Por Federico Basualdo

Subsidios para los amigos y deudas para todos

El vertiginoso aumento de las tarifas de los servicios públicos pone en crisis el entramado productivo y la economía de los hogares bonaerenses. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2018 las tarifas residenciales de Edenor y Edesur aumentaron en promedio un 1600%, en tanto que los aumentos de las distribuidoras bajo jurisdicción provincial (EDES, EDEN, EDEA Y EDELAP) oscilan entre 600% y 900%. Para mitigar el daño generado, el presidente Macri y sus aliados proponen pagar la tarifa en cuotas y la gobernadora María Eugenia Vidal plantea disminuir la carga tributaria sobre las tarifas finales de los usuarios. Estas aparentes soluciones descargan sobre los bolsillos de los usuarios la garantía de la rentabilidad de las empresas. El Presidente propone financiar el pago de tarifas en cuotas y con un alto interés y la mandataria provincial eliminar impuestos, al tiempo que endeudó a la provincia en 4.500 millones de dólares para financiar el déficit de su administración.

La programación tarifaria para el sector eléctrico que acordaron las empresas distribuidoras de la provincia y el gobierno local, se suma al ajuste de subsidios del precio mayorista de la energía, establecido desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y a los aumentos otorgados a las transportistas.

La Revisión Tarifaria Integral (RTI) para las empresas de la provincia de Buenos Aires se realizó en 2016, y estableció un horizonte de cinco años para el ajuste tarifario, las inversiones, la calidad del servicio y la atención a los usuarios. Las tareas fueron realizadas por un Comité de Ejecución del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (CERTI), integrado por funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, y funcionarios del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA). La falta de difusión sobre los aspectos técnicos de la revisión imposibilita conocer, por ejemplo, la metodología y el cálculo de la rentabilidad otorgada a las empresas, el horizonte de incremento del Valor Agregado de Distribución, y la existencia o no de una cláusula de ajuste inflacionario. También sería interesante conocer el destino de los fondos percibidos por las distribuidoras en concepto de “recupero tarifario”, a cuenta del aumento no retribuido por los amparos presentados en la justicia. Sobre todo teniendo en cuenta que durante ese período las empresas prestatarias dejaron de abonar a CAMMESA (es la compañía que, bajo control estatal, administra el mercado eléctrico mayorista) la energía suministrada.

En la actualidad, todas las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires se encuentran controladas por un mismo grupo económico. Durante los últimos dos años, Desarrolladora Energética S.A. (DESA), controlada por Rogelio Pagano, desembolsó en dos operaciones casi simultáneas cerca de 450 millones de dólares para quedarse, en noviembre de 2016, con las distribuidoras EDES (sur de la provincia de Buenos Aires) y EDEN (norte y centro), y en una segunda instancia, en marzo de 2017, con EDEA (Mar del Plata) y EDELAP (La Plata). Ambas operaciones se realizaron en paralelo al proceso de revisión tarifaria, y las mismas fueron aprobadas por la Comisión Nacional de Defensa de la competencia (CNDC). La falta de colaboración del ENRE y el OCEBA con el análisis de las operaciones quedó en evidencia en los dictámenes correspondientes de la CNDC. En un hecho sin precedentes, en el último dictamen, referido a la compra de EDEA y EDELAP, queda expuesta la negativa de las autoridades del Organismo de Control a colaborar dado que consideran no tener competencia en el tema, señalando al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Gigante, como la autoridad competente. El marco regulatorio eléctrico de la provincia otorga amplias facultades al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ninguna de ellas señala que debe reemplazar las funciones del regulador.

A pesar de la falta de colaboración, no es necesario el asesoramiento de los organismos reguladores para destacar que la concentración de las cuatro distribuidoras provinciales en manos de un mismo grupo económico redunda en una flagrante violación de la normativa vigente. Sin embargo la CNDC recomendó al Secretario de Comercio de la Nación aprobar ambas operaciones. Su flamante presidente, Esteban Manuel Greco, es un conocido consultor de empresas del sector energético. En los dictámenes sobre las compras de DESA, este consultor insiste en la utilización de técnicas de benchmarking para subsanar la potencial lesión a la competencia ocasionada por dichas operaciones. Casualmente, el benchmarking es uno de los servicios que ofrece la consultora de la que fue socio hasta 2015, año en que asumió como presidente de la CNDC.

En 2017 se cumplió el primer ejercicio económico de DESA como grupo consolidado. Con una participación parcial de EDELAP y EDEA, DESA obtuvo ingresos por 8.880 millones de pesos, y ganancias por 773 millones de pesos. Al igual que otros conglomerados del sector, el grupo registra una importante actividad financiera producto de la cual en 2017 presenta costos financieros por 1.667 millones de pesos. En buena medida, la actividad financiera del grupo se explica por el nivel de endeudamiento que registra.

En mayo de 2016, en el marco de su estrategia de expansión, DESA tomó un préstamo a 18 meses con UBS Securities LLC, para financiar la compra de EDES y EDEN. El total del préstamo fue de U$S 124 millones, al 13% anual. A su vez, en julio de 2017 DESA obtuvo un préstamo por 475 millones de dólares por parte de un consorcio de bancos extranjeros, a un interés de 9,5% anual, y por un plazo de tres años. Según declara la empresa en su balance 2017, dichos fondos fueron utilizados para cancelar el préstamo con UBS Securities LLC, y para adquirir participaciones minoritarias en distintas sociedades controladas por el grupo.

Llamativamente, otro importante acreedor del grupo es la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, CAMMESA, la cual está controlada por el Estado nacional. Al 31 de diciembre de 2017, DESA le debía a CAMMESA 7.081 millones de pesos. Con mejor suerte que con la banca extranjera, DESA obtuvo inmejorables ventajas para la refinanciación de su deuda con el Estado. Del total de los fondos, el grupo logró refinanciar 3.624 millones en 90 cuotas con un interés de 10% anual; y 1992 millones, en 20 cuotas sin interés. Si bien con la deuda restante aún no llegaron a ningún acuerdo, resulta evidente que el plan de pagos ofrecido por las autoridades de la empresa administradora del mercado eléctrico, representa un subsidio estatal a las inversiones del grupo DESA en el sector energético de la provincia de Buenos Aires. CAMMESA dejó de subsidiar el precio de la energía para subsidiar la expansión y las ganancias de los grupos económicos.

La precariedad regulatoria, o más bien la regulación funcional de los organismos nacionales y provinciales que intervienen en el sector energético, apunta a fijar las condiciones para que la distribución eléctrica en la provincia de Buenos Aires deje de ser un servicio público y pase a ser un negocio cautivo para las empresas. Los organismos de control actúan, al compás del Poder Ejecutivo nacional y provincial, como garantes de la transferencia de ingresos desde los hogares bonaerenses y los distintos sectores de la economía a las empresas de energía, al tiempo que garantizan y subsidian la concentración de las empresas del sector en un puñado de grupos económicos, erosionando notablemente el interés general.

Fuente: El Cohete a la Luna

El macrismo se propone sepultar lo que queda de la Ley de Medios, sacrificar el ARSAT y consolidar el emporio Cablevisión/Telecom/Clarín con Telefónica de España como coartada.

Por Cynthia Ottaviano*

Cuando Henry Jenkins (2006) definió la “convergencia”, de la que tanto se habla por estos días en la Argentina, lo hizo desde una perspectiva compleja, sociocultural, antes que técnico-económica.

Para el analista estadounidense, la nueva cartografía que desafía las relaciones humanas puede pensarse como el “flujo del contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas” (2006:14).

Es decir que en el proceso de la “convergencia” intervienen las industrias, las plataformas, pero también resulta necesario analizar el flujo de contenidos y las posibilidades y comportamientos de las audiencias en su rol dinámico, activo y transformador de la comunicación.

De hecho, Jenkins sostuvo que “si nos centramos en la tecnología, perderemos la batalla incluso antes de empezar a librarla”. De allí la necesidad de “enfrentarnos a los protocolos sociales, culturales y políticos que rodean la tecnología y definir el uso de ésta”, porque la convergencia “es más que un mero cambio tecnológico” (2006: 214).

Cuando el macrismo tradujo este aporte académico a una propuesta legislativa,sepultó toda posibilidad de pensar en las clasificaciones propuestas de “convergencia cultural”, “convergencia orgánica” y “convergencia popular” y sólo se abocó a la “convergencia corporativa” y la “convergencia tecnológica”, en el paradigma de la acumulación y concentración del capital y la pérdida de soberanía nacional, científico-técnica, económica, política y comunicacional.

Es decir, obturó la posibilidad del debate sobre la lógica con la que operan las culturas, la producción de contenidos, las “conexiones mentales que establecen” las personas a partir de las informaciones de múltiples plataformas, el flujo impulsado por las propias personas en tiempos de fácil acceso al archivo y la publicación, para recircular la información que debe ser plural y diversa, para no conspirar contra las democracias y afectar la gobernabilidad.

Con sus políticas públicas, el macrismo enterró incluso la idea de que, en ese cambio cultural, “las corporaciones” y “los individuos dentro de los medios corporativos, ejercen todavía un poder superior al de cualquier consumidor individual o incluso al del conjunto de consumidores” (Jenkins, 2006:15).

En esa inteligencia, en la bitácora gubernamental actual, sólo parecen importar “la combinación de funciones en un mismo dispositivo tecnológico” (convergencia tecnológica) y “el flujo de contenidos mediáticos comercialmente dirigido” (convergencia corporativa), a merced del país extranjero o la corporación que presione a cada tiempo y en cada espacio (Jenkins: 2006:276).

Por lo menos es lo que puede deducirse del proyecto presentado por el oficialismo en el Senado de la Nación, los primeros días de abril, llamado “Ley de fomento de despliegue de infraestructura y competencia Tics”, en consonancia con la visita del presidente de España, Mariano Rajoy.

El gobierno parece haberle entregado a Rajoy la tranquilidad de que -si por ellos fuera-, la corporación de despligue mundial Telefónica podría brindar servicio de televisión satelital, internet, telefonía móvil y fija, lo que hasta el cierre de esta edición está prohibido.

Así, Rajoy no sólo aceptó la grata invitación de ver a los Granaderos con banderas españolas, como símbolo de regresión a la etapa colonial, sino también la posibilidad de que dieran cauce a su reclamo, a partir del gran negocio entregado con anterioridad a su competidora local Telecom, en la habilitación de la ultraconcentración con Cablevisión/Clarín, como regresión a un neocolonialismo cultural.

Para dar cumplimiento a las promesas contraídas con Rajoy, será necesario volver a modificar la desguazada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la ley Argentina Digital (27.078), ahora por otra ley, provocando diversos daños:

1) Poner en riesgo la soberanía nacional, a través de la entrega de Arsat y la infraestructura pasiva desarrollada.

2) Perturbar el acceso de las audiencias a programación local, donde pueden encontrar información relevante y representaciones de subjetividades más genuinas y propias.

3) Generar las condiciones para la liberación tarifaria que, como en otras áreas de la economía local, concluyen en tarifazos.

4) Dejar a merced ministerial, de un gobierno darwinista, la reglamentación para “proteger y promover” la actividad de las pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas.

5) Desproteger a las audiencias y los actores más chicos frente a los corporativos y concentrados, con autoridades de aplicación gubernamentalizadas, alejadas de los parámetros del sistema interamericano de derechos humanos de autonomía e independencia.

