Estos dos amigos empresarios del Presidente de la Nación, ya no deberán pagar al Estado los 1.500 millones de dólares que adeudaban, gracias al artículo agregado al Presupuesto 2017.

Tras condonar más de 19 mil millones de pesos a las empresas eléctricas, la administración Cambiemos eximirá de pago de 1.500 millones a un selecto grupo de empresarios amigos. Nicky Caputo y Joe Lewis, entre los más beneficiados.

Tamaña decisión se encuentra en letra en el Presupuesto 2017 que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que el Estado perdonará las deudas de distribuidoras eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Nicky Caputo, a quien ya adjudicó la mayoría de la obra pública, y quien recibirá otro gran beneficio a través de su empresa eléctrica, Edesur.

Como consecuencia de esta disposición, la empresa lograría evitar el pago de 429 millones de pesos destinados al Estado, además de las medidas que la beneficiaron desde la asunción del nuevo mandatario.

Otra que se vería altamente beneficiada es Edenor, propiedad de Joe Lewis, el magnate amigo de Macri, quien hospedó al presidente en su estancia de Río Negro.

Esta última evitaría pagar 1.229 millones de pesos. Según Ámbito Financiero: "Durante el gobierno anterior, las dos firmas compensaron lo que debían pagar a Cammesa con un subsidio directo desde marzo de 2015, que se sumó al uso de los fondos recaudados por castigos a los usuarios por el PUREE".

Pero, sin duda, la principal beneficiada -tal como marca también EnOrsai- es la cordobesa EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), quienes se ahorrarían 5.400 millones de pesos que teóricamente deberían ir al Estado, o sea, al pueblo.

Además de este gran ahorro, la empresa ya anunció un segundo aumento de tarifas para diciembre de este año. EPEC fue denunciada desde la oposición por la irregular construcción de la Central de Pilar, con sobreprecios por las nubes que superan los 1.000 millones de dólares

¿Con una inflación del 35% es difícil no? Muchos viven, vivimos de eso. Es difícil cuando te aumentan los precios 35% promedio, si vos aumentas el 18% y tenés que rebajarte tiene una complejidad", señaló el senador tras informar su sueldo de 83 mil pesos.

El proyecto propone modificar el Código Civil y Comercial para mejorar las condiciones de los contratos de alquiler. Busca ampliar de dos a tres años el plazo mínimo de locación y regular los aumentos. Hay 6,6 millones de inquilinos.

La Comisión de Legislación General del Senado dio dictamen al proyecto de Ley de alquileres que ahora quedó habilitado para ser debatido en el recinto, lo cual fue celebrado por las organizaciones que protegen los derechos de los inquilinos que expresaron que esta decisión "es un gran paso para los más de seis millones de personas que rentan una vivienda en el país".

El proyecto propone modificar el Código Civil y Comercial para mejorar las condiciones de los contratos de alquiler y entre las principales propuestas figuran ampliar de dos a tres años el plazo mínimo de locación.

Entre otras cuestiones establece que el régimen de actualización de precios se adecúe a un promedio entre el índice de precios y el de salarios; que los inquilinos no paguen las expensas extraordinarias y que la devolución del depósito, con un monto actualizado al finalizar el contrato (que tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler), sea proporcional a lo estipulado.

Silvina García Larraburu (FPV), autora de la iniciativa, destacó que la reforma del Código, trabajada en esta Ley de Alquileres, "nos involucra a todos de manera trasversal".

"La mayoría de la población pasa por la necesidad de tener que alquilar su vivienda, por eso ya sabemos a qué nos sometemos cuando nos embarcamos en la aceptación de un contrato de alquiler. Siempre los inquilinos están en desventaja y no tienen un real poder de decisión", aseguró la legisladora.

La iniciativa fue trabajada con la organización Inquilinos Agrupados y cuenta con el apoyo de senadores, legisladores y concejales de todo el país, integrantes de pymes, cooperativas y organizaciones no gubernamentales.

"Enfrentamos una situación muy delicada, los aumentos desmedidos en el precio de los alquileres superan cualquier índice de inflación; contratos por sólo dos años que nos obligan a estar en permanente mudanza, y dejando nuestros ahorros en cada firma de un nuevo contrato, son solo algunos de los obstáculos que nos imponen para acceder a una vivienda", expresaron inquilinos de diversas provincias.

García Larraburu destacó que "más de 6,6 millones de personas se enfrentan a graves ajustes locativos o imposibilidad en el acceso al alquiler; los aumentos, las expensas, el mes de depósito, la comisión inmobiliaria, los gastos de certificación y garantía, hacen casi imposible el acceso a la vivienda".

