(por Andrés Fidanza) La cruzada macrista para correr a la procuradora Alejandra Gils Carbó entró en su fase de impotencia. Descartada la vía del decretazo para sacarla de su puesto, el gobierno ahora amenaza con activar un juicio político en su contra. Y si bien se trata de una aventura de éxito casi imposible (necesita el apoyo de los dos tercios de las cámaras de diputados y senadores), los asesores presidenciales alientan esa hipótesis como otra forma de presionar a Gils Carbó. Y a la pasada, el intento les podría redituar electoralmente. O al menos eso esperan: si el massismo y el randazzismo se opusieran en el Congreso, el macrismo podría machacar con el discurso de la victimización, metiendo en una misma bolsa a la tres variantes opositoras, con el kirchnerismo incluido.

En los últimos meses, el gobierno a su vez fracasó en otro de sus objetivos de cambio para el organigrama judicial: echar al camarista Eduardo Freiler. No consiguió los nueve votos necesarios para activar el jury en el Consejo de la Magistratura. Así, a 19 meses de iniciado el ciclo de Cambiemos, quedó lejísimos de su ambicioso plan inicial. Para esta altura, su aspiración era haber reemplazado a Gils Carbó y expulsado a Freiler. Y algo más: haber puesto en jaque al juez Daniel Rafeca y a Alejandro Slokar, de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los pataleos públicos de Mauricio Macri en contra de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo, por ahora también entraron en vía muerta.

En las últimas semanas, sin embargo, el macrismo se entusiasmó con un fallo que lo acercaba a la mayoría propia en el Consejo de la Magistratura, el organismo dedicado a postular y remover jueces. Todavía falta una instancia de queja por parte del senador kirchnerista Ruperto Godoy, apartado por no ser abogado. Pero los operadores de Cambiemos pretenden que el senador salteño Rodolfo Urtubey, un peronista de perfil dialoguista con el PRO, lo reemplace dentro del Consejo. Y a su vez fantasean con otro trueque: que el senador curtido en el arte de la negociación, Miguel Ángel Pichetto, asuma en lugar de la santacruceña Virginia García.

Senadora y cuñada de Máximo Kirchner, a García se le vencerá el mandato en diciembre, y por lo tanto también quedará afuera del Consejo. A pesar de la voluntad macrista, tanto Pichetto como Urtubey estarían dispuestos a sumarse recién a fines del año próximo, cuando haya renovación de autoridades. Y en el medio, el resultado de la legislativa podría modificar el centro de gravedad político-judicial: una victoria de Cristina Kirchner complicaría aún más el plan oficial.

Desde la corporación judicial, por su parte, empiezan a crecer las señales de rechazo y desconfianza hacia los objetivos cambiemitas. Así, respecto a su agenda de modificaciones en la justicia, parece haber vencido el tiempo de gracia macrista. Y un desenlace electoral adverso, o no del todo exitoso, podría sellar esa frustración.

Ante ese panorama, Cambiemos opta por hacer nuevamente reducción de daños. Se limita a la pelea retórica previsible contra Gils Carbó y el peronismo en bloque, en un lance a la baja por hacer virtud de la imposibilidad.

(por Andrés Fidanza) Si bien hasta ahora el gobierno le sacó un enorme provecho al recurso de la polarización, esa estrategia mostró su techo frente al fallo del 2×1. El silencio y tibieza inicial del macrismo, después de la decisión de tres jueces de la Corte Suprema, chocó contra un consenso inesperado para el oficialismo.

La condena a la crímenes de la dictadura desbordó el speech de la rivalización entre el pasado (que puede ser K o enteramente peronista, según la conveniencia del momento) y un futuro amarillo PRO. La reacción social ante la sentencia expuso los límites del principal argumento de campaña de Cambiemos. Por más que el macrismo intente que cualquier dirigente, campaña, marcha o simple comentario entre a la fuerza dentro de ese esquema fijo, hay temas que lo exceden largamente. Malestar con el oficialismo e identidad kirchnerista no son siempre posiciones equivalentes.

