Con esas palabras el mandatario arremetió contra la vicepresidenta en una entrevista con el canal oficialista LN+.

La interna en el Gobierno libertario escaló con fuerza tras las declaraciones de Javier Milei contra su compañera de fórmula, Victoria Villarruel. En una entrevista con Esteban Trebucq emitida este miércoles por LN+, el Presidente dejó en claro su distancia con la titular del Senado, a quien vinculó con sectores que critica de forma constante.

“Victoria Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”, afirmó Milei, cuestionando el rol de su vicepresidenta y agregando que “decidió no participar de las reuniones de Gabinete”. En un tono desafiante, aseguró que la relación entre ambos se limita a lo estrictamente formal: “Tenemos el diálogo que se necesita institucionalmente para cumplir nuestros roles”.

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando Milei apuntó directamente contra Villarruel: “Ella, en su visión, está más cerca del círculo rojo y de la casta”. Las declaraciones no solo sorprendieron al entrevistador, sino que dejaron en evidencia una fractura pública en la fórmula presidencial, abriendo interrogantes sobre el futuro político del espacio.

Durante la misma entrevista, Milei destacó a su hermana Karina como una figura clave en su proyecto político, ironizando sobre las críticas que ella ha recibido: “La supuesta pastelera o repostera, como si eso fuera un delito, en seis meses armó un partido. Mirá dónde nos puso la repostera”.

Aunque el Presidente también hizo mención a posibles alianzas políticas y realizó un balance económico de su gestión, fue su dura crítica hacia Villarruel lo que marcó un punto de inflexión dentro del oficialismo libertario, en un contexto de creciente tensión interna.

Con fuertes reclamos a gobierno de Milei, personas con discapacidad marcharon en todo el país para exigir el fin de los recortes y políticas que afectan sus derechos esenciales.

Este miércoles, bajo el grito de “Justicia, basta de quitas”, personas con discapacidad y sus familias realizaron una marcha en distintas ciudades del país para visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector y exigir al Gobierno que frene las políticas regresivas que afectan derechos esenciales.

La movilización, que comenzó frente a la Residencia Presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, arrancó con un emotivo abrazo simbólico a la quinta presidencial, en un acto que reflejó el reclamo urgente de atención a las demandas de este colectivo. La movilización se replicó en varias ciudades del país, como Rosario, Mendoza, Tucumán y Córdoba, donde los manifestantes se concentraron en distintos puntos clave, destacando la problemática que no solo afecta la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino también al trabajo de quienes sostienen las instituciones y servicios fundamentales para su bienestar.

Una de las asistentes de la marcha, en diálogo con C5N, expresó con tristeza: “Hemos pasado muchísimos gobiernos y muchísimas políticas de Estado, pero nada tan cruel como esto. No queremos que ajusten el presupuesto a nuestros hijos. Nadie que nace con un problema quiere tener esto y estar aquí. Pedimos por favor que sean mantenidos nuestros derechos”. En un mensaje directo al presidente Javier Milei, añadió: “Que entienda que esto no es un capricho. Somos seres humanos y familias que sufrimos mucho”.

La situación se agrava aún más con el impacto de los recortes presupuestarios para 2025, previstos por el gobierno. Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa y miembro del Foro Permanente de Discapacidad, expresó su preocupación por los recortes en las pensiones no contributivas, un recurso esencial para muchas personas con discapacidad.

“La reducción de más de 177.000 pensiones No Contributivas, como consecuencia del Decreto 843, significa que muchas personas quedarán sin este recurso fundamental para acceder a su derecho a la salud, la educación y una vida digna. Además, los aranceles prestacionales establecidos por la Ley 24.901 solo aumentaron un 2,4 %, lo que afecta gravemente a las instituciones, profesionales y transportistas que sostienen las prestaciones”, advirtió Maidana.

Este panorama de recortes y políticas regresivas demuestra la necesidad urgente de un cambio en las políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y su acceso a una vida digna.

