Lejos de aquietar las aguas con los gremios, María Eugenia Vidal sigue subiendo la tensión en su relación con los sindicatos. Ayer la gobernadora bonaerense aseguró que "hay planteos paritarios que son difíciles para la Provincia", en referencia a los reclamos de aumentos salariales de los empleados judiciales y los médicos de los hospitales bonaerenses, "no porque no los merezcan sino porque la Provincia no los puede pagar".

Hasta ahí todo bien, pero luego agregó: "No podemos dar un 44 por ciento de aumento, hemos ofrecido el 35 por ciento anual, que es más que razonable en las condiciones actuales ya que no podemos tomar compromisos que no podemos cumplir".

Los dichos de Vidal enfurecieron a los judiciales que hoy salieron a tildarla de mentirosa.

"Estamos en la semana número 12 de conflicto y hoy se cumple un mes desde que se congelaron las negociaciones paritarias, congelamiento unilateral por parte de la gobernación", sostuvo Pablo Abramovich, titular de la Asociación de Judiales Bonaerenses.

Hoy el salario inicial de los judiciales es de 9.200 pesos y desde el gremio buscan hacer que logre cubrir la canasta básica, por lo que el reclamo inicial fue del orden del 45%.

"Lo cierto es que ayer la gobernadora, que pasó un mes y pico ignorando el conflicto que hay en tribunales y en los hospitales, dijo que la oferta que nos había hecho es del 35% anual. Eso es falso y completamente mentira", disparó Abramovich.

"La única oferta que nosotros recibimos fue del 25,5% por eso lo que nosotros le planteamos a la gobernadora es que convoque a negociaciones y formalice esa oferta que ayer en los medios dijo que se había hecho", concluyó.

Así surge de un documento elaborado por la FAM bonaerense en el que los intendentes manifestaron que "los municipios de la provincia de Buenos Aires afrontamos económicamente innumerables acciones de prevención con una inversión considerable" y agregaron que "cada comuna eroga montos mayores a los 50 millones, 80 millones y hasta 150 millones de pesos, según la extensión territorial".

Además, los intendentes reclamaron a la Gobernadora "que interceda ante el presidente Mauricio Macri para lograr un compromiso del Gobierno Nacional para trazar un Plan Federal de Seguridad que comprometa a toda la República".

En una misiva dirigida a Vidal, plantearon que "deseamos hacerle llegar nuestra profunda preocupación respecto a los hechos de inseguridad que se vienen suscitando y el crecimiento del tráfico de estupefacientes en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires".

"Desde hace años los vecinos de los distintos partidos de la Provincia, especialmente los de los municipios del Conurbano bonaerense, reclaman mayores medidas de seguridad a sus referentes institucionales más cercanos, que conocen y ven habitualmente: los intendentes", explicaron y detallaron que, frente a ello, "como jefes comunales hemos ido colaborando y ocupándonos de la seguridad, afectando gran cantidad de recursos de nuestros acotados presupuestos a este complejo flagelo".

"Es por ello que se han adquirido distintos bienes y servicios para hacer frente a las demandas de seguridad como patrulleros, cámaras de seguridad, sistemas de alarmas, y botones antipánico", expresaron y agregaron que "entendemos que si bien son muchos los recursos que las comunas y la Provincia destinan a la seguridad pública, no es suficiente para obtener los resultados propuestos en virtud de tales erogaciones".

Sostuvieron que "apoyamos la creación de la Policía Local", pidieron "extender a las 24 horas del día el trabajo de esta fuerza" y solicitaron "dotarla de mayor cantidad de personal en la calle y más patrulleros con equipos de comunicaciones".

También requirieron "la sanción de la ley que regularice la situación jurídica de la Policía Local ya que las instituciones policiales deben ser creadas por dicho instrumento" y precisaron que "sabemos que usted conoce la realidad del territorio de la Provincia ya que habitualmente lo recorre y escucha a los vecinos de los distintos distritos por lo que entendemos y estamos convencidos que no es ajena a dichos reclamos y que se encuentra trabajando para darle una solución a corto plazo".

"Somos conscientes y creemos que usted también lo es, del gran esfuerzo que realizan los Municipios junto con vuestra gestión en la Provincia en esta materia. Sin embargo no alcanzan esa gran cantidad de recursos para detener la comisión de delitos que se acrecienta cada día más", afirmaron los intendentes.

