La iniciativa contiene una extensa lista de personas a citar a prestar declaración ante la Comisión.

El Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados el pedido de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, tema incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.

Los primeros cuatro nombres que aparecen son los de los jueces del Tribunal Superior, su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que están citados en carácter de acusado.

“Solicitamos que por medio de la Presidencia de la Comisión de Juicio Político se requiera la comparecencia y testimonio de las siguientes personas, sin perjuicio de las demás citaciones que a juicio de la Comisión correspondan”, dice el planteo.

A priori, los restantes citados a declarar son en carácter de testigos. Así, el primero que aparece en la lista el Silvio Robles, director de la vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño en uso de licencia.

En este caso, la convocatoria está vinculada con la polémica generada por los supuestos chats donde D’Alessandro aparece intercambiando mensajes con funcionarios de la Corte Suprema y prestadores de servicio del Gobierno porteño.

Según el reglamento interno de la comisión, entre las posibilidades que tiene esta comisión figuran la de impulsar inspecciones; registro y secuestro de elementos; intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas; interrogatorio de personas.

La comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad, establece el reglamento interno, que aclara que la citación de los testigos podrá hacerse por cualquier medio, inclusive verbalmente.

Si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar “los alcances de tal ilicitud”.

Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones.

Se trata de el ex titular de la cartera de Justicia, quien fue detenido en el aeropuerto de Brasilia. Pensaba llegar a Miami.

El exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, fue detenido este sábado en el aeropuerto internacional de Brasilia, en el marco de la investigación por los actos golpistas contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ocurridos el 8 de enero, informaron fuentes oficiales.

Torres, que se encontraba en los Estados Unidos, fue hasta el domingo pasado secretario de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal y por eso el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios públicos que fueron invadidos por los seguidores del exmandatario de derecha.

El avión en el que se trasladó el exministro llegó cerca de las 7:30 (hora local y de Argentina) al aeropuerto de la capital, donde Torres era esperado por la Policía Federal, indicaron sus abogados a la prensa.

Su detención fue ordenada por el juez del Tribunal Supremo (TSF) Alexandre de Moraes que lo investiga por presunta omisión y connivencia durante el asalto a las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Además, la Policía Federal encontró en la casa de Torres un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones que consagraron a Lula.

El propio Torres admitió la existencia del documento que “iba a ser triturado oportunamente en el ministerio”.

En su cuenta de la red Twitter, el exministro escribió que el papel “fue filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces” en su contra, y remarcó que tiene la conciencia tranquila y que respeta la democracia.

El documento es una minuta de un decreto para que el entonces presidente Bolsonaro pudiera instaurar el estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), en busca de revertir el resultado de las elecciones que ganó Lula.

El borrador tiene tres páginas y fue encontrado en el armario de la casa de Torres, que estaba de vacaciones en Miami y que regresó horas después de que el Gobierno anticipara que iba a pedir su extradición a Estados Unidos si no volvía antes del próximo lunes.

El Presidente criticó fuertemente el ex jefe de gobierno y principal referente de la oposición.

El presidente Alberto Fernández comparó los resultados de su gestión de Gobierno con los obtenidos por la gestión de Cambiemos (2015-2019), y afirmó que la Argentina está ahora “mucho mejor” que cuando llegó a la Casa Rosada y sostuvo que “el que dejó gente hambrienta se llama (Mauricio) Macri”.

Fernández destacó los avances en materia social, económica e institucional durante su gestión, como la recuperación del salario y la baja paulatina de la tasa de inflación en los últimos meses.”Yo no les prometí la revolución de la alegría”, expresó el jefe de Estado y, en alusión a Macri, remarcó que “el que les prometió la revolución de la alegría cerró 23 mil pymes” y lo que “hizo la Argentina fue deteriorarse”.

Fue al encabezar el acto de entrega de 178 viviendas, en el marco del programa Procrear II, ubicadas en los barrios Nueva Pompeya y Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernández contrastó los resultados de su gestión con la situación heredada de la administración de Mauricio Macri.

En ese contexto, destacó que en su gobierno “empezamos a recuperar el salario que se cayó en el gobierno de Macri más del 20 por ciento”.

“No todos somos lo mismo en política, no todos pensamos lo mismo. Estas casas las tienen que construir los bancos, pero la construimos nosotros y estamos orgullosos de eso”, dijo al encabezar la entrega de viviendas, para cuya construcción requirió una inversión del Gobierno nacional de 1.860 millones de pesos.

En un mensaje directo al referente opositor, el Presidente dijo que “los peronistas sabemos que mejor que decir es hacer y que prometer es realizar, Macri”, y agregó que en su gobierno “la libertad es absoluta”.

“Para nosotros son ustedes los únicos que nos preocupan. Tengo la tranquilidad de que en mi gobierno nunca usamos la Justicia para perseguir a nadie”, señaló, al responder dichos recientes del expresidente.

El ministro de Obras Públicas además alertó que el fallo del máximo tribunal sobre los fondos coparticipables que recibirá CABA, afectará “la continuidad de muchas obras” en las provincias.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró este viernes que “hay un conjunto muy importante de gobernadores que respaldan el juicio político a la Corte Suprema de Justicia”.

“La discusión sobre la coparticipación y la gravedad que eso encierra es algo que se seguirá dando. Hay un conjunto muy importante de gobernadores que respaldan el juicio político. Hay que explicar muy claramente qué sucedería en cada provincia con ese fallo de la Corte referido a la coparticipación. Muchas obras que están en marcha no podrían seguir”, explicó Katopodis en declaraciones radiales.

Sobre el pedido de juicio político que impulsa el Gobierno nacional a los integrantes del máximo tribunal, el funcionario afirmó que existe “un proceso de captura de las instituciones, sobre todo de la justicia por parte de grupos económicos que pretenden proteger sus privilegios”.

Para Katopodis, mediante un fallo de la Corte, “la Ciudad de Buenos Aires se adueñó de algo que no le correspondía”, y adelantó que se trata de una discusión que el Ejecutivo “seguirá dando esta discusión hasta que cada provincia entienda la gravedad de la situación”.

“Cuando la gente votó en el 2019, también lo hizo por una Argentina más federal y más igualitaria”, sostuvo el ministro, quien estimó además que en los comicios de este años “hay que remarcar que siguen en disputa dos modelos” de país.

“No tenemos que perder de vista que hay una discusión sobre dos modelos y pasó algo grave estos días. Vimos una oposición en clave de negocios, y quedó a la vista lo que todos sabíamos”, indicó en referencia a los chats atribuidos al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’ Alessandro (actualmente de licencia), en los cuales se registran intercambios con magistrados, funcionarios y empresarios.

Katopodis aludió a las conversaciones que D’Alessandro mantuvo con el empresario Marcelo Violante, quien tuvo a su cargo la concesión del servicio de acarreo de grúas en la Ciudad durante 21 años y pagaba un canon de 55 mil pesos por mes.

De acuerdo al contenido de los intercambios que trascendieron, D’Alessandro llevaba adelante gestiones para que las empresas de Violante recibieran contratos de parte del Gobierno de la Ciudad, así como “Lo que vimos (en esos chats) los representa (a los integrantes de Juntos por el Cambio) en su naturaleza y esa es su ética, así son en lo cotidiano. Es por eso que tiene que haber comprensión política de lo que hay en disputa en las próximas elecciones”, apuntó Katopodis.

El ministro sumó que si bien “hay un proceso regional y mundial de fuerte radicalización de la derecha, también está en disputa cómo se construye una sociedad más democrática y cómo garantizamos este proceso para no quedar rehenes de algunos grupos económicos que siempre van a defender determinados intereses”.

Se trata de 974 juicios a evasores con navíos de alta gama.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) inició juicios a propietarios de embarcaciones de lujo para recuperar deudas por un total de $217 millones.

Como parte de las acciones de fiscalización y cobranza en segmentos de altos ingresos, ARBA inició en los últimos meses 974 juicios de apremio por deudas de contribuyentes que deben el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

El cobro por vía judicial incluye a dueños de embarcaciones importantes, con una eslora mayor a 7 metros, que adeudan varias cuotas del tributo provincial; en promedio, se trata de deudas superiores a los $222.000.

Paralelamente, en las últimas semanas la Agencia intensificó los operativos conjuntos con la AFIP para fiscalizar parques náuticos, guarderías y embarcaderos, de manera de detectar embarcaciones deportivas sin declarar o intimar a quienes deben impuestos.

Así, los equipos de fiscalización de ARBA realizaron un operativo en un club náutico de San Isidro, donde detectaron tres embarcaciones no inscriptas y otras 11 que registraban una deuda global de más de $18 millones.

Al respecto, el director de ARBA, Cristian Girard, destacó que “con esta medida estamos recuperando recursos de sectores con alto poder económico, de evidente capacidad contributiva, para volcarlos después a la construcción de rutas, de más escuelas y jardines de infante, de infraestructura sanitaria y mejores servicios que permitan seguir ampliando derechos y transformando la Provincia”

Junto a otros funcionarios el Presidente encabezó esa inauguración en Ensenada.

El presidente Alberto Fernández encabezó la inauguración del Parque Costero de Punta Lara, en el municipio bonaerense de Ensenada, un nuevo espacio público de 1.000 metros lineales de extensión construido a orillas del Río de La Plata, moderno y seguro que además protegerá a la zona de posibles inundaciones, según informaron fuentes oficiales.

En el acto estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el intendente de Ensenada, Mario Secco.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que su Gobierno apuesta por una Argentina donde “se invierta, se produzca, se trabaje y se disfrute”, y resaltó la necesidad de “poner en valor lo que es nuestro”.

Señaló que “como gobierno tenemos una primera obligación de tender la mano a los que están más abajo e incluirlos como parte de la sociedad”.

“Siempre vamos en socorro de los que más necesitan. Nos interesa también que los argentinos trabajen, que puedan descansar y disfrutar. Uno tiene que preocuparse por alimentar el estómago y el alma de los ciudadanos. Es tarea de quien gobierna garantizar la alegría y el disfrute de los que viven acá”, indicó.

Sostuvo que pese a que el país le tocó “vivir dos años muy difíciles”, con la pandemia de coronavirus, la guerra en Ucrania y lo “heredado” del Gobierno de Mauricio Macri, la administración a su cargo “siguió avanzando y terminando rutas, mejorando las calles y creando lugares para el esparcimiento ciudadano”.

Al inaugurar el Parque Costero en Punta Lara, el mandatario señaló que “esto es posible hacerlo cuando pensamos un país para ustedes, y cuando los que gobernamos tenemos la misma vocación: un futuro más igualitario”.

Se trata de una obra esperada durante 30 años por la comunidad de Ensenada y los municipios de Quilmes, Avellaneda, Berisso y La Plata, que permitirá el desarrollo turístico de Punta Lara, una zona que cada año recibe la visita de 500.000 bonaerenses.

Los trabajos, realizados por el Ministerio de Obras Públicas con una inversión de 278 millones de pesos, permitieron recuperar una importante franja costera degradada por la erosión fluvial y las crecidas del río a causa de la sudestada, y transformarla en un paseo peatonal y bicisendas en contacto directo con el río, de libre acceso a la comunidad y con los servicios públicos que permiten el pleno disfrute de la práctica deportiva y las actividades al aire libre.

Es para que los legisladores debatan unos 27 proyectos, entre ellos estará el juicio político a la Corte Suprema.

El gobierno de Alberto Fernández convocará a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación entre el 23 enero al 28 de febrero. La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, anunció que el decreto del Poder Ejecutivo será publicado en el Boletín Oficial a la medianoche e incluirá 27 proyectos. Entre estos expedientes, se encuentra el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia que generó el rechazo de Juntos por el Cambio.

Entre los temas a debatir entre Diputados y el Senado se encuentra el pedido de juicio político al máximo tribunal, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores peronistas. Además, se destacaron los proyectos de ley para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema y el de modificación del Consejo de la Magistratura.

Otros temas que se abordarán son el tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, donde el Ejecutivo propone a Daniel Rafecas para ese cargo; y el proyecto de ley para modificar la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conocido como el blanqueo de capitales que deriva del acuerdo con Estados Unidos para intercambiar información fiscal.

Tras la decisión del ex presidente Jair Bolsonaro de salir de la comunidad, Brasilia vuelve a ser parte de ese bloque regional.

El canciller Santiago Cafiero recibió este jueves al embajador de Brasil en Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, quien le entregó la carta formal por la cual Brasil oficializa su retorno a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a pocos días de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del mecanismo integración regional que tendrá lugar en Buenos Aires el próximo 24 de enero, se informó oficialmente.

De este modo, Brasil retorna a la Celac luego de la decisión del expresidente de ese país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, el 16 de enero de 2020, de suspender su participación en el bloque que agrupa a 33 naciones de América latina y el Caribe. .

Ahora, con esta formalización, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños vuelve a tener al pleno de los países de la región.

Según indicó la Cancillería argentina en un comunicado, durante el encuentro con Cafiero, el embajador de Brasil agradeció los pronunciamientos realizados por el gobierno del presidente Alberto Fernández sobre los destrozos y actos vandálicos “sin precedentes”, ocurridos el domingo pasado contra las sedes de los tres poderes de Brasil.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia argentina dialogó con Almeida Salgado sobre la próxima visita oficial que realizará el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la Argentina el lunes 23 de enero, que incluirá una reunión bilateral, en la Casa Rosada, con el presidente Alberto Fernández, y al día siguiente participará en la Cumbre de la Celac.

De la reunión que tuvo lugar en el Palacio San Martín formó parte también el vicecanciller Pablo Tettamanti.

La VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, en el Sheraton Buenos Aires Hotel, convocará a los mandatarios, cancilleres y representantes de los 33 países miembros del mecanismo regional, cuya Presidencia Pro Témpore está en manos de Argentina, además de observadores de distintos organismos regionales y multilaterales y sus representantes.

El 5 de enero pasado, a cuatro días de la asunción de Lula da Silva, el Gobierno de Brasil ya había confirmado a los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la “plena e inmediata reincorporación” del país al mecanismo regional del que se había retirado por decisión de Bolsonaro y confirmó la asistencia del jefe del Estado a la reunión del foro regional.

El retorno implica el regreso del país “a todas las instancias del mecanismo”, tanto las de “carácter político como las de carácter técnico, informó, en esa ocasión un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en su página web.

La decisión de regresar al mecanismo regional había sido anticipada días antes por el nuevo canciller, Mauro Vieira, quien aseguró que en su gestión la política exterior de Brasil conducirá al país “al gran palco de las relaciones internacionales”.

También en esa oportunidad dijo que la región “perdió capacidad de actuar en conjunto”, por lo que prometió “recuperar la Unión de las Naciones Sudamericanas” (Unasur), y aseguró que uno de sus “objetivos inmediatos” era el de “dinamizar” la Celac.

Un capítulo especial, por cercanía y sintonía política, será para el Gobierno argentino la llegada al país, el 23 de enero, de Lula Da Silva, en lo que será la primera visita de Estado del líder del Partido de los Trabajadores (PT) desde su asunción al frente del Palacio del Planalto, y que significará el relanzamiento formal de la estratégica relación bilateral con el principal socio comercial de Argentina en el Mercosur.

Fernández y Lula tendrán una reunión de trabajo en Balcarce 50, que incluirá la firma de acuerdos ya delineados en el encuentro que ambos líderes sostuvieron en Brasilia, el 1 de enero pasado, tras la toma de mando del presidente de Brasil.

“Por el afecto que siente Lula por nuestro Presidente” se logrará “un gran acuerdo binacional en lo financiero, lo energético, en agro-industria, cultura, infraestructura y turismo”, anticipó días atrás en declaraciones a la prensa el embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli.

El regreso de Lula al Planalto significa para el Gobierno la restauración del tándem Brasilia-Buenos Aires como base para la integración regional, lo que además sumará un elemento favorable al comercio entre ambos países y al ritmo de crecimiento de Argentina.

Así lo aseguró el fiscal, quien además resaltó la cantidad de pruebas probatorias en el juicio.

El fiscal que interviene en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa aseguró este jueves que “sin lugar a dudas hubo un plan para matar” al joven estudiante de abogacía y consideró que “está probada y se va a seguir probando” la premeditación con la que fue atacado por los rugbiers imputados.

“La conclusión es muy positiva. A esta altura se está probando todo lo que queríamos acreditar, con mucha prueba”, dijo esta mañana el fiscal Juan Manuel Dávila antes de ingresar a los tribunales de Dolores para participar de una nueva audiencia del juicio.

Para el funcionario judicial “sin lugar a dudas hubo un plan para matar a Fernando” y eso “está probado y se va a seguir probando”, en las próximas audiencias.

Respecto a los testigos que declararán hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC), Dávila aseguró que son “muy importantes”, ya que “son peritos faciales que declaran en relación a todos los videos que están en la causa”.

Los legisladores oficialistas que integran la Comisión de Juicio Político convocaron a sus colegas de otros bloques a “dar una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina”.

Diputados del Frente de Todos que integran la Comisión de Juicio Político mantuvieron este miércoles una reunión para avanzar en la elaboración del texto del proyecto que presentarán en las próximas horas para abrir el proceso donde se discutirá y analizará la destitución de los integrantes de la Corte Suprema.

“Con asistencia perfecta, avanzamos en el análisis de los próximos pasos a dar en función de la solicitud que nos fue entregada la semana pasada por el Presidente de la Nación y gobernadores de provincias”, expresaron los diputados a través de un comunicado difundido en las redes de Leopoldo Moreau.

“Trabajaremos desde la Comisión analizando los pedidos de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Lo haremos en pleno cumplimiento de la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación y el reglamento de la Comisión de Juicio Político”, agregaron en el texto y sostuvieron que para eso realizarán un “un debate profundo, con argumentos, alejados de toda chicana e interés mezquino”.

“Estudiaremos a fondo decisiones tomadas por la Corte Suprema y sus implicancias para la división de poderes, el federalismo y el funcionamiento de las instituciones”, puntualizaron. El comunicado cierra con una convocatoria a todos los bloques que integran la Comisión a “dar una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina”.

El Gobierno ratificó este miércoles que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar en la segunda quincena de enero el juicio político a la Corte Suprema.

“Tal como informé el jueves en la conferencia de prensa, la convocatoria a extraordinarias será la segunda quincena de enero. Todo marcha según lo previsto y en los próximos días se hará el llamado. No hay ni hubo ningún cambio. La manera en que se va a llevar en el Congreso son decisiones que se discuten y se toman en el Congreso”, señaló la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.