En sólo dos años se acumuló más inflación que lo proyectado por las anteriores metas hasta 2019.

La inflación mantiene su ritmo de avance incesante, a más de dos años de la “normalización económica” impulsada por los representantes del establishment. La expresión de la batería de cambios en materia de control de precios, se centró en el esquema de metas de inflación, importado de otras experiencias históricas contemporáneas. Su adaptación a la realidad económica argentina muestra limitantes, debido a la disparidad de fenómenos que son causales de la inflación. En nuestro país, además de visión clásica de una demanda superior a la oferta, que empuja al regulador a emitir billetes, se destacan los fenómenos de puja de poder adquisitivo, la inflación importada y, muy en particular, la inflación cambiaria. Los objetivos ambiciosos de la trayectoria de desinflación reflejaban un optimismo descomedido. El desacople respecto a los números observados y las proyecciones venideras, redunda en un alto costo de credibilidad para la autoridad monetaria. En el marco de un proceso de ajuste tarifario sobre servicios regulados que aún se encuentra a mitad de camino, la presión directa e indirecta (vía insumos) sobre precios es significativa. Por caso, en el último mes y a lo largo del primer trimestre de 2018 se sucederán una serie de aumentos de tarifas, definidos o autorizados por el Poder Ejecutivo. Su impacto efectivo sobre el IPC determinará buena parte de las perspectivas de cumplimiento de la meta inflacionaria del corriente período.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico relativo los futuros aumentos de tarifas, tanto en términos desagregados como en forma integral, estudiando la afectación al poder adquisitivo de la población. A partir de los datos oficiales del Indec, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y los principales anuncios oficiales, el documento pone en perspectiva los aumentos de tarifas, acumulando las subas desde el cambio de modelo. Por otro lado, también busca contrastar las metas de inflación con los resultados verificados en los dos primeros años. Algunos de los principales resultados del documento al que tuvo acceso este medio, se presentan en los siguientes párrafos.

El proceso de desinflación demora más que lo inicialmente esperado por el gabinete económico. La multiplicidad de causales de aumento sostenido de precios no fue justipreciada en los albores del nuevo modelo, y generó un retraso en el cumplimiento de los objetivos monetarios. La unicidad del diagnóstico del oficialismo en su comprensión sobre los causales que expresan este fenómeno en nuestro país, limitó el accionar de la política económica a un único instrumento: la tasa de interés. Según indica el análisis del observatorio UNDAV, “a diferencia de las experiencias de implementación de regímenes de metas de inflación en otros países del mundo, en Argentina los canales de transmisión de la tasa a la demanda de dinero no son automáticos ni directos. La baja penetración del crédito por lo prohibitivo de su costo financiero actual, el escaso nivel de ahorro en la economía y la prevalencia de una tradición de crecimiento tirado por demanda agregada, son sintomáticos de estas rigideces”. En este marco, la puesta en marcha de un régimen de dinero endógeno y tasas de interés reales positivas altas para señalizar un recorrido de convergencia entre oferta y demanda de dinero, no puede funcionar de manera aislada del resto de la política económica. La importancia de los factores estructurales como ser la inercia inflacionaria, la inflación de costos, la inflación importada, la inflación por puja de poder adquisitivo y la inflación estructural no deben ser subestimados, y se deben atacar en conjunto., La disposición de programas oficiales y acuerdos sectoriales para influir sobre los procesos de formación de precios, también podría redundar en una solución efectiva.

Dado este contexto, los economistas de la Universidad de Avellaneda señalan que “los resultados obtenidos hasta el momento, son insoslayables. Se consolida el segundo año de nueva administración y se sostiene una brecha significativa entre los objetivos inflacionarios y los números verificados”. El siguiente gráfico, realizado por el Observatorio Undav, muestra esta separación anual y agregada. Como se puede notar, el incumplimiento acumulado de la meta de inflación ya se posiciona cercano a los 30 puntos porcentuales. Si las paritarias de ambos períodos se hubieran regido estrictamente por los pronósticos oficiales, el contexto de los trabajadores asalariados sería mucho más acuciante.

METAS DE INFLACIÓN VS IPC PUBLICADO

(% acumulado a cada mes)

Fuente: elaboración propia en base a IPC Indec.

Como se ve, el incumplimiento de la meta es pronunciado. A tono con este importante sesgo, a fines del año pasado se anunció el retraso de un año en los objetivos de convergencia al 5%. No obstante, el nuevo target aún está lejos de los pronósticos para 2018. Los primeros ajustes anuales, que se analizarán en la siguiente sección, implicarán un arrastre inflacionario que impactará a lo largo del primer cuatrimestre. Posteriormente, al tratarse de insumos fundamentales de otros sectores, implicará incrementos de segunda ronda. En ese sentido, y según consigna el informe, “la alta persistencia de la inflación se encuentra notoriamente influida por el mantenimiento del proceso de recomposición tarifaria en los principales servicios públicos, en adición a la decisión de política económica de mantener o mejorar márgenes de utilidad en demás servicios regulados por el Estado”.