La agrupación Inquilinos Agrupados celebró la decisión de la Comisión "porque sirve como un piso de discusión para seguir proponiendo políticas públicas que apunten a generar condiciones más justas para alquilar una vivienda digna para vivir".

Claudio Avruj secretario de Derechos Humanos de Cambiemos respaldó los dichos repudiables sobre los inmigrantes del senador Miguel Ángel Pichetto.

En una entrevista con Infobae el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, expreso que: "Nosotros estamos de acuerdo con las declaraciones de Pichetto sobre la inmigración".

Además dijo que "en los últimos años, por responsabilidad de las autoridades anteriores, no se realizaron los controles que marca la ley de inmigraciones".

Días atrás las lamentables declaraciones del senador Pichetto habían generado polémica, al señalar que "funcionamos como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú: las principales villas del país están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca".

Aunque de manera contradictoria Avruj también manifestó que "no se puede centrar nuestro problema interno de delincuencia en la inmigración, pero creemos que es necesario fortalecer los controles".

El Frente Renovador no votó de manera unificada la Ley de Participación Pública y Privada, las abstenciones vinieron del ala sindical con Daer y compañía. Quienes se muestran cada vez más juntos son Massa y Bossió que ya planifican el nuevo acuerdo legislativo para el año entrante.

A casi un año de la composición del nuevo Congreso de la Nación, los bloques legislativos llegan más desgastados pero las alianzas, para allanarle el camino al macrismo, gozan de muy buena salud.

El Frente Renovador es el protagonista de esta foto del Congreso Nacional, que poco pudo hacer ante la avanzada del macrismo.

Sin embargo, el espacio legislativo que lidera Sergio Massa ya empezó a mostrar fisuras a la hora de levantar la mano ante cada proyecto del oficialismo.

En este caso fue por el proyecto de ley de Participación Pública y Privada que se votó hoy, a favor, en el cámara baja luego de ser rechazado la semana pasada.

Las abstenciones vinieron del lado de los diputados del massimo, de origen sindical, Héctor Daer y Facundo Moyano.

A los que se le sumaron por el Frente para la Victoria los sanjuaninos Sandra Castro y Héctor Tomas, el sindicalista Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo) y Jorge Taboada (Chubut Somos Todos).

Ese dato para el gobierno no debe ser tomado con liviandad en un marco donde las relaciones con el sindicalismo están atravesadas por la fuerte discusión por la apertura de paritarias.

Sin embargo, el oficialismo ha tenido un excelente año en un congreso que prometía ser un límite para la avanzada amarilla pero terminó siendo un lugar cuasi administrativo en donde las alianzas le funcionaron a su favor.

La garantía de que el congreso se convierta en una "escribanía" como lo buscó Macri durante todo el año legislativo se la dieron principalmente el Frente Renovador en una fuerte alianza con el bloque encabezado por Diego Bossio.

Una vez más, hoy se manifestó este acuerdo cuando en el momento de votar el proyecto de Participación Pública y Privada, tanto Massa como Bossio se mostraron más que satisfechos por los resultados.

Según voceros de ambos bloques, el líder del Frente Renovador y el "ex soldado" del Frente para la Victoria ya están planificando acuerdos para el próximo año legislativo.

El proyecto fue votado a favor por diputados de Cambiemos, los del Frente Unidos por una Nueva Argentina, el bloque Justicialista, el Frente Cívico por Santiago, Compromiso Federal, Juntos por Argentina, Trabajo y Dignidad, Ramón Bernabey, el bloque Del Bicentenario, la bloquista Graciela Caselles, Cristina Cremer de Busti (Unión por Entre Ríos), el tucumano José Orellana, el puntano Claudio Poggi, Julio Raffo (Diálogo y Trabajo), la misionera Silvia Risko, y María Inés Villar Molina (MPN).

Y en contra por los diputados del Frente para la Victoria, el Peronismo para la Victoria, el bloque Progresista, los diputados de izquierda, Carlos Heller, Alcira Argumedo y Oscar Martínez.

El ex candidato por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli participó el sábado de la programa de Mirtha Legrand. Durante la velada, la diva lo acusó de haber pedido a cambio de su presencia la difusión de un spot político. Scioli lo negó.

Sentarse en la mesa de Mirtha, sólo es fácil para algunos. Y en estos tiempos, todo lo que pueda relacionarse con la gestión anterior de gobierno, no pasa buenos momentos en el convite de la "Chiqui" que se declara rotundamente anti kirchnerista.

En esta oportunidad, el mal trago lo pasó el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

En primer lugar, compartió la "mesaza" con el padre de un chico que mató a un ladrón en "defensa propia". Debate difícil para quién estuvo a cargo de la provincia. Un padre dolido ante la inseguridad. Daniel no tuvo mucho para hacer.

