Denuncian que el intendente del PRO ocupa irregularmente la obra arquitectónica del Bosque platense y, como se niega a devolverlo, impide que se realicen las obras necesarias para su reapertura.

A través de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante, el bloque de concejalas y concejales del Frente de Todos repudió la usurpación del Teatro del Lago por parte del Intendente Julio Garro, que “impide que se desarrollen las obras de infraestructura para recuperar el patrimonio arquitectónico y cultural de las y los platenses y el esplendor de sus instalaciones”

Como es de público conocimiento, hace un año y medio que el Gobierno de la Provincia no puede iniciar los trabajos necesarios para la reapertura del Teatro, porque la Municipalidad de La Plata lo ocupa irregularmente y se niega a devolverlo.

Cabe recordar que el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires emitió un informe en el que confirma que el lugar pertenece al Gobierno bonaerense.

“Necesitamos de manera urgente terminar con esta usurpación por parte del Intendente Julio Garro para revertir los años de abandono a dicho teatro”, expresaron las y los concejales del Frente de Todos.

Además, los ediles denunciaron que “el mandatario se niega a que la Provincia realice obras para recuperar nuestro querido Teatro del Lago, patrimonio de todas las y los platenses, pero también de todas y todos los bonaerenses que visitan nuestra hermosa ciudad” y recordaron que “hace muchísimos años que no se gestiona una obra, y hoy hay posibilidad de hacerlo, ya que la Provincia cuenta con un plan de obras”.

LAS OBRAS

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó un estudio sobre el Teatro del Lago para comenzar obras de restauración y puesta en valor del establecimiento, que comprende fundamentalmente la restauración de la envolvente, reacondicionamiento de locales interiores de planta baja, recuperación de áreas exteriores y rehabilitación de las distintas instalaciones de tal suerte de poder habilitar el Teatro al uso público.

“Las obras que necesita el Teatro del Lago, en esta primera etapa, son de entre 600 y 800 millones de pesos, una cifra que es 10 veces más de la que el Municipio tenía calculada en su momento”, explicaron desde el bloque.

“El intendente dice que no le importa el partido sino la ciudad, pero en este caso se niega a que la Provincia recupere el Teatro del Lago, prohibiendo a las y los platenses poder disfrutar de un Patrimonio cultural de nuestra ciudad”.

Por último, desde el bloque recalcaron que “el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires emitió un informe en el que confirma que el lugar pertenece al Gobierno bonaerense, documento que resultó definitivo en instancias judiciales para rechazar la postura de la comuna”.

En lo que va de 2022 ya se conectaron 1.500 establecimiento educativos, y totalizarán 3.600 al finalizar este año. Se prevé tener conectividad en todos los colegios en 2023.

La provincia de Buenos Aires alcanzó la conectividad de 1.500 escuelas en lo que va del año. De esta forma, avanza en conectar a las instituciones educativas y aporta una herramienta fundamental para las trayectorias educativas de las y los estudiantes bonaerenses.

A través de este plan, que comenzó en 2021, la Dirección General de Cultura y Educación se propuso llevar Internet a la totalidad de establecimientos educativos de gestión estatal que tiene la Provincia. Ya superó la mitad de los establecimientos que se encontraban pendientes.

En ese sentido, el director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, consideró: “Teníamos un remanente de 6.000 escuelas a las que les faltaba estar conectadas y ya hemos conectado la mitad con Internet, lo cual es muy importante”.

“En este tiempo, estudiar con tecnología y con libros es fundamental”, detalló el ministro y completó: “Estamos haciendo lo que se llama pisos tecnológicos, que es toda la instalación adentro de las escuelas”.

Lo anunció el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak. La medida sigue vigente para el transporte público.

La Provincia de Buenos Aires anunció que yo no será obligatorio usar barbijo en escuelas y ámbitos laborales. La medida comenzará a regir desde este jueves y también contempla el fin del uso obligatorio del tapabocas en espacios recreativos, aunque se mantendrá en el transporte público.