6) Entregar la democracia y la gobernabilidad en manos de la comunicación concentrada y transnacionalizada.

Escenario complejo, medidas darwinistas

A lo largo y ancho del país, en la actualidad sólo tres empresas brindan televisión satelital (DirectTV, de manera preponderante; InTV, de Red Intercable, y la TDA, de desarrollo estatal) y sólo dos Telefonía Fija, con participación en móvil.

Con el proyecto gubernamental las telefónicas podrán dar servicios satelitales y audiovisuales, considerados por nueva disposición legislativa como mercancías, y ya no como un derecho humano a la comunicación, en el que el Estado tiene un rol indelegable de salvaguarda.

Lo que fue impedido hace diez años, durante los debates por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que las telefónicas brindaran servicios de comunicación audiovisual, dadas las características diferenciadas en las escalas de unas y otras licenciatarias), ahora que el gobierno extendió una alfombra roja para permitir la ultraconcentración del Grupo Clarín/Cablevisión con Telecom (quienes brindaban sólo servicios de comunicación audiovisual, también puedan dar telefonía fija, móvil e internet), empieza a admitirse, hasta aquí, con todos los avales gubernamentales y sin demasiada oposición.

Es decir que, mientras con la LSCA se limitaba la cantidad de licencias de comunicación audiovisual se podían operar en el país (radio, tv), a la vez que se imponían límites a la operación de diferentes servicios de telecomunicaciones (telefonía e internet), ya con el DNU 267 de las corporaciones firmado por Macri ni bien asumió el gobierno, y ahora con esta “Ley Rajoy”, nada será igual, al punto que ni habrá distinción entre el cable (televisión por suscripción por vínculo fijo) y la tv satelital, cuando son servicios diferentes, con característica diferenciadas.

“Desde la mirada del usuario es lo mismo”, se sentenció desde el gobierno. Pero no lo es. De mínima, porque el servicio de TV satelital opera a nivel regional -dada la capacidad de abarcar hasta la totalidad de Sudamérica con un solo satélite- y esa situación no sólo afectará la cantidad de puestos de trabajo argentinos, sino que también hará que quienes viven en Formosa no puedan acceder a la programación local, pero sí puedan ver la de México.

¿Podría solucionarse? En principio obligando a las licenciatarias a colocar un decodificador “híbrido”, es decir que tenga las señales y canales de la grilla general, pero que habilite el acceso a la TDA, que debería tener la programación local.

Pero ¿qué pasaría si no pagara el servicio? Le cortarían la posibilidad de ver una y otra programación, cuando la de la TDA es de acceso gratuito, vulnerando así el acceso al derecho humano que es la comunicación.

Por otra parte, la concentración o posiciones dominantes, tanto verticales como horizontal, provoca que unas señales sean discriminadas con respecto a otras, porque quien transporta esas señales privilegia las propias, hundiendo la pluralidad y diversidad. Así ha ocurrido con la fusión de Multicanal y Cablevisión, en la que terminaron por “desaparecer” numerosas señales.

En ese escenario es necesario recordar las prácticas predatorias, como consecuencias de ser “dueños y señores” en múltiples zonas geográficas o incluso en todo el país a la vez, dado que pueden compensar las ganancias de unos lugares con las de otros.

Ocurre que al desembarcar en determinadas ciudades pueden establecer precios muy por debajo del “mercado”, que en un principio puede parecer beneficioso para las audiencias, pero una vez que “eliminan” la competencia -que no puede sostener esos precios por una cuestión de costos-, determinan las tarifas, dada la falta de competitividad real, transformándolas en tarifazos.

Una ultra concentración inédita para la Historia argentina

La gravedad de la situación empeora cuando se recuerda la promesa incumplida del gobierno en generar una reglamentación “convergente”, dado que la LSCA era “obsoleta”. En el “mientras tanto” -que lleva dos años y medio de extensión-, Macri hundió la reglamentación y la institucionalidad creada por las leyes votadas en el Congreso, con amplias mayorías. Aún, cuando desde el mismo gobierno se comprometieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a enviar al parlamento el proyecto, como se señaló, hace dos años y medio.

Vale recordar que esos decretos macristas sepultaron la necesidad de adecuación a los límites que establecía la LSCA y fueron la primera senda del largo camino hacia la ultraconcentración comunicacional actual.

Poco tiempo después, Cablevisión compró NEXTEL, la empresa de telefonía móvil, con la posibilidad de obtener espectro radioeléctrico para brindar servicios de 4G, y otras cinco empresas que también disponían de espectro, aunque asignado a otros servicios.

Unas semanas más tarde, llegó la autorización del ultragubernamentalizado Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) -cuya dirección es nombrada y removida a dedo por Mauricio Macri-, para habilitar el uso de ese espacio radioeléctricos para telefonía móvil.

Así, el grupo comunicacional que maneja la única fábrica de papel para diarios de todo el país (en alianza con el diario La Nación), el mayor diario de circulación nacional, diversas radios, entre ellas la de mayor audiencia de la Ciudad de Buenos Aires, canales y señales de TV con altos niveles de audiencia nacional, suma casi el 40% de la telefonía fija, más del 50% de Internet, casi el 40% de la televisión por cable y más del 30% de la telefonía móvil, salvo desaprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o el poder Judicial.

Nunca existió en la historia de la Argentina un poder comunicacional de estas características, con uno de los yacimientos de datos más extraordinarios que pueda existir, a través del acceso y participación de las audiencias en la telefonía fija y móvil, internet, la radio, la tele, los diarios y revistas, imprentas y sitios digitales, muchos de ellos pagados por cuentas bancarias con débitos automáticos, a través de tarjetas débito y crédito.

Las tensiones entre los diversos actores del campo de las Tics empezó casi antes de presentado el proyecto, no tanto por las consecuencias democráticas de la concentración, sino por las comerciales que implicarían que los nuevos actores sin haber invertido casi nada en infraestructura puedan sumarse al negocio, ya que según el proyecto las empresas de telecomunicaciones podrán compartirla infraestructura pasiva -ductos, postes, torres-, quitándole, además, a Arsat el espectro radioeléctrico reservado por la ley 27.208 para desplegar una red para la seguridad y las emergencias.

La única restricción geográfica que se establece hasta aquí es en localidades de menos de 80 mil habitantes, pero el proyecto sostiene que se materializará por resolución posterior, a manos del gobierno, de manera que la desconfianza tanto como las presiones comenzaron a recorrer los despachos de la casa Rosada.

Como si fuera poco, las obligaciones de los prestadores no ocupan ni un artículo del proyecto, que tampoco incluye los servicios audiovisuales a demanda, como la conocida Netflix, a quien en Europa se le reclama cumplir con cuotas pantalla, es decir la sumatoria de programación local y el pago de gravámenes.

Más pérdida de soberanía con la entrega de Arsat

La Argentina diseña y fabrica satélites que pueden brindar servicios de televisión, pero en el proyecto, esto también quedó en el olvido.

El Plan Argentina Conectada, creado hace siete años durante el gobierno de Cristina Kirchner, permitió a Arsat y a empresas públicas provinciales desplegar una red de 36 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país, para brindar internet de banda ancha, con una inversión de casi mil millones de dólares, que ahora podrían aprovechar los privados, en detrimento del patrimonio público.

El ex vicepresidente de Arsat, Guillermo Rus lo explica con claridad: “Es que el modelo de negocios de Arsat, basado en fuertes inversiones estatales, fue concebido para no ser deficitario en términos operativos. Es decir, lo que se factura mensualmente por servicios debe ser superior a lo que se gasta. El principal objetivo político y social de la empresa es proveer una alternativa de calidad a Pymes y Cooperativas del interior del país, pero estos numerosos y dispersos clientes no son grandes demandantes de servicios puesto que disponen de pocos usuarios en relación con el total nacional. Quienes concentran la mayor cantidad de clientes de Internet, tanto fija como móvil, son las empresas oligopólicas, es decir, Claro, Telefónica, Telecom y Cablevisión quienes concentran el 100% de los servicios móviles y más del 70% de la banda ancha fija. Con los ingresos generados por la venta de Internet mayorista a Pymes y Cooperativas Arsat cumple su función política y social como empresa estatal, pero para lograr superávit operativo, la empresa le brinda servicios a Claro y Telefónica para que conecten mediante fibra óptica las radiobases del servicio móvil de 4G en aquellas zonas donde deben cumplir con las exigencias regulatorias de la licitación de espectro pero no tienen red troncal o esta no tiene la capacidad suficiente para el tráfico de 4G”.

-¿Qué pasaría si el proyecto se convirtiera en ley?

-De prosperar tal como fue presentado por el Ministerio de Modernización el artículo 1, las empresas de comunicaciones móviles ya no necesitarían los servicios de Arsat, podrían utilizar su infraestructura (ductos) y desplegar rápidamente sus redes -agrega Rus. Esto impactaría fuertemente en los ingresos de Arsat volviendo deficitario el negocio de conectividad mayorista. Y lo mismo pasaría con todas las empresas estatales de telecomunicaciones provinciales y municipales que fueron desarrollando su infraestructura en el marco de planes nacionales, provinciales o locales. El Estado interviene ante la falta de esfuerzos del privado y luego estos se apropian de la infraestructura desplegada, un negocio redondo. En un contexto donde el Plan Satelital de Arsat se encuentra paralizado, Arsat-3 fue suspendido e incluso se lo intentó privatizar creando una nueva empresa con mayoría de la norteamericana Hughes, proveedora del DoD (Departamento de Defensa de los Estados Unidos) pasando por encima de la ley 27.208 que establece en su artículo 10 la obligatoriedad de llevar al Congreso una medida de esta índole.

El camino del deber ser para defender la democracia

Con la imposibilidad de acuerdos parlamentarios mayoritarios que repliquen las voluntades gubernamentales, parece utópico pensar en la posibilidad de una modificación al rumbo tendido por el gobierno.

Sin embargo, el alto grado de responsabilidad democrática que exige el tiempo histórico que se vive, obliga a reflexionar sobre propuestas concretas al proyecto presentado.

Aquí un resumen de diez medidas que podrían tomarse, entre otras:

1) Exigir un freno a la concentración comunicacional, ya que conspira contra las democracias. Como ya se ha publicado en estas páginas, la realidad comunicacional argentina está prohibida en Francia, Inglaterra y otros países que suelen estar a mano para exigir reglas claras y justas en el plano local.

2) Desnaturalizar el incumplimiento de las legislaciones emanadas del Congreso de la Nación Argentina (LSCA y Argentina Digital) e impedir el avance de modificaciones de leyes por decretos y decretos de necesidad y urgencia, regresivos para impedir mayores concentraciones a las ya existentes antes de 2015.

3) Declarar la comunicación audiovisual y las TICS como derecho humano.

4) Exigir autoridades de aplicación autónomas, técnicas e independientes, como reclamó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de constitucionalidad de la LSCA.

5) Ampliación de las facultades de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que pueda trabajar en la defensa y promoción del derecho humano a la comunicación “convergente”.

6) Restablecer el “abono social” para los servicios de comunicación audiovisual y para las TICS (tarifa preferencial por características socioeconómicas y geográficas).

7) Restringir la participación de satélites extranjeros para servicios de televisión.

8) Establecer criterios claros y ecuánimes fuera del ámbito gubernamental para compartir la infraestructura pasiva, evitando argumentos de baja inversión y mejora de calidad y utilización de infraestructura de Pymes.

