“Hasta el viernes pasado firmaron los convenios con nuestros sindicatos sólo once intendentes de 135”, afirmó hoy el titular del Fesimubo, que representa al 90 por ciento de los sindicatos del sector en la provincia.

Se trata de los partidos de Campana, Coronel Rosales, Ituzaingó, General Rodríguez, Junín, Mar Chiquita, Merlo, Moreno, Saavedra, San Isidro y Suipacha.

En diálogo con la prensa, García aclaró hoy que “ahora hay una prórroga de seis meses más para firmar los convenios, que rige a partir del 14 de enero pasado cuando se realizó la sesión extraordinaria en la Legislatura provincial en que se aprobó el Presupuesto y ahí estaba en el articulado”.

“El 6 de enero último empezaba a funcionar lo que se llama el tercer párrafo de la ley, que es la supletoria de carácter obligatorio para aquellos que no habían firmado”, explicó.

Tras destacar que la Ley 14.656 se encuentra vigente, el dirigente sindical precisó que la nueva norma comenzó a regir el 6 de julio de 2015 y le daba 180 días a los intendentes para armar convenios”.

“La ley fue promulgada en enero 2015 por el ex gobernador Daniel Scioli y le daba 180 días de plazo a los intendentes a partir del 6 de julio para establecer los convenios con los sindicatos, pero cuando habían asumido los nuevos intendentes no había firmado casi nadie”, subrayó.

Ante una consulta en este sentido, García fue tajante: “Ésta es la ley que no querían los barones del Conurbano”, aunque advirtió que en seis meses ”todos los intendentes de la provincia tienen que firmar los convenios colectivos de trabajo, ya no hay vuelta atrás”.

Admitió que los gremios concedieron una prórroga de otros seis meses para firmar los convenios, principalmente porque si en los seis meses anteriores los viejos intendentes no lo había firmado casi nadie es razonable que los nuevos intendentes no iban a poder concretarlo”.

En este marco, el secretario general del Fesimubo resaltó hoy la actitud de los intendentes Gustavo Posse de San Isidro (Cambiemos) y Walter Festa de Moreno (Frente para la Victoria), quienes representan a distintas fuerzas políticas, al afirmar que "no especularon con la firma de los convenios" colectivos de trabajo de sus empleados.

En el caso de Posse se trata de un intendente que es reelegido en forma consecutiva desde 1999, sucediendo en el cargo a su padre Melchor, mientras que Festa es un intendente de La Cámpora elegido por primera vez después de destronar en las elecciones PASO de 2015 a un histórico referente de la zona, Mariano West.

Posse firmó el convenio en los primeros 180 días de sancionada la ley y Festa lo hizo al asumir su gestión el 10 de diciembre sin especular con la nueva prórroga del tercer párrafo de la Ley 14.656.

Esta ley señala en su artículo primero que las relaciones del empleo público de los trabajadores de las 135 municipalidades de la provincia de Buenos Aires se rigen por las ordenanzas dictadas por los respectivos concejos deliberantes y los convenios colectivos de trabajo.

Entre otros puntos fundamentales, establece que los empleados públicos de los municipios obtendrán la estabilidad laboral al cumplir 12 meses en sus puestos de trabajo, fija como máximo un 20 por ciento de empleados contratados y obliga a respetar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

"Antes de esta ley, los empleados públicos de la Provincia estábamos atados a la voluntad de cada intendente", dijo por último García.

(Télam)

El gobierno nacional sigue con la ola de despidos en los centros de Acceso a la Justicia, una de las políticas claves que había impulsado la gestión anterior y que buscaba acercar derechos a los más necesitados.

A partir del próximo lunes y tras los nuevos despidos dispuestos este último mes por la cartera que conduce Germán Garavano no abrirán los CAJs de Tigre, San Miguel, Avellaneda, Berazategui, Pilar, Tres de Febrero, San Fernando y La Ferrere (La Matanza).

Los Centros de Acceso a la Justicia son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. Cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios.

La antigua gestión del Ministerio de Justicia había logrado conformar una red federal de centros que alcanzó  30 CAJ desde donde se coordinaban acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la comunidad.

La nueva política de despidos de Macri también afectó a los Cajs de Usuahía (Tierra del Fuego), Castelli (Chaco) y Maimara (Jujuy).

