Según confirmó la vicepresidenta del Consejo Escolar de la ciudad de Mar del Plata, Sofía Badié, la gobernadora María Eugenia Vidal depositó el fondo anual "que se destina al arreglo, compra y mantenimiento de calefacción" en una cuenta bancaria equivocada.

El dato bajó de La Plata y fue confirmado en la ciudad: la Provincia destinó 300 mil pesos para el arreglo y mantenimiento de los sistemas de calefacción de las escuelas bonaerenses en Mar del Plata. Sin embargo, la información no llegó completa: desde la Dirección de Cultura y Educación no contaron que el depósito -independientemente de si alcanza o no para las que se necesitan- se realizó a otra cuenta bancaria.

"El Fudie Gas es el  fondo anual que se destina al arreglo, compra y mantenimiento de calefacción. Y al momento de hacer la trasferencia hubo un error. Depositaron en una cuenta que no correspondía. Pero esto se va a solucionar pronto", aseveró a 0223 Sofía Badié, la vicepresidenta del Consejo Escolar, que reconoció que hasta que eso no se solucione es imposible utilizar los fondos, pese al reclamo docente y estudiantil ante los primeros fríos.

La conversación con la funcionaria fue escueta porque ella como el resto de los consejeros estuvieron de sesión. Hasta donde pudo saber este medio, en instancia plenaria se resolvió ·copnfeccionar una nueva resolución donde se autorice al Consejo Escolar a trasferir a la cuenta Fondo Compensador el dinero que hoy no se puede utilizar, a fin de cubrir las necesidades de adquisición, reparación e instalación de artefactos y sistemas de calefacción".

La Provincia destinó 300 mil pesos para el arreglo y mantenimiento de los sistemas de calefacción de las escuelas bonaerenses en la localidad de Carlos Arroyo que, lamentablemente están muy deterioradas.

Al respecto Badié remarcó que "al momento de hacer la trasferencia hubo un error" y afirmó que "depositaron en una cuenta que no correspondía, pero esto se va a solucionar pronto".

Luego la representante del Consejo Escolar contó que, a pesar de las presiones por parte de los docentes, estudiantes y familiares, no pueden utilizar ese dinero hasta que eso el dinero no llegue a la cuenta correspondiente.

Finalmente, Badié explicó que para resolver este lío, hay que elaborar "una nueva resolución donde se autorizó al Consejo Escolar a trasferir a la cuenta Fondo Compensador, el dinero que hoy no se puede utilizar, a fin de cubrir las necesidades de adquisición, reparación e instalación de artefactos y sistemas de calefacción", concluyó la Vicepresidenta del Consejo Escolar de la ciudad de Carlos Arroyo.

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley la declaración por un año de la Emergencia Administrativa en la Provincia, en medio de un fuerte reclamo sindical y cruces políticos por la norma que busca acelerar los procesos de licitación y adjudicación de bienes y servicios.

En el recinto, el bloque PJ-FpV, el FpV y el Peronismo para la Victoria-FpV resistieron la sanción de la Emergencia Administrativa, mientras en las puertas de la Legislatura se registraba una importante movilización gremial. La votación fue exprés, ya que no hubo debate previo, y la aprobación se acordó entre el oficialismo y el Frente Renovador.

En ese sentido, el diputado provincial del FPV, Miguel Funes, recordó que mientras estaba en tratamiento la Emergencia Administrativa y tecnológica, planteó una moción para que ingrese una comitiva de dirigentes gremiales estatales a presenciar el debate, atento a que refería a una temática que preocupa al sector, pero la moción recibió el rechazo de Cambiemos, el Frente Renovador y el FAP.

Funes denunció que cuando se aprestaba a realizar su alocución sobre la temática a tratar le fue negada tal intervención como así también al Diputado Walter Abarca, entre otros.

Todo este marco se sumó al desconcierto sobre lo que estaba sucediendo dentro del edificio del palacio y en sus alrededores, lo que motivó un pedido de cuarto intermedio el cual también fue negado por la máxima autoridad de la Cámara de Diputados (Sarghini). A continuación, el Presidente de Cambiemos (Silvestre), mediante otra moción pide la finalización del debate.