Pero habría más, porque en la mesa de Mirtha hay plato fuerte y postre.

La "Chiqui" acusó a Scioli de trocar su presencia en el programa con la posibilidad de que se difunda un spot político.

Estalló el escándalo.

"Eso no es así, yo no pongo condiciones. No es cierto, lo desmiento categóricamente", sostuvo Scioli ofendido con la Señora.

El invitado que ya hacia rato que estaba con ganas de retirarse, luego del intercambio con la diva contó a los medios que "la llamé ayer y se lo dije personalmente que no era así. En ningún momento yo puse como condición eso, y dije que me preguntara de todo", concluyó de manera categórica.

El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas decidió que "la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria" y en consecuencia solicitó "al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato".

El Grupo de Trabajo determinó que hubo un entramado de "acusaciones consecutivas" e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. El Grupo concluyó que en este caso se está vulnerando la independencia judicial.

Además, al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. Consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad.

A su vez, consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención.

El Grupo entendió que la detención de Sala "se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos", solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse. El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo.

Esta decisión del Grupo es consecuencia de una denuncia internacional presentada por Amnistía Internacional, el CELS y ANDHES en febrero de este año, luego de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy. El trámite incluyó sucesivas presentaciones de las organizaciones y del Estado argentino.

Para ahondar la información el Centro de Estudios Legales y Sociales realizará una conferencia de prensa a las 16 horas, que contará con la presencia de las autoridades de la organización.

Tras pedir a los científicos que se vayan del país, ahora el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, admitió que, si los fondos recortados para su cartera “no llegan, va a ser muy difícil que continúe”.

“Si los fondos no llegan, va a ser muy difícil que yo continúe. No voy a ser cómplice de la destrucción de algo tan valioso para el país y para mí en lo personal. Mi compromiso es mantener lo que se ha hecho y defender el presupuesto para poder continuarlo”, dijo Barañao en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Con Vos, en las que, no obstante, dijo no ver "motivos de preocupación".

Ayer, investigadores, becarios, docentes y estudiantes del sistema científico nacional y universidades públicas reclamaron en una movilización de cinco mil personas frente al Congreso en sincronía con otras en Córdoba y Bariloche, que no sea rebajado el presupuesto 2017 para ciencia tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo con un 30 por ciento menos, equivalente a unos cuatro mil millones de pesos.

Según explicó hoy el ministro del área, “hay un presupuesto que refleja que la variación porcentual para un área especifica es negativa respecto de otros años, pero ha habido otras áreas que han tenido aumento mayor y, si uno mira el conjunto, se ha mantenido el presupuesto”.

“Lo que preocupa a la comunidad es que que el área más afectada es la que hace a los subsidios que financian las investigaciones en laboratorios y otras instituciones del país que, aunque tenga ahora un efecto mediático importante, es una situación reiterada a lo que ha pasado otras veces y, después, durante el año se compensa”, explicó Barañao.

En ese sentido, dijo que cuenta con el compromiso del presidente Macri de que la situación “se va a arreglar, se va a ir compensando con el tiempo” ya que, cuando el presupuesto se ejecuta en general “se incrementa respecto de la propuesta original por distintos motivos, como una mejora de la economía o financiamiento externo”.

“No veo motivos de preocupación. Siempre ha habido respaldo político y me consta que en esta administración sigue existiendo. Confío en que va a ser resuelto”, sostuvo el funcionario que viene en el cargo desde la administración de Cristina Kirchner.

Al ser consultado sobre si pensó en renunciar, Barañao recordó que siempre dijo que su “compromiso es llevar adelante un plan y que iba a continuar en cargo mientras tuviera el presupuesto para llevarlo adelante”, y consideró que si el gobierno de Macri “hubiera querido desmantelar la ciencia y tecnocogía en el país hubieran puesto otra persona y el costo político hubiera sido mucho menor”.

“Yo todavía creo que existe la convicción de que la ciencia y tecnología son importantes y que voy a contar con fondos necesarios. Pero hasta tanto no lo pueda verificar, no puedo contestar”, dijo el funcionario al ser consultado, en la entrevista, sobre la posibilidad de un alejamiento de su cargo.

El secretario general de la Bancaria (AB), Sergio Palazzo, ratificó el paro convocado para mañana en reclamo de la reapertura de paritarias y advirtió que, si el HSBC abre sus puertas el fin de semana, "La Bancaria estará en sus puertas para impedir" la atención al público.

