"No es verdad que a las Pymes les esté yendo mal en la Argentina", dijo la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y fundamentó: "La cerveza artesanal tiene el doble de empleados". No aclaró cuántos trabajadores se dedican a esa actividad. Antes, el candidato de Cambiemos en la provincia, Esteba Bullrich, había afirmado que los despedidos de Pepsico se dedicaran a la producción de cerveza.

El gobierno provincial sigue negando el impacto de las políticas económicas. Según el Indec, la desocupación llegó al 9%, el número más alto en 10 años. En Gran Buenos Aires, el desempleo superó los dos dígitos.

En el caso de las pequeñas empresas, durante todo el año las cámaras que agrupan a las PYMES pidieron a la provincia que declare la emergencia del sector. Insisten en que están en crisis más de 5 mil pequeños y medianos empresarios.

“Estamos a 17 meses de gobierno y vemos un mercado interno que en un breve lapso de tiempo se ha deprimido sustancialmente, han caído todas las ventas, en prácticamente todos los sectores. Las pymes están a punto de desaparecer, se vienen consumiendo el poco ahorro que han podido generar, pero en este marco de recesión, con costos que se incrementan, se hace imposible ver la luz al final del túnel", reconoció la "mesa productiva" en un comunicado hace unas semanas. La Mesa Productiva compuesta por APYME, CGERA, Asociación PYME, Empresarios Nacionales, Pymes Sur y CEEN.

Preocupados por el impacto del anuncio en plena campaña, Cambiemos ahora sale a enfriar la norma. El que salió a negar la iniciativa fue el diputado nacional de Unión-Pro Daniel Lipovetsky, quién igual pidió "esta atentos" a lo que sucede en Brasil.

"No hay en carpeta una flexibilización de los derechos de los trabajadores más allá de que hay que estar atento a lo que pase en Brasil," declaró el Diputado cambiste en una entrevista con Télam Radio.

Lipovetsky reconoció que de todos modos se debe "pensar si hay una alternativa para no generar distorsiones (con el mercado brasileño) por ejemplo en el tema de atracción de inversiones".

"Hay que aclararle a la gente que muchas de las reformas realizadas en Brasil son cosas que en la Argentina no existen, como la obligatoriedad de la cuota sindical," señaló.

Para el legislador oficialista, la discusión sobre la temática se fundamenta en que "hace cinco años que en la Argentina no crece el empleo en blanco".

"Por lo tanto hay algo que nos indica que tenemos un problema que tiene varias razones, pero una seguramente es la falta de incentivos para que los empleadores tengan a sus empleados en blanco," agregó.

Señaló que "la falta de incentivos tiene que ver con lo caro que sale pagar los impuestos al blanqueo del trabajo" , lo que a su juicio "no tiene que ver con la flexibilización de los derechos de los trabajadores".

"Cuando uno es empleador y contrata a una persona en blanco tiene que pagar, además de la cargas que tienen que ver con los beneficios de los trabajadores, impuestos al Estado de ese empleado en blanco," puntualizó.

Lipovetsky indicó que "esos impuestos son muy altos", por lo que el oficialismo cree que "lo que hay que reformar son esos impuestos" y "ese es el proyecto que está trabajando el gobierno".

La Justicia había dado lugar a un amparo presentado por el frente 1País, que conduce Sergio Massa. De esta manera, el Gobierno nacional debía restituir las 70 mil pensiones por discapacidad que había dejado sin efecto el ministerio de Desarrollo Social.

Ahora, el Ejecutivo apeló el fallo de la jueza federal de la Seguridad Social, Viviana Piñeiro. De esta manera, se negó a pagar las pensiones.

"Arrancan la campaña sacándole la pensión a las personas con discapacidad", expresó al respecto Sergio Massa, según reseñó el portal Infocielo. Y advirtió: "El presidente se muestra preocupado en videos en redes sociales, pero poco le preocupa la calidad de vida de 70 mil familias al momento de cortar más pensiones".

"Le van a tocar timbre a los vecinos para decirles que los están dejando en la calle", señaló y afirmó que "ya no es un 'error', es una decisión política, no les interesan las personas con discapacidad, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los pobres. Es un gobierno para ricos que quieren ser más ricos", dijo por su parte Malena Galmarini, esposa del diputado nacional y referente en políticas sociales de "1País".

El ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal brindó una conferencia de prensa donde resaltó el trabajo de la Policía Bonaerense y culpó a los obreros por la violencia. Los trabajadores de prensa denunciaron que también fueron golpeados.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, defendió tajantemente la represión de la policía contra los trabajadores de Pepsico en la planta de Florida y resaltó que la fuerza de seguridad "actuó como tiene que actuar ante una orden de la Justicia".

"Cuando uno tiene 15 policías heridos, se sabe de dónde viene la violencia", manifestó el funcionario y remarcó que una agente de Infantería sufrió una lesión "muy grave, con fractura expuesta" de una pierna a raíz de una agresión.

Asimismo, en declaraciones a la prensa, precisó que los detenidos "son tres" y remarcó: "Cualquier exceso que yo vea, va a ser sancionado, pero creo que la Policía actuó como tiene que actuar".