9) Excluir la infraestructura de la estatal Arsat y de las empresas provinciales de la obligación de compartir y mantener la reserva de espectro para una futura red de Arsat.

10) Obligatoriedad de incorporación de señales y canales locales (si es con decodificadores, establecer medidas de utilización de TDA de manera independiente del pago del servicio satelital).

En las democracias comunicacionales contemporáneas se requiere la participación plural, diversa e igualitaria de las personas, porque es allí donde se externaliza el derecho humano a la comunicación, ya que hoy las ideas, opiniones, pensamientos y expresiones informativas, culturales y artísticas se encuentran medidas por la institucionalidad y la pedagogía que construyen los medios de comunicación audiovisual, tanto televisivos, como radiales, telefónicos o digitales.

Sin comunicación no hay democracia, y sin democracias no hay derecho humano a la comunicación.

En la encrucijada actual argentina, tal vez sea saludable recuperar una mirada más de Jenkins que señala que en la medida que sólo “sigamos haciendo énfasis en el acceso (en términos de infraestructura), la reforma continuará centrándose en las tecnologías”, sin embargo, “tan pronto como comencemos a hablar de participación, pasaremos a poner el acento en los protocolos y las prácticas culturales” (2006:32-33).

Y es en esas prácticas culturales y en esos protocolos, en cuanto pautas y guías para la democratización de las comunicaciones, que se requieren consensos para una convergencia comprendida, ya no como asunto puramente tecnológico o mercantil, sino como fenómeno cultural de características extraordinarias.

*Defensora del Público (MC)

Fuente: Contraeditorial

Con el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Modernización, Claro y Telefónica podrían ingresar, sin realizar inversiones significativas, en un mercado de más de USD 3 mil millones anuales. Imponer la condición de satélite argentino es una alternativa para volver a impulsar la industria satelital actualmente paralizada.

El Ministerio de Modernización de la Argentina, de quien dependen directamente el operador satelital estatal ARSAT y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), presentaron el jueves 5 de abril un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para realizar una serie de modificaciones regulatorias. El proyecto, denominado “Fomento del despliegue de infraestructura y competencia TICS”, consta de 13 artículos (uno de forma) y tiene entre sus principales ejes permitir a las empresas de telefonía fija y móvil brindar el servicio de televisión por abono mediante vínculo satelital. Esta medida habilitaría a las empresas Claro y Telefónica a utilizar transmisiones satelitales para ofrecer televisión, algo que tuvieron históricamente prohibido y que fue motivo de fuertes discusiones en el país.

El proyecto no surge de una demanda del mercado ni es producto de la evolución tecnológica. En los últimos dos años el poder ejecutivo argentino realizó cambios en el marco jurídico vigente por medio de decretos (267/2015 y 1340/2016) y avanzó en la autorización de la fusión de dos de los mayores grupos económicos del sector. Cablevisión y Telecom ya operan en los hechos fusionadas, aunque hasta el momento solo tuvieron la autorización de la ENACOM restando que haga lo suyo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Esta nueva empresa que surgiría de la fusión sería la única con la posibilidad de ofrecer servicios convergentes de Televisión, Telefonía e Internet Fija y Comunicaciones Móviles, concentrando el 39% del mercado de la Telefonía Fija, el 52% de Internet, el 37% de la Televisión y el 31% de las Comunicaciones Móviles. Esta situación impulsó el reclamo principalmente del operador móvil Claro (América Móvil) y de Telefónica de Argentina para obtener la autorización en televisión satelital, servicio que ambas brindan en la región iluminando también el territorio argentino desde el Espacio.

La autorización de la televisión satelital a los operadores incumbentes, aquellos con una cuota de mercado muy elevada, notablemente superior al resto de competidores, fue con éxito resistida no solamente por sus competidores directos (Cablevisión, Directv) sino por el entramado de pequeñas empresas y cooperativas que brindan servicios audiovisuales principalmente por cablemodem. Estas argumentaron en reiteradas ocasiones que de prosperar la autorización para brindar televisión por satélitea las grandes empresas, su existencia, y por lo tanto también miles de puestos de trabajo, estarían en considerable riesgo.

Mercado de la Tv

En Argentina el mercado de la televisión por suscripción es un negocio de 65 mil millones de pesos anuales, algo más de USD3 mil millones. Estos ingresos son generados por 9,4 millones de accesos que representan casi el 70% de los hogares argentinos, con un valor promedio mensual por abonado de 585 pesos (USD30).

Argentina es uno de los países con mayor tasa de abonados a la televisión tanto en la región como en el Mundo y, en promedio, los argentinos pasan 3,5 horas delante del televisor. Esta alta penetración, en gran parte, es consecuencia de la mala calidad y escasa cobertura de la televisión abierta analógica y de la concentración de contenidos de elevado interés público (léase futbol) en señales cuyos propietarios también poseen licencias de televisión por suscripción.

Cablevisión, el principal operador de cable argentino que comparte accionistas con el Grupo Clarín, informa 3,5 millones de abonados al servicio de televisión en su publicación financiera para el tercer trimestre de 2017, lo que representa un 37% del mercado. Directv, operador satelital de televisión, dispone de 2,5 millones de abonados, reteniendo el 28% del mercado. Muy lejos de estas dos empresas se encuentran Telecentro (7%) y Supercanal (6%) ambos proveedores de cable. El 22% del mercado se reparte entre más de 200 pequeñas empresas y cooperativas.

Un aspecto relevante de la televisión en Argentina es la escasa oferta de servicios por satélite, que en los hechos deja a Directv en posición monopólica para gran parte del extenso territorio argentino. Actualmente operan sobre Argentina tres servicios de televisión satelital. Directv con una alta participación del mercado, InTV de Red Intercable Satelital y el componente satelital de la Televisión Digital Abierta (TDA). La norteamericana Directv, adquirida hace unos años por AT&T, opera en el país desde el Intelsat-30, lanzado junto al ARSAT-1 en el año 2014 por Arianespace. InTV ocupa para su servicio casi 100Mhz del ARSAT-2, que son operados por SERSAT del Grupo Datco desde su telepuerto en la Ciudad de Buenos Aires.

La TDA satelital, un servicio abierto dependiente de Medios Públicos, dispone de más de 30 canales y 5 radios, solo requiere la compra del equipo receptor y opera desde el telepuerto de ARSAT sobre capacidad en el ARSAT-1.

Sorprendentemente, InTV tiene escasos 20 mil abonados, una cantidad casi nula para el mercado, y su actividad comercial es apenas testimonial. Por otro lado, la venta de equipos receptores para la TDA Satelital se encuentra interrumpida por parte de ARSAT desde principios del año 2016. Por lo tanto, se podría concluir que en Argentina hay un solo proveedor de televisión por satélite. Esta situación deja a todo el ámbito rural y aquellas zonas con escasa, deficiente o nula infraestructura terrestre para televisión con Directv como única forma de acceder a la televisión.

Mercado de Servicios

Los satélites son una alternativa más que conveniente para la distribución de televisión directa a los hogares. Mediante un único artefacto ubicado en una órbita geoestacionaria se puede cubrir, como lo hace el ARSAT-1 para llevar la TDA Satelital, toda la Argentina y países limítrofes. Un satélite de estas características tiene un costo de alrededor de USD250 millones y requiere no más de 4 años para su fabricación. Si tomamos que en el país hay 12 millones de hogares, da un costo por hogar de USD20. El tendido de cables de fibra óptica, por ejemplo, tiene un costo de entre USD30 y USD150 por metro, dependiendo si es urbano, semiurbano o rural y del tipo de terreno. No vale la pena hacer la cuenta de que costo tiene cablear cada hogar del país, el costo es sideral.

Según el último informe de la Satellite Industry Association (SIA), durante el año 2016 la industria satelital generó ingresos por USD260 mil millones, de los cuales USD127,7 mil millones corresponden a servicios. Aquellos vinculados a comunicaciones se llevan la mayor porción con USD104,7 mil millones, siendo casi la totalidad (USD97,7 mil millones) provenientes de los servicios de televisión satelital. Es decir, el 76% de todos los ingresos que generan los satélites desde el Espacio, considerando la venta de imágenes satelitales, la telefonía y la banda ancha satelital, corresponden a televisión. No cabe duda que si uno quiere fabricar satélites debe pensar seriamente, aunque no únicamente, en quienes los utilizan para vender televisión.

Satélites argentinos

Argentina, a través de la empresa de alta tecnología INVAP cuyo accionista es la provincia de Río Negro, desarrolló la capacidad de diseñar, fabricar y ensayar satélites geoestacionarios de comunicaciones. Lo hizo sobre la base de la experiencia adquirida en proyectos de alta complejidad del sector nuclear, los satélites de observación terrestre construidos para el Plan Espacial Nacional de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la fuerte voluntad política plasmada en el estatuto societario de ARSAT aprobado en la ley 26.092 de creación de la empresa donde se establece que sus satélites deben estar diseñados y fabricados en el país.

Con el exitoso lanzamiento de ARSAT-1 (2014) y ARSAT-2 (2015) el operador satelital logró proteger las dos posiciones orbitales asignadas al país e INVAP colocó a la Argentina entre los 10 países del mundo con esta capacidad tecnológica. La plataforma ARSAT-3K, de 3 mil kilogramos de peso al lanzamiento y 3Kw de potencia, es similar a la desarrollada por OHB de Alemania con aportes de la Agencia Espacial Europea (ESA). Ambos desarrollos comenzaron casi al mismo tiempo pero la plataforma de INVAP fue al Espacio antes que la europea. Actualmente OHB tiene más de 5 proyectos tanto para el sector público como el privado. Esto, de alguna manera, es un indicador del potencial de mercado de estas plataformas.

Las dos plataformas fabricadas por INVAP fueron exitosas en sus primeros años de operaciones, con ARSAT-1 llegando a su cuarto aniversario en octubre de este año. Esta demostrada su fiabilidad por clientes tanto del sector público como del privado e incluso en lo que a televisión satelital refiere con la operación de dos de los tres servicios activos en la Argentina (TDA Satelital e InTV).

Para darle continuidad a la industria satelital de comunicaciones, el Congreso da la Nación Argentina sancionó en el año 2015 la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, la cual aprobó un plan para el segmento satelital de ARSAT para el período 2015-2035. Este plan estipula la ampliación de la flota de ARSAT llevándola de dos a seis satélites, la exportación de dos plataformas y el remplazo de ARSAT-1 y 2 al fin de su vida útil. Entre otros aspectos, el plan también incluye el desarrollo de una plataforma completamente eléctrica en INVAP con la intervención del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva. Sin embargo, el cumplimiento de la ley 27.208 se vio abruptamente interrumpido desde principios de 2016 y ARSAT-3, primer satélite del cronograma, suspendido sin justificaciones claras. Incluso a mediados de 2017 se dio a conocer, luego de una filtración periodística, la firma de un acuerdo entre ARSAT y Hughes para privatizar ARSAT-3. La iniciativa no prosperó por el fuerte rechazo de la sociedad y por ser violatoria de la propia ley 27.208 que estipula claramente que una medida de estas características debe ser aprobada por ley (Artículo 10).

Actualmente el sector espacial argentino, en lo que a fabricación de satélites refiere, se atraviesa una grave crisis financiera. El incumplimiento de la ley 27.208 junto a la reducción presupuestaria en la CONAE llevaron a INVAP y a las empresas pymes proveedoras de tecnología a reducir notablemente su actividad generando gran incertidumbre de cara al futuro. Recientemente se conocieron declaraciones del propio gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, reconociendo la situación financiera límite y las negociaciones con funcionarios nacionales para intentar revertir la crítica situación.