El fallo del 2×1 reveló que el latiguillo macrista no es infalible, ni aplicable a situaciones como la política de Derechos Humanos. ¿Fue un anticipo de que su eficacia tiene fecha de vencimiento, en caso de que no aparezcan los goles económicos prometidos por Macri? Se verá. Mientras tanto, Macri redirecciona su fe en el libremercado global: sin dejar de lado su afinidad y esperanza en los Estados Unidos, el presidente recalcula en sus reparos iniciales hacia China y los acuerdos cerrados por el kirchnerismo.

A nivel local, el rechazo al 2×1 evidenció que no todas las creencias se pueden simplificar en el Boca River ideológico planteado por el PRO. Pese a que son muchos los que no militan, lucran ni se apasionan con el eslogan de la grieta, el oficialismo intenta seducirlos por la vía del machaque.

Desde otra vereda opositora, Florencio Randazzo pretende saltearse el enfrentamiento K-PRO, a caballo de un discurso post-kirchnerista. Esa búsqueda, que también implica un marketing de renovación generacional, choca contra la posible candidatura del ya veterano Felipe Solá.

Lo que no significa, o al menos eso busca comunicar el randazzismo, cierta ambigüedad respecto a su lugar en el menú electoral. "Nuestro enemigo es Macri", afirmó Randazzo, en un video filtrado a la prensa, tras meses de exilio interior. El silencio randazzista fue calculadísimo, en función de evitar un nivel de desgaste parecido al que sufrió Sergio Massa en el último año. Y la definición de El flaco también lo fue: apuntó a despejar dudas sobre su papel de candidato opositor a Cambiemos.

Si bien no serán suficiente para ganar una PASO peronista, esos dos objetivos de mínima (plantarse como un opositor más determinado y fresco que Massa) parecen haber sido alcanzado por el ex ministro de Transporte de Cristina Kirchner. Así, quedaron atrás algunos guiños legislativos hacia el gobierno por parte de su tropa.

Si el voto massista se reparte entre los que tienen mayor afinidad con el macrismo (aproximadamente dos de cada tres) y los más cercanos al FpV (uno cada tres), el gobierno pretende robarle toda la clientela posible al Frente Renovador. Y Randazzo también.

Los intendentes, dirigentes sociales y operadores que lo apoyan apuestan por esa ventaja. Y en adelante encontrarán encuestas que presenten ese plus como un dato objetivo: la perspectiva randazzista de pescar votos en un océano diferente al de Daniel Scioli, Verónica Magario y la mismísima Cristina Kirchner.

(por Andrés Fidanza) El reciente despido del Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, incluye una bajada de línea sobre la necesidad de contar con funcionarios más alineados con los intereses del gobierno. Si bien había entrado al gobierno con la bendición ética de Elisa Carrió y el padrinazgo político de Daniel Angelici, el radical Balbín no mostró la fidelidad que el macrismo esperaba. Y los hizo en temas especialmente sensibles para el presidente.

Por desacatos similares, aunque con tramas y bambalinas un poco más políticas, en los últimos meses otros funcionarios abandonaron el gobierno: Leonardo Despouy, José Luis Sureda e Isela Costantini.

Cerca de Mauricio Macri admiten que hubo un error de casting en la elección de Balbín para el puesto de Procurador, una suerte de jefatura de los abogados que defienden al Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. Una equivocación que planean enmendar con la designación de su reemplazante: Bernardo Saravia Frías, un abogado que tenía el Grupo Macri como cliente y que se muestra más consustanciado con la causa de Cambiemos.

Sin haber sido expulsado, el segundo de Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía, José Luis Sureda, se fue con escándalo incluido. “O mis convicciones o su autoritarismo", planteó en una carta dirigida al ministro Aranguren, ex CEO de Shell, conocido por sus modales imperativos.

Otro desalineado fue el veterano radical Leonardo Despouy, quien hasta hace poco era el representante para asuntos de Derechos Humanos, puesto dependiente de la Cancillería. Despouy disentía con la postura oficial respecto a la situación de Milagro Sala, presa desde hace enero del año pasado. Y por lo bajo recomendaba acatar las recomendaciones de la ONU y demás organismos internacionales.