Cuáles son los reclamos del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad

• Por la eliminación del Decreto 843/24, que significa un retroceso en materia de adjudicación de Pensiones No Contributivas ya que vuelve al criterio de Pensión por Invalidez Laboral dejando de lado a la persona con discapacidad. Con esta decisión, muchas personas con discapacidad pueden perder este recurso que les permite un apoyo para su vida y su atención. El presupuesto presentado por el Gobierno Nacional plantea una quita de 177.740 pensiones para 2025.
• Por un aumento de los recursos asignados para las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025.
• Por aranceles prestacionales acordes a los reales costos de los servicios institucionales, profesionales y transporte. Los aranceles actuales no están conforme a la inflación y los aumentos de salarios establecidos por los sindicatos. Esto lleva a una gran crisis del sector prestacional. Con los aranceles actuales se cubre solamente, según la prestación, entre el 50% y el 61% de los costos operativos.
• Por una Ley que establezca una Asignación Universal por Discapacidad.
• Por el cumplimiento del Cupo Laboral en el Estado establecido por Ley.
• Por la recomposición del sueldo de los trabajadores de los Talleres Protegidos, que actualmente es de $28.000 sin ningún aumento desde febrero de 2023.
• Por una continua vigilancia sobre las empresas de transporte de media y larga distancia para que brinden los pasajes a las personas con discapacidad.

En el escrito, señalaron por “incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva” a “El Gordo Dan”, Agustín Laje, Alejandro Álvarez, Agustín Romo y Nahuel Sotelo.

La diputada Mónica Fein y el diputado socialista Esteban Paulón presentaron este martes una denuncia penal contra varios referentes libertarios tras el polémico lanzamiento de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”. En el escrito, señalaron por “incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva” a Daniel Parisini —alias “El Gordo Dan”—, Agustín Laje, Alejandro Álvarez, Agustín Romo y Nahuel Sotelo.

El acto, realizado el domingo en San Miguel, incluyó declaraciones alarmantes de Parisini, quien presentó a la agrupación como “el brazo armado” de La Libertad Avanza y “la guardia pretoriana del presidente Javier Milei”. Estas palabras generaron un fuerte repudio y encendieron las alarmas sobre las implicancias de este tipo de discursos en un contexto democrático.

En la denuncia, Fein y Paulón remarcaron que “las expresiones que promueven el uso de la violencia como herramienta política son absolutamente incompatibles con los principios fundamentales del Estado de Derecho”. Según el texto presentado ante la Justicia, “la organización de un grupo que se autodenomina ‘brazo armado’ o ‘guardia pretoriana’ no solo es contraria a la paz social, sino que representa una amenaza concreta a los derechos y garantías de todos los ciudadanos”.

Además, calificaron las declaraciones como una incitación directa y simbólica a la violencia, promoviendo la persecución de quienes puedan ser considerados “enemigos” de este proyecto político. “Este tipo de expresiones generan una importante alarma social al presentar la idea de que un grupo armado o paramilitar podría operar como garante del poder político, afectando la seguridad y la tranquilidad pública”, sostuvo Paulón.

El diputado Paulón, activista reconocido por los derechos de las personas LGBTIQ+, subrayó la gravedad de las declaraciones de Parisini, señalando que estas “normalizan la violencia en el ámbito político” y consolidan un discurso que puede influir directamente en el accionar de los seguidores de La Libertad Avanza.

“La carga simbólica y discursiva de las expresiones emitidas por el Sr. Parisini reviste especial gravedad, ya que provienen de un referente político con capacidad de influir en sectores sociales y políticos”, añadió Paulón.

Esta denuncia se da en un contexto de creciente preocupación por el impacto de discursos extremistas en el ámbito político argentino. Tanto Fein como Paulón hicieron hincapié en la necesidad de actuar con firmeza frente a este tipo de expresiones que atentan contra los principios democráticos y la paz social.

La Justicia deberá ahora determinar si las declaraciones y el accionar de los denunciados configuran delitos que amenacen los valores fundamentales del sistema democrático.

En un acto del PJ Nacional celebrado en Santiago del Estero, la vicepresidenta convocó a la militancia a sostener las banderas del peronismo y lanzó críticas al gobierno de Javier Milei.

Cristina Fernández de Kirchner encabezó este domingo el acto central por el Día de la Militancia Peronista, en el club Quimsa de Santiago del Estero. En una jornada cargada de simbolismo, la vicepresidenta llamó a la militancia a no abandonar las luchas históricas del peronismo y lanzó cuestionamientos hacia las políticas del presidente Javier Milei, a quien responsabilizó por una dirección que “socava la educación y el futuro del país”.

