Así lo declaró el comisario Casassa ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. El jefe policial participó de varios allanamientos.

El comisario y contador Hernán Casassa confirmó, ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que él es la persona que habla y explica en dos audios cómo funcionaba la mesa judicial y cómo era el mecanismo de armado de causas en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo.

Además de ratificar el contenido, su relato fue incluso más lejos: contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand (a quienes ya mencionaba en la grabación) también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El jefe policial también vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje, y el uso dudoso de información para crear expedientes, según Página 12.

Casassa había sido citado por una subcomisión de la Bicameral conformada para estos temas que integran Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze. Ayer, el uniformado también entregó material para mostrar el nexo entre Carrió, Vidal y la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, una dependencia que ya en la grabación señalaba como clave en la recolección ilegal de información.

La administración bonaerense presentó los requisitos para acceder a los nuevos créditos que otorga el Banco Provincia a MiPyMEs de Cultura y Turismo.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia habilitaron líneas de créditos “Provincia Cultura” y “Provincia Turismo” destinados a PyMEs bonaerenses de dichas áreas.

La nueva medida se enmarca en los programas de reactivación productiva que busca el Gobierno bonaerense para recuperar el empleo y la producción en los sectores más golpeados por la pandemia de coronavirus.

Los préstamos son por montos de hasta $7 millones para las empresas de la industria cultural, y de hasta $10 millones para las del sector turístico. Los mismos tienen un plazo máximo de 24 meses, con 12 meses de gracia para el pago de capital. Los desembolsos son a pago único, y la tasa de interés es del 0% durante los primeros 12 meses de devoluciones, y los siguientes tienen una tasa fija del 18% anual.

Según destacaron desde Producción, ambas líneas de crédito tienen bonificaciones de tasa gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FoNDeP), garantías del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y el Fondo de Garantías de Buenos Aires (FoGaBA).

El juez que investiga el armado de causas a dirigentes sindicales por parte de funcionarios del gobierno bonaerense anterior, le dio 48 horas a las empresas de celulares para que informen si los acusados tenían celulares a su nombre.

La justicia federal de La Plata le pidió al gobierno bonaerense que entregue los teléfonos celulares y la computadora que usó María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de la investigación a la mesa judicial, donde al menos 15 personas están acusadas de armarles causas a sindicalistas, el juez le requirió a la Gobernación “que indique si es posible identificar el/los número/s de teléfono fijo y/o móvil utilizados utilizados por María Eugenia Vidal en el período comprendido entre el 1° de mayo de 2017 y 31 de diciembre de ese mismo año, así como la CPU asignada a la nombrada y/o a su secretaría privada en la gobernación durante el lapso aludido”.

El magistrado solicitó lo mismo respecto a Marcelo Eugenio Villegas, exministro de Trabajo bonaerense; Roberto Gigante, exministro de Infraestructura; y Adrián Grassi exsubsecretario de Justicia.

“En todos los casos, se deberá solicitar que se proporcionen a este Juzgado los números de abonados telefónicos que puedan ser identificados, y que las CPU´s que se individualicen de acuerdo a los términos solicitados, sean entregadas o puestas a disposición de este órgano”, indicó el magistrado.

Asimismo, el juez les pidió a las empresas de telefonía celular que indiquen –en un plazo perentorio de 48 horas- si en el período comprendido entre el 1° de mayo de 2017 y el 31 de diciembre de ese mismo año, poseían líneas telefónicas a su nombre y, en su caso, que informen los números de abonados correspondientes a: Adrián Grassi, Roberto Gigante, Juan Pablo Allan, Julio César Garro, Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci, Diego Luis Dalmau Pereyra, Marcelo Eugenio Villegas y María Eugenia Vidal”.

El gobierno bonaerense informó que buscarán alejarlos de la atención al público y, en caso de no contar con el aval, deberán realizarse una prueba PCR todas las semanas.

Los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que realicen atención al público en espacios cerrados y no cuenten con el pase sanitario que acredite las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, deberán ser reubicados o testearse cada semana para poder cumplir con sus tareas.

El Pase Libre COVID-19 no solo es obligatorio en restaurantes, bares y eventos masivos, entre otras actividades; sino también en la administración pública y por ello quienes no dispongan de él deberán dejar de atender directamente al público.

Las autoridades sanitarias provinciales indicaron que se les reasignarán nuevas tareas alejadas a la gente y en los casos en que no sea posible el traslado deberán realizarse una prueba PCR todas las semanas.

Así lo detalló el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en una conferencia de prensa desde Miramar, donde confirmó además que la Provincia adhiere al nuevo esquema de aislamiento para contactos estrechos de positivos sin síntomas. “Hay una actualización del Pase Libre COVID-19: las personas que atienden al público en lugares cerrados deben tener al menos dos dosis; si esto no es así deben reasignarles tareas para que no estén a frente de la atención público y si esto no es posible tendrán que hacerse todas las semanas un PCR”, explicó el ministro.

