Empresario macrista.
El dirigente social Juan Grabois reclamó la declaración indagatoria del titular de la empresa Caputo Hermanos, Flavio Caputo, en la causa en la que se investiga a la agrupación de ultraderecha Revolución Federal y su financiamiento.
Grabois, que es querellante en la causa, acusa a la empresa de haber financiado al grupo violento “a sabiendas de que el mismo iba a ser utilizado con un fin ilícito”. Revolución Federal se jactaba de “querer imponer el miedo a todo aquel que sea kirchnerista”.
La causa la lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien en su momento consideró que la misma debía tramitar junto al expediente en el que se investiga la tentativa de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero esa posición hasta ahora ha sido rechazada.
El dirigente social se refirió a informes de la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) y la Inspección General de Justicia (IGJ) para establecer quiénes son los que “proveen los fondos de los fideicomisos” constituidos por Caputo Hermanos presuntamente para la construcción de edificios en la zona de Vaca Muerta.
Grabois había sido aceptado como querellante porque fue víctima de uno de los escraches realizados por Revolución Federal en el Congreso de la Nación.
A través de sus abogados, Rodolfo Yanzón y Yamil Castro Bianchi, Grabois pidió que “se determine la situación jurídica de la propiedad de la carpintería” de la que era titular el fundador de Revolución Federal, Jonathan Morel.
Advirtió sobre “posibles irregularidades en la explotación de un bien del Municipio de San Isidro”, ya que se trataría de una propiedad sobre la que la administración comunal habría iniciado en el año 2019 un proceso judicial de apremios por deudas fiscales.
Es que en ese lugar antes habría funcionado un centro de jubilados subsidiado por el Municipio, por lo que Grabois pidió que “se requiera a la ANSES y al PAMI que se sirvan informar sus registros sobre dicho ‘Centro de Jubilados y Pensionados Los Abuelos de San Ignacio de Loyola’, especialmente quiénes conformaban su Comisión Directiva o eran sus responsables legales, subsidios que recibiera y otros datos que puedan ser relevantes para la investigación”.
En el expediente, la empresa Caputo Hermanos S.A negó haber financiado al grupo Revolución Federal mediante pagos por trabajos de carpintería a uno de sus referentes, Jonathan Morel, procesado junto a Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile.
La causa tiene a la vicepresidenta entre los querellantes, en la cual se investiga la violencia de los actos y las consignas desplegadas por Revolución Federal en la vía pública y a través de redes sociales, donde llegaron a proponer “al kirchnerismo cárcel o bala”.
Semanas atrás, la Cámara Federal confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de Morel y otros tres integrantes de la agrupación, pero cambió la calificación. Antes estaban acusados de ser una organización que se agrupaba para “intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor” y ahora quedaron bajo la figura de “incitación a la violencia colectiva”.