Tras encabezar una reunión con una veintena de jefes comunales radicales en Tandil, 389 km al sur de La Plata, el mandatario manifestó su satisfacción por la decisión "productiva e importante" marchar a una integración en el Foro de Cambiemos.

"Es un orgullo y una gran satisfacción. Escuchamos el desarrollo de cada intendencia y analizamos el gobierno provincial. La decisión muy importante que se tomó es la de tener una integración en el Foro de Cambiemos" sostuvo Daniel Salvador en diálogo con los periodista que cubrieron el encuentro.

Al describir los problemas que enfrentan los intendentes de los 135 distritos bonaerenses para gobernar dijo que "son comunes", pero al indicar que los vecinos quieren que se resuelvan los temas de salud, educación y seguridad aseguró "Cambiemos es una unidad absoluta gobernar".

Al hablar en forma específica de la convivencia entre el PRO y la UCR, a la que calificó de "realmente correcta", agregó que los intendentes radicales tienen reuniones, en el marco de un foro, desde siempre y con la identidad partidaria, pero, remarcó "con la claridad que llevamos adelante la campaña y gobernamos desde Cambiemos las próximas reuniones se van a hacer desde el Foro de Cambiemos".

Por otro lado, puso de relieve la voluntad política de Cambiemos de llevar adelante "un gobierno de diálogo y de participación" y resaltó que apenas asumió convocó a los 130 intendentes "es un gobierno que tiene claro que la única forma de recuperar la provincia es con todos".

Además, alertó sobre "cómo se encontraron la mayoría de las comunas y la provincia al momento de tomar el gobierno con un importantísimo endeudamiento y dificultades financieras", pero remató: "Transcurridos apenas 40 días estamos más optimistas y mejor y con la esperanza de trabajando bien, estar mejor".

A pesar de las recientes declaraciones del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, donde sostuvo que el sistema eléctrico argentino está "al borde del colapso", el presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Senadores,  Hernán Albisu, pidió la eliminación de impuestos vinculados a esos servicios.

La solicitud se le dirigió directamente a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal para atenuar el impacto de las subas en las tarifas eléctricas que anunció el Gobierno nacional, mediante la eliminación de impuestos provinciales sobre el sector.

Más temprano, el senador del Frente Renovador  había advertido sobre la situación variable de la carga tributaria sobre el consumo eléctrico que puede oscilar entre un 51% y un 110%. Es decir, cada $100 que se pagan de energía, se pueden llegar a abonar entre $51 o $110 de impuestos, explicaba el senador. 

"Tranquilamente el gobierno provincial puede eliminar impuestos vinculados al sector " añadió el presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Senadores.

Según datos aportados por la Junta Interna gremial de ATE-Indec el salario mínimo de una familia tipo debería ser de 15.677 pesos a diciembre de 2015.

El delegado general de Ate Raúl Lleza consideró que lo elaborado por la Comisión Técnica es un como un aporte a la discusión paritaria.

Raúl Lleza agregó que “es algo que venimos haciendo desde 2011 y tiene que ver con la discusión paritaria, en especial de los estatales, porque aporta la valoración de consumos mínimos para una familia tipo en el Gran Buenos Aires"

"Este cálculo es una herramienta para que los trabajadores lleven a la discusión paritaria. Desde 2011 definimos cuál es la Canasta de Consumos Mínimos y, a partir de ahí, la fuimos actualizando con los datos disponibles, que hoy por hoy siguen siendo los IPC de las provincias", señalo Lleza.

Según la estimación realizada por la Comisión Técnica de ATE-Indec, un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores debe contar con ingresos mínimos de $15.677,40 pesos a diciembre de 2015.

Este valor se compone de 5008,1 pesos que corresponden a la "Canasta alimentaria mínima" y 10.669,30 pesos destinados a "Otros bienes y consumos mínimos", estimación que significa un aumento del 28,2% con respecto al mismo cálculo para diciembre de 2014.

En cuanto a las canastas utilizadas para este ejercicio, el delegado gremial explicó que "son las llamadas Canastas de Consumos Mínimos", y en consecuencia se refieren "a valores de mínima y no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable".

Estos datos que son de referencia válida para la discusión salarial circulan en el marco de las ya iniciadas discusiones por los aumentos salariales entre el gobierno de Mauricio Macri y los diferentes gremios.