El nuevo aumento de servicios del hogar, transporte, naftas, prepagas y otros bienes o servicios generan una pérdida en la capacidad de consumo de la sociedad. Y esto se da principalmente porque estos incrementos de precios son superiores a los que se enuncia a través del IPC y con el cual se negocian las paritarias. El punto es que estos aumentos tienen una influencia directa en las familias y otra indirecta. La directa, es el mayor dinero que esta tendrá que destinar a estas partidas. Y en forma indirecta por su influencia en las diferentes cadenas de producción que utilizan estos bienes o servicios como insumos. La influencia directa muchas veces suele generar mayores perjuicios de los que se ven reflejados en este índice. Esto sucede porque el IPC está basado en un promedio de una canasta calculada por la Encuesta Permanente de Hogares y en ciertos hogares la incidencia que tienen los servicios y los costes de transporte público son muchos mayores a los considerados en el índice. Desde el plano teoría, por ende, el documento indica que “esto expone con claridad que el IPC no es un indicador unívoco del costo de vida, sino un mero control de precios general de una determinada región”.

INCIDENCIA DE PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EN EL IPC

(como % del total)

Fuente: elaboración propia en base a IPC Indec.

Tal como muestra el anterior gráfico, los servicios de agua, electricidad y gas, junto con el transporte público solo implican el 4.35% de incidencia en la inflación en el IPC GBA. A pesar de esto, el aumento de, por ejemplo, el transporte público en un 62% repercutirá en un 1,71% en este índice el año siguiente. Trasladando dicho porcentaje al IPCN, este significa un 0.8% de la inflación para 2018. Es decir que, tan solo aumento en transporte significa un 5.3% del total de la inflación prometida por el ejecutivo nacional para este año.

En otro orden de cosas, según informa el Indec, el salario promedio de un ocupado era de $12.350 en septiembre de 2017. Suponiendo paritarias de un 15.5% con un primer aumento de 7% y una segunda del 8%, el aumento del subte afectaría un 1% del ejemplo mencionado. Continuando el ejemplo en conjunto con los aumentos de electricidad tipo 1, gas tipo R22, Aysa con medidor y un consumo mensual inicial de $350, la proporción de estos servicios dentro del salario pasaría de ser del 11% al 18%. Es decir que en tan solo 4 meses los usuarios tendrían una pérdida de poder adquisitivo del 7%.

Asimismo, el 2016 fue un año que estuvo marcado por un fuerte aumento en el transporte en la provincia de Bueno Aires que, en promedio, fue del doble de la inflación de ese año. Ahora en 2018, llega la segunda oleada de estos aumentos. Al inicio de la actual gestión el subte costaba $4,50 y este año llegará a $12,5. Esto significa un aumento total de 175%. En el caso del colectivo, el boleto en cuestión es el mínimo, que en este momento cuesta $6 y llegará a costar $10 en junio. Sin embargo, hay varios medios que mencionan la posibilidad de que a fin de año este pasaje cueste $13. Los trenes que ya aumentaron un 100%, como en el caso del tren Mitre, al pasar de $2 a $4, ahora aumentará un 68% llevándolo a $6,75. Esto implica un acumulado del 238%, transformándolo en el medio de transporte que más aumento durante esta gestión. Cabe aclarar que la aplicación del sistema “Red SUBE” solo trata de casos particulares, que no podrá incluirse dentro del IPC y además beneficiará tan solo al 20% de los afectados por los aumentos.

INCREMENTOS EN TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS O REGULADOS

(en función a % comunicados hasta el mes de enero)

Fuente: elaboración propia en base a Indec e información de mercado.

Otra suba de precios que sentirán los usuarios, será en las tarifas de servicios, las cuales fueron aumentando de forma acelerada a lo largo de estos dos años. En el caso del gas se analizó la tarifa tipo R21, la cual abarca a la mayoría de los usuarios y está por debajo de la media, en cuanto al precio. A raíz de la quita de subsidios, hubo un aumento del precio del Mbtu en boca de pozo en el orden del 510%. Además, tanto el transporte como las distribuidoras aumentaron en forma proporcional sus servicios. Hasta ahora, solo está anunciado un aumento en febrero del precio del gas, en relación a la quita de subsidios que se dio lugar el año pasado. Sin embargo, a través del cuadro de reducción de subsidios presentado por el Ministerio de Energía, se puede prever un aumento en torno al 129% a lo largo del año corriente. En cuanto a la electricidad, hubo un 910% de incremento en el valor de la tarifa para los hogares que consumen un promedio de 600 KW. Para esta misma categoría se predice un 56% de aumento en este año. En el caso del agua, el análisis se realizó sobre aquellos hogares que no tienen medidor, ya que representan más del 85% universo en cuestión.

