Al ser notificados de 165 telegramas de despidos, los Trabajadores del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), nucleados en ATE, tomaron el edificio del organismo ubicado en Perú 103.

Tras conocerse hoy temprano, que desde ATE Capital denunciaban que en el ENACOM existe un listado con 165 trabajadores que comenzarán a recibir las notificaciones de despedido en los próximos días, hace pocas horas empleados del ENACOM tomaron el edificio de la calle Perú, en el centro porteño.

El delegado de ATE, Alejandro Tsusinsky, adelantó: “Vamos a permanecer en el edificio de manera pacífica hasta que haya una marcha atrás” en la decisión oficial, “si es necesario, pasaremos Navidad acá. No vamos a permitir que a días que termine el año, nuestros compañeros se queden sin la posibilidad de llevar un plato de comida a sus casas”, advirtió.

A su vez, Tsusinsky agregó que funcionarios del gobierno hicieron circular la idea de que en ENACOM, “sobraban 707 empleados… Curiosamente, esa es la cantidad de gente que entró desde que ellos son gobierno". En la misma línea denunció que los funcionarios de Cambiemos del organismo: "nunca los vimos sentados en los escritorios trabajando. Son todos asesores que cobran más de 50 mil pesos”.

El ENACOM, creado por el Decreto 267/15, fusionó y absorbió las funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Fue el mismo decreto que desguazó la Ley de Medios para que el Grupo Clarín no sólo pudiera mantener sus privilegios monopólicos, sino extenderlos en detrimento de libertad de expresión de todos los argentinos.

El Tribunal Oral Federal N 5 emitió las sentencias para los 54 imputados de lesa humanidad en el juicio ESMA III, el proceso más prolongado en la historia del sistema penal argentino. El juicio tomó cinco años con 410 audiencias, en los que fallecieron 11 de los 65 imputados. Entre las condenas más destacadas: perpetua para los represores Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta.

El juicio de ESMA III comenzó en 2012 y se analizaron 789 delitos de lesa humanidad, entre ellos varios casos referidos a los denominados vuelos de la muerte, por los que hay cinco efectivos de la Armada imputados.

Es la primera vez que la Justicia de un Estado nacional procesa una causa por crímenes contra la humanidad de tal magnitud y duración. En casos similares de otros países se requirió la presencia de tribunales internacionales.

Además de Astiz y Acosta, fueron condenados a perpetua el ex prefecto Jorge Antonio Azic y Ricardo Miguel Cavallo.

Los 54 represores juzgados en la Megacausa ESMA son: Jorge Eduardo Acosta, Randolfo Agusti Scacchi, Juan Alemann, Juan Arturo Alomar, Paulino Oscar Altamira, Mario Daniel Arru, Alfredo Astiz, Juan Antonio Azic, Daniel Humberto Baucero, Julio César Binotti, Carlos Octavio Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Miguel Enrique Clements, Daniel Néstor Cuomo, Rodolfo Cionchi, Juan de Dios Daer, Alejandro Domingo D’Agostino, Hugo Enrique Damario, Carlos Eduardo Daviou, Jorge Manuel Díaz Smith, Francisco Di Paola, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Fotea, Rubén Oscar Franco, Miguel Ángel García Velasco, Pablo García Velasco, Alberto E. González, Orlando González, Ricardo Jorge Lynch Jones, Jorge Luis Magnacco, Roque Ángel Martello, Rogelio José Martínez Pizarro, Luis Ambrosio Navarro, Víctor Roberto Olivera, Rubén Ricardo Ormello, Eduardo Aroldo Otero, Mario Pablo Palet, Guillermo Pazos, Antonio Rosario Pereyra, Antonio Pernías, Claudio Orlando Pittana, Julio Alberto Poch, Héctor Francisco Polchi, Jorge Carlos Rádice, Francisco Lucio Rioja, Miguel Ángel Alberto Rodríguez, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Hugo Sifredi, Emir Sisul Hess, Carlos Guillermo Suárez Mason, Gonzalo Torres de Tolosa, Eugenio Vilardo y Ernesto F. Weber.

