Ante la ausencia de una propuesta decente por parte del gobierno de la Provincia y de cara a la marcha federal educativa del jueves próximo, los maestros buscan visibilizar su reclamo.

Los gremios de maestros nucleados en Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunciarán este lunes nuevas acciones para “visibilizar” el conflicto que mantienen con la administración de María Eugenia Vidal en el marco de las negociaciones paritarias.

Tras la entrega de un petitorio de reclamos en el que exigieron la semana pasada “diálogo directo” con Vidal, los sindicatos del FUDB plantearán nuevas actividades provinciales, regionales y distritales.

En tanto, mañana habrá una convocatoria a todos los consejeros de Udocba para determinar los pasos a seguir ante la falta de convocatoria por parte del gobierno provincial.

Si bien no hay detalles de las medidas los gremios buscan visibilizar las condiciones de la educación pública y el impacto de la inflación en los bolsillos de los docentes. Además, focalizarán sus esfuerzos con un mensaje a los legisladores de la Provincia.

Por el momento se descarta que haya un paro de actividades para esta semana, sin embargo, la marcha federal del jueves próximo tendrá como mensaje el llamado de atención para Vidal y la administración provincial.

Por su parte, el gremio que lidera Roberto Baradel se encuentra ultimando detalles para lo que será la Marcha Federal Educativa, el próximo 23, en el marco de la Ctera; movilización a la que se podrían sumar el resto de los sindicatos.

La gobernadora Vidal y el Movimiento Evita trabajan en un acercamiento concreto de esa agrupación a la estructura del gobierno bonaerense. En las últimas horas, el diputado Manuel Mosca y el referente del Evita, Fernando ‘Chino' Navarro apuntalaron ese objetivo en un viaje a Londres con eje en políticas de seguridad.

Según algunas fuentes no se descarta un posible ingreso del Evita al gobierno. Se ilusionan con tener a ese armado como aliado para la ejecución de las políticas sociales. Pero la clave pasaría por encontrar una manera de contener la protesta social en la provincia.

Aunque la negociación todavía es incipiente, las conversaciones entre Federico Salvai (jefe de Gabinete) y Mosca con el ‘Chino' Navarro (el interlocutor del Evita) son cada vez más fluidas. Por estas horas ya existe una línea de trabajo concreta para lograr ese objetivo.

Por ahora, desde el gobierno evitan adelantar como se materializaría ese desembarco. Un ministerio podría entrar en la negociación. Otra opción podría ser lugares en las listas del año próximo. "Lo que notamos es que están dispuestos a escuchar la oferta. Hay interés en las dos partes", dicen.

Quienes ponderan la llegada del Evita se ilusionan con la posibilidad de ampliar la base de sustentación del armado de Vidal en el Conurbano y tener un aliado para ejecutar las políticas sociales. La idea es aprovechar la buena interacción entre el Evita y la cartera que en Nación dirige Carolina Stanley.

Desde el gobierno consideran que genera atracción la figura de Emilio Pérsico y la del propio ‘Chino' Navarro. Pero también la del diputado nacional Leonardo Grosso y la diputada provincial Patricia Cubría. "Nos atrae la posibilidad de construir un espacio progresista dentro de Cambiemos", afirman.

Sería el refresh que Vidal puede mostrar de cara al futuro en la provincia. Pero también es un mensaje a la oposición. Por eso, quienes están en las negociaciones saben también que acercar al Evita es dar una señal de fortaleza importante hacia el peronismo.

En ese sentido, creen que la entrada del Evita sería la llave para que otros actores que provienen del peronismo se acerquen al gobierno.

Fuente: La Política Online

La Comisión Provincial por la Memoria criticó la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires.

Mediante un comunicado, hicieron pública su preocupación por la insistencia en políticas de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención de las personas detenidas en comisarías bonaerenses.