Un poco antes de la última tanda de alejamientos, la ex directora de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, se habían ganado la enemistad de los CEOs Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, vicejefes de Gabinete Marcos Peña. Macri tercerizó en ese trío gran parte de la gestión y el control de la performance interna.

Así, entra las salidas voluntarias e inducidas, Macri consolidó un cambio de estilo respecto a su épocas de alcalde. A lo largo de aquellos ocho años, hizo mínimas alteraciones en su gabinete, y así pasó del siga siga a la mano dura. Gobernar la Capital no es lo mismo que intentar controlar un país y sus cientos de variables.

La expulsión de Balbín, sin embargo, tiene una particularidad. El choque entre el ex Procurador y el macrismo excede largamente las diferencias políticas o de estilo. Balbín fue cuidadoso frente al acuerdo con los Fondos Buitres, no se plegó al oficialismo en la pulseada por los tarifazos con la Corte Suprema, y recomendó una auditoría tras el arreglo por una vieja deuda entre el Estado y el Correo Argentino, en manos del Grupo Macri.

Esas decisiones le hicieron ganar la desconfianza de Macri y su equipo de asesores: Torello, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas. Hacia adelante, el gobierno pretende un perfil muy distinto para quien quede a cargo de la Procuración: alguien que tome partido, en vez de buscar equilibrios o puntos medios. En concreto, casi lo opuesto a lo que había hecho Balbín.

(por Andrés Fidanza) Desde el escenario de Costa Salguero, tras el ajustadísimo triunfo de Horacio Rodríguez Larreta contra Martín Lousteau, Mauricio Macri ensayó un giro discursivo algo inesperado. El por entonces candidato presidencial ablandó su libreto, en contra de lo que esperaba la tribuna del PRO. Si bien la victoria en los penales del balotaje había sido bastante angustiosa, la sucesión amarilla en la ciudad ya estaba garantizada. Y ese era uno de los requisitos indispensables para que Macri tuviera chances reales en contra de Daniel Scioli.

En el speech de Macri, sin embargo, abundaron los guiños continuistas respecto al ciclo de los Kirchner. Previsiblemente, la reivindicación de la AUH, sumada a la defensa de YPF y Aerolíneas Argentinas estatales, desconcertó a la muchachada presente en el salón, al punto de que algunos empezaron a chiflar. ¿Reprobaron a Macri? No necesariamente. Aunque a diferencia de la lealtad indiscutible que tenían los camporistas hacia “la jefa”, no todos los muchachos y muchachas macristas son “soldados” de un único líder. Ya entonces, y hoy de forma mucho más explícita, existían otras referencias dentro del PRO: la actual identificación con María Eugenia Vidal ubica a muchos militantes al borde del desdén hacia el presidente. Aquellos chiflidos, de todas formas, fueron una especie de acto reflejo ideológico, más que de un desaire hacia Mauricio.

Por aquellos días de julio de 2015, el cálculo macrista era que con los votos del núcleo duro, con el mero apoyo de los cebados de sangre populista no iba a alcanzar. Ser antitribunero por un minuto era la vía más eficaz para ser tribunero frente al cuadro general.

Ahora, tras su primer tercio de gobierno, el macrismo da por cerrada su etapa dialoguista y zen. Si bien muchas veces se trató más un guión buenista que de una praxis real, la novedad oficialista es la radicalización de las palabras y de algunas acciones. Desde Casa Rosada promueven la proliferación de dirigentes que les muestren los dientes a los gremialistas, los docentes, los piqueteros y los kirchneristas.

En contra de lo que sugería su manual histórico de la concordia declamada, Marcos Peña se plantó como el modelo de los cruzados. Siguiendo su ejemplo, ya varios ministros y funcionarios incorporaron el tono post 1A: Hernán Lombardi, Esteban Bullrich, Jorge Triaca, Patricia Bullrich y hasta Diego Santilli levantaron sus perfiles y volvieron más belicosas sus apariciones.