Mientras Mauricio Macri realizaba una actividad con la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich sin brindar declaraciones sobre una nueva represión de su Gobierno, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley tomó la palabra y señaló que "el ministro de Trabajo se está ocupando hace tiempo, está trabajando como en todos los casos cuando sucede esto, está trabajando el Estado para que esto salga de la mejor manera".

Por su parte, los trabajadores de prensa denunciaron que fueron golpeados durante el operativos y que las fuerzas de seguridad no los dejaron transmitir lo que ocurría en la planta durante el violento desalojo.

El fiscal Gabriel De Vedia solicitó que se haga extensiva “a todo el país” la medida cautelar por la que una jueza de la seguridad social ordenó que se le vuelva a pagar una pensión a la madre de una persona con discapacidad.

De Vedia, de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social (Ufises), presentó un recurso ante la jueza federal Viviana Patricia Piñeiro, porque la jueza declaró su “incompetencia territorial”, para extender su resolución a todos los casos en la Argentina.

Piñeiro ordenó que, en el plazo de ocho días, se restablezcan las pensiones no contributivas dadas de baja por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, como el caso, correspondan a la jurisdicción de la localidad bonaerense de San Martín, donde dispuso enviar el expediente luego de declarar su incompetencia.

En este expediente, la mujer que efectuó el reclamo lo hizo también en nombre de un colectivo con situaciones similares, pero la jueza advirtió que el domicilio de la demandante era en el partido bonaerense de San Martín.

En ese marco, el fiscal De Vedia pidió que se revoque la “limitación” de la medida cautelar, para que se haga “extensiva a todos los afectados por el marco normativo aquí denunciado, cualesquiera resulte el lugar del territorio argentino en el que se encuentren”.

En este sentido, indicó que el litigio “se da entre el afectado y sus colaboradores, y el Estado demandado”, y sostuvo que, “de la sentencia que los mismos obtengan en este pleito, de ser el resultado favorable, se beneficiarán todos los afectados del país”.

Para fundamentar su postura, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que este tipo de procesos trata sobre “derechos constitucionales, convencionales y leyes de orden público”.

El nuevo trámite, anunciado la semana pasada, costará 800 pesos, contra los 405 que demanda hoy comprar el formulario Tipo 12 y el pago en ventanilla. La nueva planta está cerrada y la web del trámite online, caída. Dale con los aumentos.

Los cambios promovidos por la gobernadora María Eugenia Vidal en la modalidad de verificación policial de los automotores son, por ahora -y como hace un año, cuando los anunció por primera vez-, una cáscara vacía. El nuevo sistema y la flamante planta -ideadas para “combatir a las mafias”- abrirán sus puertas recién el lunes 17, con una novedad: el trámite pasará a costar 800 pesos en lugar de los cerca de 405 que cuesta hoy.

El motivo que esgrimió Vidal para avanzar con los cambios fue quitarle una de las "cajas" de recaudación a la policía bonaerense. El desencadenante de la medida fue la detención del comisario mayor Alberto Miranda, jefe de Plantas Verificadoras de Automotores, acusado de recaudar ilegalmente a partir del cobro de coimas.

El golpe al bolsillo que implica la medida es letal: el nuevo arancel consta en la página habilitada para realizar el trámite en linea -https://vpa.mseg.gba.gov.ar/- e incluye la adquisición del formulario Tipo 12 aunque no el grabado de cristales, que deberá hacerse por separado y cuyo valor se ubica en torno a los 300 pesos, con lo cual verificar un vehículo puede llegar a “doler” más de mil pesos.

Se trata de un aumento encubierto de orden del 100 por ciento, habida cuenta de que el trámite costaba antes de la modificación 405 pesos: 300 del formulario Tipo 12 -que en dependencias “no oficiales” se puede llegar a pagar hasta 400 pesos- y 105 que se abonan “en ventanilla” de la verificación.

En 2016, los aranceles autorizados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la propiedad del Automotor fijaba en 210 pesos el valor del Formulario Tipo 12 para automotores y en 60 para motovehículos. No obstante, el precio al consumidor, que debía conseguirlos en determinados kioscos de la ciudad, llegaba a los 280 pesos.

Hay tiempo hasta el viernes para pagar el valor “viejo” de la verificación policial, en la planta de Ensenada y en las más de 100 habilitadas en toda la Provincia. Luego de esa fecha, el trámite pasará a costar 800 pesos, según consta en la nueva web del Ministerio de Seguridad, con lo que cualquier usuario que haga el trámite pagará más del doble que antes para ayudar a “combatir las mafias”.

El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la denuncia contra el presidente de la Nación y contra el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, por el acuerdo que el poder Ejecutivo firmó por el Correo con una empresa propiedad de la familia Macri. El caso desató un escándalo político.

La Justicia investiga al Jefe de Estado y a Aguad por un acuerdo muy favorable al Grupo Macri, que administró el Correo hasta 2003, cuando fue estatizado. La fiscal Gabriela Boquin objetó ese acuerdo y denunció maniobras de la empresa para licuar sus deudas, con anuencia del Estado.