En su discurso, Cristina resaltó los logros de los gobiernos kirchneristas y recordó los desafíos que enfrentaron: “No hay derrotas definitivas, pero tampoco hay éxitos asegurados. Lo importante es mantener en alto las banderas, porque el triunfo no siempre está garantizado. Pero lo que nunca nos van a perdonar es dejar de luchar”. La frase, atribuida a Néstor Kirchner, sirvió como cierre de un mensaje enfocado en la resistencia frente a las adversidades actuales.

El Día de la Militancia Peronista conmemora el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, tras 17 años de exilio y proscripción. Cristina retomó este contexto histórico para remarcar la importancia de “mirar la película completa” de los procesos políticos argentinos y entender cómo el odio hacia el peronismo ha condicionado la historia del país: “Tenemos que entender que no es nuevo; el peronismo siempre incomodó porque puso a los trabajadores en el centro de la escena”.

El acto fue organizado por el senador José Emilio Neder, presidente del Partido Justicialista de Santiago del Estero, quien destacó la relevancia de la visita de la vicepresidenta. Entre los asistentes se encontraban figuras clave del peronismo nacional, como Eduardo “Wado” de Pedro, además del gobernador Zamora, que acompañó a Cristina durante la jornada.

En un clima de unidad y compromiso, Cristina convocó a la militancia a enfrentar los nuevos desafíos con la misma convicción de siempre: “La historia nos enseña que las luchas son largas, pero el futuro de la patria depende de no bajar los brazos. Y, como decía Néstor, lo que nunca nos van a perdonar es abandonar la lucha”.

La ex presidenta participó de un acto en Moreno junto a la intendenta local Mariel Fernández y un grupo de 400 mujeres.

Mientras la Cámara Federal de Casación Penal ratificaba la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en su contra, Cristina Fernández de Kirchner se presentó en el municipio de Moreno, donde participó en un acto junto a la intendenta Mariel Fernández y un grupo de 400 mujeres. En su discurso, Fernández de Kirchner planteó que su condena tiene un sesgo de género. “Cuando sos mujer todo te lo hacen veinte veces más difícil”, expresó. “No solo me castigan por lo que hice, sino porque soy mujer, porque no soportan que una mujer les discuta y no les dé la razón”.

Cristina también denunció el contexto de violencia en el que siente que se encuentra. “Como no me pueden pegar físicamente, como no pueden darme la piña, entonces hacen cosas como las que hicieron hoy en Comodoro Py”, señaló en referencia al fallo.

Sin embargo, en tono optimista, la expresidenta transmitió su determinación y compromiso político. “No importa, chicas. Comparado con lo que han soportado miles de mujeres en condiciones horribles, esto no lo veo como un sacrificio, sino como una obligación de quien tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad”.

El fallo y su repercusión

Cristina Fernández de Kirchner ya estaba en Moreno cuando la Cámara de Casación, a través de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ratificó la condena. La decisión judicial sostiene que la exvicepresidenta es culpable de una “maniobra fraudulenta” que, según el tribunal, afectó las cuentas del Estado Nacional de manera significativa. Los magistrados la señalaron como responsable de haber “transgredido los deberes extrapenales” en su rol como representante máxima del Estado.

En su voto, el juez Hornos afirmó que Fernández de Kirchner fue la artífice de “un plan criminal de gran envergadura”, en el que, según él, utilizó las estructuras del Estado para desviar fondos públicos. Por su parte, el juez Borinsky agregó que la exmandataria tuvo “un rol central y superlativo” en esta supuesta organización y justificó la pena de seis años de prisión considerando “la magnitud del resultado, los bienes jurídicos afectados y la naturaleza del delito”.

La llegada al Instituto Patria

Al concluir el acto en Moreno, Fernández de Kirchner se dirigió al Instituto Patria, donde algunos simpatizantes la esperaban con carteles y bombos. Al llegar, la expresidenta saludó a los militantes, se tomó fotos y se unió a los cánticos de la concentración. El balcón del instituto, adornado con una bandera argentina y la del Partido Justicialista, se preparaba como posible escenario para un discurso.

Este miércoles al mediodía, en un fallo anticipado por algunos como un “show montado para Macri y sus aliados”, la Cámara de Casación Penal dará a conocer su decisión sobre la revisión de la causa Vialidad.