El principal reclamo de los trabajadores tiene que ver con una recomposición salarial, “el 19% no alcanzó”, anunciaron en relación al aumento que obtuvieron a principio de año. Además, reclaman un bono de fin de año superior al de 2016.

Conmoción en la Legislatura. Esta tarde, durante el informe del Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y luego de cortar la luz, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) , la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ingresaron al recinto con bombos, suspendiendo la sesión, en reclamo de una recomposición salarial mayor al 19% ofrecido por el gobierno para 2018, y un aumento del bono de fin de año de 700 pesos.

A su vez, enmarcada en las políticas de "austeridad" de Cambiemos, la Vicepresidenta 1° de la Ciudad, Carmen Polledo, propuso un único bono de 700 pesos, muy lejos de los 2 mil pesos otorgados en 2016, y más lejano aún del bono de 6 mil pesos que dio Cristian Ritondo en uno de sus últimos actos de gestión en la Ciudad.

Según fuentes legislativas al medio Nueva Ciudad, los mismos diputados de Cambiemos le sugirieron a Polledo que otorgue más dinero dado que si la medida continúa no se podría votar el Presupuesto esta semana. Por otra parte, aseguraron que desde las autoridades de la Legislatura les dijeron que de tomar el recinto “actuaría la Justicia”.

El profesor y analista de medios Martín Becerra le echó en cara al diario La Nación parte de la responsabilidad por el cierre de la agencia DyN.

Les corrigió en vivo un zócalo y dejo expuesto cómo operan. También reconoció que la crisis en el periodismo es "de ambos lados de la grieta".

Mirá el video:

El secretario general de ATE manifestó su preocupación ante la reforma fiscal que busca aprobar el gobierno y llamo a las organizaciones de trabajadores a un “Plan Nacional de Lucha”.

En diálogo con FM Cielo, Hugo Cachorro Godoy de ATE advierte sobre la intencionalidad del gobierno de Mauricio Macri de reducir los salarios de los trabajadores: “el Gobierno se preocupa de maximizar ganancia de pocos empresarios y aplicar un ajuste sobre el conjunto de la economía”. A  su vez, Godoy marca que el gobierno usa a los empleados estatales “como conejillo de indias”, y explica, “los despidos comenzaron en el Estado para ir generalizándose en el ámbito privado”.

Sobre el rol del empresariado en la actualidad, el secretario general de ATE mencionó el caso de Tierra del Fuego, donde “el Gobierno amenazó con bajar las tasas de importación en el ámbito de la actividad productiva electrónica”.  Ante ese anuncio, comentó: “Los empresarios dijeron vamos a tener que cerrar y dedicarnos a la importación, el Estado provincial advirtió que dejará de pagar impuestos y entonces el gobierno nacional, el provincial y los empresarios se pusieron de acuerdo en un mecanismo de extorsión de los trabajadores”. A su vez, Godoy plantea una, “complicidad de determinados dirigentes sindicales que solo se preocupan por preservar sus privilegios”, y adelanta que “una dirigencia sindical que aceptó congelar los salarios por dos años”.

En contrapartida, Cachorro Godoy convoca desde ATE y todas las organizaciones de la CTA, a “resistir firmemente”, y a una “Jornada Nacional de Lucha” convocada para el próximo 6 de diciembre, donde invita “a todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras que estén dispuestos a que este pacto fiscal no siga volcando el ajuste sobre las provincias y sobre los trabajadores y jubilados que somos las principales víctimas de estas políticas”, del gobierno.

Sigue la presión del oficialismo sobre magistrados que el macrismo considera como "kirchneristas". El juez platense Luis Federico Arias, titular del Juzgado Contencioso Administrativo, fue acusado de tomar parte en causas cuya competencia pertenecía a otros fueros. Fue suspendido del cargo y será sometido a juicio político por presunto mal desempeño.