Proyecto de Modernización

El proyecto presentado por el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, entre otras cosas, habilita a las empresas Telefónica y Claro a brindar televisión satelital. El proyecto modifica el marco jurídico de las telecomunicaciones, leyes 27.078 Argentina Digital y 26.522 de Medios de Comunicación Audiovisual y establece una serie de condicionamientos para los nuevos posibles prestadores de televisión por satélite. Por un lado limita la posibilidad de comercializar los servicios en localidades con población menor a 80 mil habitantes donde los licenciatarios de telecomunicaciones actuales sean empresas pymes o cooperativas. Por otro, establece un plazo mínimo temporal para que los servicios puedan comenzar a brindarse y busca promover la oferta de servicios mayoristas de televisión.

Si bien el proyecto establece una protección a los licenciatarios de empresas pymes y cooperativas, sin duda no promueve las inversiones. Como se mencionó antes, tanto Claro como Telefónica brindan actualmente televisión satelital en gran parte del continente y estas transmisiones ya están disponibles en Argentina.

Una alternativa para impulsar la industria

Telefónica de Argentina facturó en los primeros 9 meses de 2017 2.600 millones de euros y Claro alcanzó ingresos por alrededor de USD1.800 millones, ambas con excelente márgenes operativos. Este cambio regulatorio, que le permite a las dos empresas incursionar en un negocio anual de 65 mil millones de pesos (USD3.250 millones), equivalente al valor 13 satélites ARSAT-1, bien podría valer una exigencia de operar sobre satélites de fabricación nacional.

Según la ley 27.208 Argentina Digital, se define: “satélites argentinos, entendiéndose por tales a los que utilicen un recurso órbita-espectro a nombre de la Nación Argentina, a la utilización de satélites construidos en la Nación Argentina o a las empresas operadoras de satélites que fueran propiedad del Estado nacional o en las que éste tuviera participación accionaria mayoritaria”. Por lo tanto, la restricción al uso de satélites argentinos para que estos dos operadores brinden televisión satelital no los limita hacerlo con ARSAT. Según la definición, podría tratarse de un satélite propiedad de cualquier operador satelital fabricado por INVAP, o un satélite operador por ARSAT fabricado por un constructor extranjero, para dar solo algunos ejemplos. En cualquiera de las combinaciones, la industria espacial argentina es impulsada por este condicionamiento para promover las inversiones en tecnología y servicios nacionales

Si bien es loable que se establezcan restricciones para proteger al pequeño empresariado y las cooperativas con operaciones locales, la restricción geográfica podría no ser la mejor alternativa. La dificultad para determinar que una antena se encuentra activa en un municipio vedado al prestador es elevada y, además, mantiene grandes porciones del territorio donde no hay cableados, o estos son deficientes, con una sola oferta de televisión (Directv). En este sentido puede ser una mejor alternativa, como sugieren algunos referentes del sector, implementar una política similar a la establecida para la portabilidad numérica. La aplicación a este caso sería imponer que un usuario no pueda ser dado de alta por los nuevos licenciatarios de televisión por satélite si cuentan con servicios de una empresa Pyme o una cooperativa.

Por último, una de las reiteradas e incumplidas demandas a la televisión satelital es la inclusión de contenidos regionales y locales. La imposibilidad técnica de transmitir desde un solo satélite la totalidad de las señales públicas nacionales, provinciales y locales, más los canales de las universidades, los pueblos originarios y la iglesia católica, tal como está previsto en la ley 26.522, requiere pensar alternativas para su cumplimiento. La inclusión de receptores de TDA terrestre para adosar a la grilla provista por el servicio por suscripción pude ser una forma eficiente de dar una solución satisfactoria.

@GuillermoRus

De acuerdo al relevamiento del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) la política de desinflación del Gobierno no logra los resultados pretendidos.

La política oficial de desinflación, sigue sin lograr resultados consistentes. Transcurridos dos años del nuevo régimen económico, la variación interanual de precios se posiciona en niveles similares a los del año 2015. En la coyuntura más próxima inciden tarifas de transporte, luz, gas, prepagas y educación. La estacionalidad de aumentos muy concentrados en pocos meses, determina un piso de inflación mensual difícil de quebrar a la baja. Pero por fuera de los bienes y servicios regulados por el Estado, la variación de precios interna tampoco se morigera a la velocidad suficiente. El componente “núcleo” del índice de precios nacional crece cerca del 22% interanual. Lejos de ralentizarse, algunas características del proceso hacen pensar en una profundización para los próximos meses.

Ocurre que, producto de la devaluación del 13% del último trimestre, se verificó un aumento significativo en el precio de los insumos más difundidos para el entramado productiva. Así, la inflación mayorista presentó un alza del 9,6% en el primer bimestre, mientras que el componente importado tuvo un aumento cercano al 12% en igual período. Este fenómeno no hace más que anticipar la inercia latente que, con heterogeneidades, se transferirá en los próximos meses al consumidor final. Dicho esto, el alza sostenida de precios que se verifica en Argentina, lejos está de ser la norma. En un mundo de baja nominalidad, son pocos los países que transitan problemas de inflación sostenidos a lo largo del tiempo; menos aun cuando subsumen el resto de la política económica a su mitigación.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un seguimiento sobre las diferentes economías del mundo y de la región, para establecer un ranking de países en función a los niveles inflacionarios. Asimismo, el estudio analiza la evolución del salario en los distintos países, a partir del efecto de erosión que implica el avance general en los precios. En breves términos, los principales resultados cuantitativos del informe se resumen a continuación:

El equipo económico ha mantenido en reiteradas expresiones públicas que su énfasis primordial es el combate a la inflación. No obstante, la liberación de una serie de precios a su cotización internacional, así como la política de “recomposición tarifaria”, atentaron contra el éxito de este proceso. Según consigna el informe de la UNDAV, “la serie de IPC que elabora el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires permite hacer comparaciones con periodos anteriores ya que mantiene una homogeneidad metodológica desde julio de 2012, a diferencia del IPC-Indec. El bimestre enero-febrero de 2015 presentó un avance de precios del orden del 3,4%, mientras que el mismo bimestre del año 2018 se encuentra en el orden del 4,2%, superando incluso al dato para este periodo en 2017 (4,1%). Si se compara con los meses más recientes, el trimestre diciembre febrero se posiciona como el de mayor inflación desde julio de 2016, dando cuenta de que no sólo la inflación no desciende, sino que va en aumento”. A continuación, se expone la evolución de la serie.

Otro dato relevante que surge de los indicadores es que los mayores aumentos siguen siendo en los bienes y servicios más inelásticos y donde los sectores de menos ingresos destinan la mayor parte de estos.

A la cabeza se encuentra el rubro de “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles”, que incluye todos los servicios para sostener el día a día de cualquier hogar. Otros rubros que lideran los aumentos de precios son la Educación y la Salud, otros servicios indispensables para un país que aspire a mejorar su calidad de vida. Al observar los datos de inflación del último año para 224 países (los que disponen datos publicados en la web del FMI), la Argentina resalta por su altísima tasa: ocupa el 6° lugar del ranking de países de mayor inflación.

Así, desde el Observatorio de la UNDAV señalan que “el dato, impactante en sí mismo, parece más preocupante al observar las características de los países que acompañan a la Argentina en este grupo. Estos 10 países son los únicos que alcanzan una tasa de inflación del 20% anual”. En general, se trata de regiones con bajos niveles de PBI per cápita, alta inestabilidad macroeconómica y con bajísimos indicadores de desarrollo, ocupan lugares muy rezagados en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora Naciones Unidas.

Los economistas de la UNDAV mencionan algunos ejemplos de las características de los países de este grupo. Sudan, que comparte el sexto puesto con Argentina, tiene un IDH del 0.49, lo que lo ubica en el puesto 165° en el ranking de este indicador, presenta un déficit comercial del 6.58% del PBI y un déficit fiscal de 1,87% del producto.

Libia, dos puestos arriba de la Argentina, ha presentado una caída del PBI per cápita más del 4% acumulado en el bienio 2015-2016, según el Banco Mundial (último dato disponible) y una presenta una tasa de desempleo del 17,7%.

Al ampliar la mirada a todo el espectro, la asociación es evidente. Los países con mayor inflación presentan serias dificultades macroeconómicas y pertenecen al grupo de los países “subdesarrollados” o “periféricos”. Mitras que los países “desarrollados”, que presentan mayor estabilidad macroeconómica y donde la población goza de una mejor calidad de vida, las tasas de inflación rondar entre el 1% y el 4%.

Otro aspecto relevante explicado en el documento de la UNDAV, tiene que ver con el cambio de rumbo en la política económica. A partir de diciembre de 2015 se implementó un esquema conocido como “metas de inflación” (inflation targeting), el cual fue adoptado por varios países de Latinoamérica a partir de la década de los 90 y el nuevo milenio y se basa fundamentalmente en ponderar el objetivo de preservación en el valor de la moneda por sobre el resto de objetivos de la política económica (empleo, crecimiento, industria, desarrollo, etc.) sumado al establecimiento de objetivos de corto y mediano plazo de reducción y estabilización de la tasa de inflación (para lo cual se establecen rangos) con el objetivo de generar expectativas en los planes futuros de los agentes económicos en relación a sus políticas de precios y salarios. El BCRA utiliza sus instrumentos de política monetaria, pero especialmente, la tasa de interés de referencia, para ir acomodando los índices de inflación en los valores objetivo, al tanto que, en caso de que el descenso de los precios no sea el esperado por el Banco Central, este debería aumentar la tasa de interés para “enfriar” la economía y evitar incumplir con la meta.

La trayectoria errática de nuestro país, contrasta con el relativo éxito que tienen los países que han adoptado metas de inflación en la región. Según un estudio de Hamilton del año 2014, son seis los países de América Latina con esquemas de metas de inflación: Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú. De estos, sin embargo, 4 no han cumplido la meta de inflación en los dos últimos años (2016-2017). Sin embargo, los valores de discrepancia son mucho más bajos.

Como podemos observar en la tabla anterior, Colombia no cumplió la meta de los dos últimos años, sin embargo, la misma fue superada en su rango superior tan sólo por 0,6 y 0,1 pp. respectivamente para 2016 y 2017. Perú no la pudo cumplir en 2016, al superarla en 0,3 pp. Guatemala hizo lo propio en 2017 al superar la meta en 0,7 pp. De todos estos, sin contar por cierto el caso de Argentina, México fue el que más superó la meta establecida; fue en 2017 cuando la superó en 2,8 pp. Como vemos los países con regímenes de metas de inflación lejos están de cumplir a rajatabla sus objetivos de inflación, lo cual da cuenta de la complejidad del fenómeno inflacionario. Sin embargo, a pesar de todo, estos países mantienen a un dígito su tasa de crecimiento de los precios.

En la siguiente tabla, se puede ver que, transcurrido más de dos años de gobierno, los niveles de inflación continúan en niveles significativamente elevados en relación a los países de la región, tomando el último dato de febrero del corriente año, que da una inflación interanual de 25,4%, muy lejos de Uruguay (7,1%), México (5,3%), Guatemala (4,2%), Paraguay (4,1%), Colombia (3,4%), Bolivia (2,9%), Brasil (2,8%), Chile (2,0%), Perú (1,4%) o Ecuador (-0,1%).