Finalmente, el ABL que ya acumula un aumento promedio del 108%, ahora lo hará en un 24%, superando. un acumulado del 134%. Luego, tanto para el peaje, la nafta y las prepagas los aumentos que figuran en el cuadro, para este año, son los anunciados por el gobierno nacional. Seguramente, a medida que transcurra el año habrá una mayor suba en los precios de estas categorías.

PRINCIPALES SERVICIOS Y SALARIO MEDIO

(en $ corrientes y como % sobre el salario medio)

Fuente: elaboración propia en base a Indec e información de mercado.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la dinámica de precios de 2017 y los aumentos de tarifas venideros, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

Los ajustes tarifarios que se registran en estos meses, se aplican sobre rubros de alta incidencia del IPC. Por caso, el peso del “transporte público de pasajeros” representa 2,77% del total. Si se lo relativiza de acuerdo a la región focalizada del aumento, explicará un 0,8% de suba a lo largo de los próximos meses. Esto es, 5,3% de la meta oficial sólo por efecto transporte urbano.

Entre los principales aumentos venideros, se destacan la suba en transporte a registrarse hasta junio, con una suba media del 66% en subtes, trenes y colectivos urbanos.

Por su parte, a lo largo del 2018, gas natural, electricidad y agua corriente, verificarán incrementos del 129%, 56% y 30% respectivamente, para usuarios tipo. También se cuenta una suba media del ABL del orden del 24%, además de la anunciada en peajes en torno al 70%, una primera cuota de prepagas del 4% y el probable aumento en combustibles, esperado en torno al 6%.

Estas alzas significativas se agregarán a un proceso de “recomposición tarifaria” que ya lleva dos años. En casos como la electricidad, se acumulan subas promedio cercanas al 1500% y para el gas natural, en el entorno del 1300%.

En este escenario de subas preanunciadas, la incidencia de los precios regulados se va a incrementar como proporción del salario medio. Si se evalúa un usuario representativo, según la estimación realizada, el peso de estos servicios se incrementará más de 6 puntos porcentuales en el próximo cuatrimestre.

Con todo, a partir del 3,1% de aumento del IPC del mes de diciembre (que suma un 76% desde 2016), en dos años se acumuló más inflación que lo proyectado por las anteriores metas de inflación para los próximos 4 años.

Las necesidades de financiamiento externo se incrementaron más de 160% respecto al promedio del quinquenio 2011-2015.

En los últimos meses del 2017 se potenció el déficit comercial, de cuenta corriente y las necesidades de financiamiento externo. El efecto final es mayúsculo: el desbalance entre ingresos y egresos alcanza récords históricos. El fenómeno suscitado el año pasado no es más que un subproducto indeseado de un régimen económico dispuesto para la desregulación de los mercados. Con factores estructurales (baja competitividad sistémica) y coyunturales (un tipo de cambio apreciado en buena parte del año) inapropiados para mantener un crecimiento tirado por las exportaciones, la liberalización comercial no logra más que facilitar condiciones para que otras economías coloquen sus excedentes productivos. Más aún, en un contexto de abundancia relativa de divisas por la deuda, el ticket de los intereses pagados al capital financiero que llega a nuestro país para aprovechar las extraordinarias tasas de rentabilidad se vuelve más oneroso. El resultado de la balanza de bienes, servicio y renta es altamente deficitario y redunda en un desequilibrio financiero creciente. Si bien nuestro país sigue teniendo ratios de endeudamiento moderados, diferentes institutos de análisis financiero internacional ya empiezan a señalar las vulnerabilidades a las que se expone nuestra economía, ante eventuales contextos de shocks externos.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico sobre la coyuntura externa. A partir de los recientes datos oficiales sobre intercambio comercial y balanza de pagos, intentan poner el foco en los diferentes desagregados de la balanza comercial, cuenta corriente y cuenta financiera, cuantificando el efecto del sistema actual sobre la sustentabilidad sistémica de nuestra economía. Algunos de los principales resultados del documento al que tuvo acceso este medio, se presentan en los siguientes párrafos.