El tribunal de enjuiciamiento que sesionó en el Senado de la provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad que los fundamentos para que se inicie un proceso en contra de Arias son válidos, y se procedió a su suspensión como  titular del Juzgado Contencioso Administrativo.

El magistrado, considerado como "kirchnerista" por el macrismo, falló en varias causas en contra de lo exigido por Cambiemos, como ocurrió en el conflicto de los docentes o en el caso de los tarifazos. "Esto es una caza de brujas y una persecución ideológica”, aseguró Arias. Diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron un "abrazo solidario" en La Plata para apoyar al juez suspendido.

El cuerpo los senadores que falló por unanimidad contra el juez, Luis Federico Arias, fue integrado por Roberto Costa (Cambiemos), Jorge D'Onofrio (Frente Renovador) y Héctor Vitale (Peronista) y los diputados Pablo Garate (Frente Renovador) y Marcelo Feliu (FpV-PJ): todos ellos finalizan su mandato el próximo mes, aunque Costa, D'Onofrio y Garate seguirán siendo legisladores hasta el 2021. En tanto, los conjueces que actuaron fueron Alejandro Molea (Lomas de Zamora), Osvaldo Pisani (San Isidro), Ambrosio Botarini (Pergamino), José Apaz (San Martín), Fabián González (Morón).

El dólar volvió a pisar los 18 pesos y se cree que estará por encima de ese nivel para fin de año. Además, se anunciaron aumentos en cambustible (del 10%), gas y luz. Podrían seguir subas en el transporte público. En ese contexto: ¿bajará la inflación el año que viene, como sostiene el oficialismo?

Este año, los incrementos estarán en torno al 25% cuando concluya 2017. Son 8 puntos por encima de la meta propuesta por el Banco Central. De confirmarse ese número otra vez los salarios perderán poder adquisitivo, como ya pasó en 2016.

Luego de las elecciones recientes, los combustibles aumentaron un 10%. Para fin de año se esperan subas en gas, luz y transporte público. Se estima que el boleto mínimo podría subir hasta un 50%. Mientras tanto, el dólar volvió a ganar terreno y otra vez está en torno a los 18 pesos. Con esos indicadores, no parece muy favorable el escenario para que el macrismo pueda logar reducir tan drásticamente la inflación como prevén desde el Banco Central. Otra vez, la mirada estará puesta en las negociaciones paritarias: ¿los gremios aceptarán perder poder adquisitivo por tercer año consecutivo?

Joanna Picetti anticipó hoy que asumirá su banca de diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires y que apelará la decisión de la Justicia de excluirla de la lista de Vamos Juntos. Además aseguró que quisieron “sacarla a empujones” de esa nómina y que no va a "tolerar el abuso de poder" por parte de los dirigentes de Cambiemos.

“Soy diputada electa porque fui elegida en las PASO y fui elegida en las últimas elecciones. Del fallo, que lo vi solamente en los medios, no estoy notificada, con lo cual debería ser diputada electa”, aseguró Picetti en una entrevista con Infobae, donde anticipó que asumirá su banca por Vamos Juntos, que encabezó Elisa Carrió, que logró el 50,94% de los votos y donde ocupaba el octavo lugar.

La dirigente de Cambiemos se refirió así al fallo de la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini, quien el 20 de octubre -dos días antes de la elección legislativa- excluyó a Picetti de la lista, respondiendo el pedido de impugnación realizado por los apoderados y sus propios compañeros de la alianza oficialista, una vez que tomó estado público las denuncias que pesaban contra la dirigente por abuso infantil contra sus tres hijos.

Si bien dijo que no había sido notificada de esa decisión judicial, la dirigente de Cambiemos anticipó que apelará esa medida a través de una presentación que realizará en las próximas horas su abogado patrocinante, Daniel Sabsay.

“Siento que me quisieron sacar a los empujones y yo no puedo a tolerar los atropellos y el abuso del poder”, enfatizó Picetti en sus primeras declaraciones públicas sobre el tema.