Casi dos años después de haber defraudado retóricamente a su hinchada más leal, ahora Macri parece acatar el pliego de demandas de la plaza del 1-A. Sin demasiados éxitos económicos de los cuales jactarse, el gobierno opta por hacer la tabla del uno retórica. Y a la pasada así renueva su contrato de fidelidad con la base propia. Porque todo gobierno necesita un anclaje que le funcione como piso electoral. Además en una legislativa, a diferencia de lo que pasa en las presidenciales y en un balotaje, los votantes tienden casi naturalmente a la dispersión. El mayor riesgo de la jugada macrista es que el lenguaje de la polarización política no alcance para calmar el de la demanda económica y social. O mejor dicho, que la crisis vuelva demasiado evidente que se trata de dos idiomas distintos.

(por Andrés Fidanza) El 1-A empujó al gobierno hacia un doble conservadurismo: tanto en lo discursivo, como en la táctica electoral. Una decisión paradojal, para un partido que nunca creyó en el poder de las movilizaciones. Al radicalizar su speech, al punto de satisfacer la sed de sangre (populista y sindical) de su núcleo de votantes, el macrismo revela una resignación: no tiene demasiadas perspectivas de ampliar su techo en las legislativas.

Ante la imposibilidad de acercarse al apoyo obtenido en el balotaje, desde Casa Rosada optan por consolidar su piso. Y si bien el riesgo es correrse del centro y abandonar su intento de seducción a los sectores no polarizados (¿massistas?), lo cierto es que esa suerte de tercera posición pasa por su peor momento. Con el Frente Renovador algo desdibujado, el macrismo apunta a crecer desde su base histórica, y así atravesar con un éxito módico (ese ya es el objetivo de máxima) el trámite de las legislativas. Si existieran resultados económicos de los que jactarse, el plan sería otro. Pero a la fecha no los hay, y entonces el mini 17 de octubre macrista apuró la vía del endurecimiento.

Así, con fe renovada en la hoja de ruta propia, Mauricio Macri y sus ministros ensayan el papel de policías malos contra las diversas mafias que traban el cambio: gremios, piquetes y populismo. En síntesis, contra el paro reciente de la CGT. "El paro del transporte", como buscó ningunearlo Marcos Peña. De fondo y más allá de algunos detalles, el adversario es el kirchnerismo. Para algunos funcionarios, ya ni hace falta adjetivar a la fuerza de Cristina Kirchner: "La jueza Dora Temis tiene antecedentes kirchneristas", explicó el ministro de Trabajo Jorge Triaca. Y ese mero planteo le alcanza al gobierno para recusar a la jueza que ordenó convocar a la paritaria nacional docente, dispuesta por ley.

Tal es la batalla mental que, por estos días, libra el macrismo. Polarizar y estigmatizar. Así busca la carambola de diluir al massismo y, llegado el momento, pelear contra un boxeador viejo, cansado y desprestigiado. En el reparto de roles interno, sin embargo, existen algunos matices: por decisión del equipo comunicacional que hegemoniza Casa Rosada, Marcos Peña se desempeña como el más malo de los gendarmes macristas, dejando a Macri en un plano (apenas un poco) más conciliador.

(por Andrés Fidanza) El gobierno ya ató su suerte a un rumbo económico y a un discurso de campaña: rivalizar con una imagen estereotipada del populismo kirchnerista, encarnada en la figura de la ex presidenta. Ante esa estrategia cerrada del macrismo, Axel Kicillof, uno de los voceros informales de Cristina Kirchner, sugirió que ella no debería ser candidata en las legislativas. El razonamiento del diputado y ex ministro de Economía (y no sólo de él), es que la presencia de CFK pondría en un segundo plano al plebiscito sobre la gestión oficialista, tanto la de Mauricio Macri como la de María Eugenia Vidal.