En el texto, remarcaron que "en el contexto delictual en que nos encontramos, no podemos limitar la problemática a la Provincia ya que el país se encuentra atravesando una ola de violencia y de delitos extrema, preocupante, muchos argentinos están muriendo o despojados de todos sus bienes, víctimas de hechos de inseguridad".

"Por lo que se debe entender que es una problemática nacional que requiere el compromiso de todos, no sólo de los gobernadores y los intendentes municipales sino que junto al Presidente de la Nación debemos trazar un Plan Federal de Seguridad que comprenda a toda la República, convocando a expertos en seguridad del país e internacionales", graficaron.

Solicitaron al Gobierno Nacional "la urgente intervención desde el aspecto económico y técnico generando un plan de seguridad integral que se ajuste a las necesidades y reclamos de todo el territorio nacional, destinando recursos, como lo han hecho gobiernos anteriores, para la adquisición de logística, armamento, cámaras de vigilancia" y pidieron "llevar adelante políticas de estado serias con el fin de terminar definitivamente con el delito".

Un grupo de seis diputados bonaerenses del Frente para la Victoria se apartó del bloque de FPV,y conformó un nuevo espacio, con lo que la bancada original de 36 legisladores quedaró dividida en tres.

Tras la creación del bloque FpV-PJ que conformaron 13 legisladores el mes pasado y que preside Walter Abarca, ahora se genera una nueva división.

Los diputados que se apartaron del bloque son Patricia Cubría, Fernando "Chino" Navarro, Gustavo Di Marzio, que pertenecen al movimiento evita, Horacio González, Hernán Doval y Graciela Rego y resolvieron conformar una nueva bancada, que sería oficializada mañana para presentarla en la sesión prevista para el jueves.

A ese nuevo bloque -del que aún no se definió nombre ni presidente- podría también sumarse la diputada Karina Nazábal.

La decisión tiene que ver, de acuerdo a la fuente, con el nuevo panorama político que presenta el justicialismo y aclaró que "no es ni contra La Cámpora ni contra el otro bloque".

Las divisiones en el bloque FpV se originaron en enero pasado, cuando un grupo de legisladores decidió apoyar la Ley de Presupuesto enviada por la gobernadora María Eugenia Vidal, mientras que otra parte del bloque se opuso.

En este nuevo esquema, el bloque del FpV quedará compuesto por 13 legisladores de La Cámpora, a los que se suman Juan José Mussi, Aníbal Regueiro y Marcelo Torres.

Mientras que el FpV-PJ contará con 13 y la nueva bancada con 6 o 7, de acuerdo a la decisión que adopte Nazábal.

El juez federal Sebastián Casanello pidió hoy al Banco Central que le remita información de todas las entidades financieras del país sobre cuentas bancarias en las que el presidente Mauricio Macri figure como titular y apoderado desde el 1º de enero de 2016 así como sus movimientos de fondos, en el marco de su investigación sobre los Panamá Pappers.

El titular del juzgado federal 5, que investiga las revelaciones sobre dos empresas off shores de la famila presidencial, también libró nuevos exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de los Macri.

Asimismo pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de su padre Franco Macri, y de Gianfranco y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014.

A la agencia recaudatoria también le ordenó que le gire información que conste en su base de datos, que le permita avanzar en la eventual participación e integraciones societarias así como cuentas bancarias extranjeras.

En otra parte de su resolución, remitió exhorto internacional a las autoridades de República de Panamá para pedirles datos respecto de las firmas Faxchase Trading S.A y Sideco Americana, con actas de constitución de esas empresas, objeto comercial de las mismas, constitución y modificaciones del directorio, así como informes de las operaciones comerciales que llevaron a cabo esas sociedades.

En todos los casos, se trataría de determinar si el presidente Mauricio Macri figura o figuró como accionista de esas empresas, consignaron fuentes judiciales.

También libró exhorto a Brasil para que le remitan toda la información con respecto a las firmas Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil participacoes, y si el presidente figura o figuró como accionista o tuvo un cargo en dichas sociedades.

En una resolución, el juez ordenó la declaración testimonial de un ex directivo de Socma, Orlando Salvestrini, para que informe sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Tradin en Brasil. La declaración fue prevista para el 17 de mayo.

Casanello libró otro exhorto a Uruguay por la firma Gresoni S.A., además a Gran Bretaña e Irlanda por las firmas Macri Investment Group.

A la Inspección General de Justicia (IGJ), donde se inscriben todas las sociedades comerciales del país, le pidió todos los legajos de las firmas Socma, Inversid, Yacylec y Sideco.