Funes señaló que “ante nuestra airada protesta desde las bancas, se generó un confuso momento donde la conducción de la Cámara sometió el Proyecto a votación, supuestamente convirtiéndolo en Ley dado que no se permitió la votación en particular de los artículos, ni el recuento nominal de los votos”.

“Lo que vivenciamos en ese momento, además del atropello de nuestras facultades como Diputados y Diputadas, nos permite formular serios cuestionamientos a la validez de la votación y, por lo tanto, agotaremos las vías pertinentes para solicitar la nulidad de lo actuado”, adelantó el legislador.

Los trabajadores interrumpirán las operaciones del gasoducto que se extiende por 6.100 kilómetros entre Tierra del Fuego y Buenos Aires, que está a cargo de la empresa Transportadora de Gas del Sur SA (TGS), la mayor transportista de gas de América Latina.

La Federación Argentina del Petróleo, Gas y Biocombustibles confirmó que la medida está decidida para el 1 de junio, por lo que los trabajadores cortarán el gas proveniente de Tierra del Fuego en rechazo a la suba de tarifas.

El secretario de Asuntos Internacionales y Políticas Institucionales del gremio, Luis Sosa, dijo en diálogo con radio Del Plata que los trabajadores se solidarizarán así con todos los sectores de la economía que están sufriendo el "tarifazo".

"No es una amenaza, nos estamos organizando para cerrar la llave del gasoducto General San Martín que provee a distintas localidades, porque no se pueden avasallar los derechos de los usuarios con este ajuste", indicó el sindicalista.

Añadió que la protesta de los trabajadores es "contra este aumento salvaje que lleva adelante el gobierno central, de un 600% de incremento de gas domiciliario; y de un 1000 por ciento para empresas y comercios".

"No es la primera vez que el sindicato toma una medida de este tipo, ya que lo hicimos cuando discutimos un bono para Tierra del Fuego", recordó el dirigente gremial, pero aclaró que el suministro "no estará cortado totalmente".

También el sindicalista se quejó por la suba de tarifas en el suministro eléctrico: "La universidad local que pagaba 15 mil pesos de servicio eléctrico, hoy tiene que afrontar un costo de 150 mil pesos".

El sistema de transporte que administra la firma TGS conecta las cuencas de gas Neuquina, San Jorge y Austral, al sur y oeste del país, con el Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los principales puntos de consumo del sur argentino.

Los 9.133 kilómetros de extensión de los gasoductos hacen de TGS la mayor transportista de gas de América Latina, con el trasporte en la Argentina del 62 por ciento del gas consumido por la población.

"Como es de su conocimiento, la provincia de Buenos Aires presenta una difícil situación económica y fiscal, a lo que se agrega una discriminación de fondos que le corresponden desde hace años y que no se perciben", indicó la gobernadora, María Eugenia Vidal, en el primer párrafo del escrito que le hizo llegar a Emilio Monzó.

Remarcó, además, que "estos fondos que no se percibieron significan escuelas, hospitales, rutas, agua potable, cloacas, obras hídricas, que la provincia no tuvo ni tiene" y que "los ciudadanos de la provincia no pueden seguir esperando".

"Su esfuerzo ha sido solidario con el resto de los argentinos, pero no podemos seguir sosteniendo una situación de inequidad", insistió Vidal en su carta a Monzó, hombre de raíces en un distrito que recuerda a unas de las figuras más intransigentes al centralismo porteño del XIX, Carlos Tejedor.

"Esta situación -prosiguió Vidal- nos compromete a debatir y trabajar en alternativas viables que permitan a la provincia recuperar nuestros ingresos legítimos y poder iniciar el camino para responder a las necesidades que se presentan".

Por tal motivo, le pidió que "tenga a bien administrar los medios que se requieran para realizar el día jueves del corriente una reunión con los diputados de todos los partidos políticos que representan a la provincia en esa Honorable Cámara".

Recientemente los ministros de Gobierno y Economía de la provincia de Buenos Aries reunieron en la sede de la Gobernación a dirigentes de todos los espacios políticos con representación política en la legislatura provincial para oficializar las intenciones del Gobierno de reclamar fondos federales que la provincia perdió en los últimos años por distintos motivos.