La abrupta suba del dólar en torno al 10% en dos semanas, y su posterior recorte a poco más de la mitad, son sintomáticos de la coyuntura actual del frente externo de la economía. Es por esto que según consideran los investigadores de la Universidad Nacional de Avellaneda “en el último año se comprobó que la dinámica desacoplada entre el aumento incesante de los precios y los saltos abruptos del dólar son sumamente perniciosos para la estabilidad macroeconómica”. Ocurre que son los grandes jugadores quienes típicamente tienen una mayor adaptabilidad a movimientos subrepticios en la cotización del dólar, además de tener, en muchos casos, acceso a información privilegiada que les permite anticiparse. En cambio, los sectores de ingresos fijos como asalariados, cuantapropistas o perceptores de programas sociales, difícilmente cuenten con “una matriz de información completa” para adecuarse a las nuevas condiciones financieras sin que su patrimonio se vea deteriorado.

No obstante, los vectores del modelo del oficialismo siguen igual de alineados que hace un mes, independiente del movimiento cambiario. Después de medio mandato transcurrido, no quedan dudas que el oficialismo no busca propiciar condiciones de competitividad a los sectores productivos que requieren de un paraguas de protección efectiva, sino tan sólo ofrecer a los grandes pooles de exportación y al capital financiero una ventana de tiempo para que realicen ganancias. El espasmo devaluatorio del mes de diciembre podrá maridar durante el año próximo con un dólar planchado que siga facilitando el proceso de expoliación de raigambre financiera. En esto radica el principal riesgo de este modelo económico. Ocurre que la bicicleta de ingreso irrestricto, valorización y fuga ya viene mostrando en extenso las señales de su agotamiento. Por caso, el dólar barato en buena parte del año, la liberalización del comercio y la existencia de stocks de producción excedentes en todo el mundo, han determinado un año récord en materia de déficit comercial, el cual cerrará en torno a los U$S 9.000 millones, según indican los economistas de la UNDAV.

CUENTA CORRIENTE Y SUS COMPONENTES

(en millones de U$S)

Fuente: elaboración propia en base a Balanza de Pagos- Indec.

Aún más dramático es el escenario cuando se incorporan los flujos corrientes de rentas de la inversión, donde se contabiliza la inversión especulativa que llega a nuestra economía. En términos agregados, según el informe del Observatorio UNDAV “al tercer trimestre se registran casi U$S 22.500 millones de déficit en la balanza corriente, lo cual representa un 80% más que en igual período de 2015”. Paradójico es el hecho de que, a pesar de que el equipo económico busca oficiar los medios necesarios para garantizar “reglas de juego” propicias a los capitales internacionales, la inversión extranjera directa (IED) no termina de despegar. En contraposición, si se computa el cociente entre la IED y la inversión de cartera, la relación ha disminuido tanto en 2016 como en el corriente período.

Indican los economistas de la UNDAV que “según se desprende de los informes de Cuentas Internacionales del Indec, el saldo neto de la Cuenta Corriente fue deficitario en 2017 en 22.476 millones de dólares (acumulado al tercer trimestre del año). Esta cifra refiere de una profundización del déficit en 11.491 millones de dólares, en relación al año previo”. Asimismo, cuando se desagrega este número se constata que empeoraron significativamente los resultados de las cuentas Bienes, Servicios y de las rentas del trabajo y la inversión.

El balance comercial de Bienes arrojó un resultado negativo de 3.012 millones de dólares, mientras que el de Servicios fue aún más abultado (7.996 millones de dólares).

SALDO NETO EN SERVICIOS

(en millones de U$S)

 

Fuente: elaboración propia en base Balanza de Pagos- Indec.

Descomponiendo el rubro Servicios, se observa que en el acumulado enero-septiembre de 2017 salieron del país 1.600 millones de dólares por Cargos por el Uso de la Propiedad Intelectual, 2.099 millones por Otros Servicios Empresariales, 2.587 millones por Transporte y 4.700 millones por viajes al exterior. Resalta por tanto el déficit por Viajes, que superó al comercial, a partir de egresos por 8.338 millones de dólares y entradas por 3.637 millones. Para tener una noción relativa de la elevada suma que salió del país por dicho concepto, vale decir que supera a lo ingresado por exportaciones de cereales y frutos y semillas de oleaginosos en el mismo período (8.074 millones de dólares).

CUENTA SERVICIOS, INGRESO POR RUBROS

(en millones de U$S, primeros tres trimestres 2017)

Fuente: elaboración propia en base Balanza de Pagos- Indec.

Además, ambas cuentas (Bienes y Servicios) arrojan el peor resultado neto de la serie completa, suceso que se agrava cuando se consideran los egresos que se produjeron en concepto de rentas de la inversión extranjera directa (-6.181 millones de dólares) y de cartera (-4.452 millones de dólares).

