalo sobre la presunta entrega de dádivas a magistrados y funcionarios.

El retiro de este grupo se llevó a cabo en Lago Escondido, la propiedad del multimillonario Joe Lewis, amigo de Macri, y quien tiene sus tierras cercadas al acceso público pese a que la Justicia lo obligó a brindar un paso libre hacia el espejo de agua. Allí, el británico tiene una mansión de 3.200 metros cuadrados, con amenities dignas de un jeque árabe.

De ese cónclave, que se habría tratado de disimular luego de la filtración como una “excursión de pesca”, no hay certezas de lo que se habló. También se certificó la veracidad de los chats que se filtraron en las últimas horas, en los que los involucrados habrían planificado cómo esconder los hechos.

De confirmarse no solo la reunión, sino también la veracidad de los chats –que se habría producido en un grupo del servicio encriptado de mensajería Telegram- sería un nuevo capítulo del lawfare, que tendrá también otro episodio este martes, cuando se conozca el veredicto en el juicio por la causa Vialidad, en la que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según los diputados y senadores del FdT, “en ese viaje y en ese nefasto grupo de chats, estaban ni más ni menos que el juez y el padre y hermano del fiscal que “investigaron” la Causa Vialidad, donde está acusada la vicepresidenta. “El mal desempeño de sus funciones, la comisión de delitos, y las graves y escandalosas inconductas éticas están confesas. Exigimos la inmediata regularización institucional del Consejo de la Magistratura paralizado por el accionar nada inocente de la Corte Suprema de Justicia, la renuncia de los funcionarios públicos involucrados y una seria y profunda investigación”, enfatizaron.

“Siempre supimos que se manejaban al margen de la ley, las instituciones y las reglas de nuestra República. Pero verlo y escucharlo de su propia voz, excede todo lo imaginado. No vamos a permitir que la mafia se apodere de la democracia”, concluyeron desde los bloques del Frente de Todos.

El mandatario argentino cuestionó la decisión del Gobierno de Uruguay de solicitar la incorporación de su país al Acuerdo Transpacífico.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que “la solución no es que cada uno haga la propia” dentro del Mercosur y expresó su preocupación sobre las “acciones unilaterales” dentro del bloque regional, en referencia a la decisión del Gobierno de Uruguay de solicitar la incorporación de su país al Acuerdo Transpacífico.

“La solución no es que cada uno haga la propia; no creo que sea el mecanismo”, dijo el Presidente argentino al exponer en el marco de la cumbre del Mercosur que se desarrollaba este martes por la mañana en la ciudad de Montevideo, y afirmó que “las acciones unilaterales nos preocupan”, en referencia a la postura del gobierno uruguayo, que busca sumarse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, integrado por once países de Asia y América.

“Acá quiero poner un punto, Luis querido, con todo respeto, para seguir el debate franco que me has propuesto. Una de las condiciones es cumplir las reglas, y las reglas del Mercosur dicen que esos acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento“, dijo el mandatario argentino a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, en el marco de su disertación en la cumbre que se desarrolla en Montevideo.

Asimismo, consideró que “el mundo de hoy se plantea cosas muy diferentes a la libertad de comercio” sino “en ver cómo cada economía se defiende frente a los estragos que produjo la pandemia y la guerra en Ucrania”.

“Querido Luis, no tengo la impresión de que el mundo sigue como vos decís”, dijo Fernández para quien el Mercosur “debe potenciarse para ver como enfrentar estos nuevos desafíos”.

En tanto, remarcó que “el camino en el Mercosur es corregir de una vez y para siempre las asimetrías” dentro del bloque y destacó que “ante tanta división” el bloque regional “se ha preservado y eso tiene un valor incalculable”.

“El camino no es el que proponés sino revisar de una vez y para siempre cómo corregimos las asimetrías que tenemos y las que inquietan”, le volvió a replicar a Lacalle Pou y destacó, por otro lado, que, “ante tanta división, al Mercosur lo hemos preservado y eso tiene un valor incalculable”.

Durante la cumbre, Fernández recibirá la presidencia pro tempore del Mercosur de manos de Uruguay.

Este lunes, en la previa de la cumbre, los cancilleres de la Argentina, Brasil y Paraguay destacaron el valor del Mercosur para la integración y el desarrollo económico común, al tiempo que rechazaron las negociaciones iniciadas por el gobierno de Uruguay con intención de insertarse unilateralmente en el Acuerdo Transpacífico.

Durante las reuniones ministeriales que se celebraron en Montevideo como antesala de la cumbre que se celebra hoy, el debate entre los diplomáticos giró en torno a la valoración de los avances conseguidos y, especialmente, a tratar el diferendo sobre cómo dar los próximos pasos en la relación con otros países y bloques comerciales.

A horas del veredicto, movimientos sociales, gremiales y políticos se movilizan este martes en apoyo a la vicepresidenta.