"La medida de fuerza está ratificada. Es un paro por 24 horas sin ningún tipo de actividad y con movilización en cada capital de provincia, y en la Ciudad de Buenos Aires comenzaremos a concentrarnos a partir de las 10.30, después de que los trabajadores ingresen a sus trabajos", dijo Palazzo.

El dirigente recordó que "desde el 22 de septiembre" el gremio viene anunciando la medida de fuerza con la aspiración de que se promoviera "una mesa de negociación, que nunca existió -aseguró- para la reapertura de la paritaria".

Sostuvo que esa negociación estaba pautada "en el propio acuerdo firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo", pero sostuvo que los directivos de los bancos "no se han querido sentar a negociar".

Por otra parte, Palazzo cuestionó al HSBC por aprestarse a abrir sus puertas el fin de semana, como lo pidió el Gobierno nacional, para facilitar las operaciones enmarcadas en el sinceramiento fiscal, y planteó que "lo que tienen que hacer los bancos, en vez de abrir los fines de semana, es abrir sus registros para ver qué clientes enviaron dineros al exterior y sin pagar impuestos".

"Hasta ahora, el que ha pedido autorización (para operar el fin de semana) es el HSBC, uno de los bancos denunciados en la Argentina y en el mundo por ser facilitador de operaciones de lavado de dinero. Nosotros hemos decidido una acción directa y concreta: sucursal del HSBC que abra sus puertas el fin de semana, tendrá una movilización de la Asociación Bancaria en sus puertas, para impedir esa apertura", sostuvo.

El sindicalista afirmó que "no sólo los que han fugado dineros de la Argentina se benefician con una ley escandalosa que les permite traer hoy sus dineros habiendo durante años perjudicado al fisco y a los argentinos, sino que, además, pretenden violar leyes laborales vigentes en la Argentina".

El conflicto jaquea el blanqueo en momentos en que Cambiemos se entusiasmaba con la aceleración del ingreso de fondos de sin declarar.

Leandro Santoro denunciará penalmente al jefe de Gobierno y a otros funcionarios porteños por el uso de dinero público en la promoción de acciones de gobierno, a través de sus cuentas personales en las redes sociales.

El dirigente radical y ex candidato a vicejefe porteño, Leandro Santoro presentará hoy una denuncia contra el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el vicejefe Diego Santilli y otros funcionarios del Ejecutivo porteño por haber usado fondos públicos para promocionar medidas de Gobierno a través de sus cuentas personales en las redes sociales.

El hecho que fue revelado por el protal Nueva Ciudad, que a partir de una publicidad oficial lanzada desde la cuenta de Twitter de Larreta presentó un pedido de acceso a la información pública. A raíz de esa solicitud, el Ejecutivo confirmó el uso de fondos públicos en las cuentas personales de los funcionarios.

“El hecho es concreto. No se está utilizando el dinero del Estado para comunicar las cuentas oficiales del Gobierno, sino que se está financiando una cuenta partidaria, ya sea la del jefe de gobierno, de su vicejefe o de cualquier funcionario de la ciudad”, plantea Santoro en el documento que entregará hoy a la justicia penal.

“Al utilizar dinero para promocionar cuentas personales indirectamente está difundiendo al dueño de esa cuenta, al nombre –agrega- Utilizar fondos públicos para promocionarse es como si lo utilizaran para hacer campaña electoral”.

En agosto, se detectó que desde el Gobierno de la Ciudad se anunciaba el lanzamiento de la aplicación +Simple, para promover la conectividad digital en la población de adultos mayores. Para difundirla, se presentó en Twitter la campaña “¿Conocés +Simple?”, pero no desde la cuenta del Gobierno porteño sino desde la de Larreta (@horaciorlarreta).

La respuesta de la Secretaría de Medios confirmó el uso de fondos públicos canalizados en cuentas privadas: en la contestación oficial, que Santoro reproduce en la denuncia, el Gobierno informa que se destinaron $17.833,66 a difundir la aplicación en Twitter y justifica la pauta en la cuenta personal de Rodríguez Larreta considerando que ese canal “integra las herramientas de comunicación digital del Gobierno de la Ciudad” y que a través de ella el jefe de Gobierno porteño “comunica las actividades de Gobierno, los nuevos lanzamientos de políticas públicas y también sus opiniones sobre temas de coyuntura”.

Por todo esto, Santoro denuncia tanto a Rodríguez Larreta como a Santilli, al secretario de Medios porteño, Marcelo Nachón, y al subsecretario de Comunicación social, Máximo Merchensky. Los acusa de violar el artículo 261 del Código penal de la Ciudad, que prohíbe a funcionarios públicos “sustraer caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo” o “emplear en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública”.