Finalmente pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita copia de la declaración jurada del intendente de Lanús y ex ministro de finanzas porteño, Néstor Grindetti, involucrado en los Panamá Papers.

También le pidió idéntica información a la Cámara de Diputados y al gobierno de la Ciudad respecto de Mauricio Macri y Néstor Grindetti.

Además, intimó a la Oficina Anticorrupción a que le informe el estado actual de la investigación que realiza el organismo respecto de las supuestas vinculaciones del presidente con las sociedades mencionadas en paraísos fiscales.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, confirmó hoy que mantuvo un encuentro con el exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo y señaló que se reúne con "toda la gente valiosa que ha trabajado en la Provincia".

"Estuvimos hablando. Yo me reúno con Randazzo, con (el líder del Frente Renovador) Sergio Massa, con (el diputado nacional) Felipe Solá, con (la líder del GEN) Margarita Stolbizer, con toda la gente valiosa que ha trabajado en la Provincia y a lo mejor no comparten mi mirada, pero que tienen mucho para decirme", sostuvo la referente del PRO.

Aunque en el PRO saben que es difícil lograr que Randazzo le de el visto bueno a Cambiemos, desde el macrismo quieren al hombre de Chivilcoy en el tablero electoral en 2017 para ayudar a la dispersión del voto opositor que ya tiene al menos al massismo y al kirchnerismo en carrera.

En diálogo con Radio La Red, la mandataria provincial subrayó que en "el lugar difícil" en el que se encuentra "es importante escuchar y sobre todo al que piensa distinto".

El encuentro entre Vidal y Randazzo se da en momentos en el que dirigentes del PJ subrayan la figura del oriundo de Chivilcoy y consideran que tiene que "ser protagonista en 2017", cuando se realicen las elecciones legislativas.

Asimismo, la reunión es la segunda que se da entre el dirigente peronista y el oficialismo, ya que a comienzos de año había participado de un acto ferroviario junto al presidente Mauricio Macri y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

En busca de retomar la iniciativa perdida en las últimas semanas a fuerza de paros y problemas de gestión, el gobierno bonaerense busca salir a mostrar proactividad en materia de educación.

La estrategia será oficializada en el el marco de un acto que la propia María Eugenia Vidal protagonizará en el municipio de Vicente López junto al director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro.

El plan incluye el despliegue de "una evaluación muestral" el 18 y 19 de octubre próximos en los 3° de los niveles primario y secundario, además de una "evaluación censal" en los 6° de ambos niveles (último año). La lupa alcanzará a unos 700 mil alumnos.

En paralelo, activarán desde la última semana de octubre y durante un año una "evaluación institucional" sobre cerca de 10 mil instituciones de gestión estatal y privada.

Con la medida el Gobierno apuesta a "ayudar a las escuelas a comprender cómo enfrentar los problemas de aprendizaje". "Si hay dificultades, la evaluación puede colaborar en encontrar soluciones o realizar acciones concretaspara ayudar a los alumnos", sostienen.

La diputada nacional por el espacio progresista, Margarita Stolbizer, fue denunciada por el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria (FpV), Rodolfo Tailhade.

El legislador aseguró que, Stolbizer, recibía información confidencial de contribuyentes para ser utilizado con objetivos políticos.

A la vez, señaló que la estructura de AFIP que filtraba la información también le proveía de recursos confidenciales a la diputada nacional, Elisa Carrió, como ya lo había anticipado PRIMEREANDO.

Tailhade, indicó que en la declaración que dio al Juez Casanello “el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, reconoció que le da información confidencial a Silvina Martínez que es la abogada asesora y es el alter ego de Margarita Stolbizer en las denuncias de corrupción que hace la diputada”.

Asimismo, el diputado informó que recibió en la última semana un correo que indica que ante la investigación en curso, "están borrando pruebas en AFIP" que comprueban el delito.

"Recibí un segundo mail que decía que a partir de la denuncia que yo hice al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, él y su grupo, estaban borrando pruebas en AFIP", aseguró el legislador.

En el dia de hoy el fiscal a cargo de la denuncia, Eduardo Taiano, imputó por el delito de "violación de secreto" al actual titular del organismo recaudador, Alberto Abad, y al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, entre otros, por la supuesta confección de "dossiers" de personalidades influyentes que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en los medios de comunicación. La imputación alcanzó también a la referente de Cambiemos, Elisa Carrió.