Desde las 17hs, sindicatos, organizaciones políticas y sociales, se movilizan en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para mostrar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner y manifestar su repudio contra la “persecución política” a la dos veces Presidenta, en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, cuyo veredicto se conocerá este martes.

El juicio oral a la Vicepresidenta y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá sentencia esta tarde, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y pedidos de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.

En este marco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió, a través de un plenario de delegados generales y por unanimidad, convocar el martes desde las 17 una vigilia en las puertas del Sindicato “para acompañar las alternativas del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner y movilizar en caso de una condena e intento de proscripción por parte del Partido Judicial”.

Además, indicaron al Consejo Directivo que “agote todas las instancias posibles de articulación con otros sindicatos y organizaciones del campo popular a fin de expresar, de modo unitario, el repudio a cualquier intento de condenar a la vicepresidenta de la Nación en la farsa judicial”, informaron en un comunicado.

En esa misma línea, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, marchará hacia los tribunales federales de Comodoro Py, en repudio a lo que consideró como una “persecución política” contra la Vicepresidenta.

“Un sector de la justicia, que responde al macrismo y a los grandes medios de comunicación, armó una causa sin pruebas y espera condenar a Cristina Fernández de Kirchner”, dijo Aleñá en un comunicado.

La dirigente remarcó que la causa que investiga el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas a favor de empresas de Lázaro Báez está “totalmente armada” e indicó que los trabajadores del sindicato se movilizarán mañana a los tribunales de Comodoro Py “junto a distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas”, a la espera de la lectura del fallo judicial.

“Durante todo el juicio, Cristina fue desarticulando cada imputación y demostrando que todas eran falsas, tal como lo manifestó en el punteo de las ’20 mentiras la Causa Vialidad’ que la expresidenta publicó en sus redes sociales”, resaltó Aleñá sobre un proceso penal que catalogó de “intento de proscripción” y un “avasallamiento hacia el peronismo”.

Por su parte, el dirigente social Luis D’Elía anunció la realización de una marcha este martes desde San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta los tribunales de Comodoro Py, para “parar el golpe de Estado” y en “defensa” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En su convocatoria, bajo el lema “Paremos el golpe en la calle, vamos en defensa de Cristina”, el dirigente de la Federación de Tierra y Viviendas y Hábitat (FTV) y secretario general del Partido Miles indicó que la concentración se realizará desde las 10, desde la avenida Rivadavia y General Paz, hasta los tribunales de Comodoro Py.

“Vamos a hacer un nuevo piquete y cacerola; junto a las compañeras y compañeros de La Matanza, de la ciudad de Buenos Aires y de todo el conurbano, nos vamos a juntar y movilizar para parar este golpe en las calles”, expresó D’Elía en declaraciones a Télam.

El dirigente pidió “entender que esta Justicia no viene solo por Cristina, vienen por todos, vienen por la democracia de las y los argentinos, vienen por la República; por eso los esperamos a todos, a todas y a todes. Tomen conciencia, démonos cuenta de lo que está pasando, es de una gravedad institucional tremenda, es un tiro en la cabeza de la democracia argentina; no lo permitamos”.

Además, trabajadores enrolados en la Asociación del Personal Legislativo (APL) anunciaron que se concentrarán en una de las esquinas del Congreso de la Nación “en solidaridad” con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde las 10 de la mañana. “Este martes 6 de diciembre desde las 10 de la mañana nos concentramos en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, en solidaridad con nuestra vicepresidenta y en defensa de la democracia y de sus instituciones”, señaló el comunicado.

La APL afirmó que “la posible condena judicial a la dos veces Presidenta de la Nación, mediante un juicio amañado, en complicidad con la oposición y los medios de comunicación, intenta imponer nuevamente la proscripción política en Argentina, que el pueblo argentino creía desterrada como parte de las páginas más oscuras de la historia”.

“Llamamos a todos los trabajadores y militantes políticos y sindicales a estrechar filas en defensa de los derechos cívicos y políticos de toda la dirigencia política y sindical argentina, junto a las conquistas conseguidas para el pueblo por la política, los representantes políticos, los sindicatos y, en particular, nuestro Movimiento Nacional Justicialista”, señaló el sindicato.

En tanto, el Partido Comunista se concentrará desde las 17 frente a los tribunales de Comodoro Py 2002, “en defensa de la democracia y contra el cogobierno del FMI”, bajo el lema “Patria o partido judicial”.

Por su parte, el Frente Patria Grande realizó este lunes una protesta con una “parodia futbolística” frente a los tribunales federales de Comodoro Py para manifestarse contra el “partido judicial” y denunciar “persecución política” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un día antes de que se dicte sentencia en la causa Vialidad.

La manifestación, que se desarrolló desde las 9 en el acceso a los tribunales del barrio de Retiro, contó con la presencia del dirigente Juan Grabois y otros referentes del espacio.