La Cámara de Casación Penal, con el juez Gustavo Hornos a la cabeza, se prepara para dar a conocer este miércoles su fallo sobre la causa Vialidad, en la cual Cristina Fernández de Kirchner recibió una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Según sus críticos, el fallo tiene un claro trasfondo político, buscando proscribir a la líder opositora y habilitar un camino sin resistencia para los planes de ajuste y reforma que promueven Mauricio Macri y sus aliados del “Partido Judicial”.

El tribunal, conformado también por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, leerá una parte resumida de la sentencia, que se extiende a más de 1,800 páginas. Aunque se espera que el contenido del fallo ya esté decidido antes de la audiencia, a las 11:00 los secretarios lo protocolizarán de forma electrónica y las partes serán notificadas en la audiencia oral.

Una causa sin pruebas concretas

A lo largo de los tres años y medio de juicio, las evidencias para probar que Cristina Kirchner cometió algún delito fueron nulas, según sostienen sus defensores y varios analistas judiciales. En el proceso, desarrollado íntegramente en Santa Cruz, no surgió ni un solo testimonio ni mensaje de correo electrónico que implicara directamente a la expresidenta en la toma de decisiones sobre las licitaciones o adjudicaciones de obras viales. Estas, además, fueron enteramente gestionadas bajo jurisdicción provincial y con fondos designados por el Congreso Nacional, controlados por un fideicomiso de combustibles.

El caso giró en torno a la figura de Lázaro Báez, quien ganó 51 de las 81 obras en la provincia. Sin embargo, los testimonios de empresarios —incluido el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra— señalaron que Báez era el competidor lógico en Santa Cruz debido a su experiencia, maquinaria y personal en la zona, lo cual le permitía licitar a costos más bajos que otras empresas foráneas.

Además, la ex presidenta afirmó que este tipo de procesos son comunes en los momentos en los que las élites políticas y económicas sienten que su poder está en peligro.

En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Cristina Kirchner denunció la persecución judicial que enfrenta, justo antes de que la Cámara de Casación Penal emita su fallo sobre la causa Vialidad. Este miércoles 13 de noviembre, el tribunal decidirá si confirma o revoca la sentencia que la condenó a seis años de prisión por administración fraudulenta, un proceso que la ex presidenta considera parte de una maniobra política en su contra.

La ex mandataria compartió el mensaje bajo el título “Los Copitos de Comodoro Py”, haciendo referencia irónica a los operadores judiciales que, según ella, se alinean con los intereses del Grupo Clarín y otros actores del poder económico y político. En su escrito, Cristina recordó un título del diario Clarín que, tras el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022, sentenció: “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. En sus palabras, esta frase reflejaba la realidad de la persecución judicial: “Si no me mataron, entonces debo ser condenada”, expresó.

Una condena injustificada

Cristina Kirchner sostuvo que la causa que la involucra por administración fraudulenta en obras viales carece de fundamento. Según la ex presidenta, las obras en cuestión fueron aprobadas por el Congreso de la Nación a través de los presupuestos nacionales, licitadas y ejecutadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz, con los pagos correspondientes y la rendición de cuentas aprobada por la Auditoría General de la Nación y el propio Congreso de la Nación durante los 12 años en que ejerció la presidencia.

En su defensa, citó al Dr. Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro de la Nación y miembro de la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994, quien explicó que, según la Constitución, el Presidente de la Nación no tiene responsabilidad administrativa en la ejecución de los presupuestos, una tarea que corresponde al Jefe de Gabinete y a los ministros. “La responsabilidad política recae sobre el Presidente, pero la administrativa, civil y penal, corresponde a los ministros”, afirmó Barra.

La doble vara del Poder Judicial

La ex vicepresidenta también destacó las contradicciones y desigualdades que, a su juicio, existen en el sistema judicial argentino. Recordó que los responsables de la represión en la masacre de Plaza de Mayo durante las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en las que murieron 31 personas, recibieron penas mucho más leves que las impuestas a ella. Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad de Fernando de la Rúa, y Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, fueron condenados a penas de inhabilitación que no superaron los 10 años, mientras que Cristina se enfrenta a una condena mucho más grave a pesar de no haber cometido el delito del que se la acusa.

La ex presidenta comparó estas dos situaciones y concluyó que el Poder Judicial, “con los copitos de Comodoro Py”, busca inhabilitarla de por vida y evitar que pueda postularse nuevamente a un cargo público. “El verdadero objetivo es que no pueda ser candidata, que no pueda ejercer mis derechos políticos. Es un proceso que busca la proscripción”, afirmó.

