La mafia judicial.

El exjuez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni se refirió al fallo de la Corte Suprema que benefició a CABA, el distrito más rico del país. “Sucede que la Corte le ordena al Presidente que tome dinero y le pague a CABA. Pero como hay una ley de presupuesto votada, si el Presidente utiliza el dinero para algo no previsto en la ley, incurre en el delito de malversación de fondos. O sea, la Corte coacciona al presidente a cometer un delito”, reseñó.

“Por lo tanto, en todo caso, tiene que mandar una ley de modificación del presupuesto, algo que se demora, por supuesto”, insistió Zaffaroni.

“Mientras tanto se presenta el pedido de revocatoria ante la propia Corte. En términos jurídicos si hay un recurso, no hay incumplimiento”, contó el prestigioso jurista.

En una entrevista, siguió: “Esto es la culminación de un proceso complejo que se viene dando desde hace mucho tiempo. Es como si estuviésemos en un planeta pequeño que no tiene ley de gravedad, no podemos saber si algo es más pesado o liviano, así como no podemos saber si algo es lícito o ilícito”.

“El caos es tan grande, que no hay ante quien reclamar nada, quienes debían custodiar la eficacia de normas constitucionales, las violan. El derecho no son solo leyes vigentes porque la sancionaron autoridades competentes, sino que requiere un mínimo de eficacia. Esa eficacia se perdió. Estamos ante un vacío jurídico que lo generó la propia Corte Suprema”, cerró.

Elecciones 2023.

El gobierno de Sante Fe confirmó que los comicios generales de la provincia se realizarán entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre del 2023. Así lo informó este lunes la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del distrito, Celia Arena, en el marco de un cronograma en el que los santafesinos elegirán al gobernador que sucederá a Omar Perotti.

La funcionaria hizo este anuncio tras reunirse en Casa de Gobierno con dirigentes de partidos políticos con representación en la Legislatura, junto al ministro de Gestión Pública, Marcos Corach.

“Avanzamos sobre las fechas que pensamos, una decisión que el gobernador había dejado clara y que además era compartida por la mayoría de las fuerzas políticas con las que informalmente estábamos hablando”, indicó Arena en declaraciones a radio Aire de Santa Fe.

La funcionaria reiteró que, con la intención de acortar la transición, “la fecha de la general sería entre el 27 de agosto al 10 de septiembre”, en tanto las PASO se celebrarán “a fines de junio o principios de julio”.

La idea de la reunión fue buscar consenso con los partidos opositores y hacer un repaso de las opiniones de cada sector, aunque todas las partes involucradas ya habían acordado acortar la transición, que va desde los comicios hasta la entrega del mando, previsto para el 10 de diciembre.

Por otra parte, Arena anticipó que la convocatoria para las elecciones se efectuará entre febrero y marzo, dando de esa forma inicio formal al calendario electoral.

Conflicto entre Nación y la Corte.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que “el Presidente decidió quebrar el orden constitucional” tras la negativa oficial de acatar el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación. Además, el líder del PRO anunció que denunciará al Gobierno.

“Vamos a hacer una presentación en la Corte para informar de este incumplimiento y vamos a denunciar a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo”, anunció en una conferencia de prensa.

Además, adelantó que Juntos por el Cambio en el Congreso “está analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho”. Hoy más que nunca nos tenemos que aferrar a la Constitución y a la defensa de las instituciones. La fuerza de la ley fue, es y será siempre nuestra mejor arma contra el autoritarismo y la arbitrariedad”, completó.

La Corte Suprema decidió darle cerca de 200 mil millones de pesos extra a CABA, la ciudad más rica del país. El motivo: que tenga recursos para la policía de la ciudad. Esos fondos salen del resto de las provincias argentinas, que tendrán que financiar la seguridad de 3 millones de habitantes. Los privilegios de los ricos.

Corte Suprema unitaria.

A pocas horas de que el Gobierno nacional rechazara el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e instruyó a los organismos competentes a recusar a sus cuatro integrantes por el fallo anti federal que beneficia a CABA en cuanto al reparto de los fondos de coparticipación, Juntos por el Cambio puso el grito en el cielo por la decisión.

“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, plantearon en un escueto comunicado desde la Mesa Nacional de la coalición. Entre los firmantes está Gerardo Morales, gobernador de Jujuy.

“Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”, marcaron los dirigentes macristas.

De manera insólita, Morales pidió por el cumplimiento de un fallo que perjudica a la provincia que gobierna. De esta manera, los ciudadanos de Jujuy deberán pagarle a CABA sus policías. Y todo con la banca de su propio gobernador…

La deuda de Macri.

El Directorio del FMI aprobó la revisión de las metas del tercer trimestre y liberó el “desembolso inmediato” de casi de US$ 6.000 millones para la Argentina. Así lo informó el organismo multilateral en un comunicado, donde dejó plasmado que el Gobierno cumplió los objetivos planteados, al tiempo que remarcó que el plan económico “comienza a dar sus frutos”.

Este desembolso se vio reflejado en el aumento de las reservas internacionales del Banco Central, que pasaron de US$ 39.052 millones a US$ 43.263 millones en las últimas 24 horas. 

De esta forma, desde que se concretó el acuerdo en marzo pasado, el organismo desembolsó alrededor de US$ 23.500 millones que en su mayor parte fueron destinados a pagar los vencimientos con el FMI por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri por un monto total de US$ 45.000 millones.

El fallo unitario.

