El decreto 647/16 de la gobernadora María Eugenia Vidal estableció que las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses tuvieran una versión “extendida”, con carácter “reservado”, y otra “sintética”, a la que se podría acceder de forma pública.

La misma disposición, publicada en el Boletín Oficial para modificar el decreto 116/16, contemplaba sancionar con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que “vulneren el carácter y/o contenido” de las declaraciones “reservadas” de ministros, subsecretarios, directores, policías y agentes del servicio penitenciario, y también para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”.

La versión “sintética” restringía “los datos completos del cónyuge, de los hijos menores no emancipados, de las personas a cargo y convivientes; detalle de la profesión y medios de vida de las personas especificadas; el nombre del Banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero; los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, indicando la entidad emisora y sus extensiones en el país o en el exterior; la ubicación detallada de los bienes inmuebles”.

Tampoco hacía públicos “los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables; los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra fueron individualizados por la autoridad de aplicación; la individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de DNI, razón social y CUIT, CUIL o CDI de aquellas sociedades, regulares o irregulares, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos u otros, en los que se declare cualquier tipo de participación o inversión, acciones o cuota partes, y/o de los cuales se haya obtenido ingreso durante el año que se declara”.

Por otro lado, el decreto de Vidal prorrogó por 60 días la presentación de las declaraciones juradas, que alcanza a un total de 55.000 funcionarios, entre ellos la propia gobernadora, su vice, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados; subsecretarios y “todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado según Ley N° 10.430”.

Asimismo, incluyó a “el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría”.

Tras conocerse la medida del Gobierno bonaerense, distintos sectores opositores plantearon su rechazo al entender que este decreto vulneraba el derecho a la información.

La senadora del FpV, Mónica Macha, explicó que “las políticas de transparencia son un derecho de los y las bonaerenses y no depende de la voluntad ni los decretos de Vidal”.

“El gobierno de Vidal tiene una actitud muy marcada a la hora de ocultar: ya lo hicieron con las reiteradas emergencias que les permiten gastar sin control y sin dar publicidad a las compras, ahora hacen lo mismo con las declaraciones juradas, ocultan”, agregó la legisladora Mónica Sierra, titular del bloque kirchnerista en el Senado.

Desde el Frente Renovador, Sebastián Galmarini, también manifestó su repudio: “No tiene ni pies ni cabeza”, dijo y calificó la medida como “una barbaridad”.

Este decreto era similar al artículo 85 del proyecto de ley ómnibus que fue girado por la Casa Rosada a la Cámara de Diputados y que establece prisión para quienes difundan información sobre el blanqueo de capitales.

Luego de las fuertes reacciones, Vidal dijo a través de su cuenta de Twitter que “si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada” y, más tarde, anunció que derogará los artículos 1, 2 y 7 de su medida para “despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”.

La Cámara Alta provincial tiene previsto tratar mañana un proyecto sobre las declaraciones juradas que incluye a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, que es la unificación de cuatro proyectos presentados por los legisladores del massismo Rubén Eslaiman, Ramiro Gutiérrez y Lisandro Bonelli y el radical Alejandro Armendáriz, obtuvo despacho favorable esta tarde en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El proyecto, ya contaba con despacho de Reforma Política y del Estado y de Asuntos Municipales y sería tratado en la sesión prevista para la semana próxima o a más tardar la siguiente, explicó a Télam un vocero legislativo.

El texto final consigna que el intendente, los concejales, consejeros escolares, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, durarán en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelectos por un nuevo período.

Establece también que si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período.

Además prevé que los mandatos actuales de los Intendentes, concejales y legisladores se les computará como primer período por lo que si se sanciona la ley este año podrán proponerse sólo por un mandato más.

Además establece un régimen de incompatibilidades por simultaneidad de cargos, aunque con la salvedad que se pondrá en vigencia cuando el funcionario cumpla su mandato, es decir no afectará a los que ahora estarían alcanzados por la incompatibilidad.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados Manuel Mosca, explicó que “entendemos que es importante la alternancia en el poder para fortalecer el sistema democrático”.

“Con el triunfo de la gobernadora María Eugenia Vidal, marcamos ese rumbo y mostramos que en la provincia, que fue durante muchos años gobernada por el mismo partido político, hoy podemos mostrar cambios que van a modificar para bien la vida de los vecinos”, graficó.

En tanto, el diputado del Frente Renovador y vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Ramiro Gutiérrez, aseguró que “la provincia de Buenos Aires está cada vez más cerca de terminar con los políticos que se eternizan en los cargos”.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, decidió mediante el decreto 647, multar con penas de hasta dos años de prisión a periodistas o terceros que difundan las declaraciones juradas de los funcionarios del gobierno PRO.