Durante esta semana funcionarios macristas plantearon que la perspectiva inflacionaria no superaría el 25% de, por lo que los aumentos de sueldos sería considerado dentro de esos parámetros.

Sin embargo, diferentes sindicatos, como lo es el caso del gremio docente consideran que las paritarias no deben cerrar por debajo del 40% de aumento.

En declaraciones públicas el senador provincial Hernan Albisu arremetió en contra del aumento de tarifas que representan un 350% de aumento par los consumidores de energía eléctrica.

"Este tipo de medidas va en contra de la seguridad jurídica de los usuarios. El aumento no tiene ningún tipo de gradualismo y no deja bien en claro quienes van  ser los beneficiarios de las tarifas sociales", sostuvo el senador.

Por su parte, declaró la necesidad de que se realice la audiencia pública para que se expongan las razones por las cuales se definen los aumentos "el llamado de audiencia pública no es un formalidad porque el marco regulatorio de energía eléctrico establece que para modificar tarifas hay que llamar audiencia pública".

En el mismo sentido sostuvo que " el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que tiene que haber participación de los usuarios y control de los servicios públicos que en este caso no estamos observando", al mostrarse preocupado por el cumplimiento constitucional.

"Hay un seguridad jurídica del usuario que no se está respetando" explicó el diputado massista al ejemplificar que "un consumidor de la Ciudad de La Plata o de la provincia de Bs. As. hoy no tiene información concreta de como va a afrontar el mes de marzo en materia económica porque desconoce el costo de la tarifa".

En ese sentido, sostuvo que el Frente Renovador que lidera Sergio Massa está de acuerdo con la rapidez que el gobierno de Mauricio Macri tomó medidas a favor de los sectores más importantes del país como el agro y la industria, pero que están preocupados porque no se considera la misma prioridad para los trabajadores , "no aplicaron el mínimo no imponible y aún no rediscutieron el 82% para los jubilados como habían dicho", concluyó el senador.

Así lo indicó la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortíz, en el marco de una jornada de capacitación para todos los municipios.

Las 54 personas afectadas por el virus del dengue fueron asistidas y se recuperan favorablemente, al tiempo que se realizaron acciones de control de foco en sus domicilios y barrios, tal lo indicado en el Plan Provincial de Control de Dengue vigente.

La mayor parte de los pacientes reside en el primero y segundo cordón del conurbano, aunque también se registraron algunos casos aislados en el interior de la provincia, se informó a través de un comunicado.

La mayoría de las personas a las que se les confirmó el diagnóstico de dengue registran antecedente de viajes al Paraguay, Misiones, Formosa, Brasil, Cuba, Guatemala y otros destinos, en ese orden de frecuencia.

Entre los 44 casos sospechosos de chikungunya que aún se encuentran en estudio, 22 registran antecedentes de viaje a países como Paraguay, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos y otras provincias argentinas.

"En situaciones como las que afrontamos con el dengue, es clave el trabajo en red no solo con las áreas de epidemiología, sino también con los comunicadores de cada distrito", dijo Ortiz y agregó que “la comunicación en este momento no sólo es útil para la prevención sino para lograr la movilización de todos los ciudadanos”.

En tanto, el asesor en Epidemiología de la cartera sanitaria provincial, Iván Insúa, detalló que “los casos sospechosos de chikungunya corresponden a personas que presentaron signos y síntomas compatibles y un análisis negativo para el virus del dengue”. No obstante, remarcó que hay que confirmar el diagnóstico.

Insúa también disertó en la capacitación, que se realizó en la Casa de la Provincia de Buenos Aires con sede en Capital Federal, con la idea de reducir al máximo el potencial impacto sanitario y social derivado de una epidemia, poniendo el acento en el compromiso individual y comunitario para su control.

“La región latinoamericana está en guardia por la irrupción del nuevo virus zika, del que aún no hay circulación autóctona en Argentina”, dijo la ministra Zulma Ortiz.

Y reiteró que las medidas de prevención del contacto con el mosquito deben extremarse en las mujeres embarazadas dado que en Brasil ya se cuentan más de 3.500 casos de microcefalia en bebés nacidos de mujeres que contrajeron ese virus durante el embarazo.

La ministra dijo a los comunicadores de municipios, regiones sanitarias y hospitales que “son actores fundamentales para la prevención en salud”, y agregó que es necesario generar liderazgos locales en materia de comunicación, “porque nadie mejor que cada uno de ustedes para comunicar en los espacios donde viven y se desarrollan”.