Así con todo, la Argentina necesitó en los primeros tres trimestres del año pasado unos 22.341 millones de dólares para financiar los mencionados desbalances, que fueron solventados -principalmente- con una mayor emisión de deuda por parte del Gobierno General. El problema fundamental de este esquema radica en la ausencia de cambios estructurales que permitan la capacidad de repago de la deuda contraída. El déficit comercial ya es record y para los próximos años se proyecta una acentuación de los desbalances comerciales externos.

Por su parte, la Cuenta Financiera registró un ingreso neto de capitales de 21.673 millones de dólares en el acumulado de los primeros 9 meses de 2017. Cuando se desagrega este saldo neto positivo se notan resultados dispares en las distintas cuentas que componen el rubro. Así, por ejemplo, se puede destacar la discrepancia existente entre la Inversión Directa y la Inversión de Cartera. Como bien destaca el informe de Cuentas Internacionales del Indec la Inversión Extranjera Directa (IED) tiende a asociarse con una inversión duradera que se establece en el país en el largo plazo, mientras que la Inversión de Cartera puede vincularse con una inversión de corto plazo en la cual el inversionista foráneo tiene la posibilidad de retirar su capital en lo inmediato. Es por esto que suele referirse a la IED como aproximativa de una inversión productiva y a la Inversión de Cartera como aquella meramente especulativa. Habiendo aclarado esto, en el gráfico que sigue se explicita la evolución reciente de ambos tipos de inversión.

CUENTA FINANCIERA, SEGÚN SUS PRINCIPALES COMPONENTES

(en millones de U$S, enero a septiembre de cada año)

Fuente: elaboración propia en base Balanza de Pagos- Indec.

Como puede observarse en el gráfico, en los últimos dos años se presenta una tendencia a contramano de ambas series. Por un lado, en concepto de inversiones productivas externas ingresaron al país en 2017 (siempre teniendo en cuenta el acumulado de los primeros tres trimestres de cada año) 8.280 millones de dólares. Cabe mencionar que este número representa una suba de 4.593 millones de dólares respecto de 2016, aunque se mantiene por debajo de lo ingresado durante el 2015 (año en el cual llegó a 9.577 millones de dólares).

Por otro lado, en concepto de inversiones especulativas 27.937 ingresaron al país 27.937 millones de dólares, esto es, 3.252 millones más que en 2016 y 24.797 millones más que en 2015. De lo anterior se deriva que la inversión productiva en 2017 cayó 14% respecto de 2015, mientras que la especulativa creció 790% en el mismo período.

Asimismo, se advierte que la relación entre uno y otro tipo de inversión es notable: por cada dólar de inversión productiva ingresado al país en 2017, entraron otros 3,4 dólares por inversiones especulativas.

Esta dinámica dispar puede encontrar, al menos en parte, su fundamento en la fuerte emisión de deuda del Gobierno y a la desregulación de las inversiones especulativas aplicadas en este último tiempo. Por su parte, el exiguo incremento en la IED indica cierta reticencia de los inversores externos a posicionarse en inversiones de largo plazo como consecuencia de la desconfianza que ofrece la actual política económica en tanto se acumulan desequilibrios internos y externos.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la coyuntura actual del comercio y el sector externo, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

En materia de comercio exterior, se tiene actualmente un resultado deficitario en más de U$$ 7.600 millones, en base a compras externas que crecen al 20% en contraste a exportaciones virtualmente estancadas. En el proyectado, se espera un déficit global en torno a los U$S 9.000 millones, presionando sobre la restricción externa de nuestra economía.

La contracara para compensar el desequilibrio es el ingreso de capitales especulativos, tanto en términos de inversión de cartera como de endeudamiento público. Así, consolidados datos al tercer trimestre, se proyectan flujos de inversión de cartera por casi U$S 35.000 millones en el año, además de un endeudamiento externo neto en torno a los U$S20.000 millones.

En el detalle, los intereses pagados por renta de la inversión crecen un 63,7% en los primeros tres trimestres del año, en comparación a 2016, mientras que aumentan más de 100% en la comparativa con igual período de 2015.

Contrariamente a lo esperado por el cada vez más favorable marco institucional otorgado a los capitales internacionales, las inversiones extranjeras directas no repuntan, y consolidan poco más de U$S 8.000 en los primeros nueve meses del año. Esto representa un retroceso del 13,5% respecto a igual lapso en 2015.

Además del conocido frenesí financiero, el modelo macroeconómico actual propicia un fenómeno de “dólar barato”, favorable al turismo en el exterior. Es así que el ítem de “viajes” del balance de pagos, muestra un crecimiento bianual del 60%. Así, con U$S 8.300 millones que salen de la economía por esa vía, se trata del rubro de servicios más significativo.