Senadores bonaerenses del FPV manifestaron su enérgico repudio   ante el decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal.

La senadora bonaerense, Magdalena Sierra, afirmó que  “ya habíamos advertido sobre la intención de penalizar a los que informan y a los que investigan. Por eso en la discusión en comisiones de lo que será la ley que regule las declaraciones juradas que se debatirá en el senado de la provincia logramos eliminar el artículo que sancionaba a los periodistas”, recordó la legisladora.

En el mismo sentido, añadió “para nosotros el gobierno de Vidal tiene una actitud muy marcada a la hora de ocultar: ya lo hicieron con las reiteradas emergencias que les permiten gastar sin control y sin dar publicidad a las compras. Ahora intentaban lo mismo con las declaraciones juradas”, advirtió.

Por su parte, la senadora Mónica Macha, destacó que "el decreto de Vidal lesiona persigue al periodismo y, otra vez, las instituciones y la democracia. Es una medida escandalosa, criminaliza la práctica periodística y blinda a la provincia de una manera inaceptable”.

“La medida implica un retroceso enorme en materia de transparencia. Esconder información es gobernar encerrado y lejos del pueblo.  Cambiemos es contradictorio, desprecia los mecanismos de la democracia y muestra serios problemas en materia de transparencia”,  cuestionó Macha.

Otro de los senadores que salió al cruce de la medida tomada por el gobierno provincial, fue Santiago Carreras, quien aseguro que  “el decreto firmado por Vidal es alarmante. Al igual que quiso hacer Macri en el ámbito nacional con los que ingresen al blanqueo, en la Provincia buscan silenciar y perseguir a quienes informen sobre el patrimonio de su gabinete”

En el mismo sentido, el legislador hizo un repaso de las decisiones del gobierno provincial que sortearon controles y se refirió a que “desde su asunción la gobernadora promovió proyectos que pasan por alto los mecanismos de control en contrataciones y obras de infraestructura, y ahora apunta a ocultar las declaraciones juradas de sus funcionarios y perseguir periodistas".

"Muy lejos del discurso de transparencia e institucionalidad que tenían en campaña”, concluyó el legislador.

Por otra parte, llovieron críticas en las redes sociales.

Enrique M Martinez ‏@em_martinez 1 hHace 1 hora

Vidal se retractara sobre un decreto que firmo hoy. El nivel de precariedad e improvisacion del gobierno es asombroso

Cristina PerezCuenta verificada ‏@Cris_telefe 1 hHace 1 hora

#Gravisimo Decreto d M Eugenia Vidal sanciona con prisión a quienes revelen datos del patrimonio d sus funcionarios http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

Dante Augusto Palma ‏@palmadante 1 hHace 1 hora

Feliz día del periodista http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

Mariana Moyano ‏@mmlamoyano 2 hHace 2 horas

La libertad al palo Un decreto d Vidal sanciona con prisión a quienes revelen datos del patrimonio dsus funcionarios http://www.lanacion.com.ar/1906912 

Nancy Pazos ‏@NANCYPAZOS 2 hHace 2 horas

En qué quedamos????Vidal y un polémico decreto: enviará a prisión a quienes revelen datos patrimoniales de sus func http://goo.gl/PaUNZq 

mariano obarrio ‏@marianoobarrio 3 hHace 3 horasCiudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Este decreto de MEV atenta contra la libertad d prensa, derecho a la información y normas d transparencia oficiales http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

La justicia en lo contencioso administrativa de La Plata intimó hoy a la gobernadora María Eugenia Vidal a que en cinco días convoque a reanudar las negociaciones paritarias a los estatales enrolados en la Ley 10.430 y que designe en conjunto con los gremios la autoridad imparcial que debería intervenir ante conflictos entre las partes.

La medida la adoptó hoy el juez Luis Federico Arias, quien aclaró que la orden de reabrir la paritaria estatal que resolvió el pasado 29 de abril si bien fue apelada por la Fiscalía de Estado, “el recurso fue concedido con efecto no suspensivo, por lo que la misma se encuentra plenamente vigente”.

En el fallo, el magistrado dispuso que para el caso de incumplimiento “los respectivos encuentros paritarios de negociación se realizarán en el ámbito de éste Juzgado, a cuyos efectos se fija audiencia para el día 21 de junio del corriente año, a las 10 horas en la sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata”.

La decisión de Arias se basa en un planteo que habían presentado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y los médicos nucleados en la Cicop.