Así lo anunció el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, luego de que varios intendentes del conurbano le pidieran al gobernador a Axel Kicillof que revisara la posibilidad de flexibilizar el uso del barbijo en las aulas, medida que ya había sido eliminada en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de su cuenta de Twitter, Kreplak fundamentó la decisión en que en la provincia se registra un descenso sostenido de casos de coronavirus desde hace diez semanas, mientras que el brote adelantado de influenza está controlado y más del 95% de la población inmunizada contra el coronavirus.

“El objetivo de esta transformación de la policía es la profesionalización”, aseguró el gobernador bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó el acto de egreso de los primeros 993 oficiales de la nueva Policía Rural, donde aseguró que esa especialidad dentro de la fuerza “es una respuesta concreta y de fondo a un problema estructural que acarrea” la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una fuerza especial con oficiales capacitados para recorrer todo tipo de superficies y enfrentar el delito rural.

Durante el acto, que se desarrolló en el municipio de Olavarría, Kicillof estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, Sergio Berni; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el mandatario dijo que “el objetivo de esta transformación de la policía es la profesionalización de la fuerza”.

“Parece exagerado hablar de un día histórico, pero estamos dando inicio a nuevo cuerpo de la policía. De los 135 municipios que hay en la provincia, 100 son de carácter rural. Entonces, uno se pregunta ¿cómo no se hizo antes? Este es un cuerpo especial formado y preparado para abordar la problemática de la seguridad en ambientes rurales”, dijo el gobernador.

En ese marco, Kicillof manifestó que “la provincia arrastra problemas estructurales” y opinó que su administración considera que éstos “no se solucionan ocultándolos o no nombrándolos, sino enfrentándolos y llevando adelante transformaciones profundas con recursos, inversión, creatividad, trabajo y coraje”.

“El cuerpo de policía rural viene a atender una problemática específica y distinta”, recalcó el mandatario y puso de relieve que, desde que asumió se implementó un cambio en la formación policial y no contaba con recursos científicos´.

Sostuvo que “en dos años y en pandemia hicimos una inmensa inversión en equipamiento, infraestructura y formación porque se le pide mucho a la policía, pero no hay nada que podamos hacer con marketing y afiches en las rutas. Se necesita trabajo en serio”.

Así, graficó que se debieron crear una escuela de manejo y otra de tiro “porque no existían” y rememoró que “se formaron camadas de policías en 6 meses”.

“Era necesario abordar el problema de la formación y preparación de la policía y rediseñar sus cuerpos para readecuarlos a las problemáticas actuales”, indicó al respecto.

“Todos estos cadetes provienen del ámbito rural, conocen la problemática, el terreno, el modo de vida y las tareas. Ellos participan de los anhelos y las esperanzas de este pueblo. Tenemos que estar todos satisfechos porque sabemos que la provincia es atacada y se dice que es inviable. Están equivocados. La provincia tiene una enorme potencia”, continuó.

Al dirigirse a los cadetes, Kicillof pidió “trabajar en el marco de los derechos humanos” y les recordó: “Dentro de la ley, todo y fuera de la ley, nada”.

En tanto, Berni expuso que “hoy es un día muy especial porque estamos saldando la palabra empeñada y generando respuestas de fondo a un problema estructural” y rememoró que “el gobernador materializó el compromiso que había adoptado”.

“El gobernador tomó el compromiso no sólo de reforzar la seguridad rural, sino de crear un cuerpo especial que se dedique a delitos rurales. Parecía una utopía cuando en plena pandemia lo planteamos junto a los productores rurales y organizaciones del agro. Kicillof dio la orden y creó la especialidad de policía rural, la Escuela y se reclutaron 12 mil aspirantes a oficiales”.