En cuanto a la inflación, teniendo en cuenta solamente el crecimiento de los precios en los primeros meses del año (o sea sin tener en cuenta el crecimiento de los precios en el año anterior) muestran que la Argentina aún no está logrando bajar la tasa de variación mensual a niveles de los países de baja inflación. Como se expone en la siguiente tabla, la inflación en febrero en Argentina vuelve a crecer, cuando en la mayoría de los países muestra movimientos de estabilidad en torno a valores bajos. El único caso que no sigue esta regla es Uruguay que está sufrió una inflación alta en enero del 2,7% y ya acumula 3,6% hasta febrero. El resto de los países continúa en niveles bajos no superando el 1% acumulado bimestral (con la sola excepción de Paraguay que alcanzó el 1,1%). Brasil, nuestro principal socio comercial, tiene una inflación que anualizada está tan sólo en el 3%.

Con todo lo anterior, del relevamiento llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la evolución de la inflación en nuestro país y en el mundo, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

• La aceleración de precios del último trimestre en Argentina fue ostensible. Si se la anualiza, se posiciona en el 33,5%. Retrocediendo en la serie, se debe volver a julio de 2016 para encontrar un trimestre de mayor variación de precios.

• Así, evaluando la serie larga el IPC CABA, se cae en cuenta de que el promedio de inflación mensual fue del 2,1% para el período entre mitad de 2012 y fines de 2015. Lejos de moderarse, la variación de precios promedio desde el inicio del nuevo régimen económico fue de 2,5%, esto es, 0,4 puntos porcentuales mayor.

• La dispersión general, redundó en una fuerte modificación de precios relativos que llegó hasta casi 50 puntos porcentuales de diferencia entre distintos rubros de consumo. Por caso, el aumento de precios en “vivienda, agua y electricidad” fue del 63,2% en los últimos catorce meses, según el Indec, mientras que para prendas de vestir y calzado, fue tan sólo del 15%.

• En la comparativa agregada, Argentina se posiciona en la sexta posición global. Es dable señalar que las primeras cinco posiciones están ocupadas por países con una gran inestabilidad macroeconómico y/o institucional.

• En el plano regional, Argentina es el segundo país con mayores niveles de inflación, sólo por detrás de Venezuela. Además, el último año, fue el que más lejos estuvo de alcanzar su meta de inflación, con un desvío de más de siete puntos porcentuales.

• Semejante variación de precios internos alteró la distribución del ingreso, vía salarios reales. Como medida comparativa, el salario mínimo en nuestro país fue el segundo de mayor deterioro relativo, con una caía del 6,1% y solamente por debajo del caso venezolano.

Por Antolín Magallanes

Algunas prédicas van teniendo sus concreciones. La reserva Natural de Avellaneda es una realidad. Hace unos días, se inauguró la primera etapa de la misma. Se trata de la Eco Área Municipal, un terreno de 140 hectáreas que se extiende entre los Arroyos Sarandí y Santo Domingo, y el Río de La Plata. Este emprendimiento acompaña políticas ambientales que lleva adelante el municipio, como el programa “10 mil árboles” y la planta de reciclado de residuos domiciliarios “EcoPunto”, que será ampliada a 400 toneladas diarias. Obras concretas en un municipio que no las tuvo nunca fácil con el ambiente. Y allí radica el valor de estas políticas públicas, es fácil cuidar el ambiente cuando todo el entorno ayuda, pero allí, donde históricamente, y en otros contextos, contaminar fue sinónimo de progreso, hacen falta decisiones y obras que demuestren la firme voluntad de transformar las cosas con inteligencia de “tiempista” para ir entretejiendo los cambios en forma armoniosa.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi encabezó la inauguración oficial de la Eco Área Municipal, en la costa que se extiende entre las localidades de Sarandí y Villa Domínico. Se podrá visitar de jueves a domingos de 10 a 16, con visitas guiadas por guardaparques. Esta área de Reserva cuenta con una superficie aproximada de 140 hectáreas y ambientalmente es un espacio que presenta diversos tipos de ecosistemas, más de 180 especies de aves, más de 10 especies de anfibios (casi el 50% de las presentes en la provincia de Buenos Aires), 30 especies de libélulas (12% de las presentes en Argentina),y la presencia de ceibos (flor nacional de Argentina), convirtiéndose de esta manera en uno de los sitios de mayor biodiversidad de la Provincia.

Además contempla un uso sustentable de quintas y viñedos en terrenos privados y actividades de ecoturismo en terrenos públicos, con guardaparques y senderos de interpretación, avistaje de fauna y flora, actividades de educación ambiental y visitas a viñedos locales, gracias a una inversión con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Municipal de $ 20.934.433,35.

También en estos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, generó un fallo histórico, en el cual vinculó al ambiente con los derechos humanos, planteando, “la relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. Un fallo histórico, que sin dudas viene a dejar precedentes para afianzar este tipo de iniciativas, y dar respaldo a los gobernantes para seguir en ese camino.

Avellaneda ha dado cuenta muy comprometidamente, de muchos avances, las riberas del Riachuelo, en la cuenca baja, se encuentran absolutamente recuperadas y con la población que la habitaba relocalizada, el Camino de la Ribera fue uno de los primeros logros, y aun se espera con ansias la inauguración de la sede de la UNDAV, casi lista, a la vera del Riachuelo, para seguir acumulando decisiones en favor del ambiente y de la gente.

Hoy Avellaneda, reconoce sus frentes ribereños, sus bordes, le han devuelto una cara visible, que antes estuvo ensombrecida por la decadencia ambiental, los dos puentes recuperados, el Nicolás Avellaneda “nuevo” y el histórico transbordador Nicolás Avellaneda, sumados a los demás, le dan una conectividad, distinta y personal, que tal vez no tenga ningún otro distrito lindante con la Ciudad de Buenos Aires. Desgraciadamente, ese transbordador a pesar de haber sido recuperado y ser parte de “la pesada herencia” que recibió el actual gobierno, sigue inactivo.

Recordamos que su viaje inaugural fue trunco, y también recordamos que ese transbordador, pertenece a la nación, pues cruza una vía navegable y une dos jurisdicciones, en este caso la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Por eso está a cargo de Vialidad Nacional. La triste realidad hoy lo muestra del lado de Avellaneda, en la Isla Maciel, con sus cuatro patas llenas de alambres de púa, con una penitente presencia de alguien que lo cuida encerrado en una tapera espantosa, alguien que pareciera estar castigado. El alambre de púas es algo muy significativo, fue utilizado para vigilar ganado, también para uso militar y político, en los campos de batalla y centros de exterminio humano. Hoy le muestra un feroz rostro a las pibas y pibes de la Isla Maciel, que hicieron mucho para que vuelva a funcionar y que seguramente lo cuidaran como han cuidado el otro puente. Ellos son los que más lo utilizan. Esperamos esto se supere pronto, pues la isla lo necesita y el puente suscitó esperanzas de recuperación, en ese hermoso y potencial barrio que añora dar bienvenidas y espera de visitas, para quien no conozca uno de los mayores tesoros del Riachuelo. Sería fantástico cerrar el círculo de ese único paisaje entre La Boca y la Isla Maciel, como lo fue siempre.

Pero la alegría de hoy, se vio en el rostro de Beatriz Mendoza, (pionera en estas lides y cara visible de la causa que lleva su nombre y que terminó en el fallo de la Corte Suprema para recuperar el Riachuelo), presente entre la multitud de vecinos, quien seguramente, piensa en otra batallita ganada. En definitiva, la Municipalidad de Avellaneda ha concretado una de las obras de recuperación, saneamiento y desarrollo sustentable más importante en su historia, al devolverles a sus vecinos su acceso al río mediante un paseo abierto a la comunidad, pensado y construido bajo un concepto ecológico y de preservación de los distintos ecosistemas.

Un informe de la UNDAV revela que los precios de los medicamentos en Argentina crecieron un 110% en los últimos 26 meses.

Uno de los principales debates en la actualidad se refiere al impacto en los montos de los haberes jubilatorios dada la aplicación de la nueva fórmula de ajuste trimestral. La mayor inconveniencia del nuevo ajuste inflacionario según IPC, como método para indexar ingresos de jubilados, tiene que ver con la baja representatividad del nivel general de este índice. Esto es producto de que el costo de vida de los jubilados escasamente se ve reflejado por medio del IPC. La canasta de estructura de gastos de los jubilados correlaciona poco con los patrones de consumo definidos según la metodología del índice. Todo este debate se da en el marco de un proceso de alta persistencia inflacionaria, donde el índice no logra vulnerar a la baja el 1,5% mensual ni se atenúa la “inflación núcleo”. La particularidad de la inflación 2016 y 2017 es que se registró una mayor difusión entre conjuntos de productos. Afectó en mayor medida a los precios de los alimentos, los mencionados servicios públicos y también a los medicamentos. En particular, el consumo de bienes y servicios relativos a la salud tiene un carácter distintivo sobre los demás, dadas sus características de baja elasticidad de demanda respecto a variaciones en sus precios, Esto se debe a que se trata de productos esenciales e insustituibles.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un seguimiento sobre más de 120 drogas de consumo masivo, en función a su precio de venta al consumidor final (neto de descuentos y promociones). Asimismo, el informe analiza la evolución en la tarifa de la medicina privada, la evolución del poder adquisitivo en productos de la salud y el grado de ejecución presupuestaria sobre los programas del área. En breves términos, los principales resultados cuantitativos del informe se resumen a continuación:

Como se mencionó en la introducción, cuando se analizan las variaciones en los precios de los distintos bienes básicos que consumen los argentinos, los medicamentos han sido en los últimos meses uno de los rubros en donde la suba de precios se aceleró exponencialmente. Esto, según consignan los economistas de la UNDAV, “constituye un claro factor de perjuicio para un estrato de la población -en especial adultos mayores- que muchas veces se ven imposibilitados de hacer frente a los incrementos, en un contexto macroeconómico en donde la inflación no da tregua, y en particular, en un entorno en el cual aumentaron notablemente, además, los precios de los servicios públicos y los alimentos”. En este sentido, se entiende la gravedad del problema descripto, en tanto la población más vulnerable se encuentra obligada con cierta regularidad a escoger entre consumir entre unos u otros bienes básicos e imprescindibles para mantener un nivel de vida adecuado. Para estudiar la evolución de los precios de los medicamentos y poder medir el impacto nocivo que han tenido las subas de los últimos meses sobre la población consumidora de fármacos, se llevó a cabo un relevamiento de precios sobre una canasta de 123 productos de diversas características, marcas, función y origen.

De acuerdo al relevamiento realizado, desde noviembre de 2015 hasta febrero de 2018 se duplicaron los precios de los medicamentos que se venden en el mercado doméstico. Los fármacos relevados incrementaron sus precios -en promedio- 110% en el lapso mencionado. Esta variación nominal se posiciona muy por encima del incremento en el nivel general de precios. Por ejemplo, en base a los números publicados por el instituto de estadísticas porteño, el IPC CABA acumuló una inflación del 87,9% en el mismo período de tiempo. Por tanto, la separación entre ambos conceptos se encuentra en torno a los 22 puntos porcentuales.

Vale mencionar además que, cuando se analizan las distribuciones en las variaciones de precios de las diversas medicinas relevadas, se notan subas nominales que llegan, en ciertos casos, a superar el 380%. En el mismo sentido, se advierte que casi la mitad de los medicamentos relevados duplicaron sus precios en el último bienio, mientras que más de 6 de cada 10 aumentaron su valor por sobre el nivel general de precios locales (medio según el IPC CABA).