Allí se los escuchó al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aries, Hernán Lacunza, sostener que no había oficialmente ningún compromiso oficial de remitir fondos adicionales y al mismo tiempo adelantó: "Nosotros vamos por los 48.000" millones de pesos que representa el 10 por ciento de la recaudación estimada del Impuesto a las Ganancias, porcentaje que constituía el Fondo de Reparación Histórica del conurbano bonaerense, hoy congelado en 650 millones anuales".

Por la crisis del pan, que ya tocó los 40 pesos en la Provincia,, Cambiemos recurre a las recetas que se cansó de denostar en los últimos años. Ahora, cerrarán un acuerdo por un kilo de pan a precios populares, como los que encaraba Guillermo Moreno y tanto criticaba.

En un comunicado de la Secretaría de Comercio, se informó que el acuerdo será formalizado a través de un convenio a suscribir con el subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado (h), y el director Nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, y la entidad empresarial.

El principio de acuerdo se logró en una reunión mantenida por los directivos de esa Federación, Emilio Majori y Alberto Alonso, con el director de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.

Además en el encuentro se acordó un compromiso por el cual más de 8.000 panaderías de la provincia de Buenos Aires comercializarán el pan tipo flauta o figazza reducido en sodio.

Blanco Muiño destacó el esfuerzo llevado adelante por ese sector, destacando que el precio comprometido es menor al ofrecido por las grandes cadenas comerciales.

El vicepresidente del Partido Justicialista (PJ), Daniel Scioli, pidió hoy al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que “tomen medidas para ayudar a los clubes de barrio que atraviesan una situación crítica debido a que no pueden afrontar los aumentos de tarifas de servicios”.

De esta manera, Scioli se hizo eco de la situación actual de varios clubes de barrio, y consideró que “el aumento de las tarifas pone a los clubes en una situación de una gran crisis por lo que es necesario que determinados sectores tengan una tarifa social”.

En ese sentido, el ex gobernador bonaerense aseguró que “los clubes de barrio son lugares de contención donde los chicos desarrollan actividades culturales y sociales, y no podemos permitirnos que desaparezcan”.

En un mensaje al Gobierno nacional y provincial, el ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria (FpV) manifestó que “no se puede medir todo con la misma vara porque cerrar un club es cerrarle el futuro a muchos jóvenes”.

“Quiero defender a los clubes de barrio porque sé el sacrificio que hacen cuidando nuestros pibes, donde hay historias de vida increíbles, con chicos muy humildes que no solo hacen deportes sino que también se juntan a estudiar”, explicó.

Scioli también resaltó la tarea de los dirigentes de esas instituciones sociales y deportivas, ya que “también hacen un gran esfuerzo, quitando tiempo a su trabajo y a su familia para poder llevar adelante esa noble tarea”.

Cuando la realidad supera la ficción

Uno de los clubes afectados por el aumento es la institución que inspiró a la película de Juan José Campanella "Luna de Avellaneda", donde se narraba la historia de un emblemático club de barrio que había vivido en el pasado una época de esplendor y que en la actualidad se encuentra inmerso en una crisis que pone en peligro su existencia.

Hoy, el club Juventud Unida de Llavallol, en el que se inspiró la película, tiene “problemas para pagar la luz” porque de pagar $2.924 ahora tiene que abonar $8.713 según contó la tesorera de esa institución Liliana Reboredo.

En el día de mañana en reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas y Usuarios y Consumidores se tratarán los proyectos impulsados por los bloques del Frente Para la Victoria y el Frente Renovador que buscan implementar una tarifa eléctrica social en la provincia.

Al respecto el senador provincial del FPV, Federico Susbielles, resaltó que "la gente necesita soluciones ya” por lo que "la política tiene que demostrar que está a la altura de las circunstancias”.

“Es urgente corregir esta situación para llevar aquellos sectores que se encuentran siendo más afectados un poco de tranquilidad", indicó el legislador al tiempo que señaló que “sin importar la pertenencia política, lo que hay es una necesidad de la gente y nosotros tenemos que honrar el voto de los bonaerenses”.

Para Susbielles: “Los bonaerenses no deben perder calidad de vida y los chicos deben mantenerse adentro de los clubes como viene sucediendo desde hace muchos años en la Argentina".

