A horas de un nuevo encuentro paritario entre los gremios de los maestros y el gobierno bonaerense desde el Frente de Unidad Docente pidieron "una propuesta seria". Si no hay acuerdo existe la posibilidad de un paro de actividades.

El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires lejos de solucionarse, promete agudizarse. Mañana los representantes de los gremios docentes y los ministros del Gabinete de María Eugenia Vidal para buscar un acuerdo por la pauta salarial del sector, aunque las partes se mantienen lejos en las pretensiones.

A horas de la reunión, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) pidieron "una recomposición salarial digna que respete nuestro poder adquisitivo".

"El tema de la inflación ya no lo tenemos que explicar los Docentes. En este sentido vamos más fortalecidos, aunque también más preocupados porque lo que no pueden es crear las herramientas necesarias para frenarla" indicó la dirigente de Suteba, María Laura Torre, para luego agregar: "Vidal no puede volver a insistir con un 15% en tres cuotas; hasta el FMI, que es el norte que ellos miran, plantea que la inflación será del 19,2%. El propio Gobierno Nacional ya está planteando que la inflación es un problema".

En caso de no lograr un acuerdo, desde los gremios ya plantean una jornada de paro y movilización, lo que sería el tercer paro desde el inicio del ciclo lectivo.

Para finalizar, Torre manifestó: "Docentes y alumnos resultan ser rehenes de la ineficacia y falta de responsabilidad del Gobierno Provincial frente a la Escuela Pública. Nos referimos a los cierres de cursos, problemas de Infraestructura, el caótico sistema de licencias médicas, falta de nombramientos de cargos, jubilaciones de oficio, situación de los CFP, los BAOs y BAOTs y sigue la lista”.

La agenda de reclamos por el aumento de precios de los servicios públicos también se instaló en la Legislatura bonaerense. Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires plantearon un impacto negativo por el incremento de las tarifas eléctricas.

Durante la reunión los cooperativistas destacaron que la responsabilidad del incremento tarifario registrado desde 2016 corresponde a los gobiernos Nacional y Provincial que tienen la potestad de fijar el precio de la energía eléctrica.

Tras la reunión, la senadora  Cecilia Comerio, Presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara Alta bonaerense resaltó que “conocemos la opinión negativa que tienen los vecinos de la Provincia respecto del aumento desmedido de las tarifas eléctricas, pero queríamos además escuchar la opinión del sector cooperativo, que también se ve muy afectado por este incremento que impacta directamente en cada uno de sus clientes, quienes a su vez son socios de las cooperativas”.

“Es muy distinto el rol que tienen las cooperativas eléctricas de nuestra Provincia respecto del que tienen las empresas privadas del sector. Además, vemos con mucha preocupación que estas empresas tienden a conformar un monopolio que distorsiona completamente no solo el precio sino la relación con las propias cooperativas eléctricas que son entidades sin fines de lucro, emplean a miles de bonaerenses y hoy necesitan soluciones de parte del gobierno, pero María Eugenia Vidal parece mirar para otro lado”, enfatizó la legisladora.

Por su parte Omar Malondra, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Eléctricas, aseguró que “las cooperativas somos quienes atendemos la demanda porque somos los propios vecinos quienes las administramos y nos vemos obligados a poner la cara para justificar estos valores, cuando en realidad estos precios de la energía eléctrica los establecen el Estado Nacional cuando fija los valores de compra y el Estado Provincial, en la venta”.

Malondra explicó que las cooperativas eléctricas “ocupamos el 40% del mercado eléctrico de interior de la provincia de Buenos Aires, el 60% lo dan las empresas privadas. Las empresas privadas tiene 2.000 empleados pero nosotros  tenemos 4.800. Si todo esto explota, las  que van a perder son las comunidades donde están las cooperativas que dan mano de obra y trabajo a mucha gente, y no a las empresas privadas que en algunos lugares no tienen ni siquiera una oficina de atención al público”.

Del encuentro participaron  APEBA (Federación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires), CONAICE (Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos), CRECES (Comunidad Regional de Entidades Cooperativas de Electricidad y Servicios), FACE (Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas), FEDECOBA (Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Ltda) y FICE (Federación Interegional de Cooperativas Eléctricas).