Una apertura relevante de la muestra de remedios relevada se puede configurar según el tipo de medicamento. Esto es, según la funcionalidad del mismo para el tratamiento de patologías específicas. En el siguiente gráfico, realizamos la segmentación mencionada.

Así, por ejemplo, aquellos destinados a la terapia tiroidea (tanto como para hiper como hipotiroidismo) fueron los que más aumentaron, con una suba promedio de 207%, seguidos por los ansiolíticos para tratar los problemas de ansiedad y de estrés con 183%, los broncodilatadores para pacientes con problemas respiratorios leves con 170%, los antidepresivos para trastornos generales del estado de ánimo con 155%, los antiinflamatorios broncodilatadores para insuficiencias respiratorias severas con 148%, analgésicos antiespasmódicos para dolores gastrointestinales con 141%, los hipocolesteromiantes encargados de reducir la concentración de colesterol en sangre con 131%, los antiulcerosos para úlceras estomacales e intestinales con 130%, los hipolipemiantes encargados de eliminar lípidos en sangre con 123%, los corticosteroides con 117%, los anticonceptivos con 103% y los antibióticos antiinflamatorios, con una suba acumulada del 110%.

Respecto de la cobertura según origen, examinando una muestra de 12 monodrogas comprendidas en 24 medicamentos de origen nacional y transnacional, se advierte que en más del 60% de la muestra analizada los precios de los productos importados aumentaron más que los de origen nacional. Así en dos de cada tres monodrogas bajo estudio, los productos derivados de origen importado experimentaron un mayor incremento de precios respecto de los nacionales, para el período que va entre desde diciembre de 2015 y febrero de 2018. Así, por ejemplo, los ansiolíticos importados subieron 269% mientras que los ansiolíticos nacionales aumentaron tan sólo 67%. Los que tratan la hipertensión y son importados se volvieron un 159% más caro, mientras que los nacionales subieron 114%.

En virtud de un simple análisis de los aumentos de la medicina prepaga en los últimos dos años se nota que la tendencia inflacionaria de este rubro no escapa a la lógica de los medicamentos en general. La evolución de la inflación en fármacos y en medicina prepaga, en consolidado, describe un claro proceso de deterioro del poder adquisitivo de los hogares domésticos con respecto a los gastos en salud. En resumen, durante el 2016 y 2017, se produjeron varios aumentos en las prepagas homologados por el Ministerio de Salud.

Los incrementos de las cuotas de la medicina prepaga autorizados por el Poder Ejecutivo implican un peso cada vez mayor sobre el presupuesto de la clase media argentina. Después de la suba del 6% en diciembre de 2017, en febrero del corriente se aprobó otro aumento del 4%. De esa manera, en todo 2017 tuvieron lugar cinco incrementos, que en total acumularon una suba del 31,3%, unos 6,5 puntos porcentuales más que la inflación de todo el año. Si se consideran los aumentos autorizados por el nuevo gobierno desde febrero de 2016 (unos diez en total) la suba entre puntas, a febrero de 2018, asciende a 96%.

El impacto de la devaluación (de más del 110% desde que asumió el gobierno), el incremento de las tarifas de servicios públicos, insumos y otros costos, son las causas de las fuertes subas en el precio de las cuotas de la medicina prepaga, ya que muchos de los costos están dolarizados. El hecho afecta el presupuesto de los aproximadamente 5 millones de personas que pagan el servicio. La opción para muchos afiliados es bajarse a un plan de menores prestaciones, quedarse con las prestaciones de salud de los sindicatos (se calcula que alrededor del 80% de los afiliados traspasan aportes) o recurrir a la salud pública.

El constante incremento de la cuota ha llevado a que el peso de este servicio en el presupuesto familiar crezca cada vez más; de ahí la necesidad de tomar alguna decisión como las comentadas.

Para ejemplificar la suba relativa de este servicio, lo comparamos con la evolución de los salarios. De este modo, si se tiene en cuenta la evolución del salario mínimo (SMVM) en los últimos años, y se calcula un ingreso promedio familiar (de tres salarios mínimos), el peso de la cuota pasó de 21,2% en enero de 2015 a 26,5% en febrero de 2018, con un pico de 27,3% en diciembre de 2017. Así, mantener la misma prestación se hace cada vez más difícil para una familia.

Una consecuencia de la notoria suba que han mantenido los precios de los fármacos durante los últimos dos años, es la brusca disminución del poder de compra de los ingresos de la población en estos bienes. En particular, en el siguiente gráfico se presenta el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil (SMVyM), de la asignación universal por hijo (AUH) y la jubilación media, medido en unidades de medicamentos.

Según se deriva del relevamiento de precios realizados sobre 123 medicamentos, la inflación de fármacos alcanzó el 110%. Este número contrasta notablemente con los aumentos nominales que experimentaron en los últimos 26 meses la jubilación media, la AUH y el SMVyM, cuyos montos crecieron un 66%, 69% y 70%, respectivamente. En definitiva, el poder de compra de estas tres medidas de ingresos, evaluado en cantidad de unidades de medicamentos, tuvo una merma de entre el 19% y el 21% para el período analizado.

Con todo lo anterior, del relevamiento llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la evolución del costo de la salud en Argentina, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

• Del análisis de la canasta total de productos, se registró un incremento cercano al 110% en los últimos 26 meses, esto es, un alza 22 puntos porcentuales mayor que el avance que registró la inflación del índice de CABA.

• En el detalle, se destacan las subas más pronunciadas en medicamentos para las tiroides (+207), ansiolíticos (+183%), broncodilatadores (+170%), antidepresivos (155%) y antiinflamatorios (148%), entre otros.

• Otro impacto relevante sobre el gasto familiar en salud, se vincula con los aumentos en prepagas. A pesar de que las empresas se enfrentan a una menor demanda, buscaron compensar vía precios la merma de ingresos. Así, en el acumulado de los dos últimos años, el aumento en la cuota fue del 96%, esto es, 8 puntos porcentuales por sobre la inflación.

• Asimismo, más del 15% de los productos de nuestro relevamiento sufrieron un descenso en la cobertura por parte del PAMI en el año 2017. En cierto grupo de riesgo de adultos mayores, como son aquellos con patologías depresivas, la afectación es de casi un 50% de incremento por quita de cobertura.

• No obstante, debido al carácter inelástico de la demanda de estos productos, la industria farmacéutica continuó registrando importantes aumentos en la facturación.

• Por caso, el volumen comerciado en pesos aumentó 28,7% en los primeros nueve meses del año pasado, esto es, casi 4 puntos porcentuales por sobre la inflación anual, en igual período. En particular, el segmento de reventa de remedios importados creció meses de 2017 por encima del 33% respecto al año 2016.

• Con todo, el incremento de precios por sobre el avance en el nivel de ingresos determinó que el poder de compra de una canasta representiva de medicamentos decreciera un 19,04% en relación al salario mínimo, un 19,67% en comparación a la asignación por hijo y 21,14% respecto a la jubilación media.

 Por Fabricio Bolatti

El autor es dirigente de Unidad Ciudadana de Chaco. Fue candidato en las elecciones de 2017. Además, fue legislador provincial entre 2009 y 2013.

El tan nombrado “federalismo” de Cambiemos consiste en acumular nuevos ingresos garantizados y financiamiento para obras públicas a ejecutar en los dos distritos más ricos del país, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia del Buenos Aires, ambas gobernadas por figuras del PRO. La fuente de financiamiento de estos nuevos y mayores recursos surge de perjudicar al resto de las provincias y municipios, además de ser los únicos privilegiados en la asignación de recursos de la administración nacional.

Vía Decretos, D.N.U., Convenios, Leyes, operaciones mediáticas y judiciales, y decisiones administrativas, se fue concretando el objetivo y hoy se puede observar que la Ciudad de Buenos Aires incrementó en el año 2016 un 250% sus ingresos coparticipables que recibe del gobierno nacional de Macri, pasando de $7.900 millones recibidos en el año 2015, a $27.882 millones en el año 2016. A la Provincia de Buenos Aires le llegó su turno más tarde, aunque tuvieron aportes y anticipos de Tesoro desde el inicio de la gestión Vidal.

Logrando finalmente garantizar los privilegiados recursos, lo que significa recibir $40.000 millones más para el corriente año y para el 2019 ya se asegura $65.000 millones extras, monto que para el futuro se ajustará por inflación. Para poder dimensionar lo importante del monto extra que logro la Provincia de Buenos Aires, podemos decir que significa lo que reciben en el año más de cinco provincias argentinas. Algo novedoso es la incorporación de la facultad de discrecionalidad a la hora de coparticipar a los municipios del conurbano, “si Vidal quiere te participa los recursos”.

El “federalismo” Macri – Cambiemos

Terminado el mes de enero del corriente año, ya podemos observar cómo impacta en la realidad de las distintas provincias el nuevo “Federalismo” que definió el macrismo.

Podemos observar en el cuadro, que en el mes de enero pasado, las provincias que más incrementaron sus ingresos coparticipables son las que gobierna el PRO, así la Ciudad de Buenos recibió un incremento del 53,53% con respecto a enero/17 y la provincia de Vidal un 43,86%, mientras que el promedio recibido por las otras provincias no llega al 37%, consolidándose una discriminatoria distribución de los recursos públicos. También queda claro el castigo a quienes no aceptan la política de entrega, San Luis que no adhirió solo recibió el 28,5% de incremento.

Entrega de soberanía económica

Algo importante a resaltar es el creciente uso de “compensaciones” para atender la pérdida de derechos de las provincias, las que se efectivizan siempre y cuando cumplan con el “Acuerdo”, cumplimiento determinado por una de las partes, o sea el gobierno nacional define el grado de cumplimiento y las sanciones, para esto último hábilmente logró que las provincias cedan recursos coparticipables o garantizados y de libre disponibilidad, a cambio de la promesa de compensaciones atadas a la conducta de la jurisdicción y para ser aplicadas a fines específicos, en síntesis “te extorsionan con tus propios recursos y te definen el objeto del gasto”.

En el marco del “Conceso Fiscal”, las provincias cedieron lo que recibían como coparticipación del impuesto a las ganancias e impuesto al Cheque, esperando ser aprobada su gestión para que lleguen las compensaciones del gobierno Nacional de Macri. Finalmente y como si fuera el colmo, se cede el Fondo Solidario que se alimenta de las retenciones a la exportación de soja, cuyo envío se encuentra condicionado a la aplicación de las políticas de Cambiemos, el que puede ser retenido y reasignado si no encuentra la aprobación del gobierno macrista.