Asimismo, rechazaron las declaraciones del ministro de seguridad provincial, Cristian Ritondo, celebrando esta situación y solicitó a la Suprema Corte y la Procuración General que no convalide estas graves violaciones de derechos humanos. "Ambos poderes ignoran los recientes señalamientos del relator especial sobre tortura de Naciones Unidas y las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", subarayaron.

"Ante las declaraciones del ministro Cristian Ritondo, que niegan la gravedad por la situación de ilegalidad en la que permanecen detenidas las personas privadas de libertad, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) insiste en señalar la responsabilidad política por las graves violaciones a los derechos humanos que se producen de manera sistemática en los lugares de encierro", criticaron.

“Prefiero que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”, dijo el ministro en conferencia de prensa. Para la CPM dicha farse es "irresponsable" ya que "se naturaliza así la violencia del Estado y avalando la comisión permanente de delitos en los que incurre".

"Pretende aprovechar un clima de descontento social por el grave hecho ocurrido en la comisaría de San Justo para justificar una práctica ilegal del Estado: aunque parezca una obviedad decirlo, “amontonar” personas en comisarías que son verdaderas cuevas y en condiciones de hacinamiento extremo es un delito", puntualizaron.

"Se trata, sin duda, de los delitos más graves, porque el Estado que debe ser garante de la protección de los derechos se coloca en lugar de victimario, y asume las torturas y la muerte como un resultado esperable", agregaron.

Entre sus estadísticas, desde la CPM, detallaron que en la actualidad, existen 457 comisarías de las que 331 se encuentran inhabilitadas por el Estado para alojar detenidos. "Sin embargo 129 de estas alojan personas en condiciones de hacinamiento y precariedad extrema. Frente a este cuadro, algunos pocos jueces disponen sentencias de clausura que son desobedecidas de manera reiterada por el ministro de Seguridad", ahondaron.

Fuente: La Tecla

El episodio ocurrió en el Hospital de Niños de La Plata. Luego del corte de luz y la demora del generador para restablecer la energía, los doctores suspendieron la intervención quirúrgica.

En un nuevo hecho que refleja la crisis en el sistema de salud y el pésimo servicio prestado por la prestadora de electricidad, los cirujanos que intervenían en una operación de corazón tuvieron que alumbrar con sus celulares ante la falta de iluminación. Según informaron, tuvieron que actuar de forma urgente y cerrar el esternón porque el generador no devolvió la energía a tiempo.

No es la primera vez que sucede un caso así en un hospital público que depende del gobierno de María Eugenia Vidal. Hace unos meses, un hombre de 75 años falleció en el Hospital Rossi de La Plata, un día después de haber superado una operación en medio de reiterados cortes de luz en la sala de cirugía, que también llevaron a los médicos a alumbrar con sus celulares.

El nuevo hecho de profunda gravedad lo dio a conocer los delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) en el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría Sor María Ludovica de La Plata. “Se produjo un corte generalizado de energía eléctrica alrededor de las 10:30 mientras varias especialidades quirúrgicas se encontraban trabajando, como por ejemplo una operación de corazón a un paciente que estaba con el esternón abierto como indica el procedimiento y que hubo que cerrarlo de manera urgente y sin resolver la patología para preservar su vida" relataron.

Y explicaron que "los generadores eléctricos tardaron aproximadamente siete minutos en encender y esto obligó a los profesionales a continuar operando bajo la luz de celulares, corriendo riesgo vidas. Algunas especialidades, como el servicio de cirugía cardiovascular, teniendo a un paciente con una esternotomía a cielo abierto, debió suspender el procedimiento y dar por finalizada la cirugía sin resolver la patología".

"La misma suerte sufrió el servicio de Terapia Intensiva Pediátrica, donde algunas bombas y respiradores dejaron de funcionar", añadieron

Finalmente expresaron que “una vez más, el esfuerzo de todos los trabajadores del hospital hizo que no se produjera una tragedia. Solicitamos a las autoridades provinciales que tomen cartas en el asunto y dejen de poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. ¡Con los niños no!".