El gobierno nacional asegura que no puede cumplir el escandaloso fallo de la Corte Suprema que pretende darle más recursos a CABA, el distrito más rico del país. Para la Corte, todas las provincias tienen que financiar la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Para el Gobierno, el fallo es “de imposible cumplimiento” porque para disponer de esos recursos para CABA habría que modificar el presupuesto 2023 votado. Hoy, no hay manera de darle más recursos porque no está contemplado en ninguna ley.

Ayer, el presidente Alberto Fernández y 14 gobernadores firmaron el documento: “Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”. Aseguran entre otras cuestiones que se “recusará a los jueces de la Corte Suprema”.

El comunicado completo:

“En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.

“Sostiene también que, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.

“En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA.

“Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad.

“Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.

“Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma”.

Persecución política en Jujuy.

El diputado nacional peronista Eduardo Valdés se refirió al pedido para que el presidente Alberto Fernández indulte a la líder social Milagro Sala, perseguida ilegalmente por Gerardo Morales en Jujuy. Un bloque de 28 diputados nacionales le hicieron el reclamo al mandatario por la persecución ilegal que sugre Sala en la provincia del norte.

“En el día de hoy 28 diputados nacionales le pedimos al Presidente el indulto de Milagro Sala”, aseguró en una entrevista con Radio Las Madres.

En la entrevista, Valdés se refirió también a las relaciones mafiosas entre jueces, fiscales, funcionarios macristas y CEOs de Clarín. “El dilema en Argentina es si gobierna la política que eligió el pueblo o la política de los jueces políticos del Lago Escondido”, aseguró. “Con estos jueces no se puede seguir más”, advirtió.

En ese sentido, contó que sectores del poder mafioso buscaban un diciembre con incidentes en todo el país: “Este diciembre fue diferente al que imaginaban los de Lago Escondido”.

Persecución política.

Intelectuales y organizaciones sociales difundieron un pedido de firmas para que el presidente Alberto Fernández indulte a Milagro Sala, la líder social que es perseguida por el régimen de Gerardo Morales en Jujuy. Sala acumula causas irregulares, sin pruebas, de un poder judicial provincial que responde a los intereses del gobernador de la provincia.

“Sr. Presidente de la Nación Alberto Ángel Fernández, los abajo firmantes le exigimos en virtud de la prisión ilegal de la compañera Milagro Sala, detenida en ocasión de su actividad política y dado el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sosteniendo la prisión de la dirigente mencionada y estando usted habilitado por el antecedente del Decreto 181/2002”, aseguraron en el pedido.

“Solicitamos en carácter de urgente el indulto dado el delicado estado de salud física y psicológica debido al constante acoso de la justicia de la provincia de Jujuy manipulada por la expresión política y por el propio gobernador Gerardo Morales, que ha expresado públicamente que la compañera debe volver a prisión común”, siguieron.

“Por ello ejercemos nuestro derecho como ciudadanxs, avaladxs por la Constitución Nacional en sus artículos 14, 18 y 33 que garantiza – entre otrosderechos – que todos los habitantes de la Nación gocen de losderechos a peticionar a las autoridades”, reclamaron en la solicitada que empezó a circular y a reunir firmas.

Actividad económica

De cara a las elecciones de 2023 y con la premisa de destacar los logros de la gestión, desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires difundieron datos impresionantes relacionados con el PBI y su crecimiento, que ya lleva un largo tiempo de alza. Axel Kicillof lo hizo: la actividad bonaerense crece a niveles récords y de manera sostenida, luego del debacle de María Eugenia Vidal y la pandemia.

Según informó el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, en el tercer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto creció 5,9 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior y un 1,7 por ciento trimestral. “Continúa la expansión interanual observada en la economía por 7 trimestres consecutivos”, destacó el funcionario.

En su análisis, basado en los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), dentro de la demanda, el mayor incremento se observó en la formación bruta de capital fijo, es decir la inversión, con un 14 por ciento de crecimiento interanual. Lo mismo ocurrió con el consumo privado, con un alza de 10,2 puntos porcentuales. “Ambos conceptos se encuentran 43 por ciento y 9 por ciento, respectivamente por encima de los niveles de 2019”, resaltó López.

De esta manera, la economía bonaerense sigue creciendo a buena velocidad, en sintonía con lo que pasa en Nación. Mientras, la desocupación está en mínimos históricos, por abajo del 8%. Si la inflación cede, el peronismo puede ilusionarse con el futuro.

Indignación.

En el marco de un evento en Almirante Brown, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró furioso por la decisión que beneficia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Este fallo es una verdadera inmundicia. No es un fallo político, fue un fallo partidario destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento del país federal. Por preanunciado no es menos escandaloso“, disparó el mandatario

En esa línea, Kicillof sostuvo que con esta decisión, al Corte Suprema “plantea que una ley aprobada por el Congreso nacional, la que determina cuántos recursos debe recibir la CABA por el traspaso de la policía, queda ahora en una situación extraña porque las leyes o están vigentes, o se derogan o la justicia dice que son inconstitucionales”, describió.

Y agregó sobre el escandaloso fallo del máximo Tribunal: “Pero las leyes no se pueden suspender; estamos en un limbo en el que nos han metido simplemente para beneficiar a una jursidicción”.

Ayer, la Corte Suprema decidió darle más coparticipación al distrito más rico del país, Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, 40 millones de argentinos deberán financiar la policía de un distrito donde viven 3 millones de habitantes. Otro golpe institucional de una Corte que cada vez más se ubica al margen de la ley. ¿Hasta cuándo?