Si bien, los médicos acordaron la semana pasada un aumento del 25 por ciento hasta agosto y la reapertura de la paritaria ese mes y el gobierno también acordó con el resto de los gremios estatales un aumento salarial para el primer semestre y la reapertura paritaria el 1 de julio, ATE y Soeme rechazaron el acuerdo y recurrieron a la justicia que dio lugar al reclamo de los trabajadores.

Luego de promesas de transparencia, en un controversial decreto que coarta el derecho de la Libertad de prensa, María Eugenia Vidal decretó que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario. Entre los alcanzados por la sanción se ubica a "terceros". En otras palabras, a los periodistas y medios de comunicación.

A principios de la gestión, la gobernadora a través del decreto 116 había obligado a sus funcionarios y a sí misma, a publicar declaraciones juradas de bienes.

El decreto 647 anunciado hoy por el Boletín oficial, anuló la propia iniciativa basada en el discurso de la "transparencia" de la gobernadora.

De esta manera, el gobierno bonaerense decidió que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas en su formato integral.

En el primer decreto de principios de la gestión se establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en dos formatos: una versión sintética y otra integral. La primera, que iba a ser de libre acceso para periodistas y ciudadanos, sólo consigna la valuación del patrimonio sin identificar los bienes que lo integran. La segunda, integral, incluye esas precisiones más los datos de los familiares directos de los funcionarios, pero iba a quedar a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizados por la prensa.

El texto agregado hoy por el nuevo decreto 647 detalla que "la Declaración Jurada Patrimonial Integral mencionada en el artículo precedente -incluido el Anexo-, tendrá carácter reservado. Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente".

Entre los periodístas ya estalló la polémica.

Miembros de clubes de barrio de todo el país, acompañados de organizaciones sociales, se manifestaron ayer en Plaza de Mayo contra lo que consideraron “un tarifazo que amenaza con el cierre” de esos espacios.

Pasadas las 19, las canchas de fútbol improvisadas rodearon la Pirámide de Mayo. Sobre la reja que circunda el monumento, clubes porteños, del conurbano y del interior del país colgaron las banderas que los representan y las pancartas que exigieron “tarifa social para todos” y recordaron: “un club de barrio menos, muchos pibes más en la calle”.

Más tarde, una gran columna ingresó por Irigoyen para sumarse a la actividad.

Detrás de la bandera que agrupa a todos los clubes a nivel nacional se mezclaron los colores de los clubes de todos los barrios, incluyendo delegaciones que llegaron del interior.

“De los clubes, la plaza es de los clubes”, entonó el grupo de chicos, padres y profesores mientras se acercaba a la Casa Rosada tan cerca como las vallas, a la altura de la calle Defensa, lo permitieron.

Allí se montó un escenario desde el que se leyeron las consignas de la convocatoria y sentenciaron: “No vamos a permitir que desaparezcan los clubes”.

Reclamo de los clubes de barrio por el tarifazo

Imágenes de la movilización

En una polémica editorial, Joaquín Morales Solá despliega una hipótesis sobre un plan de desestabilización que se estaría tejiendo en el conurbano bonaerense. El artículo de La Nación, habla de sectores del kirchnerismo y del peronismo que promueven movilizaciones para generar caos con el objetivo de que tambalee el Gobierno.

"El núcleo duro del kirchnerismo está propalando la idea de que un sector importante de la sociedad sufre el hambre de manera insoportable", dice Morales Solá en referencia al "plan" organizado desde las entrañas bonaerenses.

"Ellos (y otros más) son sólo voceros de una estrategia más profunda, que se despliega sobre todo en el conurbano bonaerense, donde reside el universo más amplio de pobres del país", añade con una mirada centralista sobre lo que ocurre a poco kilómetros de la Capital.

"En ese espacio socialmente sensible, siempre vacilante, los cristinistas están llamando a futuras movilizaciones hacia los supermercados, según información que recibió el gobierno de Macri de intendentes propios y de peronistas que aspiran a un proyecto de poder más ambicioso que el caos", agrega, sin temor a reconocer que se trata de una versión del macrismo para victimizarse.

Ante esos dichos fueron varios los que salieron a cruzarlo. Hoy, el intendente de Ensenada, Mario Secco, lo castigó con dureza. Habló del crecimiento de la pobreza en su distrito y le respondió al periodista: "Encima hay que soportar que un sinvergüenza que sabe de periodismo diga que los intendentes estamos preparando un golpe”.

Los secuestros extorsivos fueron moneda corriente en la Provincia de Buenos Aires, pero la ministra de Seguridad Patricia Bullrich difundió cifras que indican una baja del 27% en esta modalidad delictiva.