Por último, sostuvo que “luego de una selección, hoy egresan 993 oficiales especialistas en seguridad rural con entrenamiento para que los productores sepan que hay agentes que cuidan sus intereses, pero también a sus familias en una estancia, un puesto o una chacra”.

El gobernador bonaerense lanzó una advertencia a raíz de la fuerte suba de precios, en medio de la interna que vive el Frente de Todos.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, alertó este martes que la “situación social” en el conurbano y el interior de la Provincia “no da más”, al referirse al alza de precios que se registró en las últimas semanas.

Las declaraciones se dieron en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania lo que aceleró la inflación del país. Además, sus palabras resonaron en medio de la interna que vive el Frente de Todos que se terminó de desatar con el acuerdo con el FMI, que no cuenta con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Escuché a Kristalina Georgieva (directora del FMI) decir que puede haber una gran crisis alimentaria y llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que eso genere los problemas sociales que obviamente trae. Así que está muy bien que el Gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar todo lo que podamos y todo lo que falte lo vamos a pedir también porque acá con el conurbano y también con el interior no da más la situación social”, señaló Kicillof en declaraciones a C5N.

Sin embargo el gobernador reconoció que hubo una “recuperación muy fuerte con respecto a la pandemia”, advirtió que “falta la distribución, los ingresos y los salarios y eso implica que los precios dejen de subir”. “Evidentemente, con los precios de guerra que hay en el mundo, para algunos es un negocio bárbaro. El problema es que si esos precios de guerra los cobramos en Arrecifes o en la Provincia pueden generar una rentabilidad inmensa. No solo alguno se va a enriquecer mucho, otros se van a empobrecer. No lo podemos permitir”, advirtió.

Por otra parte, recordó cuando fue ministro de Economía y le “tocó pelear contra los precios. Hay muchos factores que confluyen. Hoy también hay una guerra. La zona de conflicto es productora de alimentos y gran proveedora de energía y de gas. Está habiendo una presión muy alta”.

“No puede haber más ajuste. Esto, los muchachos del FMI no sé si el español lo dominan, pero el la provincia de Buenos Aires no puede haber ajuste. Y lo tienen que entender porque estamos en una guerra en todo el planeta y venimos de una pandemia, recuperándonos de una situación muy grave”, agregó durante la entrega de más de 700 títulos de propiedad en Arrecifes, donde estuvo acompañado por el intendente, Javier Olaeta y los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni.

El gobernador bonaerense lanzará un plan para fortalecer la entrega de alimentos a más de 2 millones de familias.

Con el objetivo de reforzar la asistencia alimenticia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzará esta semana el programa MESA, que consiste en la entrega de alimentos a más de 2 millones de familias.

El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) es una institucionalización de la entrega de alimentos que se distribuyeron durante la pandemia a las familias de los alumnnos que acudían a los comedores que funcionaban en las escuelas, y complementará al Servicio Alimentario Escolar (SAE) por más de 16 mil millones de pesos.

“Cuando vino la pandemia, los comedores escolares no podían funcionar pero los trabajadores y trabajadoras de la educación, junto con los municipios y los consejos escolares, lograron que se distribuyeran módulos alimentarios durante toda la pandemia a más de 2 millones de familias en la Provincia”, explicó Kicillof en la asamblea legislativa.

Y agregó: “Ahora volvió la presencialidad plena pero, al mismo tiempo que estará el Servicio Alimentario Escolar, se crea el plan MESA, que es un módulo alimentario especial y extraordinario que va a llegar a más de 2 millones de familias de la Provincia. Es una inversión muy grande”.

En efecto, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) hoy alcanza a más de 2.215.700 de niños, niñas y adolescentes de toda la Provincia que desayunan, meriendan o almuerzan en las escuelas. Recientemente el gobierno bonaerense firmó dos convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por más de 75.000 millones de pesos para fortalecer la gestión provincial, garantizar la seguridad alimentaria y profundizar los programas sociales en el Conurbano.