Ortiz puntualizó que “la comunicación es un eje clave y una herramienta que permite lograr los resultados que buscamos: la prevención, el diagnóstico precoz, el control y la promoción de la salud”.

El virus zika -que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti- presenta síntomas similares al dengue y el chikungunya, y se diferencia de ellos porque además de fiebre, provoca conjuntivitis y edema o hinchazón en las piernas y brazos.

El secretario general de ATE y de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, manifestó que la sociedad no está dispuesta a dar “ni un paso atrás en materia de Derechos Humanos”, en referencia a la noticia conocida en las últimas horas tendiente a la disolución de la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

“Creemos que tanto la gobernadora Vidal como el nuevo secretario de DDHH, Santiago Cantón, están cometiendo un error histórico al disolver una dirección que buscó la reparación para todas aquellas víctimas del terrorismo de Estado. Estas decisiones desacertadas no hacen más que correr a las políticas de DDHH de los cauces por donde deben transcurrir, basadas en la memoria, verdad y justicia”, afirmó de Isasi.

Asimismo, sostuvo que la labor de la dirección provincial de Reparación Histórica, ha tenido un papel importante en la recuperación de derechos vulnerados en la última dictadura.

“Con esta disolución, nos preocupa el rol que asuma el nuevo gobierno como querella de todos los juicios que faltan a militares y civiles por crímenes de lesa humanidad”, agregó.

En otro orden, de Isasi, dijo que: “El cierre de la dirección se agrava con el conflicto que están manteniendo los trabajadores de la secretaría por mantener las fuentes laborales, sabemos que están ocurriendo despidos, intento de privatizar áreas y vaciamiento. Desde nuestra organización gremial rechazamos estos intentos de desvirtuar la secretaría y decimos que vamos a dar pelea”.

Se informó, además, que distintas organizaciones de derechos humanos, sindicales, culturales y políticas tienen programada para hoy una reunión donde trabajar en acciones que impidan la disolución de la dirección.

Hace apenas unas horas el bloque oficial de la alianza Cambiemos logró aprobar la emergencia económica para el municipio de General Pueyrredon.

"No queríamos un cheque en blanco para la intendencia", arremetió la Concejal Marina Santoro del FpV, que sostuvo que "no había argumentos sólidos ni informes que dieran cuenta de la necesidad de declarar no solo la emergencia económica, sino además , la emergencia administrativa, financiera, en seguridad, social y educativa".

El bloque opositor pidió de manera reiteradas que cada una de las secretarías afectadas por el proyecto de ley, presentara un informe de la situación que dieran cuenta de la necesidad de declarar la "emergencia" y a la vez que se detallara que significaba en acciones concretas, ese estado de "emergencia". El oficialismo solo respondió con evasivas respaldándose en la mala gestión de la administración anterior.

La declaración de la  emergencia económica en el municipio de General Pueyrredon no tiene precedencias desde la vuelta de la democracia.

El encuentro de los intendentes kirchneristas se desarrollará el próximo miércoles en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra).

Participarían además del encuentro los intendentes Walter Festa (Moreno), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Patricio Mussi (Berazategui), Francisco Durañona (San Antonio de Areco) , Pablo Zurro (Pehuajó),  entre otros.

En una entrevista por Radio Provincia, Secco planteó hoy la necesidad de realizar esa cumbre al fundamentar que tienen “otra manera de pensar” con los dirigentes del peronismo que se congregaron el sábado pasado en la localidad bonaerense de Santa Teresita.

“No es que seamos más buenos o más malos, tenemos otra manera de pensar y es lógico que en un proyecto político o en una transformación de doce años haya distintos sectores que miren la política de diferentes puntos de vista”, sostuvo el intendente de Ensenada.

En este marco, Secco atribuyó al periodismo la denominación del futuro encuentro como contra-cumbre de lo acontecido en Santa Teresita, al indicar que “fueron compañeros que se juntaron, que tuvieron la necesidad de hacer esa foto, de bajar línea y nosotros también tenemos nuestras necesidades”.

El intendente de Ensenada adelantó hoy que en la reunión en Foetra “nosotros no vamos a criticar, tenemos la necesidad de juntarnos como hacemos habitualmente”, concluyó.