El contexto del fallo que se espera

El fallo de la Cámara de Casación, que se dará a conocer mañana, es clave para el futuro judicial y político de Cristina Kirchner. Si se confirma la condena, se ratificaría la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que podría bloquear su participación en futuras elecciones. Sin embargo, desde el kirchnerismo sostienen que este es un intento más de proscribirla, acusando a la Justicia de ser parte de un entramado político en su contra.

La causa Vialidad, que comenzó con un juicio mediático y se extendió durante más de cuatro años, es vista por la ex presidenta como una operación judicial para frenar su liderazgo. En su comunicado, Cristina se mostró tajante al afirmar que la Justicia no puede probar nada en su contra: “Durante estos años desfilaron testigos y peritos, pero no hay una sola prueba que me incrimine”, dijo.

Mañana, la decisión judicial

Mañana, la Cámara de Casación Penal decidirá si ratifica la condena o la revoca. Según adelantó La Nación, todo parece indicar que la sentencia será confirmada, lo que abriría un nuevo capítulo en la larga saga judicial que enfrenta la ex mandataria. Este fallo podría marcar un hito en su carrera política, no solo porque sería un golpe judicial más, sino porque también fortalecería la narrativa del kirchnerismo sobre la proscripción y persecución de Cristina Kirchner.

A pesar de la situación judicial, la ex presidenta mantiene su postura y sigue denunciando lo que considera un ataque a su figura y su legado político. En su comunicado, también rescató la importancia de la memoria histórica, al señalar que este tipo de procesos son comunes en los momentos en los que las élites políticas y económicas sienten que su poder está en peligro.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC reveló una desaceleración en el alza de precios.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó este martes el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, que mostró una inflación mensual del 2,7%, con una inflación interanual que alcanzó el 193%.

A modo de comparación, en septiembre la inflación había sido del 3,5%, acumulando un 101,6% en el año y alcanzando un 209% en términos interanuales. Con los datos de octubre, se observa una desaceleración, y el alza total de precios en los primeros diez meses del año quedó en el 107%.

Inflación en la Ciudad de Buenos Aires

En tanto, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) informó que la inflación en la capital fue del 3,2% en octubre, un descenso respecto al 4% registrado en septiembre. El acumulado de la inflación porteña en los primeros diez meses del año alcanzó el 122,1%.

En comparación interanual, los precios de octubre de 2024 subieron un 200,9% respecto a octubre de 2023, es decir, 17,9 puntos porcentuales menos. Los sectores con mayores aumentos fueron seguros y servicios financieros (7%), seguido de prendas de vestir y calzado (5%), restaurantes y hoteles (4,7%), salud (4,5%), vivienda y servicios básicos (4,3%), recreación, cultura y educación (4,2%), y bebidas alcohólicas y tabaco (4%).

La expresidenta participó de una reunión en la sede del gremio de mecánicos y reafirmó su liderazgo en el principal partido de oposición al gobierno de Javier Milei.

A solo un día de que la Cámara de Casación Penal se pronuncie sobre su sentencia de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, Cristina Kirchner da los primeros pasos hacia su asunción como presidenta del Partido Justicialista (PJ), prevista para el próximo 17 de noviembre.

Este martes 12 de noviembre, al mediodía, la expresidenta se reunió en la sede de SMATA, el gremio de mecánicos, para reafirmar su liderazgo en el peronismo, principal partido de oposición al gobierno de Javier Milei. En un encuentro reservado con sindicalistas y figuras políticas del peronismo, Kirchner denunció un nuevo intento del macrismo de proscripción en su contra, y se mostró como la figura clave para la unidad del espacio.

En redes sociales, la exmandataria compartió detalles del encuentro: “Hoy en la sede de SMATA realizamos la primera reunión de trabajo con los compañeros y las compañeras de la lista Primero la Patria y la Junta Electoral del Partido Justicialista hizo entrega de los diplomas a todos los integrantes del Consejo del Partido. Muchas gracias a todos y todas”, expresó en agradecimiento.

La reunión, organizada por Ricardo Pignanelli, secretario general de SMATA y miembro de la lista de Cristina para la conducción del PJ, contó con la presencia de importantes referentes, como José Mayans, Lucía Corpacci, Juan Manzur, Sergio Uñac y Wado de Pedro.