El diputado del Frente de Todos (FdT) Itai Hagman señaló: “Hicimos una parodia de un partido de fútbol, como los que se jugaban en la quinta Los Abrojos, en referencia a la propiedad del expresidente Mauricio Macri”.

Para el legislador FdT, “mañana no se va a sentenciar a Cristina, no se va a decir si Cristina te gusta o no te gusta, lo que se va a juzgar es si la Argentina sigue siendo un país democrático, porque si logran proscribir a la expresidenta, sacarla de la cancha, lo que se está perjudicando es a la democracia en la Argentina”.

La Vicepresidenta enfrenta un pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá veredicto este martes, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso prevén dar a conocer la sentencia esta tarde en la llamada “causa Vialidad”, bajo la misma modalidad semipresencial que tuvo el juicio desde que se reanudó tras pasar casi medio año suspendido por la pandemia de coronavirus.

Es decir, ellos estarán junto al secretario del TOF2 Tomás Cisneros en una de las salas de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 y se conectarán a la plataforma Zoom al igual que el resto de las partes que participan del juicio de manera remota.

Para el veredicto tendrán que estar conectados a la audiencia todos los acusados.

Para este martes a las 9.30 se fijaron las últimas palabras del imputado exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y luego se anunciará el horario de la sentencia.

La Vicepresidenta y el empresario y dueño de la firma “Austral Construcciones” Lázaro Báez enfrentan un pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fiscales reclamaron también la “inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos”.

Es la pena más alta pedida por los acusadores mientras que la defensa de la exmandataria reclamó la absolución y denunció que la fiscalía cometió “prevaricato”, al acusar por hechos “inexistentes”. e incurrir en “falsedades”.

El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.

En la última audiencia de esta semana, la Vicepresidenta hizo uso de su derecho a hablar en sus palabras finales ante los jueces y sostuvo que el Tribunal es un “pelotón de fusilamiento” que tiene sentencia “escrita” por hechos “inexistentes”, como parte de una “actividad disciplinadora” para “estigmatizar a un espacio político”.

Describieron al encuentro con la Vicepresidenta como “cálido y comprensivo” y afirmaron que Fernández de Kirchner “sigue el caso hace mucho y entiende perfectamente su esencia”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este lunes a dos de los integrantes de WikiLeaks, quienes le pidieron que reclame por la libertad del periodista, programador y activista de Internet australiano Julian Assange, quien se encuentra encarcelado y con pedido de extradición a los Estados Unidos por presunto espionaje.

“Acabamos de tener una reunión con Cristina, quien nos dio todo su apoyo en la causa y ahora vamos a ir a ver al presidente Alberto Fernández para que su voz sea oída también”, aseguró el editor general de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson.

El periodista describió al encuentro con la Vicepresidenta como “cálido y comprensivo” y señaló que Fernández de Kirchner “sigue el caso hace mucho y entiende perfectamente su esencia”.

Hrafnsson formuló estos conceptos durante una conferencia de prensa que brindó en el Salón Provincias de la Cámara de Senadores de la Nación, acompañado por el embajador de WikiLeaks, Joseph Farrell.

En tanto, la Vicepresidenta publicó en su cuenta de Twitter: “Recibí hoy a Kristinn Hrafnsson, editor general, y a Joseph Farrell, embajador de WikiLeaks. Están realizando una gira latinoamericana para reclamar la libertad de Julian Assange”. El texto fue acompañado por una foto de la reunión en el Senado.

Hrafnsson afirmó que Argentina era su tercer destino en América Latina, luego de entrevistarse con el presidente de Colombia, Gustavo Petro y con el mandatario electo de Brasil, Luiz Inazio “Lula” Da Silva.

La gira, según argumentaron los voceros del periodista, busca poner en el centro de la discusión el debate por la libertad de expresión y el derecho a la información en la región, así como hablar sobre las importantes acciones que los gobiernos pueden hacer para ayudar a Assange ante su inminente extradición a Estados Unidos.

“En estos encuentros hemos visto un apoyo absoluto”, aseveró Hrafnsson y agregó que “esta es una venganza contra un individuo, un periodista premiado, por exponer los secretos oscuros del imperio”.

“Quieren enviar el mensaje y arriesgar la seguridad de todos los periodistas en el mundo”, añadió.

Hrafnsson enfatizó que estaba en “una misión importante: la de salvar la vida de mi amigo Julian Assange y la libertad de prensa en este mundo”.

“El caso contra Assange es la más grande amenaza a la libertad de prensa en el mundo. El tiempo se acaba”, insistió.

Además, advirtió que si el periodista de origen australiano, preso en Inglaterra y acusado de dos presuntos abusos sexuales en Suecia, así como de espionaje contra los Estados Unidos, es extraditado, “tiene menos posibilidades de un juicio justo y puede esperar una condena de hasta 165 años de prisión”.