Así lo informa un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires sobre la violencia en los noviazgos jóvenes y generó.

Una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires dejó un duro diagnóstico de la realidad que viven los jóvenes en los noviazgos y que alerta sobre la violencia de género.

Una de cada cuatro jóvenes de la provincia de Buenos Aires sufrió amenazas, golpes, relaciones sexuales a la fuerza o críticas a su forma de vestir y acusaciones de infidelidad de parte de sus parejas en durante algún noviazgo.

El cuestionario, que el organismo subió a su web el 21 de febrero último para indagar sobre estas señales de violencia en la pareja, fue respondido por 14.620 jóvenes de entre 16 y 37 años, de los cuales el 85,56% fueron mujeres, el 13,92% varones y el resto no hizo distinción de sexo.

Según el relevamiento efectuado a partir de los cuestionarios respondidos, "el 26,2% mostró sufrir situaciones de riesgo con sus parejas". Del total de las encuestadas, el 26,52% asumió ceder a los deseos sexuales del otro por temor o presión; el 24% sufrió amenazas de golpes o muerte; el 17,37% fue obligada a prácticas sexuales no deseadas; y 16,62% respondió que fue golpeada.

En tanto, el 63,6% reconoció que las parejas ejercen control preguntándoles con quiénes están, dónde y qué están haciendo; el 53,53% sufrió la acusación de haber sido infiel; y el 48,94% sintió que se alejó o perdió contacto con amigos y familiares desde que está en pareja.

De forma pacífica los trabajadores nucleados en el Frente Darío Santillán se encuentran dentro de la cartera que dirige Carolina Stanley. Reclaman que el Gobierno pague los trabajos finalizados por esta cooperativa en Avellaneda, Ezeiza y Lomas de Zamora.

La toma del Ministerio de Desarrollo Social por los cooperativistas del Frente Darío Santillán reclaman que el Gobierno pague las obras realizadas, que se encuentran dentro del Convenio N°2017-04554391 que implicaron la construcción de dos escuelas públicas (En Ezeiza y en Lomas de Zamora) y un polo productivo en Pontevedra, en Merlo, entre otras.

La medida de fuerza se realiza este viernes, porque está por vencer el plazo legal para pagar la deuda y la administración que encabezan Mauricio Mauricio Macri y Stanley, en Desarrollo Social, no están cumpliendo con lo acordado y firmado, denuncian los trabajadores. "El gobierno del diálogo no sólo no dialoga, sino que tampoco cumple con lo que se compromete", expresaron.

"Si no hay respuestas al reclamo, si el gobierno no garantiza pagar la deuda que tiene con las y los trabajadores, redoblaremos la toma pacífica en el edificio y las medidas de fuerza para exigir una solución", finalizaron.

El pedido se realizó en el marco de una jornada en la Cámara de Diputados junto a legisladores de la oposición. También solicitaron que la gobernadora convoque a una mesa de diálogo ante el aumento de delitos en el conurbano bonaerense. 

La Cámara de Diputados fue el escenario elegido por un nutrido grupo de intendentes del peronismo de la Provincia para plantear el reclamo a la gobernadora, María Eugenia Vidal, sobre el traspaso de la Policía de Prevención a sus Municipios junto a la incorporación de recursos para “hacerse cargo de la seguridad ciudadana”.

“Debemos comenzar a discutir la autonomía municipal, porque no se pueden trasladar los problemas sin los recursos para resolverlos. Los intendentes queremos debatir la responsabilidad de los Municipios en la seguridad de nuestros vecinos”, aseguró durante su intervención en la jornada el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Por su parte, la mandataria de La Matanza, Verónica Magario, pidió “construir una política fuerte para combatir el delito que es cada vez más feroz en la Provincia de Buenos Aires”, y reclamó “un abordaje real junto a la Provincia, los Municipios, la Justicia y las fuerzas de seguridad, contemplando la necesidad urgente de ampliar el número de efectivos en las calles bonaerenses”.