Esa posibilidad generó (y todavía lo hace) un combinatoria de confusión, esperanza y revuelo entre las tribus peronistas, incluida la de Sergio Massa. En Casa Rosada, sin embargo, no hay un plan B. Ya sea CFK, Daniel Scioli o Florencio Randazzo (aunque muchos preferirían que fuera Cristina, por aquel dato estadístico sobre el techo bajo), el gobierno tiene un guión preescrito: anti-kirchnerismo de trazo grueso, denuncias de un clima destituyente (sí, como el anterior clima destituyente), intransigencia en la negociación con los gremios, candidaturas de perfil bajo, apuesta al proselitismo 2.0, un shock de obras en el conurbano, y la renuncia absoluta a organizar (y ni siquiera intentarlo) una manifestación en apoyo a Cambiemos. “La calle no es lo nuestro”, resume un funcionario con oficina en la Rosada.

El gobierno se entusiasma con algunos datos económicos macro, más los mimos que le dedica una parte del establishment político y financiero internacional. Los reyes de Holanda y el presidente de España Mariano Rajoy fueron los últimos en arropar a Macri, en un contexto local de descontento a la suba. La reciente gira de Macri por Holanda sirvió para compensar su profunda incomodidad frente a los aniversarios del golpe de Estado de 1976. Sin mucho tacto, conocimiento o interés por correr la carrera de la condena a la dictadura (al contrario, una parte de su gabinete busca instalar una versión light de la teoría de los dos demonios), el presidente está condenado a padecer cada 24 de marzo.

Su tropa, por su parte, demostró que no habrá tregua en el machaque discursivo de la polarización. En el Día de la Memoria, los diputados de Cambiemos posaron con tres carteles. Los lemas fueron: "Los derechos humanos no tienen dueño", "Nunca más a los negocios con los DD.HH" y "Nunca más a la interrupción del orden democrático". Así, dos sobre tres consignas apuntaron directamente al ciclo kirchnerista, por sobre la condena al golpe de Estado de 1976. En adelante, cada noticia, efeméride, accidente o conferencia de prensa estará puesta en función de reforzar esa rivalidad. “Es una realidad que viene de abajo hacia arriba, no la imponemos nosotros”, revela un vocero de gobierno. Las encuestas macristas (a cargo de Isonomía) y los focus group (hechos por el equipo de Jaime Durán Barba) recomiendan, al menos por ahora, seguir esa hoja de ruta.

Así, las candidaturas peronistas no alterarán el panorama ni el reparto de roles dentro del gobierno. Los vicejefes de gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui se dedicarán a la gestión. Rogelio Frigerio y Emilio Monzó (un poco menos, por estar en penitencia) se encargarán de la relación con gobernadores, intendentes y legisladores, así como del armado político en el interior. Omnipresente, Marcos Peña supervisará ambas áreas. A cinco meses para las PASO, y con mínimos matices en caso de que Cristina Kirchner decida no presentarse, esa es la principal y casi única apuesta del macrismo.

(por Andrés Fidanza) En el lapso de una semana, el presidente y sus ministros saturaron su relato con metáforas bélicas y denuncias de golpismo soft. ¿El motivo? Un paro docente, decidido ante la evidente caída del salario real de los maestros. Así, frente a la primera complicación política del gobierno (un conflicto sumamente leve, en perspectiva histórica), el macrismo opta por apretar su botón rojo discursivo.

Se trata de un recurso infalible entre la hinchada propia, sedienta de sangre populista, pero de resultado incierto entre el tercio que define las elecciones y el humor social. ¿Hay plan B, en Casa Rosada, por si falla el combo de micro-ajuste con polarización rabiosa? No. Los gobiernos no suelen alterar tan fácilmente su hoja de ruta. Lo que sí abunda es mucho optimismo (oficial) en que la economía finalmente repunte, más una comprensión mediática sostenida, y algunos millones de pesos para obras y proyectos en los distritos donde Cambiemos anda flojito en las encuestas.

Si bien Macri intenta no comerse el desgaste de la pulseada con los docentes, el presidente apoya en público la “batalla que da” María Eugenia Vidal. Y hasta evoca a los maestros de la Japón post-bomba de Hiroshima para limar a los gremios docentes. Mientras, sus ministros (re)descubren el clima destituyente, esta vez en cabeza de una confabulación superestructural del kirchnerismo, con Cristina Kirchner como la verdadera titiritera de Roberto Baradel.