Bloques opositores llamaron a una sesión especial en la Cámara Baja bonaerense para tratar distintos proyectos que apuntan a reducir los fuertes aumentos registrados en las facturas de los servicios públicos.

Los bloques de Unidad Ciudadana FPV-PJ, Frente Renovador y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otros, convocaron a discutir este jueves a las 15 hs, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, diferentes proyectos para frenar la fuerte suba en las facturas de luz, agua y gas.

Los proyectos de ley presentados en la legislatura bonaerense, fueron presentados durante la semana pasada y desde los diferentes bloques opositores se trabaja para evitar que sucedan los hechos lamentables de ayer registrados en el Congreso nacional.

Para alcanzar la sesión especial se necesita mayoría simple, es decir 47 diputados del total de 92. Pero para la posibilidad del tratamiento de proyectos sobre tablas se requiere dos tercios de los presentes.

Desde Cambiemos, especulan que la oposición no alcanzaría los números para tratar los proyectos en el recinto.

La administración de la gobernadora María Eugenía Vidal emitió Letras del Tesoro. En esta ocasión, será por 90 millones de pesos, en tres tramos.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó deuda por 90 millones en tres tramos con el objetivo de hacer frente a los diferentes gastos, entre ellos la cancelación de vencimientos de otras deudas tomadas.

Según fue publicado en el Boletín Oficial, la emisión de Letras del Tesoro será en tres licitaciones de 30 millones de pesos cada una, es decir, por un total de 90 millones de pesos, correspondientes al Cuarto Tramo correspondiente al ejercicio 2018.

Según la Resolución, firmada por el ministro de Economía, Hernán Lacunza, las emisiones representan a "sesenta y cuatro (64) días, noventa y un (91) días y ciento ochenta y dos (182) días".

Este nuevo capítulo se suma a los 9 mil millones de dólares de deuda que la Provincia de Buenos Aires lleva acumulados desde que María Eugenia Vidal asumió su cargo en diciembre de 2015. Según un informe publicado por la Consultora Bloomberg, la alarmante cifra equivale a un promedio de 750 dólares por habitante bonaerense y representa un número similar a la emitida por India, el país con el sexto PBI del planeta.

Vale recordar que el Presupuesto para este año, la Provincia contó con el aval de la Legislatura para emitir deuda por 58 mil millones de pesos, pudiendo extenderse a 85 mil millones con créditos con organismos multilaterales.

Desde Cambiemos celebran  el "acondicionamiento" de las arcas bonaerenses y que se está regularizando la situación económica de la Provincia. Incluso, fue la misma gobernadora quien remarcó que la deuda que tome la provincia "no será utilizado para gasto corriente".

A través del ministro de la cartera laboral se clausuraron diferentes delegaciones de Trabajo en Florencio Varela, Brandsen, Moreno y el Partido de la Costa. Empleados preparan protestas en defensa de sus puestos de empleo.

El ministro de Trabajo Marcelo Villegas, comenzó a cerrar delegaciones de la cartera en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires

No es el primer organismo que cierra sus delegaciones en el interior, sino que Trabajo sigue los pasos de ARBA, quien hace algunos meses definió dejar algunas oficinas en distritos del oeste del Conurbano.

Empleados del Ministerio se manifestaron frente a las oficinas de la cartera que maneja Villegas, con el objetivo de mostrar su rechazo a la medida. Según manifestaron, las oficinas que planea cerrar el ministerio se ubican en Florencio Varela; Brandsen; Moreno y el Partido de la Costa.

En el caso de Brandsen, los trabajadores fueron notificados que "deben concurrir a la Delegación La Plata", algo que llamó la atención de los empleados.

En ese marco, los trabajadores denuncian que "en la mayor parte de las delegaciones del ministerio un convenio con el Colegio de Abogados que delega en este entidad privada las funciones de asesoramiento que corresponden por ley al Ministerio, y los apremios por multas impagas al Organismo se derivan a un estudio jurídico privado teniendo profesionales propios".