Para enero ya rigió el sistema de compensación de la LEY 27.429 y las provincias que recibieron y sus montos se pueden observar seguidamente – están incluidos en el total de recursos del cuadro -:

Catamarca: $ 13,3 millones

Chaco: $ 119,8 millones

Córdoba: $ 78,7 millones

Entre Ríos: $ 54,8 millones

Formosa: $ 58,8 millones

Misiones: $ 110,9 millones

Neuquén: $ 30,6 millones

Río Negro: $ 28,4 millones

Salta: $ 156,4 millones

Santa Cruz: $ 4,7 millones

Tierra del Fuego: $ 13,6 millones

Tucumán: $ 118 millones

Obra pública e inversiones en infraestructura, endeudamiento sustitutivo

Si el Macrismo logró, a través del condicionamiento, sacarle recurso a las provincias que no gobierno el PRO, imagínense como asignan los fondos de uso discrecional destinados a obra pública.  Encontrar obras paradas o suspendidas desde hace dos año en nuestro país, ya dejó de ser algo excepcional, la reasignación de financiamiento para obras públicas dejó territorios con un parate en la actividad significativo. Sobre el financiamiento de Organismos internacionales, el que ronda unos U$D 2.000 millones de dólares anuales, se puede observar cambió el destino de  que todo lo que pudo ser reasignado y se le dio la prioridad CABA – Prov. Bs As, aun a costa de perder financiamiento y ser multado por no ejecutar los créditos aprobados.

El combo: caída de la actividad y por ende la recaudación, quita de recursos coparticipables, baja en el financiamiento de obras, dejo a las provincias complicadas económica y financieramente. Esta situación y ante el bajo nivel de endeudamiento de las provincias y la nación que pudo lograr la política kirchnerista 2003-2015, permite que hoy las jurisdicciones cubran el rojo o déficit generado con un alto endeudamiento, a la fecha algunas provincias en dos años duplicaron y hasta triplicaron su deuda a 12/2015, política similar a la del gobierno nacional.

El falso federalismo del discurso oficial es fácil de percibir cuando se viene de una política de 12 años de desendeudamiento, de recursos crecientes por aumento de la recaudación nacional, de coparticipar o distribuir nuevos impuestos como el sojero, de recibir financiamiento y obras que transformaron muchas provincias atrasadas.

(por Ignacio Cantala) El peronismo transitó toda su existencia entre tensiones sobre su propia definición. Coyunturas globales y locales fueron dotando de color una identidad nunca determinada. De allí que ante la pregunta por la definición del peronismo surge un amplio abanico de respuestas que van desde ser un sentimiento hasta una filosofía, desde el idealismo romántico igualitario al pragmatismo del ejercicio del poder.

Atravesados por esta complejidad se ubican en veredas opuestas quienes asumen el dinamismo flexible como parte de la naturaleza constitutiva del peronismo y, quienes creen que los valores y principios doctrinarios configuran un núcleo de ideas innegociables.

Por ello, los flexibles, los que se mueven o juegan al tiempo de las necesidades políticas coyunturales lo hacen con la naturalidad de quien responde a una identidad histórica. De igual modo, se posicionan los que plantan banderas para no ceder y resistir cualquier quita de derechos que contradiga la naturaleza filosófica del peronismo. Pero a diferencia de la tragedia clásica, la del peronismo encuentra su solución en la figura del líder. Por ahora, el liderazgo de derecha de Macri debería servir al menos como garantía de la unidad opositora, mientras (re)surge un liderazgo en el campo nacional y popular.

Sin embargo, en la actual coyuntura la cuestión del liderazgo resulta secundaria ante la definición estratégica de si el peronismo es un movimiento nacional o simplemente una bolsa de donde cada uno se sirve lo que le conviene. Una variable para medir la dinámica de ese clivaje la constituye la incapacidad por definir un programa que exprese un futuro con desarrollo económico, inclusión social y renovación política, que contrasta con una enérgica y sistemática vocación por negociar recursos que sostengan la práctica política individual, o peor aún, sus afectos, vidas paralelas, el ocio y la recreación. Estos últimos ven al peronismo como una bolsa de trabajo.

El mundo del revés

La “doctrina” Irurzun sobre las prisiones preventivas, que habilitó detenciones teledirigidas y arbitrarias sobre funcionarios del gobierno saliente, en base a la idea del “poder residual”, resulta cada vez menos convincente frente al reflejo cotidiano de denuncias y procesamientos de funcionarios de la actual gestión. La selectividad en la aplicación del original criterio habla tanto de la funcionalidad política de Irurzun como de la debilidad de las garantías del Estado de derecho en nuestro país.

Esa selectividad no refiere a fundamentos jurídicos sino a la reproducción de golpes de efecto que dañen al sector mayoritario de la oposición, que dañen la figura de Cristina Kirchner y que distraigan la atención respecto al creciente malestar social contra el gobierno. La prisión ilegal de funcionarios del gobierno anterior y la persecución judicial sobre el conjunto de ellos, habilitó la reaparición de ciertas figuras en la construcción de la unidad del peronismo que termina configurando una escena dantesca.

Este mundo del revés encuentra a Zannini preso, detención insostenible al día de hoy, y a Alberto Fernández cafeteando la construcción de la unidad. Quienes entienden la política como una rueda y el peronismo como una bolsa, saben que Alberto Fernández es uno de los que nunca se bajaron de la rueda y siempre sacan de la bolsa. El hacedor de los mil fracasos -desde Picolotti hasta Cobos-, vendido por los medios como el armador letal, y que sólo lo compran los que buscan el favor de quien lo vende.

Perón enseñaba que un movimiento nacional se construye en base a la acción solidaria de hombres y mujeres que comparten una doctrina, un modo de mirar el mundo, y alertaba sobre esas pequeñas individualidades carentes de conciencia social que actúan en beneficio propio. Sin esos dos estados, la conciencia social y la acción solidaria, la política se vuelve autodestructiva.

Recuperar la idea de la bolsa para el lado de la construcción requiere negar la estigmatización del movimiento como una bolsa de felinos que se reproducen. La bolsa es el espacio común, donde todos aportan y donde todo se reparte. Cuando un vivo quiere sacar ventaja para sí, se perjudica él mismo y al movimiento.

La unidad del peronismo debe tener la capacidad de reconstruir ese espacio donde todos aportan, se sienten parte y confían en el otro. Ese proceso decantará a quienes aparecen en escena para manotear o agujerear la bolsa. A fuego lento, entre quienes ponen y no marcan límites, entre los que dicen lo que piensan y los que especulan, se sigue cocinando una unidad opositora que reagrupa voluntades con la convicción de que sea con la menor cantidad de sapos y bosta posible.

El Amo no hace trampa

En el “retiro” de Chapadmalal el Presidente Macri afirmó que “hacemos trampa porque competimos contra la nada”. La nada vendría siendo tanto la oposición política, en gran parte domesticada bajo el eufemismo de la responsabilidad, la gobernabilidad y el diálogo, pero también el poder judicial y los medios de comunicación que nada hacen frente a los desmanejos del gobierno. En definitiva, el Presidente reconoció que el gobierno no tiene frenos inhibitorios y avanza con total impunidad.

Es una nueva variante de la “pesada herencia” como justificación de la trampa propia. Nos perdonan la trampa porque los otros fueron peores, piensa el Presidente, sin importarle nada la moral y la ética de sus actos. En definitiva, en la presidencia como en la estancia siempre jugando al amo, con la soberbia del vivo infalible y enajenado que asume la trampa como válida antes de asumir un error. Allí subyacen también las desvergonzadas defensas de los ilícitos que involucran a los ministros Caputo y Triaca.

La liberación y el desarrollo de la nación se alcanzan por el sendero opuesto, que es el de la realización mediante el trabajo. El peronismo debe buscar por allí su anclaje histórico para hacer frente a los desafíos presentes y futuros.

Un reciente informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV) revelo que la canasta de productos escolares aumentó un 27,8% respecto al ciclo lectivo 2017 y más de un 115% respecto a dos años atrás.

Conocido el dato del mes de enero del índice de precios al consumidor, se confirma la presunción de rigidez a la baja en el IPC. La imposibilidad de quebrar el piso del 1,5%, incluso en meses de baja dispersión estacional, implica un reajuste en las herramientas utilizadas. Por caso, el “sesgo contractivo en la política monetaria”, determinado por una tasa de interés real positiva -y alta- ha mostrado limitantes como instrumento unívoco para combatir la inflación. Buena parte de la razón de este fenómeno se encuentra en el componente inercial del proceso inflacionario en Argentina. El mismo, a su vez, está fuertemente influido por el proceso de puja distributiva. Uno de los fenómenos sintomáticos de la influencia de la historia pasada sobre la evolución actual y futura de los precios son los segmentos de demanda elástica. Esto es, aquellos segmentos de bienes y servicios que pueden ser postergados o reemplazos conforme suben sus precios. Una de las características de los regímenes de alta inflación estructural es que aún en estos sectores, que ven altamente menguada su demanda por efecto del alza generalizada de precios, se verifica una decisión comercial de remarcar. Dicho de otro modo, la inercia de la inflación predomina por sobre la posible merma en la demanda de consumo. El caso de los productos de la canasta de productos escolares se encuadra en este conjunto de bienes. Típicamente las familias tienen la posibilidad de reprimir ciertas compras reciclando productos de años anteriores, o promoviendo un ahorro respecto al consumo habitual. No obstante, en el estudio empírico de los últimos años, se observa el predominio del mencionado efecto inercial, con lo cual el precio relativo de los ítems de la canasta escolar no se modifica a la baja respecto a otros bienes de la economía.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un seguimiento de precios de los útiles, insumos, y demás productos típicos de la canasta escolar. Producto de un relevamiento en canales de venta tradicionales y comercio digital, constituyeron una muestra de 54 productos, compuesta por tres canastas de 18 productos, representativas de tres segmentos de poder adquisitivo. En ese sentido, además de estudiar el costo monetario de la canasta, el informe compara su evolución en relación a diferentes medidas de ingresos como el salario mínimo y las transferencias por AUH y becas Progresar. En breves términos, los principales resultados cuantitativos del informe se resumen a continuación:

La canasta escolar está constituida por un conjunto de bienes esenciales para la correcta realización del proceso de aprendizaje pautado en el ciclo educativo. Si bien el proceso educativo está formado por distintas variables, como la formación de los docentes, la infraestructura y el contexto social general del alumno, no debe subestimarse la posibilidad de poder contar con una canasta de bines que incentiven y favorezca el proceso de asimilación de conocimientos, como textos educativos adecuados, material didáctico y vestimenta para tal fin. Más aun, considerando las nuevas herramientas multimediales, los avances en comunicación, educación digital, etc. Así, el informe de la UNDAV señala que “si bien la valuación de dicho conjunto de bienes es en forma de stock, los gastos suelen efectuarse a lo largo de todo el año, a medida que los recursos se van consumiendo”. Por ese motivo, los precios que la componen pueden tener variaciones a lo largo del ciclo. Por otra parte, los efectos de la inflación sobre la canasta escolar pueden ser subestimados por algunos consumidores. En parte en este segmento, las familias no suelen tener una referencia periódica de la evolución de los precios, debido a la preminencia de un consumo concentrado en intervalos concretos del año.

Además, tiene influencia la posibilidad de postergar consumo, respecto de algunos ítems del sector. Así, por ejemplo, un guardapolvo puede reutilizarse al año siguiente, lo mismo que otras indumentarias de uso escolar. Más aún, según indican desde el Observatorio de la UNDAV, “típicamente algunos de los bienes que integran la canasta pueden ser remplazados por segundas marcas o alternativas más económicas. Por tales motivos, la comparación debe hacerse sobre la misma canasta homogénea a lo largo del tiempo. A nivel de nuevas estrategias de consumo, debido a los altos costos de la canasta, se comenzó a difundir el uso de herramientas informáticas digitales que permiten intercambiar, textos, uniformes, u otros útiles escolares para ahorrar dinero. A todo esto, se suman las compras colaborativas, el cooperativismo escolar y las compras mayoristas, como métodos para sortear la suba de precios y tratar de defender el poder adquisitivo del salario”.