Para que ese plan de trazo grueso funcione, Jaime Durán Barba cuenta con el fanatismo del público propio y la indiferencia despolitizada (y por momentos adormilada, según la visión despectiva del gurú macrista) de las mayorías restantes. El ala política de Cambiemos, siempre escéptica respecto a las fórmulas simplificadoras de Barba, intenta concretar un aporte más material. Ese sector cree que la retórica victimizante no será suficiente para atravesar con éxito las legislativas. Y hasta por momentos se ubica a la izquierda de un núcleo del establishment (y también de la sociedad) que le exige al macrismo mucho más ajuste y represión.

El Ministerio del Interior, manejado por Rogelio Frigerio, impulsa un paquete de obras en la provincia de Buenos Aires: agua, cloacas, vivienda y rutas. El foco está puesto en la tercera sección electoral, con La Matanza como protagonista, donde votan más de 4 millones de personas y el congelamiento de la economía impacta especialmente. Ahí, en los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes, entre otros, el propio gobierno es pesimista respecto a su futura performance electoral.

A cinco meses para las PASO, sólo entre proyectos vinculados a agua y cloacas para la tercera sección, Aysa (dependiente del Ministro del Interior) presupuestó, licitó o puso en marcha obras por unos 44 mil millones de pesos. Ese monto incluye obras aún en etapa de proyección, y que por lo tanto no llegarían a terminarse en 2017.

En La Matanza, Aysa tiene 38 obras en marcha o en agenda, por más de 6 mil millones de pesos. El ritmo actual contrasta con la notoria pasividad del primer año de administración macrista. Hasta enero pasado, el gobierno terminó pocas obras de infraestructura nacional, por sólo 1920 millones de pesos. Ahora, Cambiemos apuesta por las obras para revertir el bajón en la imagen del gobierno, acentuado en la decisiva tercera sección electoral.

Días atrás debutó la mesa nacional de Cambiemos, con el objetivo de unificar estrategias electorales entre provincias. El mayor interés del oficialismo está puesto en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. Las energías del gobierno de María Eugenia Vidal, sin embargo, por ahora están destinadas a ganar (la guerra) contra los docentes.

(por Andrés Fidanza) Ante la sucesión de marchas, paros y protestas en su contra, el gobierno ensaya una respuesta tranquilizadora para su propia conciencia: atribuir origen kirchnerista a cualquier síntoma de malestar social. Así, unifica su estrategia electoral a futuro (polarizar a los gritos), con la difusión de un diario de Yrigoyen para consumo interno de la Casa Rosada.

Sin resultados económicos para mostrar con orgullo, con algunas abolladuras en el speech de la honestidad (en especial, a partir del acuerdo del Estado con el Correo), el macrismo retoma su acto reflejo de campaña: medirse con el ciclo kirchnerista. Pero con una diferencia importante: en 2015, la comparación era entre las buenas intenciones del PRO y todos los déficits y heridas acumuldas por el kirchnerismo, tras 12 años de gobierno.

Ahora, 15 meses después, con la pobreza en aumento (según datos recientes de la UCA, subió casi cuatro puntos en el ciclo de Cambiemos) y la inflación todavía en alza (para el INDEC, fue de 2,5% en febrero), resulta casi imposible repetir la operación y obtener los mismos resultados. Sobre todo, si la economía no empieza a mostrar señales de recuperación que excedan el mero rebote light.

Al momento, el oficialismo no tiene demasiadas alternativas que reducirse a su mínima expresión de lado B kirchnerista. Un macrismo pre-balotaje, armado con la sutileza de las cadenas de spam. Para contentar a los propios, alcanza y sobra. Como plan electoral para seducir a las mayorías, su eficacia pinta mucho más riesgosa. Mientras tanto, Cambiemos hace tiempo entre el optimismo, el autoengaño y el favor de los grandes medios.