Con todo, las necesidades de financiamiento externo se incrementaron más de 160% respecto al promedio del quinquenio 2011-2015.

El próximo satélite de la flota de Hispasat, que será lanzado al Espacio por SpaceX a principios de 2018, ampliará las capacidades del operador español sobre América y Europa en la posición de 30 grados Oeste remplazando al Hispasat-30W-4. El satélite ya fue autorizado en Argentina.

Hispasat-30W-6 será el próximo satélite que ampliará la flota del operador satelital de comunicaciones español Hispasat. Destinado a ocupar la Posición Orbital Geoestacionaria de 30 grados Oeste, remplazará en esa ubicación al Hispasat-30W-4, antiguamente denominado Hispasat-1D, que fuera lanzado en el año 2002 y que se encuentra al borde de su vida útil.

El nuevo satélite de Hispasat operará en las Bandas Ku, C y Ka con 40 transpondedores en Ku, 10 en Banda C y 7 spots en Ka. La misión dispone de dos haces en Banda Ku, uno iluminando Europa y parte de África y el otro todo el continente americano excluyendo a Brasil. La capacidad en Banda C cubre toda Sudamérica, el Mar Caribe y el Sur de Estados Unidos. Seis de los siete haces en Banda Ka tienen cobertura sobre la Península Ibérica, las Islas Baleares y Canarias, el noreste de África y el Centro de Europa.

Con este nuevo satélite Hispasat incrementa la capacidad en Banda Ku en Europa y en América, agrega capacidad en Banda C sobre el continente americano y Banda Ka sobre Europa.

Hispasat anunció en julio de 2014 el contrato con Space Systems Loral (SSL) para la construcción de Hispasat-30W-6. El satélite fue fabricado sobre la plataforma SSL-1300, tendrá un peso de 6.092 kilogramos al lanzamiento, una vida útil estimada de 15 años y una potencia de carga útil de 10.5 Kw.

El lanzamiento, inicialmente programado para fines de 2017, será realizado a principios de 2018 mediante un Falcon-9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.

Autorización en Argentina

Mediante la Resolución734-E/2017 del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, el gobierno argentino autorizó al próximo satélite de Hispasat a operar sobre su territorio en las bandas de frecuencia Ku y C.

La autorización se basa en el Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales aprobado por la resolución 3609 del año 1999 de la ex Secretaría de Comunicaciones y el convenio de reciprocidad entre la República Argentina y el Reino de España celebrado en el año 2001. Sobre este este mismo marco normativo en Argentina fueron autorizados los satélites Hispasat-1C (2001) y Amazonas-1 (2006). Luego, en el año 2017, fueron autorizados por el extinto Ministerio de Comunicaciones los satélites Hispasat-30W-4, Hispasat-30W-5, Amazonas-2 y Amazonas-3.

Hispasat, luego de una denuncia del diario Página12, fue sancionada duramente en 2017 por el Ministerio de Comunicaciones por prestar servicios sin autorización mediante los satélites Hispasat-30W-4 e Hispasat-30W-5, aunque luego estos satélites, así como el resto de la flota del operador español con cobertura en el país, fue autorizada.

Las autorizaciones basadas en acuerdos de reciprocidad son controversiales puesto que contemplan la oferta de servicios de forma recíproca entre los operadores de bandera española y argentina en sus territorios. El hecho de que ARSAT, el operador Argentino, no tenga la capacidad de ofrecer servicios en España e Hispasat, operador de España, tenga cinco satélite brindando servicios en Argentina, pone en claro cuestionamiento la reciprocidad del acuerdo.

Fuente: Latam Satelital

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA (UNDAV)

En 2017 se profundizó el rumbo estratégico definido por el actual gabinete en materia económica. Flexibilización tarifaria, política de ingresos reales a la baja, liberalización de las cuentas externas y dólar apreciado, en pos de la valorización financiera. El único factor anómalo de la política pública en 2017 fue una aceleración de los desembolsos para obra pública de baja escala, a tono con el año electoral y en compensación con un 2016 de extraordinaria inmovilidad en materia de inversión. En prospectiva, el Presupuesto 2018 vuelve a allanar el terreno a la “normalidad de la política económica”, Una hipótesis de inflación desacoplada de las expectativas, tipo de cambio bajo para favorecer el carry trade y más ajuste tarifario en servicios públicos para generar convergencia a “precios de mercados”. En igual sentido, se mantiene el objetivo macroeconómico de los últimos dos años, relativo a la reducción del déficit fiscal. En un entorno donde se propone una salida política para la resolución del diferendo por el “fondo del conurbano de la Provincia de Bs. As.”, la variable de ajuste son los fondos previsionales.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico sobre la trayectoria económica de 2017. En particular, el estudio de la UNDAV pone el foco en la evolución del empleo, la inflación, la distribución del ingreso, el sector externo y el sector financiero, entre otros. Algunos de los principales resultados del documento al que tuvo acceso este medio, se presentan en los siguientes párrafos.