El objetivo será preparar candidatos para las elecciones del año que viene y capacitarlos para la gestión. El punto central es el Conurbano. Al frente de esta iniciativa se encuentra el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

El PRO lanzará este miércoles su escuela de intendentes con el objetivo de preparar candidatos para 2019. Arrebatarle distritos al peronismo en el Conurbano bonaerense, la región más importante del país en términos electorales, será el proyecto más fuerte.

El programa de la escuela del PRO incluye contenidos referidos a la organización del Gabinete; la gestión de conflictos (en particular los salariales); el manejo del presupuesto municipal; y capacitaciones en materia de salud, seguridad, medio ambiente, educación e inclusión social.

Quien estará al frente de la iniciativa será el intendente de Vicente López, Jorge Macri. El objetivo será, por un lado, preparar candidatos para competir en las próximas elecciones; por el otro, capacitarlos para gestionar.

Todos los cañones del PRO apuntan al Conurbano, donde Cambiemos ganó cuatro intendencias en 2015: Lanús (Néstor Grindetti), Quilmes (Martiniano Molina), Morón (Ramiro Tagliaferro), Pilar (Nicolás Ducoté) y Tres de Febrero (Diego Valenzuela).

El oficialismo apunta a disputar en Tigre, donde el actor Segundo Cernadas ganó las legislativas del año pasado; en San Fernando, de la mano del funcionario provincial Alex Campbell; en San Martín, donde podría candidatearse el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano; y en La Matanza, donde el PRO mide a Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación nacional.

En conferencia de prensa, la intendenta de La Matanza responsabilizó al gobierno de Vidal por la seguridad. “Por ley y por la Constitución, es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires” afirmó y cuestionó que “se haga política obscena con el dolor”.

La mandataria salió a responder las acusaciones del Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, luego del asesinato del chofer de la línea 620, Leandro Alcaraz. “Los intendentes del conurbano hemos hecho infinidad de esfuerzos en materia de seguridad. Hacemos inversiones más allá de las que nos corresponden. Nos quieren responsabilizar de lo que no funciona en la Provincia” aseguró, acompañada de choferes de otras líneas de colectivos.

En esa línea, Magario reafirmó que “vengo a redoblar mis esfuerzos por combatir la inseguridad”, aunque recordó que “no es responsabilidad de los Municipios. Por ley y la Constitución, es responsabilidad del gobierno provincial”.

Más adelante, la jefa comunal del distrito más grande la Provincia le solicitó a María Eugenia Vidal el traspaso con recursos de la policía local. “Quiero decirle a la señora gobernadora que los intendentes estamos dispuestos a trabajar para que nos traspase la policía y podamos realmente hacernos cargo” señaló.

Sobre las declaraciones del Ministro Ritondo, quien dijo que el Municipio de la Matanza no había utilizado el fondo de Seguridad, Magario respondió que “hemos invertido 701 millones de pesos en materia de seguridad, mucho más del monto que habla el Ministro”.

En la conferencia de prensa brindada ayer a los medios, el Ministro de Vidal había afirmado que “la gendarmería está trabajando en La Matanza”. Consultada sobre esta polémica, Magario recordó que “en 2016 me reuní con la Ministra Patricia Bullrich porque de los 1200 gendarmes que teníamos, nos dejaron 140. Desde ese momento no tuvimos respuestas. Si Ritondo caminara La Matanza y hablaría con los vecinos, se daría cuenta que lo que dice no es cierto”.

Además, la intendenta puso en el centro de su discurso el reclamo a la gobernadora por la falta de policías en su Distrito. “Este 1 de marzo, cuando asistí a la apertura de sesiones de la Gobernadora en la Legislatura, escuché de su propia boca que habían egresado 10 mil agentes de policía nuevos. A La Matanza no vino uno solo” insistió.

En ese sentido, comparó el contraste de su municipio con respecto a la ciudad de Buenos Aires. “La Matanza tiene 2 millones 200 mil habitantes con 4350 policías, mientras que CABA tiene 2 millones 800 mil con 28 mil policías. Es decir, nosotros tenemos un policía cada 506 habitantes y el gobierno porteño un policía cada 100 habitantes” concluyó sobre las diferencias que existen según el color político de cada distrito.

La gobernadora debería haber reglamentado hace más de un año la ley que obliga a las empresas de colectivos a instalar cámaras, pero no cumplió con ese paso.