Según una fuente legislativa, el encuentro sobre Seguridad Ciudadana realizado hoy sería el puntapié para avanzar en un trabajo en conjunto entre legisladores e intendentes de la oposición para presentar en la Legislatura distintos proyectos sobre la temática. Uno de los primeros será el traspaso de las Policías locales a la órbita municipal que actualmente es comandada por el Ministerio de Seguridad bonaerense.

La jornada puso en escena dos fotos de carácter político. Por un lado, el acompañamiento de distintos intendentes a Verónica Magario, quien en las últimas semanas tuvo fuertes cruces con Cristian Ritondo y la propia gobernadora luego del asesinato del chofer de la línea 620 y el ataque a la Comisaría de San Justo.

Por otro lado, la articulación de los bloques opositores en torno a un proyecto. En la actividad, organizada por el Bloque PJ Unidad y Renovación, conducido por el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, estuvieron las presidentas de las bancadas de Unidad Ciudadana en el Senado y Diputados, Teresa García y Florencia Saintout, respectivamente.

A pesar de la ausencia de legisladores del Frente Renovador, el diputado Jorge D´Onofrio envió su adhesión a la jornada. De hecho, el massismo presentó en el 2016 un proyecto de traspaso de las policías de prevención a los Municipios. Sin embargo, la iniciativa de similares características nunca llegó al recinto.    

Estuvieron presentes en el encuentro los diputados nacionales Fernando Espinoza y Wado de Pedro. En representación de los intendentes, participaron Juan Pablo de Jesús (La Costa), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Juan Zabaleta (Hurlingham), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Ariel Sujarchuk (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Marcelo Santillán (Adolfo Gonzales Chaves), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez), Juan Ustarroz (Mercedes), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Néstor Álvarez (Guaminí), Roberto Álvarez (Tres Lomas), Hugo Corvatta (Saavedra) y Alejandro Acerbo (Daireaux).

Todos los hospitales públicos bonaerenses se encuentran sin brindar la atención básica. Desde el gremio de los galenos exige al Gobierno el llamado a paritarias. Además aseguran que “faltan canales de diálogo” y que el sector se encuentra en crisis.

Los médicos de los 80 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires llevan adelante un paro provincial en todos los nosocomios bonaerenses y centro sanitarios, ante la falta de resolución en la negociación paritaria de los profesionales de la Salud.

La medida tiene como objetivo reclamar al gobierno de María Eugenia Vidal una pronta reunión para definir el porcentaje de incremento salarial para el sector. Recordemos que desde el gremio vienen alertando diferentes situaciones donde reflejan una crisis del sistema sanitario de la Provincia. Es el caso de la subejecución Presupuestaria, ligada a los problemas en infraestructura que tienen los 80 hospitales de la Provincia.

Para el Presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud (Cicop), Fernando Corsiglia, el sector atraviesa una "crisis" y se suma a la "falta de canales de diálogo" para solucionar el conflicto.

"Decidimos reiniciar medidas de fuerza con un paro de 24 horas el día jueves 3 de mayo, llevando adelante acciones locales y regionales, y también volver a parar 24 horas la semana siguiente", aseguró Fernando Corsiglia, secretario General del gremio.

El dirigente también confirmó que habrá una movilización luego de la conferencia de prensa que brindarán en el Policlínico San Martín, de la ciudad de La Plata.

"El sentido de esta medida es reclamar al gobierno provincial la convocatoria a paritaria, el abordaje de la grave crisis del sistema de salud provincial y la falta de respuesta de las autoridades al respecto", concluyó Corsiglia.

Así lo manifestó el titular de la principal fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires admitió que el crimen creció en todo el territorio bonaerense por culpa del hambre. También  dijo que "hay gente que antes no delinquía y ahora lo hace por un apremio económico".

El jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni, evidenció la crisis social, política y económica en la Provincia de Buenos Aires. En declaraciones a diferentes medios de comunicación, aseguró que el delito creció porque "la gente no tiene para comer".

En medio de la ola de crímenes en el Gran Buenos Aires y del reclamo de los intendentes peronistas a la Provincia por la ausencia de políticas de seguridad, Perroni analizó la problemática e identificó a la crisis social como una de las razones del aumento de la delincuencia.

"Hay un problema social que es obvio, que hace que la persona que tiene necesidad de comer se vuelque al delito", sostuvo Perroni en declaraciones a Radio La Red. "Hay gente que antes no delinquía y ahora lo hace por un apremio económico. El tema de la falta de inclusión lleva a esa situación", analizó el jefe de la Policía Bonaerense.

Perroni indicó que la Provincia trabaja en las "zonas calientes" para "bajar el robo, el hurto y el asalto", que son los delitos que más comunes en el Conurbano.

Las declaraciones del jefe policial tienen lugar en el marco de la serie de crímenes que sacudieron en las últimas semanas al Gran Buenos Aires y de las acciones conjuntas de intendentes y legisladores peronistas para exigirle respuestas a María Eugenia Vidal.

El texto realizado por varios economistas del PJ fustigó las principales iniciativas impulsadas por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y en el país. La suba del dólar, el endeudamiento y la fuga de capitales, entre otros son las variantes que analiza el informe.

La Comisión de Economía del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires -integrada por los economistas Roberto Feletti, Silvina Batakis, Débora Giorgi, Mercedes La Gioiosa, Arnaldo Bocco, Antonio Mezmezián, Axel Kicillof, Martín Pollera y Cristian Girard- presentó su Documento de Trabajo N° 3 en el que analizó la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri.

En el informe se destaca un párrafo especial al endeudamiento en la Provincia. Dicen los economistas de este equipo: “Durante el primer año de la gestión de Cambiemos, la deuda de la provincia de Buenos Aires, medida en dólares, creció un 31,9%, pasando de U$S 9.362 millones en diciembre de 2015 a U$S 12.353 millones en diciembre de 2016. Luego, transcurridos los primeros tres trimestres de 2017 la deuda se ubicaba en U$S 15.002 millones. Según el último dato publicado por el gobierno provincial el incremento alcanzó el 60% desde el cambio de gestión. La gobernadora María Eugenia Vidal hizo crecer la deuda pública de la provincia de Buenos Aires en aproximadamente U$S 5.700 millones, en términos netos, en los dos primeros años de su mandato, batiendo récords dudosamente elogiables, como haber sido Buenos Aires la provincia que más deuda emitió”.

El análisis incluye otro dato llamativo: “Este endeudamiento récord se registró aún a pesar de haber recibido transferencias desde Nación por casi $90.000 millones ($38.000 millones en 2016 y $51.000 millones en 2017). De hecho, la Provincia de Buenos Aires tuvo una presencia tan activa en los mercados de deuda internacionales, que llegó a ubicarse en el puesto Nº22 en el ranking de emisión global elaborado en base a datos de Bloomberg”.

“La intervención record en el mercado de divisas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri no sólo es inédita sino que es insustentable”. En sólo dos meses el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para evitar una disparada del dólar, vendió “US$4.000 millones, es decir $82.000 millones. Esa cifra dilapidada en 2 meses equivale a 8 veces los recursos que el Presidente quiere que los gobernadores resignen de sus distritos para compensar los subsidios tarifarios que el gobierno nacional eliminó”.

La presión sobre el dólar también se acentúa por “las políticas de apertura de la economía y los déficits comerciales experimentados en 2017 y el que se proyecta para el 2018”. “El rojo comercial de 2017 cerró con un déficit de U$S 8.471 millones, superior al provocado por el Efecto Tequila en 1994. Las importaciones crecieron casi 20% y apenas logramos exportar menos del 1% respecto de 2016”, destaca el informe.