Empezando con la dinámica inflacionaria interna, los investigadores de la UNDAV consignan que “El 2017 dejó varias contradicciones en materia de política economica”. Así, consideran que se aplicaron desorganizadamente medidas espasmódicas desde distintos ministerios, que imprimieron señales contrapuestas y resultados lejanos a los pronósticos oficiales de principios de año. Por un lado, el BCRA esterilizó, a lo largo del año, con elevadas tasas de interés -mediante Lebacs- los excesos de liquidez del mercado y, por otro, se aumentaron significativamente las tarifas de servicios públicos, al mismo tiempo en que subieron los precios de otros bienes y servicios básicos e imprescindibles (como los precios de los medicamentos y las prepagas, por ejemplo). En definitiva, y como no podía ser de otra manera, los resultados en materia de contención inflacionaria fueron poco significativos. Aun cuando la inflación se desaceleró de manera marcada respecto de la experimentada en 2016, la suba de precios consolidada anual se ubicará alrededor de 7 puntos encima de la meta proyectada por el BCRA. En el gráfico que sigue se muestra las proyecciones de inflación anual de algunas consultoras y analistas, en relación a la meta del BCRA.

INFLACIÓN Y META

(acumulada hasta cada mes de 2017)

Fuente: elaboración propia en base a Indec y expectativas de mercado.

Los pronósticos de las consultoras y analistas corresponden al resultado del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA. Como se ve, el umbral inflacionario anual previsto por el Banco Central se excederá, en base a las proyecciones, en casi 7 puntos porcentuales. Si se tiene en cuenta la evolución del nuevo IPC Nacional, se observa una inflación acumulada hasta noviembre de 21%. Además, según el mismo índice, ya en el mes de septiembre el acumulado corrido a nueve meses había excedido las proyecciones oficiales de inflación acumulada anual. Como corolario de las medidas tomadas para estabilizar la suba de precios doméstica, se observa que los resultados han sido claramente insatisfactorios respecto de lo proyectado en las metas. Las señales contrapuestas han dejado un nivel de inflación alta, junto con un stock de Lebacs que pone en riesgo la solvencia futura del Banco Central.

En relación al mercado de trabajo en el año 2017, según el informe del Observatorio UNDAV “se observaron comportamientos divergentes en los distintos sectores de la economía nacional”. En primer lugar, en base a estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se puede constatar que la cantidad de asalariados registrados alcanzó 12.260,7 miles en septiembre de este año. Este número significa un aumento en el empleo de 2,1% en relación a los 12.010,7 miles de empleos registrados en el mismo mes de 2016. Cuando se desagrega la suba en la cantidad de empleos totales, de la suba interanual agregada (+250 mil empleos), prácticamente el 60% se explica por el incremento en la modalidad del monotributo en sus dos versiones (monotributistas independientes y monotributo social). Es decir que, 6 de cada diez empleos creados corresponden a monotributistas Así, gran parte de la creación de trabajo registrado corresponde a posiciones inestables y/o de bajos ingresos.

El empleo público también subió respecto del año pasado (+42 mil empleos) mientras que la modalidad de Independientes Autónomos de retrotrajo en cantidad de empleos (-20 mil).

Respecto de la cantidad de trabajadores registrados privados se observa una suba de 72 mil empleos. Cuando se descompone el aumento en el empleo privado se nota una divergencia respecto de la evolución de los distintos rubros económicos. El primer factor destacable es el incremento en el empleo del sector de la construcción, que sumó unos 47 mil empleos más en septiembre de este año, interanual. El sector de la construcción por sí solo, explica el 65,8% de la suba del empleo privado agregado y consolida de este modo un buen año en términos de actividad y empleo. El segundo factor llamativo es la situación de algunos rubros específicos que fueron beneficiados en los últimos meses con reducciones de los derechos de exportación que gravan a esas actividades. Por ejemplo, se puede advertir que la Explotación de Minas y Canteras redujo su dotación laboral en alrededor de 3.300 empleos, mientras que el sector de la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura perdió unas 1.300 fuentes laborales en 2017.