¿Optimismo o ciencia ficción?. Todo indica que el esperado y supervalorado segunda semestre de Cambiemos será un momento cúlmine para ver el cumplimiento, o no, de muchas de sus promesas. Una de ellas, la más delicada es la inflación.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, admitió que el primer semestre hubo un “salto en el ritmo del nivel de precios”, aunque lo adjudicó a la “inflación reprimida de la etapa anterior” y aseguró que los números mejorarán en lo que queda del año, hasta terminar con un “25 por ciento anual”.

Los números que maneja la gestión de Vidal parecen chocar con la realidad, ya que todas las mediciones hablan de una inflación que ya superó el 15% sólo en un cuatrimestre y los aumentos no cesan, ni a fuerza de enfriar la economía.

“El segundo semestre va a ser más bajo porque se está haciendo lo que dicen los libros que hay que hacer tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía nacional, y creo que va a ser del 1,5 mensual aproximadamente, y va a terminar con un 25 por ciento anual”, proyectó Lacunza en declaraciones a radio La Red.

En esa línea habló también hoy el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, quien aseguró que la inflación de mayo será “la mitad” que en abril (que llegó al 7% y fue la mayor en catorce años) y de alrededor del “2 por ciento” en los meses siguientes.

A cinco meses del inicio de la gestión Vidal en la Provincia, el ministro además aseguró que “la provincia está en una situación delicada, pero hemos podido sacar la cabeza de debajo del agua” y pronosticó una baja abrupta en la inflación para la segunda mitad de año.

María Eugenia Vidal se debate por estas cuando aplicar el "salariazo" a sus funcionarios. En otro momento hubiera sido de inmediato, pero en el medio del ajuste lanzado por Cambiemos teme que el costo político de esa determinación sea demasiado alto.

El salario del gabinete provincial oscila entre los 45 y los 55 mil pesos de bolsillo, dependiendo cada caso particular y el mes, algo que es considerado insuficiente por el equipo del PRO.

Los sueldos, son similares a los del Gobierno porteño, con la diferencia es que, en el caso de los ministros y subsecretarios de la Ciudad, regirá ahora un aumento del 14 por ciento -en línea con las subas de la paritaria estatal-, que se suma a 2.500 pesos extra que se otorgaron en marzo. Los funcionarios bonaerenses no están dentro de las discusiones salariales del gremio provincial.

Hay dos corrientes internas en el gabinete bonaerense. La más moderada, que impulsa un aumento salarial mesurado, en línea, por ejemplo, con el del gremio docente. Y el ala más dura, que propugna por una suba drástica que "sincere" el bolsillo de los funcionarios, aunque haya que surfear un inevitable "costo político".

El debate sobrevoló de hecho el retiro de casi 48 horas al que María Eugenia Vidal y su equipo se sometió en el anteúltimo fin de semana de abril, según publicó Infobae, uno de los medios más afines al macrismo.

Según Infobae, Vidal ya avaló la recomposición salarial para ella, sus ministros, los subsecretarios y los directores generales bonaerenses, aunque desde su entorno se encargaron de aclarar que todavía "no hay fecha" ni porcentajes estipulados.

Si bien es cierto que a diferencia de otras administraciones las remuneraciones quedaron retrasadas, el Gobierno provincial por ahora no quiere ventilar el tema, en un semestre signado por el fuerte ajuste económico.

Un estudio reciente de la Consultora Analogías realizado en territorio bonaerense demuestra que la emergencia laboral tiene una amplia aprobación de los ciudadanos.

El sondeo, realizado entre el 2 y 3 de mayo, relevó que el 63,8% de los bonaerenses está de acuerdo con la aprobación de la ley antidespidos y que además un 53% vio con buenos ojos la movilización de la CGT que pidió la sanción de la norma.

Además el trabajo de la Consultora de Analía del Franco, grafica la preocupación en la sociedad por la pérdida del empleo. El trabajo refleja que un 48,3% de los consultados creen que hay Muchas o Bastantes posibilidades de que en su familia se pierdan empleos este año y un 64,7% cree que aumentará la desocupación Mucho o Bastante.

En relación a ello, un 61,1% de los consultados, se trata de 500 casos en el Gran Buenos Aires, está de acuerdo con instaurar la doble indemnización.

La mirada de la sociedad sobre la emergencia ocupacional parece ser hoy uno de los mayores costos políticos que podría pagar Cambiemos, es que la insistencia en negar el fenómeno de todo el espacio y la de Mauricio Macri en vetar la posible aprobación, dejarían un importante sinsabor entre los ciudadanos.