Bullrich lo  dijo durante su informe en la Comisión Bicameral de Fiscalización de órganos y actividades de Seguridad Interior, la cual se convoca para analizar la problemática y responder preguntas de los legisladores de la oposición, en el marco de su primer informe de gestión.

La ministra se refirió también a la lucha contra el narcotráfico y a los secuestros que, según afirmó, presentaron un descenso con en la provincia de Buenos Aires, con respecto a 2015.

"El secuestro es de alta preocupación social, genera mucha incertidumbre y desazón, tiene que ver con esta forma de variación que hace el delito, aparece en entradera, de golpe es un secuestro express", afirmó Bullrich.

Según la estadística brindada por la funcionaria, en la provincia de Buenos Aires hubo una disminución de casos de secuestro en un 27,4% y un aumento en la Ciudad del 25%.

"El total de la disminución en CABA y la Provincia es del 19,1%", aseguró. Sin embargo, volvió a subraya que "la exposición mediática ha sido muy elevada".

Bullrich anunció que el Gobierno prepara una reforma de la Policía Federal para que se convierta "en una fuerza de investigaciones complejas, que tenga menor nivel de territorialidad y que se dedique a delitos federales, con analistas y una buena policía científica".

La ministra de Seguridad afirmó que la Policía Federal "tiene que dejar de ser una fuerza de comisarías" al fundamentar la reforma, en el marco del informe de gestión que brindó ante la comisión bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior.

“No hay que vender la piel del oso antes que tenerla. Si Lilita (por Carrió) quiere ser candidata para enfrentar a Cristina primero debe competir en las PASO contra la UCR”, señaló Ricardo Alfonsín en declaraciones al programa Intratables, que se emite por el canal América TV.

Ayer, la legisladora de la Coalición Cívica adelantó que a fin de año se jubilará y que analizará la posibilidad de seguir en la política, al tiempo que afirmó que “si es necesario” sería postulante del oficialismo en la provincia.

Las palabras de Alfonsín sorprendieron porque días atrás había afirmado que la UCR "no formaba parte del gobierno", en una declaración que lo alejaba del futuro político de Cambiemos. Aunque la esa coalición, por estas horas, parece convertirse en la dinámica de lo impensado

En otro orden, Alfonsín se refirió a la calidad institucional del país, y remarcó que hay que “lograr que el Consejo de la Magistratura funcione como corresponde”.

“Sin justicia no podemos vivir en una República, y por eso necesitamos que el Consejo de la Magistratura funcione adecuadamente. Hay que cumplir con la Constitución y tratar que este organismo funcione como antes de 2006, cuando se sancionó la ley que determinó su composición”, subrayó.

Tras conocerse que el juez de La Plata, Luis Federico Arias, extendió el amparo que suspende el tarifazo a las cooperativas eléctricas que no estaban incluidas en la resolución que adoptó el miércoles pasado. El servicio de luz en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires lo brindan precisamente cooperativas.

En ese sentido, el Diputado Valicenti en declaraciones ofrecidas a Primereando, destacó: “Hoy fue la justicia la que dio el primer paso para frenar de alguna manera al tarifazo”, para luego señalar que “cuando uno recorre los barrios se da cuenta que estas subas en los impuestos están afectando a los trabajadores y la vida de las ciudades”.

Además, el legislador recordó que la cautelar del juez Arias benefició a más de 800 mil usuarios de la provincia de Buenos Aires y resaltó: “Los vecinos, comerciantes, las PyMES o los pequeños productores industriales se encuentran muy preocupados porque el aumento desmedido de las tarifas representa un fuerte golpe a las economías regionales de la Provincia”, dijo Valicenti a este sitio web.

Para finalizar el legislador provincial señaló: “Estamos contentos porque realizamos un trabajo militante con los vecinos, los trabajadores, los sindicatos y esta medida nos da una cuota de esperanza para frenar los tarifazos”.

El miércoles pasado, Arias había resuelto que los clientes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica EDELAP, EDES SA, EDEA SA y EDEN Sano debían abonar las facturas que recibieron en sus domicilios con aumentos de hasta el 600 por ciento y aguardar la refacturación del servicio.

De acuerdo con el magistrado, el tarifazo no correspondía ya que se había violado la ley al no celebrarse la correspondiente audiencia pública con anterioridad a la aplicación del aumento.

La medida abarca a todos los servicios provinciales menos Edesur y Edenor que son servicios federales y tienen sus redes en el denominado Gran Buenos Aires, donde vive la mayor parte de la población bonaerense.