Respecto a la pérdida del control callejero, la realidad es que el gobierno nunca lo tuvo. El despliegue territorial de sus masas silenciosas, tanto en cacerolazos como marchas vinculadas a la muerte del fiscal Alberto Nisman, estuvo sin falta vinculado al rechazo absoluto hacia el peronismo, con especial encono por Cristina Kirchner. Para el público PRO, el motor para salir de la casa fue siempre la oposición reactiva, más que la afirmación por la positiva. Si en algún momento el macrismo amagó con correrse de ese estado de plebiscito permanente hacia el kirchnerismo, ahora parece no contar con un plan B.

(por Andrés Fidanza) El arreglo “abusivo” del Estado con el Correo logró lo que el congelamiento económico no había hecho: poner en crisis la identidad impoluta del macrismo, principal caballito de batalla a la hora de bancar al gobierno. Incluso ante los ojos de la propia base electoral PRO, el acuerdo estatal con la empresa de los Macri desdibujó un poco la imagen que el oficialismo había construido: la de representar la contracara ideológica, pero sobre todo ética, del ciclo kirchnerista. Los cientos de comentarios críticos en las notas sobre el caso, en medios como La Nación (posteos que exceden a los de los opositores usuales), son una prueba de ese malestar inicipiente.

Si bien no parece que el Correo-affaire vaya a ser un punto de inflexión catastrófico en la historia de Cambiemos, este tipo de noticias son las que más dañan su capital: el importante nivel de confianza social que, pese a los despidos y la caída del salario real, el macrismo todavía sostiene.

Salvando las distancias, el escándalo de la Banelco resultó más perjudicial para la Alianza, que la insostenible continuidad del modelo económico menemista. El pago de coimas fue incluso más objetable, tanto en los medios como en la calle, que la ley de flexibilización laboral que se transaba en el Congreso. Fue la corrupción, y no la ideología, lo que habilitó la crítica integral hacia un gobierno gris, conservador, sin firmeza ni ideas.

Cambiemos no es la Alianza. Mauricio Macri no es igual a Fernando de la Rúa. Y el contexto socio económico de 2017 no equivale (afortunadamente) al del 2000. Pero en aquel momento, tras el agotamiento del ciclo menemista, las ganas de creer estiraron el optimismo por abajo. Porque a la postverdad no la inventó el Brexit ni Donald Trump.

Ahora, el gobierno corre un riesgo parecido al de la Alianza: que el arreglo con el Correo, cedido por Carlos Menem al Grupo Macri en 1997, saque del placard al malhumor social acumulado. De ser así, a Cambiemos le podrían llegar todas las facturas juntas.

En 1997, la decisión de comprar el Correo Argentino fue (otro) motivo de discordia entre el padre y el hijo. Mauricio quería. Franco, no. Ante la ola de privatizaciones noventista, Franco no mostró ningún interés en quedarse con el Correo. El actual presidente, en cambio, sí aprobó el ingreso del Grupo a la ex empresa estatal.

Así, el 1 de septiembre del 97, Menem le dio la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotesa) a la Sociedad Macri en concesión por 30 años. Al poco tiempo, el Grupo dejó de pagar el canon al que obligaba la privatización –con el argumento de incumplimientos estatales del contrato–, se endeudó y echó a unos diez mil trabajadores. El kirchnerismo reestatizó el Correo y Macri, Franco, demandó al Estado.

Ahora, el gobierno firmó un acuerdo con el Correo. Si bien se trata de un pacto plagado de detalles técnicos, sobrevuela la idea (justificada) de que hay un conflicto de intereses en lo aceptado por el macrismo.

Al momento, casi todas las encuestas coinciden: la impresión mayoritaria es que Macri gobierna para los ricos. Esa mirada crítica, sin embargo, no anula la valoración positiva que todavía existe sobre Macri y Cambiemos. Ambos datos conviven tensamente. El hecho de que los ricos pasen a tener nombres propios, como el de Franco Macri, podría empezar a desempatar la ecuación en contra del oficialismo.