La respuesta que dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires tras el asesinato de Leandro Alcaraz fue la promesa de reglamentar de inmediato la ley provincial 14.897, sancionada en enero de 2017.

Vidal, que disponía en ese entonces de 60 días para reglamentar la norma (o sea, hasta marzo del año pasado), nunca lo hizo, impidiendo que se implemente lo ley la legislatura bonaerense había votado y que ella misma había promulgado.

Ya en junio del año pasado, tras el asesinato en Claypole de otro colectivero, Carlos Ernesto Sánchez, el ministro Ritondo había respondido con la misma promesa a los representantes de la UTA (Unión Tranviarios Automotor): reglamentar la ley. Pero nada sucedió, y las cosas continuaron igual.

Esta vez Ritondo dio una fecha concreta: dijo que la ley se reglamentará el lunes próximo. Incluso Clarín afirmó haber accedido a un borrador de esa reglamentación, que dispondría la instalación de "la cantidad de cámaras necesarias según las características de cada unidad de transporte, debiéndose garantizarla existencia de una cámara por puerta de la unidad".

El funcionario también habló de una línea de créditos blandos que ofrecería el Banco Provincia para que los propietarios de las unidades puedan afrontar el costo de la instalación de las cámaras.

Lo cierto es que la ley no se reglamentó en los plazos correspondientes, y tampoco se hizo luego de la promesa de junio pasado, cosa que ningún medio destacó tras la noticia que conmovió este domingo nuevamente a toda la sociedad. Así funciona el blindaje.

Fuente: Infonews

Así lo señaló un informe elaborado por la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con la Universidad Católica Argentina. Apenas el 14% de los habitantes del Conurbano utilizó el sistema de salud porteño durante su última visita al médico.

El 40% de los bonaerenses no tienen obra social. Cerca del 25% de los pacientes dice que tuvo que esperar más de dos meses para ver al médico. Según un informe elaborado por la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con la Universidad Católica Argentina (UCA), esta situación “contribuye, en cierta medida, a reproducir institucionalmente la desigualdad social existente”.

“Sólo un 35,9% de la población del GBA cuenta con obra social, un 13% es beneficiario de PAMI y un 9,7% costea una prepaga o plan privado. La diferencia entre la provincia y la Ciudad es significativa ya que en ésta sólo el 12,4% de la población no tiene cobertura. Cerca de 28 puntos porcentuales los separan”.

“El estudio, además, revela que los ciudadanos del GBA fueron los que más utilizaron los servicios públicos de salud, alcanzando el 37%: un 7% por encima de la media en todo el país. De ellos, un 18,4% dijo haber recibido una “mala calidad de atención médica”, algo que empeora al referirse al tiempo de espera para la atención con turno. 1 de cada 4, tuvo que esperar más de dos meses para entrevistarse con el médico, mientras que un 45,2% tuvo que hacerlo un mes, quedando sólo un 30,2% que tuvo “la suerte” de aguardar una semana”, consignó el sitio de noticias InfoGEI.

El informe – añade – derribó el mito sobre la migración de los diferentes municipios bonaerenses hacia la Capital Federal para estudios médicos. En total, un 14% de habitantes del Conurbano utilizó el sistema de salud porteño durante su última visita al médico.

Sin haber empezado las paritarias del sector, los galenos convocaron al resto de los estatales a luchar contra el ajuste impulsado por el gobierno nacional y provincial.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) señaló, a través de un comunicado, que el cierre de la paritaria de estales es "bochornosa" y apuntaron a los otros gremios "donde los dirigentes gremiales funcionales al poder de turno cerraron un acuerdo salarial que perjudica a los trabajadores".

Sobre la negociación salarial del sector, desde el gremio que nuclea a los trabajadores de la salud remarcaron que "el gobierno de María Eugenia Vidal no ha dado aún señales de querer iniciar la discusión salarial con los profesionales de la Salud".

"Su mirada sobre la situación de hospitales y centros de salud no ha ido más allá de mejoras edilicias en algunas guardias, claramente necesarias, pero largamente insuficientes, y la implementación parcial del SAME en algunos municipios" reclamaron.