El proyecto de tarifa eléctrica social presentado desde el FPV, busca otorgar una Tarifa Eléctrica de Interés Social, 100% subsidiadas, hasta 200 KWh mensuales, a los “Usuarios y Consumidores residenciales en situación de vulnerabilidad social”:

• Jubilados y/o pensionados que perciban un haber mensual igual o inferior a tres haberes mínimos;

• Adultos mayores de 80 años de edad;

• Hogares en el que residan personas con discapacidad y/o dependencia eléctrica;

• Beneficiarios de programas sociales nacionales y/o provinciales;

• Desocupados;

• Hogares unifamiliares con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos;

• Hogares multifamiliares con ingresos iguales o inferiores a tres salarios mínimos;

• Entidades de bien público;

• Usuarios y Consumidores afectados por catástrofes naturales.

• Productores familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF).

Asimismo, el proyecto busca implementar una tarifa 40% inferior a las que sean reguladas en cada período correspondiente, con un tope de hasta 900 KWh mensuales, a “los clubes de barrio y de pueblo”, existentes o futuros y a los establecimientos educativos son subvención de la Provincia de Buenos Aires.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y referente del Frente Renovador, Felipe Solá, analizó hoy la situación social del país y destacó que la "ve muy mal" y que "apareció de nuevo una alta dosis de indigencia”.

En la misma línea, el legislador, destacó que “es un enorme aumento de la pobreza 6 puntos. Hay más gente durmiendo en la calle en la Capital. La situación se puede poner peor."

Con respecto al gobierno de la mandataria bonaerense, Solá, remarcó que "María Eugenia Vidal acaba de tomar medidas, pero siempre se llega un poco tarde. La reparación social es necesaria y justa, pero es absolutamente intrascendente si uno tiene una política económica que ocasiona más pobres”.

Al ser consultado por la ley antidespidos que será tratada mañana en la cámara de diputados, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires indicó que “mañana va a haber una sesión ordinaria. Se va a tratar el proyecto de ley de acceso a la información pública. Después se va a tratar la ley que devuelve el IVA a jubilados. Y después se va a tratar el tema de la doble indemnización. Ahí hay tres dictámenes. Es difícil saber qué va a pasar, pero puede quedar el dictamen del Frente Renovador. Es momento de estudiar el problema en mayor medida. Las PyMEs le dan trabajo al 70% del país”.

Además, sostuvo que “es bueno que devuelvan el 15% a las provincias. Lo hacen ahora como método de negociación. Marcelo Cantón, en 'Clarín', dice que están usando la plata de la ANSeS”.

En una nota firmada por sus autoridades, el Colegio de Abogados advirtió que el paro de los trabajadores judiciales “se prolonga por lo que la situación es crítica para los 16 millones de bonaerenses que requieren del servicio de justicia”.

Además consignaron que las medidas de fuerza “cercenan el derecho a trabajar de más de 60.000 abogados”.

Ante ello, exigieron a los distintos poderes del Estado “la inmediata solución del conflicto” y adelantaron que iniciarán una acción de Amparo “para el pleno restablecimiento del servicio de justicia”.

También advirtieron que “de persistir el grave cuadro de situación imperante se presentarán ante el Congreso de la Nación para solicitar la intervención federal al Poder Judicial bonaerense”.

Los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reanudaron hoy las medidas de fuerza que vienen realizando en demanda de mejoras salariales, en el marco de las negociaciones paritarias, y esta vez el paro será por 72 horas.

El kilo de pan, uno de los alimentos más consumidos por los argentinos, subirá mañana de 32 a 40 pesos en el sur de la provincia de Buenos Aires y la semana que viene el producto llegará a ese valor en todo el territorio provincial.

Así lo confirmó este lunes a Agencia de Noticias NA el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIP), Emilio Majori, quien adjudicó el incremento de precios al impacto de la suba de tarifas en los costos de producción.

Majori aseguró que esta suba del 25 por ciento será aplicada en forma "preliminar" dado que aún no terminó el análisis del impacto total de la suba de la energía eléctrica, el gas por red y el agua potable.

"Las boletas de agua vinieron con incrementos de hasta el 700 por ciento en algunos establecimientos y ese es un producto clave para nosotros. Está bien que aumenten los servicios, pero no de esta manera", dijo Majori a NA.