“Esta es una cuestión de vida y muerte. Julian es una víctima del ‘lawfare’ donde cada regla en los procedimientos legales fue rota”, cuestionó Hrafnsson.

El defensor de Assange evaluó que “es hora de apelar a las fuerzas políticas para que alcen sus voces y le insten a (el presidente de los Estados Unidos, Joe) Biden para que cumpla con sus propios principios que prohíben demandar la extradición de un individuo basado en ofensas políticas”.

“Assange está enjuiciado por ofensas políticas. A través del uso de la Ley de Espionaje, la administración de Biden está persiguiéndolo”, subrayó.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Assange ayudó a una analista de nombre Chelsea Manning (quien en 2013 fue condenada a 35 años de cárcel e indultada cuatro años después por el expresidente Barak Obama) a descifrar una contraseña necesaria para entrar en computadoras del departamento de Defensa conectadas a una red del gobierno de Estados Unidos utilizada para documentos y comunicaciones clasificadas.

De hecho, las autoridades estadounidenses argumentan que las acciones de Assange y Manning comprometieron la seguridad de Estados Unidos y pusieron en peligro la vida de sus soldados, agentes y colaboradores.

En cambio, tanto Assange como su portal, WikiLeaks, insisten en que se trata de un caso de libertad de expresión y que la filtración, en definitiva, ayudó a exponer crímenes de guerra.

Assange fundó en 2006 la plataforma WikiLeaks, que publica de forma anónima documentos sensibles de interés público. A partir de 2010, la plataforma publicó más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos, especialmente en Irak y Afganistán.

Reconoció que habló con Ercolini para “chequear” una información que hablaba de su estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis.

La periodista Paz Rodríguez Niell expresó que el juez Julián Ercolini, uno de los partícipes del intercambio de chats y audios entre jueces federales, empresarios del Grupo Clarín, el ministro de Seguridad y Justicia porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Juntos por el Cambio tras compartir un viaje a Lago Escondido, quiso “convencerla” para que sea “vocera involuntaria de la versión de ellos”, algo que “por suerte” no ocurrió.

“Deciden que Ercolini (Julián) hablara conmigo. Habla conmigo y después cuenta la conversación. Lo que buscaba Ercolini era convencerme a mí de toda su versión para que yo fuera -dice uno de ellos- vocera involuntaria de la versión de ellos”, indicó Rodríguez Niell en declaraciones a Radio Con Vos.

Según detalló la propia periodista del diario La Nación, ella fue una de las que llamó al juez Ercolini -titular del juzgado federal 10- hace dos meses para “chequear” una información de PáginaI12 en la que se daba a conocer un supuesto vuelo privado a Bariloche y una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis.

En ella habrían participado dos directivos del Grupo Clarín, cuatro jueces, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; el procurador de la ciudad de Buenos Aires, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la AFI, Leonardo Bergroth.

“Empiezan a hablar de cómo construir una historia que fuera verosímil para mí, para decir su versión con cosas que -de acuerdo a lo que surgen de los audios- son mentira, por ejemplo que pagaron el viaje, que se conocen de antes. Es decir, la versión que ellos quieren instalar del tema”, detalló Rodríguez Niell sobre los chats y audios revelados en tres medios distintos, donde participantes del presunto viaje al sur del país habrían coordinado “una estrategia” a través de la aplicación Telegram para difundir una versión falsa para justificarlo.

Uno de esos audios corresponde presuntamente al juez Pablo Yadarola -titular del juzgado Penal Económico 2- quien sugiere “instalar en los medios” una teoría ante la revelación de la excursión, y que seria “más lógico” que sea a través de una periodista del diario La Nación que de Clarín.

“Si Paz (Rodríguez Niell) comprende que esto es una intromisión en la vida privada de personas, que se conocen por los tribunales, que toman una decisión de ir a cualquier lugar y que fueron espiados, quizás la mina primero no participa de seguir acrecentando el espionaje, pero segundo, puede instaurar la teoría de las víctimas”, dice un mensaje de voz supuestamente perteneciente al juez Yadarola.

En ese sentido, la periodista detalló que “pasó un tiempo” entre su pedido de información al juez Ercolini y su respuesta y que “hay partes que me constan” porque “escucho la voz” del magistrado involucrado.

“Finalmente vocera involuntaria, por suerte, no fui. Yo no le publiqué toda esta versión de este tema”, dijo Rodríguez Niell.

A la vez, la periodista consideró que, de confirmarse la veracidad de los chats y audios filtrados, configuraría algo “mucho más grave” que el presunto viaje.

“Toda esta maniobra es hecha por altos funcionarios, altos jueces, mezclados con funcionarios de (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta, para taparlo frente a los medios y frente a la Justicia“, resaltó.