El funcionario informó además que desde la entrada en vigencia del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, el 21 de diciembre último, se realizaron más de 20 operativos donde se inspeccionaron unos 260 locales gastronómicos, recreativos, bancos e instituciones públicas. Los distritos donde se realizaron estos operativos de control de pase fueron La Plata, San Vicente, Quilmes, Avellaneda, General Pueyrredón, San Isidro, General San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Berazategui, Moreno, Morón.

Se trata de Martín de Vargas, quien se presentó en el edificio municipal para hacer un trámite pero le prohibieron el ingreso.

Ocurrió el lunes último, cuando el abogado Martín De Vargas fue a realizar una diligencia a la Municipalidad de La Plata, donde se presentó con el pase sanitario, pero no lo dejaron ingresar al edificio ubicado en las intersecciones de las calles 12 y 54.

“Van a averiguar y salen, y me dicen: tenés la entrada prohibida. ¿Cómo que la tengo prohibida? ¿Por qué los denuncié a Garro y a Vidal?”, comentó el profesional en declaraciones ofrecidas a diferentes medios platenses.

Él mismo relató que, ese día, había bastante gente en la fila para ingresar al municipio. De Vargas, entonces, comenzó a hablar con algunas de esas personas, dos de los cuales eran empleados de dos dependencias de la Municipalidad, quienes después tuvieron problemas por haber hablado con él.

Lo llamativo de la situación es que se trata de un edificio público, por lo que no se le puede prohibir el ingreso a ninguna persona.

De Vargas había denunciado, hace unos días, a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; a su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas; al intendente de La Plata, Julio Garro, y a los demás integrantes de la reunión en la que se los ve planeando una “Gestapo” y el armado de causas a sindicalistas.

En el marco de esa investigación, ayer la fiscal Ana Russo imputó a los 15 acusados y le pidió al juez federal que ordene peritar los teléfonos encriptados de Vidal, quien también está siendo investigada.

El dirigente sindical aseguró: “Se confirma todo lo que denunciamos”

El líder sindical Pablo Moyano comparó al Ministerio de Trabajo de la gestión de María Eugenia Vidal con el de la dictadura de Jorge Rafael Videla. “Después de cuatro años está saliendo a la luz todas las cosas que denunciamos”, describió. Y pidió: “Vidal era parte, la justicia la tiene que investigar”, reclamó.

“Lo importante es que después de cuatro años está saliendo a la luz. Nosotros denunciábamos persecución, armado de causas, nuestra organización gremial fue allanada 15 veces, hubo una multa de 1000 millones de pesos impuesta por (el ex ministro de Trabajo, Jorge) Triaca y nadie nos creía, era tal la protección mediática”, recordó. “Constantemente atacaban a las organizaciones gremiales que marchábamos contra la reforma laboral y el modelo económico”, reflexionó.

“Después de cuatro años está saliendo a la luz lo que denunciábamos, el armado político del ex presidente con su brazo político en la provincia, con quien se rajó y se refugió en la Ciudad de Buenos Aires, la señora Vidal, Patricia Bullrich, (Florencia) Arietto, la pata judicial con este caradura que todavía no sabemos cómo sigue en sus funciones que es Conte Grand, con fiscales afines a ese partido político y la protección mediática”, añadió.

“Ya están pidiendo por favor que pase la causa a ‘Comodoro PRO’ para que toda esa banda de jueces que tienen a favor del PRO los proteja. Ojalá que esta vez la Justicia investigue y los que tengan que pagar paguen. Porque no era Pablo Moyano, que era la obsesión de ellos, u otros dirigentes, el tema era acallar a aquellos que peleábamos para después venir con una reforma laboral y una lluvia de inversiones que prometían, para llevar adelante una política de flexibilización laboral”, recordó.

Así lo aseguró el gobernador de Buenos Aires.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que el gobierno nacional “no debe desviarse de la clara política de recuperación económica” generado a pesar de la pandemia de coronavirus y, en ese sentido, remarcó que “no se puede aceptar un ajuste” en las negociaciones con el Fondo Monetario (FMI).

“Ahora está en juego cómo seguimos recuperando el país y logrando que el crecimiento llegue a todos”, puntualizó el mandatario provincial, quien salió a ratificar su respaldo a las negociaciones de la administración de Alberto Fernández con el organismo multilateral.

Tal como lo planteó durante la reunión entre los gobernadores con Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, Kicillof remarcó que “no se puede aceptar un ajuste” como condición para cerrar un acuerdo con el Fondo por el contexto interno de reactivación.

“Para la sociedad está claro que después de cuatro años de macrismo con su consiguiente crisis y deterioro en el empleo, más los dos de pandemia, se ve un proceso de recuperación económica muy fuerte y de crecimiento muy relevante”, dijo durante una entrevista con Radio 10.

El programa tuvo un gran impulso en el 2021, para internos de 46 unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.