Galli buscó despegarse del escándalo por la venta ilegal de terrenos apartó al empleado municipal Mariano Ciancio, uno de los cuatro imputado en la causa.

Luego de semanas de investigación judicial, y ante la imputación, el intendente comunal de Olavarría, Ezequiel Galli, decidió suspender de su cargo al asesor municipal Mariano Ciancio, acusado de estafa por vender ilegalmente terrenos, incluso algunos de ellos pertenecientes al propio municipio de la Séptima sección electoral.

Mediante un comunicado, Galli informó, que en el marco de la causa de estafa reiterada por la venta irregular de terrenos, decidió la suspensión desde este lunes y hasta que la Justicia esclarezca los hechos, a Mariano Ciancio, quien desde 2019 se desempeña en el cargo de Asesor de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, secundando a Diego Robbiani.

A cambio, los damnificados de la venta ilegal de terrenos recibían un “boleto de compraventa y los planos”, pero tiempo más tarde descubrían que los lotes que supuestamente habían comprado en realidad tenían dueños y que en algunos casos eran directamente propiedad de la municipalidad de Olavarría.

Los lotes que ponían en venta eran de propietarios que hacía muchos años que no pagaban los impuestos y otros que directamente eran tierras fiscales. A la información para identificar este tipo de terrenos sólo se puede acceder a través de la dirección de catastro municipal, por lo que la causa genera suspicacias en Olavarría.

Dos meses después del inicio de la investigación por la venta ilegal de terrenos, con allanamientos, declaraciones, e imputaciones de por medio que salpican a la administración local de Galli, el intendente de Juntos por el Cambio decidió distanciarse Ciancio y además colocarse como particular dignificada ante la Justicia.

La actividad cerró un año de notorio progreso con respecto a 2020, que estuvo marcado por la pandemia, pero también hubo un repunte en relación con años anteriores.

La provincia de Buenos Aires sigue mostrando se­ñales de reactivación económica, luego de un período de depresión agravado por la pandemia de Covid-19, la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, que impactó fuertemente en la producción de bienes y, sobre todo, en el sector de servicios.

Ahora, los números oficiales dan cuenta de que la actividad económica bonaerense registró un crecimiento del 7,1% en el último trimestre de 2021, en comparación con el mismo período del año anterior. Y la mejora se mantiene aun si se consideran los valores con prescindencia de los ­factores estacionales, ya que la suba desestacionalizada fue del 3,1%.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE), que elabora la Dirección de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial, involucra tanto las variaciones en la producción de bienes como de servicios. Y es este último sector el que más impulsó el crecimiento en este caso, consolidando una transformación que lleva varios años, durante los cuales fue ganando terreno en la composición del total.

El informe, compilado por el área a cargo de Roberto Simiand, revela en efecto que el sector de servicios supuso el 59,3% del total de la actividad económica en el cuatro trimestre de 2021, en tanto que la producción de bienes dio cuenta del otro 40,7%. Pero además, con un alza interanual del 8,3%, los servicios motorizaron el aumento del nivel de actividad más que los bienes, con el 5,6% respecto de los meses de octubre a diciembre de 2020.

“Si bien las tasas de variación estuvieron influenciadas por la baja base de comparación de 2020 (afectadas por la pandemia de Covid-19), el nivel general de actividad fue superior al de 2018 y 2019”, destaca el análisis estadístico. El ITAE acumuló un 9,1% de aumento durante todo el año pasado.

Los servicios públicos, de educación y de salud registraron una suba menor que el resto de los servicios, que fueron justamente los más afectados por la irrupción del coronavirus, y que tuvieron un aumento colectivo del 9%. Entre ellos se encuentran la gastronomía, la hotelería, el comercio en general, el transporte y las comunicaciones.