El incremento de la canasta tiene lugar en un escenario de aumento generalizado de preciso, en donde los consumidores tienen que resignar cada vez más calidad de bienes para mantener cierto nivel de consumo. Por eso, es muy importante garantizar el acceso a la canasta de bienes para el ciclo lectivo, ya que una canasta de precios elevada puede influir en la deserción escolar de sectores económicos en situación de vulnerabilidad, que ahora deben soportar otros incrementos de precios como transporte y servicios.

En cuanto a la elaboración de la canasta elaborada por el Observatorio de la UNDAV, se trata de una muestra homogénea de 54 productos, cuya marca y canales de comercialización se replicaron en los tres últimos informes previos al comienzo del ciclo lectivo. Los siguientes puntos resumen los aspectos más relevantes del seguimiento llevado a cabo durante la última semana de enero y las dos primeras del corriente mes:

• Se recorrió un total de 12 establecimientos de comercialización final (librerías, polirubros y supermercados) del área metropolitana. Para el interior del país, se tomó información disponible en páginas web de librerías y supermercados. Cabe destacar que estas bocas de expendio son idénticas que las de los últimos dos informes elaborados en relación a esta temática.

• Los 54 productos muestreados se dividieron en tres canastas uniformes de 18 productos, de acuerdo a la marca comercial, con el propósito de generar tres segmentos de consumo representativos de nivel adquisitivo.

• En los casos en los que no se encontró el mismo producto que el año anterior, se lo reemplazó por otro de características similares, asignándole una ponderación reducida en su incidencia relativa en el valor de la canasta.

A continuación, se presentan los resultados agregados del informe elaborado por los economistas de la Universidad Nacional de Avellaneda, relativo a la valorización de la canasta por productos relevados para el segmento intermedio, tanto como su evolución porcentual anual y acumulada.

Como se ve, el incremento medio es del 27,8% en relación a igual período del año pasado. Cuando se acumulan estos valores, se encuentra una suba acumulada del 115% en dos años. En el detalle por producto, se encuentran aumentos considerables en “lápices negros sin goma” (+49%), goma de borrar (38%), pegamento cola (+36%) y cuadernos (+34%). En contraste, los productos que menos se incrementaron fueron los lápices de color (+17%) y sacapuntas (+20%).

A continuación, se presenta el detalle por segmentos de poder adquisitivo. Como se comentó, su formulación responde a la búsqueda de segundas marcas para el caso de la canasta más frugal, tanto como segmentos premium, para la canasta más dispendiosa.

Otro análisis sustantivo que se encuentra en el informe del Observatorio UNDAV es el relativo a la comparación entre canastas por segmento socioeconómico. Del relevamiento por estratos de consumo se desprende que, en términos globales, las canastas más caras fueron las que mayor incremento sufrieron, con un aumento medio del orden del 32,6% respecto al año anterior. En contraposición, la canasta premium sólo subió un 23,1%, aunque el acumulado bianual ya duplique su costo respecto a dos años atrás. Las razones de este fenómeno de segmentación asimétrica no pueden desvincularse de la merma del consumo. Ocurre que los útiles y accesorios del segmento premium son los que más sufrieron la caída en la demanda por efecto sustitución con segundas y terceras marcas. Estos nichos, por añadidura, no vieron tan menguado su nivel de ventas, y pudieron remarcar precios en mayor medida. Es relevante señalar que este efecto “desplazamiento” en la demanda, termina siendo perjudicial, como efecto colateral, para los segmentos socioeconómicos medios y bajos, que ya no disponen de opciones más frugales para mover su canasta de consumo y no en todos los casos disponen de la opción de postergar compras o “reciclar” materiales de períodos anteriores.

Como es esperable, este fenómeno afecta la capacidad de compra de las familias. Con salarios, estipendios y demás transferencias que crecen por debajo de la inflación general y de la inflación segmentada, el resultado previsible es de una disminución en las cantidades de productos de la canasta escolar que las familias pueden adquirir. A modo de acercamiento intuitivo, en el siguiente cuadro, los economistas de la UNDAV exponen los ingresos provenientes de tres fuentes alternativas con los precios de los productos de la canasta relevada. Este análisis facilita indagar en una medida incipiente de poder adquisitivo, neto del efecto precios.

Como se puede ver, en este caso los resultados son discordantes. En el último año, sólo se produjo una merma de capacidad de compra en el salario mínimo, vital y móvil, cercana al 8%. En cambio, la AUH vio virtualmente sostenido su poder adquisitivo de productos escolares (+0,2%), mientras que el programa de becas Progresar, verificó un importante incremento del 8,7%. Estos resultados, igualmente, contrastan con lo ocurrido en el acumulado de los dos últimos años. Así, como producto de la falta de actualización monetaria del programa de becas al estudio primario, secundario y universitario, entre los años 2016 y 2017, se produjo un deterioro de su poder adquisitivo del 35,5% en el último bienio.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la evolución del costo de la educación en Argentina, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

• En términos agregados, los resultados muestran un incremento del 27,8%, determinando un valor actual de la canasta total en torno a los $2.113 para el segmento de poder adquisitivo medio.

• En el detalle por producto, se encuentran aumentos considerables en “lápices negros sin goma” (+49%), goma de borrar (38%), pegamento cola (+36%) y cuadernos (+34%). En contraste, los productos que menos se incrementaron fueron los lápices de color (+17%) y sacapuntas (+20%).

• En función a estos números, importa la evolución del poder adquisitivo. Comparando el valor de la canasta escolar contra medidas indicativas de ingresos como el salario mínimo, se observa un deterioro acumulado en los dos últimos años.

• Por caso, con un SMVM se podían adquirir hasta 6,2 canastas a inicios del ciclo lectivo 2016, mientras que actualmente alcanza para 4,5 canastas escolares. En igual sentido, el deterioro acumulado en el poder adquisitivo de las transferencias por AUH y Progresar fue del orden del 22% y del 36%, respectivamente.

• La educación privada también registró una suba significativa en el período. Al ser un servicio sujeto a regulación estatal, resulta más relevante su análisis. Por caso, la cuota de colegios privados (pero subvencionados) aumentó un 92% en dos años en el ámbito de CABA y un 67% en jurisdicción bonaerense.

• Con todo, el incremento de la canasta escolar supera al 115% acumulado en los dos últimos años.

(por Ignacio Cantala) El sistema político representativo expresa en su composición las relaciones de fuerza e intereses de los diversos actores de la sociedad. Una de las variables de su ordenamiento radica en el sistema electoral, donde la sociedad mediante la elección popular determina quienes interpelan de mejor modo su propia visión del país y el mundo. El voto siendo el más democrático y digno no es el único de los modos de pertenencia al sistema político.

Las otras maneras de pertenecer o acceder encuentran su obvia respuesta en los mecanismos de los factores de poder para ubicar sus propios representantes. En esta caracterización radican las acusaciones que se lanzan dirigentes políticos cuando acusan a otra de tener coraje para asumir la defensa de sus representados. Sobre todo, aquellos que acceden por el voto popular y pasan a representar otros intereses.

La novedad más importante del verano del 2018 viene siendo la coincidencia acerca de la unidad del peronismo o unidad opositora. Cada espacio del peronismo tiene su vocero para exponer sus condiciones, límites o método para avanzar en ese proceso.

Lo llamativo resulta la reaparición de un actor que aún no representando ningún espacio del peronismo, ninguna organización, ninguna construcción política relevante aparece en los medios de comunicación como eslabón central de la unidad. Mirando la foto de apertura del encuentro en la UMET se encuentra rápidamente a quien no fue elegido en ninguna organización gremial ni elección popular. Pese a ello, Alberto Fernández está ahí. Erguido, digno, con una moral de acero y con una capacidad política innegable.

Observar su trayectoria política de los últimos veinte años permite desentrañar su inalterable presencia, incluso cuando su última candidatura fue en el año 2000 como legislador de la lista que llevó a candidato a jefe de gobierno de la ciudad a Domigo Cavallo.

Jefe de gabinete plenipotenciario durante los gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, era el interlocutor con el Grupo Clarín hasta que el equilibrio entre ser interlocutor y representante del Grupo estalló por el aire con el conflicto con las patronales agrarias en el 2008.

En la Ciudad de Buenos Aires su acción política fue determinante para el triunfo de Macri en el 2007. Quizás sus críticas de hoy busquen redención de ese pecado originario, pero nadie lo cree. Su apuesta por Filmus en contra de Telerman terminó fracturando el espacio progresista de la Ciudad y garantizando el triunfo del PRO.

Sus “éxitos” políticos luego se encadenaron con dirigentes que venían de su mano: Romina Picolloti, Héctor Capaccioli, Graciela Ocaña o Martín Lousteau. Llegaban de su mano, pero los soltaba antes de que sus caídas lo arrastraran. De su cabeza surgieron también los acercamientos con Luis Juez, Urtubey y Binner, en algunos casos con consecuencias desastrosas y aún no superadas por el kirchnerismo, como en la provincia de Córdoba.

Todos coinciden que el kirchnerismo como identidad política se consolidó durante el conflicto con las patronales agrarias. Ese conflicto determinó posicionamientos políticos innegociables para el kirchnerismo, y fue allí donde se afianzó la fuerza política que en los años posteriores llevaría adelante las medidas de justicia social más importantes de los últimos 50 años.

Ese fenómeno coincidió con la salida de Alberto Fernández del gobierno de Cristina Kirchner. Luego vendrían sus delirantes análisis acerca de su condición de fundador y exegeta de las acciones políticas del gobierno que había abandonado, del estilo “esto no es lo que queríamos en el 2003” o cosas semejantes. Lo cierto es que el kirchnerismo como identidad se consolidó post Alberto Fernández.

Si no representa al voto popular, ni a trabajadores organizados sindicalmente, si no representa una construcción política, entonces Alberto Fernández representa a una facción de los grupos de poder.

Como es sabido, el Presidente Macri logró aglutinar a las diversas facciones del poder dominante en contra del kirchnerismo. Luego de asumido su plan económico manifestó un acuerdo con el sector del capital transnacional en desmedro de los sectores del capital nacional, fundamentalmente los sectores vinculados a la producción que se vieron afectados por la consolidación del esquema de valorización financiera.

En esta disputa al interior de los sectores dominantes nacen muchos de los experimentos de la vida política nacional. De pronto, actores políticos se van de sus espacios, fraccionan el espacio nacional y popular y plantean una construcción alternativa. Sin importar su éxito electoral, su finalidad se cumple por el sólo hecho de fracturar el espacio al que pertenecían.

Massa en el 2013 y Randazzo en el 2017, con sus matices, entran en esta lógica que tiene como común denominador a Alberto Fernández.

Incluso con Massa lanzado en su candidatura junto a Stolbizer, en una oferta electoral que buscaba disputar votantes del universo de Cambiemos, Alberto Fernández pasó a ser jefe de campaña de Florencio Randazzo, cuya candidatura disputaba votos al interior del universo del campo nacional y popular. No resulta difícil analizar sus intenciones y los intereses de quien representa.

Alberto maneja sus declaraciones y movimientos políticos con la sabiduría de quienes siempre estuvieron y con la capacidad política de los que se mantienen sin someterse nunca a una elección popular. Su presencia en el sistema político es análoga a su construcción: siempre individual, y a su “éxito”: la permanencia. Marche un imán en la heladera que rece “eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida”.