Durante enero se desarrolla de manera virtual la Primera Capacitación para referentes de los Pabellones Literarios en el ámbito de las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una experiencia virtual que consta de cinco encuentros y que tiene como objetivo dotar de conocimientos a las personas privadas de libertad que coordinan los espacios culturales en el marco del Programa Pabellones Literarios para la Libertad, el que tuvo un gran impulso en 2021.

Ya se llevaron adelante dos encuentros, uno con la presentación de la capacitación, que estuvo a cargo de Julia Lescano (Asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires), y de Carlos Pont y Gabriela Ríos, capellán general y Jefa del Departamento Cultura del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El segundo encuentro fue este lunes y fue coordinado por Lescano y el formador de educadores del Movimiento Scouts, Jorge Kaloustian, quien se refirió al rol del líder y los diez pasos de la ley Scout. Y la segunda parte se desarrollará el lunes 17 de enero.

La dinámica de los encuentros continuará el lunes 24 con la exposición de tres de los referentes de los pabellones literarios: Gonzalo, de la Unidad 30 General Alvear, Guillermo de la Unidad 9 La Plata y Gustavo, de la Unidad 32 Florencio Varela.

La finalización de la capacitación tendrá lugar el 31 de enero con reflexiones y evaluaciones.

En la actualidad el Programa Pabellones Literarios para la Libertad se extiende a 46 establecimientos penitenciarios de la Provincia a través de 80 pabellones con 3.853 internos participantes y la colaboración de más de 150 talleristas.
Respecto a la capacitación, Lescano aseguró que “nos estamos preparando para que este 2022 el Programa de los Pabellones Literarios continúen ganando espacios en las cárceles y alcaidías, y la literatura sea una herramienta que sirva para encarar la transformación a una nueva vida”.

El Programa cuenta con el respaldo de una resolución ministerial firmada por Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y se trata de una experiencia en la que la lectura y la escritura forman parte en la vida cotidiana de las personas privadas de libertad.

Al menos una vez por semana los integrantes de cada pabellón tienen un taller literario coordinado por un tallerista y para participar, los internos y las internas firman un acta de convivencia pacífica.

El nuevo protocolo se publicó hoy en el Boletín Oficial bonaerense. Se busca evitar la falta de personal sanitario para poder sostener los servicios de atención en períodos de alta demanda por la explosión de contagios.

El personal sanitario de la provincia de Buenos Aires que haya tenido contacto estrecho con un caso de coronavirus pero cuente con el esquema de vacunación completo y no muestre síntomas de esa enfermedad no deberá realizar aislamiento, de acuerdo con una modificación en el protocolo publicada en un suplemento vespertino del Boletín Oficial.

Los cambios en el Protocolo “Procedimiento de actuación para la prevención y control de casos de COVID-19 en el personal de salud” busca evitar la falta de personal sanitario para poder sostener los servicios de atención en períodos de alta demanda por la explosión de contagios.

De ese modo, estará exceptuado ​de realizar la cuarentena el personal de salud que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 y que permanezca asintomático que tenga el esquema de vacunación completo.

Es decir, que cuente con la dosis de refuerzo aplicada o con menos de cinco meses de inoculada la segunda o tercer dosis del esquema primario, en los casos en que dicho esquema comprenda las tres dosis.

Tampoco tendrán que aislarse los médicos y enfermeros que se hayan recuperado de un episodio de coronavirus confirmado por laboratorio y que presentan una nueva exposición al virus, dentro de los tres meses del episodio inicial (90 días).

Así, el personal exceptuado de la cuarentena “continuará con la actividad laboral, con estricto uso de los elementos de protección y automonitoreo de síntomas con control de temperatura dos veces por día”.

Lo mismo ocurrió con todos los integrantes de la reunión en el Banco Provincia en 2017.

El Ministerio Público Fiscal emitió durante la mañana de este martes una nueva resolución en la causa que investiga la mesa judicial macrista, en la que participaron agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios de La Plata, el intendente Julio Garro, entre otros.

La nueva acción que tomó la Justicia fue ampliar la imputación a varios miembros que se encontraban en el famoso video. Dentro de estas ampliación en imputaciones, se encuentra el jefe comunal y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

“Esta representación del Ministerio Público Fiscal, ha impulsado la acción penal, no solo contra los presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017, sino también contra toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos, hasta el momento, denunciados por la Sra. Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, doctora Cristina Caamaño Iglesias Paiz”, determinó la resolución.

Por otro lado, se amplió la imputación a los demás miembros de la reunión llevada a cabo en la central del Banco Provincia en 2017: Marcelo Jaworski, director general de COPETRO, Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, Juan Pablo Allan, senador de la provincia de Buenos Aires, Jorge Oscar del Río, presidente de APYMECO, Fernando Sacrachi, director de ACIP, Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Ricardo José Alconada, presidente de OCSA, Julio César Garro, actual intendente municipal de La Plata, Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO), Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci y Diego Luís Dalmau Pereyra – estos tres últimos pertenecientes, a la fecha del hecho a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -, como así también a toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos, hasta el momento, denunciados por la Interventora de la AFI, Cristina Caamaño Iglesias Pais.