En el caso de la industria, el sector de mayor crecimiento fue el de la refinación de petróleo, “ocasionado por las mayores producciones de naftas, gasoil y aeronaftas para satisfacer una mayor demanda debido al incremento en la circulación aérea y vehicular”, precisa el informe.

“El nivel general del Indicador Trimestral de la Actividad Económica de la Provincia creció por cuarto trimestre consecutivo, y terminamos el 2021 con niveles trimestrales de actividad económica superiores a 2019 y 2018, tanto en cuanto a sectores productores de bienes como de servicios, cuya recuperación es muy alentadora, ya que fue el sector más castigado por la pandemia”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López.

Sin embargo, también destacó: “La prepandemia no era nuestro te­cho y los números lo respaldan: estamos superando años previos. Tenemos que consolidar esta trayectoria, y continuar afrontando los desa­fíos estructurales de la Provincia”.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires multó en $ 2.438.321 a la administración de dos countries por obstruir la labor de inspección y negarse a presentar la documentación respecto del ingreso de las trabajadoras de casas particulares en el lugar.

Los elevados niveles de informalidad y las vulneraciones a derechos laborales en esta actividad habilitan la intervención del Ministerio de Trabajo en ejercicio de su poder de policía lo que lo faculta -según el artículo 7 de la Ley 25212-, a requerir toda información necesaria que le permita cumplir con su función de contralor.

Por esto, funcionarios del Ministerio visitaron los barrios privados en dos oportunidades, el 14 de octubre y el 17 de noviembre de 2021, solicitando las autorizaciones para el ingreso y egreso de trabajadoras a las viviendas durante los tres meses anteriores a la primera visita y ante las negativas a presentar los informes requeridos, se procedió a multar a las administraciones de los Countries de las localidades de Pilar y Berazategui.

Según el informe “Trabajadoras de Casas Particulares” elaborado por el Observatorio de Empleo de la Subsecretaría de Empleo realizado en febrero 2022, a partir de las bases de datos de la EPH-INDEC en Argentina del tercer trimestre de 2021, el 99% de las personas las que se desempeñan como trabajadores de casas particulares son mujeres.

En este sector se desarrollan laboralmente el dieciocho por ciento (18%) del total de asalariadas de la provincia y la enorme mayoría de ellas lo hace en la informalidad ya que más del 76% no se encuentran registradas en la seguridad social, el 74% no tiene Obra Social, el 72% no tiene cubiertos sus días por enfermedad, el 70% no cobra aguinaldo y el 69% no tiene vacaciones pagas.

El ingreso promedio de las trabajadoras de casa particulares está por debajo del salario mínimo vital y móvil ya que cubren aproximadamente el 20% de la canasta básica total y alrededor del 50% de la canasta básica alimentaria. “Estas trabajadoras son de unos de los sectores más vulnerables, ya que la mitad de ellas viven en hogares que se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Pese a que tienen trabajo, son pobres. Garantizar su cobertura en la seguridad social y el ejercicio de todos sus derechos es prioridad de este gobierno”, aseguró Mara Ruiz Malec.

Además, la Ministra dijo “los montos por los cuales se las registran son poco significativos para muchos que las contratan, hablamos de $3.000 pesos por mes en los casos más caros. No hay excusa para no registrarlas, es una obligación y además existen muchas facilidades. El sueldo y el aporte se pueden descontar de ganancias, y el Estado le da parte del sueldo de la trabajadora, entre otros beneficios. Estamos yendo a los segmentos de mayor poder adquisitivo para proteger a los de menor poder adquisitivo. No hay mayor justicia social que esa”.

Un exfuncionario del gobierno de María Eugenia Vidal habría participado de la instalación de cámaras en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Qué declararon los involucrados en la causa.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie medidas que pesan sobre un exfuncionario del Gobierno de María Eugenia Vidal para determinar si estuvo detrás del cableado del penal en el que supuestamente iban a ser confinados los gremialistas Hugo y Pablo Moyano en 2018 en caso de ser detenidos, como supuestamente buscaba el expresidente Mauricio Macri.