También asistieron diputados, como Germán Martínez y Vanesa Siley; sindicalistas, como Víctor Santamaría (SUTERH) y Abel Furlán (UOM); y dirigentes, entre ellos Mayra Mendoza y Agustín Rossi.

Definiciones de la estrategia y mensaje de apoyo ante el fallo judicial

En la reunión, se discutió la estrategia de la nueva conducción del PJ y la postura frente a la inminente decisión de Casación. José Mayans, senador y próximo vicepresidente del PJ, describió el encuentro como “una reunión de trabajo” en la que Cristina instó a “organizar el partido y convocar a otras fuerzas políticas”. Al respecto, Mayans subrayó: “La persiguen porque podría ganar las elecciones del próximo año”.

Por su parte, el senador Wado de Pedro declaró antes de ingresar al encuentro que existe “una intención de proscribir a Cristina” y acusó al oficialismo de usar al Poder Judicial como herramienta política: “Como no pueden gobernar mejor que ella, recurren a la Justicia”.

La reunión también incluyó la planificación de la asunción de Cristina el 17 de noviembre, Día de la Militancia, con un acto simbólico en Santiago del Estero, donde la expresidenta pronunciará su primer discurso como titular del PJ nacional en la Asociación Atlética Quimsa.

Movilización en apoyo a Cristina y respuesta política de Kicillof

Fuentes cercanas anticiparon que este miércoles Cristina encabezará un encuentro con legisladores de Unión por la Patria en el Instituto Patria. En simultáneo, sus seguidores organizan una movilización al Instituto como muestra de respaldo ante la sentencia que se espera sea desfavorable. Desde el kirchnerismo, la lectura del proceso judicial apunta a que forma parte de un intento de proscripción política.

A esta postura se sumó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien este lunes defendió a Cristina al calificar la causa Vialidad como un caso de “persecución político-judicial”. El gobernador afirmó que, de consumarse una sentencia adversa, se trataría de “un escándalo jurídico con una gravedad institucional inmensa, basado en un derecho ficción sin pruebas reales”.

Con este respaldo, Kicillof alineó su posición con la de otros líderes del kirchnerismo, argumentando que el fallo contra la expresidenta se inscribe en una histórica serie de proscripciones contra figuras populares del peronismo y del campo nacional.

Así lo denunciaron Metrodelegados del subte que aseguraron que el sarna “ya afectó a varios trabajadores y acecha a los usuarios”.

Los trabajadores del Subte volvieron a manifestar su descontento, denunciando nuevamente la falta de mantenimiento e inversión, las tarifas excesivas y la persistente contaminación con asbesto cancerígeno. Ahora, a esta serie de problemas se suma la presencia de plagas, que empeora aún más las condiciones del servicio.

“En la Línea B, debido a la falta de limpieza y fumigación en los trenes y espacios públicos, ha comenzado a proliferar una infestación de sarna (escabiosis) en las últimas semanas, que ya afectó a varios trabajadores y amenaza a los usuarios”, señalaron en un comunicado difundido este martes. “Hace años que venimos denunciando la presencia de roedores, alacranes, cucarachas y otros vectores de transmisión de diversas enfermedades, sin obtener respuesta alguna de la concesionaria Emova”, añadieron.

El escrito también describe la situación general del servicio como un “estado de abandono”, con “una flota obsoleta al borde del colapso y la catástrofe, contaminada por asbesto, que sigue enfermando a trabajadores”.

En su denuncia, los metrodelegados señalaron la “desidia absoluta” del Gobierno de la Ciudad y la empresa concesionaria Emova ante estos problemas de salud pública. Por ello, exigen una solución inmediata para erradicar la infestación de sarna en la Línea B y combatir las demás plagas, que representan un riesgo constante para usuarios y empleados del Subte. Además, solicitaron que se reponga el personal de limpieza faltante, se realicen las tareas de aseo profundo necesarias y se fumiguen los vagones, cabinas y espacios comunes.

“No descartamos llevar adelante medidas de fuerza para obtener respuestas a estos reclamos. Insistimos en la necesidad de declarar la emergencia en la línea hasta que se reemplace la flota obsoleta y contaminada por trenes nuevos, libres de asbesto”, concluyó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte.