En la cruzada por eliminar todos los restos de la gestión anterior, las nuevas autoridades tomaron una polémica decisión. Resolvieron cerrar la Unidad de Pronta Atención 24 horas (UPA) de General Madariaga que se encontraba en conflicto desde principios de año.

En aquella oportunidad, trabajadores de la dependencia sanitaria que atendía a vecinos de dicho distrito, Pinamar y Villa Gesell, denunciaron el vaciamiento del área y el inminente cierre del UPA.

La noticia fue confirmada hoy por el edil Carlos Caro, a La Tecla. El concejal explicó que tras las denuncias de desmantelamiento “la han terminado cerrando”.

A su vez, aseguró que “la idea es reincorporar a los trabajadores que están cobrando una beca del ministerio de Salud de la Provincia a los distritos de Pinamar y Madariaga.

La ambulancia la van a convertir en una ambulancia para traslados de alta complejidad, a los ambulancieros los van a tener como base en Madariaga”.

“La UPA la desmantelaron”, sentenció e informó que se anunció una inversión en el Hospital Alende (Mar del Plata) para ampliar los servicios y la capacidad de atención.

“Van a terminar invirtiendo 80 millones en el Alende, pero es una medida a mediano y largo plazo”, consideró. “Al cerrar la UPA, determinados traslados que se podían subsanar ahora vas a tener un nivel de traslado que el más corto son más de 100 kilómetros con toda la complejidad que eso trae”, aseveró Caro.

En ese sentido, el concejal opositor sostuvo que “prolongaron el cierre para que se disuelva el conflicto”. Y apuntó a los gobiernos provinciales y municipales: “Es una decisión del gobierno provincial con la aceptación de los municipios, que no pelearon para que siga abierto el centro de salud, no hubo presión por parte de los gobiernos locales”.

Por su parte, desde el municipio madariaguense, el secretario de Salud, Amadeo Echeverría, subrayó que la dependencia sanitaria para la región “es inviable” y comunicó que trabajan articuladamente con la Provincia para “ver qué finalidad se le podía dar a esta UPA”.

En la ciudad balnearia de Necochea, un hombre de nacionalidad chilena se quitó la vida debido a la presión que le genero no poder afrontar el aumento de las tarifas en los servicios públicos.

El periodista, Matias Resano, aseguró en una publicación para el Grupo Crónica que "Invadido por la angustia, por la desesperación de no saber cómo afrontar el incremento de las tarifas de luz y de agua, que en esta oportunidad superaban los tres mil pesos, un albañil se quitó la vida en Necochea".

De esta manera el aumento digitado por el gobierno nacional se cobra la primera vida. El hombre, le había adelantado de la situación a su hermano luego de recibir las facturas de agua y gas y tras estar desempleado durante más de un mes, debido a la abrupta caída en el sector de la construcción.

La victima,  Alberto Luis Guerra, de 30 años,  se desempeñaba como albañil, la falta de trabajo, lo llev{o a caer en un profundo pozo depresivo que derivó en la trágica decisión de quitarse la vida.

El pasado sábado partio de su vivienda en la ciudad de Necochea para encontrarse con su hermano, quién contó que le dijo “Me voy a matar, ya me es imposible vivir así”

Su hermano quien acudió a las autoridades policiales para solicitar una rápida intervención que pudiera evitar la irreversible determinación del albañil, de nacionalidad chilena.

En necochea las facturas de luz, promedian 1500. 

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue denunciado penalmente por la el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, por la presunta comisión del delito de "incumplimientos de los deberes de funcionario público", por no haber realizado la audiencia pública previa al incremento de las tarifas de gas aplicado en Mar del Plata.

La denuncia que recayó en juzgado federal 11, a cargo del juez Claudio Bonadio, alcanzó también al interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), David José Tezanos González, según consta en el texto de la denuncia.

Se trata de la tercera denuncia penal que recibe Aranguren en lo que va de su gestión al frente del Ministerio de Energía dado que semanas atrás lo había denunciado el senador Fernando "Pino" Solanas por comprar gas a Chile "más caro que a Bolivia" y antes lo habían hecho diputados del Frente para la Victoria que lo acusaron de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".

Con la denuncia presentada hoy, Rodríguez se hizo eco de los hechos que habían sido presentados ante la PIA por el fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, quien había detectado "la posible comisión de infracciones penales" por el incumplimieto de la norma que "prevé la realización de una audiencia pública previa al incremento de las tarifas".

Adler consideró que "este procedimiento previo con intervención de los interesados, como es la audiencia pública en este tema específico del gas, donde hay una ley especial que indica su necesidad de realización en materia de tarifas, es una garantía implícita en la normativa constitucional que reconoce y consagra la tutela de los usuarios".

El fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata había destacado que el artículo 46 de la ley 24076 dispone que "los transportistas, distribuidores y consumidores podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas".

"La ausencia de Audiencia Pública, prevista específicamente para el cambio de tarifas en el gas, no sólo ha obturado la discusión ciudadana sobre el punto impidiendo el control del consumidor, sino que constituye un incumplimiento de la ley de parte de la autoridad en un tema que afecta el derecho de las personas a su calidad de vida", señaló Adler en la presentación ante la PIA.

Es la tercer denuncia penal contra el ministro en sólo seis meses de gestión.

La ministra de Salud, Zulma Ortiz, encendió la polémica cuando la semana pasada dijo “La UPA de Madariaga no existe más”. Sin embargo la institución aún cuenta con 42 profesionales, entre médicos, enfermeros, técnicos y ambulancieros, que por ahora no tienen una tarea específica.

La Unidad de Pronta Atención Nº 19 tendrían que ser un centro de atención a las adicciones, pero todavía no lo es y no queda claro qué argumentos lo impiden.

La información fue reconstruida por el diario El Mensajero de esa localidad. El medio relató ya en varias ocasiones lo que fueron capacitaciones en materia de atención de adictos, aunque el edificio está muy lejos aún de estar adaptado a su nuevo fin. Por eso, los trabajadores de la salud y los vecinos quieren frenar la transformación y que se use la capacidad instalada para tener en el lugar un hospital subzonal o una sala de atención media.

“Esto, para el personal, es sumamente angustiante. Saber que están en un lugar sin poder atender a la gente, que es nuestra vocación, capacitándonos inclusive, pero no saber qué será de la vida de nosotros”, dijo a dicho medio Gabriel Quiroga, coordinador de la UPA, quien fue llevado allí por la gestión Cambiemos y parece que, en contacto con el lugar, se “solidarizó” con la causa.

La situación de la UPA 19, ubicada sobre la Ruta provincial 74, había sido crítica en diciembre con el cambio de administración, cuando el macrismo amagó con jubilarla.

En ese momento, la presión de los profesionales de la salud –que querían mantener su lugar de trabajo– y de los intendentes de la región –que la veían como una ayuda para sus gestiones– hizo que se firmara la continuidad, con el saneamiento de las deudas por salarios atrasados. Pero ahora volvió el miedo al cierre.

Agustina Althabe, una de las empleadas administrativas reclamó seguir con los fines originales del proyecto:. “Seguimos cumpliendo las guardias; todo el personal, desde los médicos, los enfermeros, los de mantenimiento, la gente de farmacia, los administrativos”. También lanzó un desafío: “Todo aquel que desee conocer el UPA 19 está invitado a venir y empaparse en el tema”.

Por ahora, el desmantelamiento de la UPA parece más un capricho de Ortiz que algo surgido de la realidad. Todo indica que la idea es apostar a su fracaso porque fueron inauguradas por Daniel Scioli

A horas de la mañana de ayer la mandataria provincial, María Eugenia Vidal, fue recibida con una fuerte protesta en la ciudad de Mar del Plata, donde trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) volvieron a exigirle mejoras salariales y respuestas acerca del panorama económico que empeora día tras día en la Provincia.

El episodio sucedió en  las puertas del Hotel 13 de Julio de la ciudad balnearia, donde Vidal estaba alojada, y fue escrachada en plena vía pública por un gran número de trabajadores que le exigieron soluciones urgentes y concretas a sus necesidades.

Una vez adentro del hotel para la inauguración de la Semana Social 2016, la gobernadora se refirió al hecho que tuvo que vivir con los trabajadores que la insultaron y dijo: "Sé que el camino no es fácil, pero tenemos la convicción de que vamos a un lugar mejor. La templanza de haber entrado por ese pasillo con un grupo de personas que están muy angustiadas y preocupadas y que me insultaron. Tal vez no entiendan que el punto de partida fue muy difícil y que estamos poniendo lo mejor de nosotros. Yo sé que todavía no alcanza y que estamos lejos".

Además aprovechó la oportunidad para manifestar que "es importante impulsar la obra pública para generar nuevos puestos de trabajo" y en ese sentido aseguró que durante los próximos años se generarán 100 mil puestos de trabajo genuinos en la Provincia de Buenos Aires a través de la obra pública.

La mesa inaugural de la Semana Social 2016 estuvo integrada por la gobernadora Vidal; el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca; la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley; el intendente Carlos Arroyo; monseñor Antonio Marino y los monseñores Jorge Lozano, Jorge Casaretto, Fernando Maletti y Jorge Lugones

El aumento en las tarifas de los servicios públicos, generó tensiones dentro del partido de gobierno. El descontento social provocado por la medida, le genera costos políticos a los propios aliados políticos, gobernadores e intendentes de los municipios.

En la emblemática ciudad balnearia, el impacto de los aumentos trajo preocupación al alcalde del Pro, Carlos Arroyo.

Tal es así, que decidió enviarle una carta a Juan José Aranguren, el Ministro de Energía de la Nación, para solicitarle que se suspenda la aplicación de aumento en todo General Pueyrredón.

El escrito destaca que “considerando el tiempo transcurrido desde que este municipio ha solicitado la recategorización del partido de General Pueyrredón sin tener respuesta concreta y teniendo en cuenta la inminencia de la facturación con nuevos cuadros tarifarios, con fortísimos aumentos en los valores del metro cúbico, que rigen desde el 1 de abril del corriente año, solicitamos la suspensión de la aplicación del nuevo cuadro tarifario”, la recategorización solicitada hace referencia a considerar a la localidad como una de las ciudades más frías.

Arroyo, detalló que la situación que se vive es “compleja y alarmante” por el “impacto inesperado que vulnera derechos de tantísimos habitantes, generando que muchos vecinos no puedan afrontar el pagos de las próximas facturas”.

En el mismo sentido, el alcalde sostuvo que “se suma el trato discriminatorio que sufre General Pueyrredón en su tratamiento tarifario en cuanto a su actual categorización” y añadió que “según informes técnicos, acompañados oportunamente, Mar del Plata debe ser comparada con una ciudad de la Patagonia desde el punto de vista metereológico y climatológico”, porque “explica su temperatura por la acción del viento ya que se encuentra afectada por el viento proveniente de la corriente fría de Malvinas”.

Los aumentos de gas en la Ciudad de Mar del Plata y en localidades que conforman el partido General Pueyrredón, superaron el 800 por ciento, ya que distintas medidas cautelares mantenían las tarifas congeladas desde el año 1999.

Luego de anunciados los aumentos vecinos y Ongs presentaron recursos de amparo pero fueron denegados por la justicia, por lo que intentaron la vía de la recategorización que el propio intendente detalló en la carta enviada, donde aseguró que no tiene respuesta concreta.

Los comerciantes de Mar del Plata elaboran diferentes tipos de estrategias productivas para continuar abierto sus negocios, pero para ello debieron prescindir de empleados, lo que genera preocupación en los gremios, mientras que otros debieron cerrar sus comercios debido por la fuerte alza en los servicios y la depresión económica.

Según publicó, el sitio Diagonales, desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UNIP) de Mar del Plata se muestran preocupados y advirtieron que “nunca sucedió que hubiera tantos comercios cerrados y creemos serán más”.

Algunos carteles comenzaron a aparecer en las vidrieras de diferentes rubros comerciales: "liquidación por cierre", "cerramos, todo a mitad de precio", y otros ironizan con la situación económica y dicen "liquidación por crisis". Algunos rubros están más afectados que otros, y aquellos comercios que utilizan heladeras y aparatos eléctricos en general se muestran muy preocupados, no sólo por el aumento en los servicios sino por la caída del consumo. La indumentaria registra también un alza en los precios al ritmo de la inflación y una caída profunda en las ventas.