Se trata de Juan José Baric, exsubsecretario de Políticas Penitenciaras del Gobierno bonaerense durante la gestión Cambiemos, quien actualmente se desempeña como juez federal de La Pampa. Las medidas habían sido solicitadas por el fiscal Franco Picardi en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el Gobierno de Macri sobre dirigentes políticos, sociales, religiosos, periodistas y en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires.

En el expediente hay pruebas que dan cuenta de que Baric se había ocupado personalmente de impulsar la colocación de cámaras y micrófonos en el penal de Melchor Romero (partido de La Plata) y que para ello había contactado a la directora de la unidad para trasmitirle órdenes “de arriba”.

En agosto de 2018, fecha cercana a las visitas que realizaron miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a jueces con el supuesto objeto de consultarlos y presionarlos para que avanzaran en la detención de los sindicalistas de Camioneros y dirigentes del Club Independiente, Hugo y Pablo Moyano. Por aquellos días un grupo de agentes de la AFI concurrió hasta la alcaidía 3 de Melchor Romero para instalar cámaras y micrófonos en las celdas de un pabellón, como también en los locutorios y en las duchas.

Parte de esa historia pudo ser reconstruida por la Justicia a partir de las dos declaraciones que brindó en la causa la directora de la Unidad Penitenciaria, Natalia Rousillon, quien contó que en el momento de la instalación pensó que se trataba de operarios de una empresa gestionada por el entonces Gobierno nacional para garantizar (con cámaras) la seguridad de presos de alto impacto que podían ser trasladados allí.

En particular, la funcionaria pensó que la disposición de cámaras y micrófonos apuntaba a los acusados por el Triple Crimen de General Rodríguez. “Se me avisa que iba a venir esta gente y me pidieron que les agilizara el ingreso, que no preguntáramos de dónde venían y que pasaran. Obviamente, fue una orden, es mi subsecretario”, reveló Rousillon en una de sus declaraciones.

Los técnicos que fueron a instalar las cámaras y los micrófonos no eran empleados de una empresa y sus nombres y su auto quedaron registrados en el libro de ingresos, por lo que se pudo determinar que se trataba de miembros de la AFI que por entonces conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Las cámaras y micrófonos, finalmente, fueron colocados en las primeras semanas de agosto de 2018 pero debieron ser retirados después de que un agente penitenciario detectara un cable, camuflado con puntura roja, sobre el techo de un pabellón y le informara del hallazgo a la directora de la alcaidía.

Según relató ante la Justicia, Rousillon se contactó de inmediato con el entonces director provincial de alcaidías, Leandro Borghetti, y le pidió hablar con Baric para que retiraran todo lo instalado.

Como primera medida, el juez Martínez de Giorgi requirió el último viernes a las empresas prestatarias de telefonía móvil que informen los abonados telefónicos que estén registrados a nombre de Baric; Borghetti; del asesor Fernando Manzanares; y del agente del Servicio Penitenciario Bonaerense Andrés Patricio Rodríguez, entre otros.

También ordenó identificar las líneas a nombre de los exagentes de la AFI supuestamente involucrados en la maniobra de espionaje ilegal: Fernando Gustavo Whaler, Claudio Héctor Marcus, Emiliano Darío Picabea, Sebastián Alejandro Iglesias, del área de Operaciones Técnicas, y Alan Flavio Ruiz, entonces director de Operaciones Especiales.

El juez también requirió al ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires “que informe los números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada” entre julio y septiembre 2018 a Juan Baric; Borghetti; Manzanares y Rodríguez; a la vez que pidió que se informen los ingresos de los agentes de la AFI investigados al ministerio en el mismo período.

En simultáneo, el juez pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que informe si alguno de los investigados ingresó entre julio y septiembre de 2018 a la Quinta presidencial de Olivos o a la Casa Rosada.