La dirigente aclaró que está sobreseída en 4 instancias en todas las causas por las que se la acusaba junto a su familia de abuso infantil, y dijo “no” entender “por qué usaron esa perversidad para hacer política”.

“Todas esas causas están sobreseídas. Una está archivada y la otra está sobreseída por Fiscalía, juez de Primera Instancia, Cámara de Apelaciones y Cámara de Casación. Con todas las pruebas me expuse a la Justicia y su debido proceso y quedamos sobreseídos, toda mi familia porque la causa no es solo en contra mía, fue en contra de mi mamá, mi papá, mi hermano, mía por supuesto y si estaba el perro también lo iban a acusar”, ironizó.

Al ser consultada sobre quién le había pedido que se bajara de la lista de Vamos Juntos, Picetti afirmó: “Me lo pidió el jefe de campaña Diego Santilli y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Es un abuso de poder, yo no fui escuchada”.

En tanto, indicó que si bien pidió reunirse con Carrió, una de las dirigentes que cuestionó su postulación, Picetti precisó que la líder de la Coalición Cívica “no” la atendió y juzgó que la diputada electa la “prejuzgó como otras personas también lo hicieron”.

En declaraciones públicas, Carrió había señalado que Picetti "no va a ser diputada" porque -según había fundamentado- la dirigente “tiene una acusación grave de parte de su familia, en la cual no vamos a entrar porque está sus hijos en el medio”.

"Yo me sentí muy dañada porque mi propia gente, mis propios compañeros son los que hicieron esto y la verdad que no me dieron la oportunidad de expresarme así que hable la Justicia”, respondió hoy Picetti, quien pidió que "quede clara" su "reputación" y que "nada de lo que se dijo es verdad".

"Se dijeron muchas mentiras, muchas injurias que dañan a una persona y, como ciudadanos, ninguno tenemos que permitir esos atropellos, esos acosos y esos abusos de poder”, concluyó.

De los $772 millones distribuidos por la Nación en 162 partidas, $513 millones fueron a intendencias del oficialismo. La obra pública como herramienta de campaña y de castigo.

Lejos quedaron los tiempos en los que el PRO reclamaba acceso a la información y transparencia en la transferencia de los fondos del Tesoro Nacional. Ahora es el macrismo el que usa los fondos para beneficiar a los propios y castigar a los díscolos, en busca de apuntalar sus campañas en un año electoral.

De las 162 partidas a localidades en todo el país que recibieron $772 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante los primeros 5 meses de 2017, la mayor parte fue a intendentes de Cambiemos: unos $ 513,9 millones. En cambio, a los alcaldes del peronismo, en todas sus variantes nacionales, se les transfirieron unos $ 207,7 millones. Finalmente, a "otros" que pueden ostentar la administración de su provincia, como los socialistas santafesinos o el dasnevismo en Chubut apenas recibieron unos $ 50,6 millones.

Los datos los dio a conocer hoy El Cronista y surgen de uno de los anexos entregado en su último informe al Congreso por el Jefe de Gabinete Marcos Peña.

Desagregado el mapa de los ATN, justificando las asistencias como E ("emergencia") o D ("desequilibrio financiero"), se tratan de 87 partidas dirigidas a municipios del oficialismo, 49 para el PJ y 26 para otros colores políticos. Para graficar, en la provincia de Buenos Aires (que el año pasado recibió $ 1927 millones de una torta de $ 4683 millones, según otro anexo oficial), se distribuyeron $ 144 millones en 23 partidas a municipios de Cambiemos.

También, en el mismo documento oficial, se detallan transferencias a gobiernos provinciales (como marca la ley) por más de $ 1000 millones. Entre ellas, las más beneficiadas fueron Jujuy, controlada por el radical Gerardo Morales, con tres pagos por $ 300 millones (el 19 de enero, el 16 de febrero y el 5 de junio); y la Mendoza de su correligionario Alfredo Cornejo, con un abono de $ 200 millones el 16 de febrero. La otra cara de la moneda: Catamarca de la peronista Lucía Corpacci recibió un par de ayudas: una el 7 de abril por $ 2 millones y otra el 16 de mayo por $ 20 millones.