“Con el vencimiento de los contratos de alquiler que coincide con esta época posterior a Semana Santa, se acrecienta entonces el número de locales cerrados. Nunca pasó que hubiera tantos. Y creemos que van a cerrar más a lo largo del año. En la zona de Güemes se ven algunos, nosotros contabilizamos seis, dos por calle Olavarría, uno emblemático en la esquina con calle Garay, y cuatro por la propia Güemes”, señaló el dirigente de la UCIP Blas Taladrid al medio marplatense 0223.

En el resto del país la situación es similar. Según un informe emitido por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), el número de locales que no están en actividad y se encuentran "en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados" se incrementó 8% en marzo-abril de este año respecto del bimestre anterior en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó hoy una nueva reunión de su gabinete de ministros en el club Regatas de la ciudad de Chascomús, se informó en un comunicado.

El encuentro, que contó con la participación del intendente local, Javier Gastón, se enmarca en la serie de encuentros que la gobernadora realiza junto a sus funcionarios en diferentes distritos, como ya sucedió en Magdalena, Tres de Febrero, Vicente López, San Martín, San Isidro, Quilmes o Lanús.

Al finalizar la reunión de gabinete, Vidal, acompañada por el secretario General del Gobierno, Fabián Perechodnik, y el ministro de Economía, Hernán Lacunza, recorrió las instalaciones de una empresa de tecnología radicada en Chascomús.

La diputada nacional Elisa Carrió cargó duramente contra el ex mandatario bonaerense, Daniel Scioli y advirtió: “Hizo mucha plata en Mar del Plata y ahora me voy a encargar de que deje de hablar”, indicó.

La diputada de la Coalición Cívica participó en Mar del Plata de la inauguración del Instituto Hannah Arendt, en la Plaza del Agua.

Allí, fue donde cuestionó fuertemente al ex candidato presidencial, quien en ese momento estaba entregando junto al senador provincial Juan Curuchet material deportivo a una decena de clubes y escuelitas de barrio, en una reunión organizada por la Fundación “Juan Curuchet para el deporte”.

Además, la diputada nacional se refirió a la suba de los precios y cuestionó a “las grandes marcas” que “han llevado los precios a un escándalo”. “No vamos a permitir que se estafe al pueblo de la Nación” afirmó.

Y agregó: “O bajan los precios o voy a estar en la Justicia para demandarlos: le voy a mostrar a la sociedad qué marcas no tienen que comprar, son depredadores”.

En la localidad de Batán, el intendente Carlos Arroyo recortó el servicio de transporte escolar que traslada a 500 chicos hasta las escuelas de zonas rurales.

Los padres de los escolares, decidieron cortar la ruta 88 para reclamar por el transporte y por las condiciones de abandono de las escuelas a la que concurren más de 2000 chichos que conforman la comunidad educativa.

Osvaldo Eizaga, delegado de SUTEBA de la ciudad de Mar del Plata detalló que  "este corte es producto de la anulación del transporte escolar en toda la ciudad", esta decisión fue tomada por el intendente Carlos Arroyo (PRO).

" Hay problemas de gas y calefacción, agua contaminada en las instituciones y ahora se le suma el problema de transporte por falta de pago", aseguró el delegado gremial y añadió que "cuarenta mamás decidieron hacer el corte",  haciendo referencia a la medidas de fuerza adoptada por los padres de los chicos, debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades locales.

" Los jóvenes tienen cuatro kilómetros por tierra hasta llegar a la escuela",  detalló el delegado de SUTEBA, quién además describió que se ven afectados chicos de todos los niveles educativos (jardín, primaria y secundaria).

En cuanto a la situación general de Mar del Plata, Osvaldo Eizada, destacó que "hay un desgobierno general en Mar del Plata por parte del Municipio porque anuncian decisiones que después no se dan y eso altera a toda la comunidad".

En la misma línea, el delegado gremial fue contundente al comparar la gestión del intendente Carlos Arroyo con "un barco a la deriva" .

"Esa es la realidad de Mar del Plata en este momento en las diferentes áreas", concluyó Eizada.