(por Andrés Fidanza) En julio de 2016, el juez Ariel Lijo ordena que se hagan pinchaduras telefónicas online. La causa está centrada en la supuesta complicidad de Oscar Parrilli en la fuga de un narco. El juez Lijo a su vez permite que Agencia Federal de Inteligencia tenga acceso y participe de las escuchas. Vía Oscar Parrilli, gran parte de los audios alcanzan a Cristina Kirchner. En el expediente de la causa se incluye un resumen con transcripciones de las conversaciones. Así, desde octubre, tanto la AFI, como el juez Lijo, el fiscal Guillermo Marijuán y el propio Parrilli manejan esa información.

Por decisión de Lijo, los agentes de la AFI captaron online las pinchaduras telefónicas a Parrilli (con Cristina Fernández). Lijo podría haber delegado el trabajo en alguna otra fuerza de seguridad, pero optó por la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A pesar de que las escuchas dependen de la Corte Suprema (y ya no de la AFI), Lijo pidió en junio pasado la colaboración de los agentes y se inclinó por la modalidad urgente del vivo y en directo, en general usada en casos de secuestros extorsivos.

El juez justificó esa decisión por el protagonismo que había tenido la ex SIDE en el inicio de la investigación contra Parrilli y otros tres ex espías (uno de ellos fue el Director de Asuntos Judiciales de la AFI en la gestión kirchnerista, Emiliano Rodríguez). Según la versión de la actual conducción de la Agencia, los jefes macristas dieron con una carpeta que muestra la complicidad de Parrilli con el narco Ibar Pérez Corradi.

Casi seis meses más tarde, se filtran a la prensa un parte de las escuchas: una edición de los tramos en los que habla la ex presidenta. Nadie se hace cargo de la difusión: ni el juez, ni el fiscal, ni la AFI, ni la Corte Suprema. Si bien los audios no tienen relación con la investigación por las que fueron autorizadas, generan ruido político y mediático, y hasta denuncias judiciales paralelas contra Parrilli y CFK.

Al momento, el contenido de las charlas no parece demostrar delitos flagrantes por parte de los pinchados. Y en concreto, no tiene conexión alguna con la investigación original: supuesta ayuda de Parrilli, el último jefe kirchnerista de la ex SIDE, al narco Ibar Pérez Corradi, ex prófugo por el triple crimen de General Rodríguez.

El modus operandi de esta trama muestra un link demasiado estrecho y al borde de lo ilegal entre el poder judicial y la Agencia Federal de Inteligencia. Con la asistencia, por lo menos acrítica, de algunos medios de comunicación. En resumen, se trata del mismo combo por el que, años atrás, se acusaba al kirchnerismo. O más específicamente: se señalaba a un sector de la ex SIDE, más ciertos jueces y fiscales, por su funcionalidad con el gobierno anterior. A fines de 2014, cuando Cristina Kirchner intuyó deslealtad por parte de la vieja guardia de espías, con Jaime Stiuso a la cabeza, empezó el descabezamiento general de “la Casa”. En ese momento se rompió el stato quo sostenido por años dentro de la ex Secretaría de Inteligencia.

Ahora, el sainete de las escuchas es síntoma de un regreso: el de aquella zona oscura. Un espacio de convivencia admitida, normalizada e histórica entre los servicios de inteligencia y la justicia federal. La víctima, en este caso, como siempre, es una circunstancia. Le toca a Cristina Kirchner, pero ya llegarán otros, de distinto signo político. Y aunque el kirchnerismo haya mantenido inercialmente ese esquema durante años, nada justifica que se repliquen las peores prácticas del apriete y la extorsión.

La vuelta de aquella máquina en bambalinas, en general puesta al servicio de algún sector de la política, tiene más de un nombre propio: el actual director de finanzas de la AFI, Juan José Gallea, ocupó ese mismo puesto en el gobierno de la Alianza. Tras la caída de Fernando de la Rúa, Gallea fue señalado e investigado por su rol en el pago de coimas para aprobar una ley de flexibilización laboral: la famosa Ley Banelco. Según una pista que nunca se pudo comprobar, la plata para los sobornos habría salido de los gastos reservados de la ex SIDE.

La promesa institucionalista del macrismo, en este punto, sigue pendiente. En realidad, a la fecha no parece existir la menor intención de empezar con un cambio.