Ahora el fiscal Juan Pedro Zoni imputó también a los directivos de las firmas SOCMA y SIMECO y a los síndicos intervinientes en el concurso de la sociedad anónima que controlaba el servicio postal y a la jueza del fuero Comercial que sustanciaba el concurso de la compañía.

La investigación judicial comenzó luego de cuatro denuncias, basadas en el dictamen de Boquín. La primera fue presentada por los ex legisladores de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti y el abogado Daniel Igolnik. Las otras tres fueron impulsadas por legisladores del Frente para la Victoria, un abogado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

Después de conocerse que el Estado iba a beneficiar con una quita notable al Grupo Macri, la noticia generó un escándalo político. A pesar de que funcionarios de primera línea, como el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendieron lo actuado por el Gobierno, fue el propio presidente el que anunció en una conferencia que "volvía todo a foja cero hasta que se aclare la situación". Ahora la Justicia investigará su propia responsabilidad en el caso.

La Universidad Católica Argentina publicó su informe titulado "Hacia una erradicación de la pobreza, dimensiones de la pobreza y la importancia de su medición multifactorial. Argentina urbana 2010-2016".

Uno de cada diez hogares argentinos no tiene los recursos necesarios para alimentar a todos sus integrantes, que en conjunto son seis millones de personas.

El dato surge de un informe elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA) titulado "Hacia una erradicación de la pobreza, dimensiones de la pobreza y la importancia de su medición multifactorial. Argentina urbana 2010-2016".

Ese trabajo fue realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de esa casa de estudios, para conocer cuál es la pobreza estructural profunda en la Argentina.

El director del ODSA, Agustín Salvia, puntualizó que en 2010, un 15,8% de la población padeció hambre; en 2014, el porcentaje fue prácticamente igual, un 15,9%, y en 2016 bajó a 15,2%.

"Se trata de hogares donde al menos una persona pasó por esta situación, Pero el hecho de que la gente sienta hambre no quiere decir que no cubra esa necesidad de alguna manera, a través de comedores, por ejemplo, o de la Iglesia", aclaró el directivo, en un reportaje publicado este martes por un matutino porteño.

El informe plantea ademásotras dos maneras de medir la "pobreza multidimensional".

Una de ellas surge del Instituto de Oxford, que alerta que cerca del 50% de la población sufre al menos una carencia social y aporta una cifra similar a la UCA respecto a la pobreza extrema.

El otro método se corresponde con la medición del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social de México y estima que el nivel de pobreza multidimensional afecta a 12 millones de personas, que se traduce en el 29,8% de la población.

El presidente del Partido Justicialista habló sobre el armado electoral en la provincia de Buenos Aires y se sumó al pedido de unidad, aunque no descartó las PASO. Además, calificó de “insolente y antidemocrática la afirmación" de Vidal, que vinculó al peronismo con el narcotráfico. "Nos van a querer meter bajo un auto a los que nos enfrentamos a este modelo", advirtió.

Sigue la polémica sobre cuál es la mejor estrategia electoral del PJ de cara a los comicios de este año. En ese sentido el presidente del Partido Justicialista habló sobre el armado electoral en la provincia de Buenos Aires y se sumó al pedido de unidad.

Sin embargo Gioja no descartó la posibilidad de ir a unas PASO en caso de que persistan las diferencias. “La unidad se puede dar, de la mejor manera: que haya lista única”, resaltó.

En ese sentido, el diputado nacional opinó que "si esa unidad no se da", la posibilidad de las PASO "no hay que desecharla" y "quizá eso nos potencie".

En declaraciones a radio 10, Gioja fue consultado por los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien vinculó a la dirigencia del peronismo y el kirchnerismo con el narcotráfico, y opinó: "Me parece insolente y antidemocrática la afirmación".

"Ellos usan mucho el marketing y nos van a querer meter bajo un auto a los que nos enfrentamos a este modelo. Hay que enseñarle educación democrática a la gobernadora", concluyó.

En una carta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Moyano exige un 32% de aumento, muy lejos de la pauta del 18% de aumento que el Ministerio de Trabajo busca imponer.

En un contexto de negociaciones salariales en pie, el sindicato de choferes de camiones que lidera Hugo Moyano envió una carta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), solicitando un aumento salarial del 32%, y elevar el adicional de 15% a 20% para los choferes que transporten combustibles. Desde la Fadeeac, advierten al gremio que el porcentaje que persiguen sería difícil de alcanzar, ya que los índices de costos que dieron a conocer no presenta cifras alentadoras.

Lo cierto es que el miércoles próximo la Fadeeac, que encierra 45 cámaras del sector de todo el país, se reunirá en conjunto para evaluar los reclamos del sindicato, y esperará la correspondiente citación por parte del Ministerio de Trabajo para comenzar la negociación.

Desde el gobierno esperan atentos y evalúan los posibles desenlaces de la negociación que involucra a Hugo Moyano, uno de los aliados estratégicos del gobierno de Mauricio Macri.