La ley 23.548 de Coparticipación Federal, de 1988, creó un fondo de ATN para que el Estado distribuyera ante "situaciones de emergencia y desequilibrios financieros". Desde el menemismo hay denuncias de su uso discrecional y el "republicanismo" de Cambiemos lejos de transparentar la situación, la tiño de más oscurantismo.

Camilo Etchevarren, intendente de Dolores, armó una mega fiesta para el bicentenario de la ciudad que incluyó también a Cacho Castaña, Los Huayra y Babasónicos. Ya le había pagado casi $1,5 millones a Abel Pintos.

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, se dio un gustitio un tanto caro. Es que el alcalde gastó casi cinco millones de pesos en la contratación de Luis Fonsi, autor del hit mundial "Despacito", para los festejos del bicentenario de la ciudad.

Fonsi fue la principal figura de un heterogéneo y carísimo festival, que incluyó a Cacho Castaña, Babasónicos y la presencia de celebridades como Carlos Bilardo y el periodista Tití Fernández.

Según información oficial, la contratación del puertorriqueño Fonsi le costó al jefe comunal de Cambiemos la suma de $ 3.861.000 más IVA.

Etchevarren justificó el desembolso porque "empezamos a soñar a Dolores como una ciudad turística". “Para nosotros es primordial resaltar nuestras fiestas, es una decisión política que hemos tomado cuando empezamos a soñar a Dolores como una ciudad turística”, indicó Etchevarren como anticipo de la grilla de participaciones que se completó con el arribo de glorias de River y Boca, integrantes del equipo que ganó la Copa del Mundo en 1986, incluido Bilardo, el DT de ese equipo.

El anuncio derivó en varias presentaciones de la oposición respecto a los gastos de contratación y origen de los pagos, en un distrito que cuenta con un presupuesto anual cercano a los 300 millones de pesos.Tras varias semanas de presión, desde la Municipalidad de Dolores se informaron mediante un parte de prensa las cifras destinadas para contratar a Abel Pintos y Luis Fonsi; aunque no se aclaró si los recursos eran de origen municipal, provincial o nacional.

El detalle indica que por la participación de Pintos la suma ascendió a $ 1.452.000; por Fonsi se pagó $ 3.861.000 más IVA. Teniendo en cuenta que las cifras informadas no incluyen el cachet del resto de los artistas y figuras, ni los gastos de logística, escenario, sonido, seguridad, hoteles, traslados, etc; claramente los valores superan ampliamente estos números.

"Desde hace tres meses que pedimos que se nos informen los contratos y los precontratos que se hicieron con artistas y representantes”, señaló al portal Letra P el concejal del Frente Renovador Ricardo Ghiglione días después que finalmente concluyeran los festejos y agregó que entre sus requerimientos exigen que se informen si los pagos se efectuaron “con recursos de nación, de provincia o del municipio”.

Consultado sobre el informe elevado por el municipio sobre los contratos de Pintos y Fonsi, indicó: “Si esas cifras son reales quiero ver los contratos que existen para que se certifique que esto es así”, indicó y agregó que no están discutiendo el cachet sino los gastos que hace el municipio: “No le queremos poner precio al artista, cada uno sabe cuánto vale su trabajo. A mí no me interesa eso, me interesa cómo se gasta la plata de los dolorenses. Su arte no está comprometido, sino la gestión del intendente”.

“Tenemos la certeza de que la pagó el municipio y que se desembolsaron como mínimo 10 millones, otra hablan de 20 millones, por eso no se quieren informar. Si fueran fondos de nación o provincia lo dicen enseguida”, evaluó el representante massista, quien además denunció que la “falta de transparencia" se traduce en que el municipio no cuenta con Boletín Oficial.