Por su parte, el rubro en el cual más se redujo la cantidad de asalariados registrados en 2017 fue el de las Industrias Manufactureras. Este sector disminuyó su dotación laboral en 26.600 empleos en 2017. Es decir, que en 2017 se destruyeron 2.217 empleos por mes (siempre teniendo en cuenta el período septiembre 2017 – septiembre 2016). Si se considera el consolidado de los últimos dos años (tomando como base septiembre de 2015), se advierte que el sector industrial redujo su dotación en 68.800 puestos laborales, o bien, que se perdieron empleos en la industria a razón de 2.867 puestos laborales por mes.

EMPLEO REGISTRADO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

(en miles de puestos de trabajo, variación período septiembre 2016/2017)

Fuente: elaboración propia en base a SIPA-MTEySS.

A nivel agregado, el desempleo en 2017 se mantuvo estable, y sin grandes cambios en lo que respecta a desocupación.  Según los indicadores de la EPH, que publica el Indec, las tasas de ocupación y subocupación no presentaron en el tercer trimestre de 2017 cambios interanuales significativos dado que las diferencias entre uno y otro trimestre están contenidas en el error muestral. La tasa de desocupación pasó de 8,5 a 8,3 y la tasa de 10,2 a 10,8. Esto implica que, según las cifras del Indec, el desempleo permanecería alto (en relación al cuarto trimestre de 2015) pero estable.

No obstante, lo mencionado, vale resaltar las dudas que arrojan los datos de empleo y desempleo publicados por el Indec. En este sentido, alcanzó reciente notoriedad pública lo sucedido en torno a la renuncia de la directora de la EPH, Cynthia Pok, y las supuestas presiones que habría recibido para distorsionar las estadísticas del Instituto referidas al empleo, desempleo y pobreza. A pesar de esto último, la dinámica del mercado laboral se encuentra lejos de ser promisoria. Aunque en el agregado se percibe una leve suba del empleo, cuando se analiza con mayor detalle se nota que se está dando un cambio en la composición del empleo: se destruye empleo que -en general- estaba bien remunerado y calificado, por empleos precarios y mal remunerados.

Por el lado de las cuentas externas, en el tercer trimestre del año la cuenta corriente ha mostrado un déficit de 8.683 millones de dólares. En este sentido, desde la Universidad Nacional de Avellaneda consignan que “el déficit se compone principalmente de un déficit de balanza comercial (intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo) y un déficit en ingresos primarios que representan el retorno a una unidad económica por su contribución al proceso productivo o a la provisión de activos financieros y de recursos naturales”. En menor medida aparecen las transferencias corrientes, también deficitarias en el periodo. Los números muestran un alto déficit en sí mismo, que además es creciente. El principal problema que genera es el de financiamiento de las importaciones necesarias para el proceso productivo y para los pagos comprometidos por el endeudamiento externo. Mientras el déficit es creciente, las exportaciones permanecen constantes.

BALANZA CORRIENTE

(en millones de U$S y como % de las exportaciones)

Fuente: elaboración propia en base a datos de Balanza de Pagos Indec.

A pesar de la dificultad de realizar comparaciones entre periodos muy lejanos cuando hablamos de déficits de la balanza comercial, este año es sin dudas el más alarmante en cuanto a este factor en mucho tiempo. El tercer trimestre de este año es el más deficitario y todo apunta a que el rojo de la balanza comercial de este año será del doble que el del año pasado. En la misma línea se puede ver como la necesidad de financiamiento, que se compone por el déficit de la cuenta corriente y el de la cuenta capital, está en el punto máximo este trimestre.

BALANZA DE PAGOS Y SUS COMPONENTES

(en millones de U$S)

Fuente: elaboración propia en base a datos de Balanza de Pagos Indec.

El mismo análisis resulta como producto de evaluar el déficit de la cuenta corriente en base al PBI. Este ya alcanza el 4% siendo el porcentaje más alto desde, al menos, comienzos del siglo 21.

DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE

(como porcentaje del PBI)

Fuente: elaboración propia en base a datos de Balanza de Pagos Indec.

La posición de inversión internacional del tercer trimestre de 2017 es la más baja desde la asunción del gobierno. A esto se llega no superando siquiera los U$S30.000 millones, un 35% menos que el mismo periodo del año anterior. En conjunción con este hecho ocurre que la inversión especulativa es la más alta del siglo XXI. Esta inversión es la que hace disminuir el resultado neto, sumado el tibio rendimiento de la inversión extranjera directa.

Algo que en su momento tuvo desvelados a los argentinos y hoy quedo en el olvido son las reservas del Banco Central. El motivo es que las mismas se recuperaron notablemente en estos dos años de gobierno. Ahora, como ya es conocido, la balanza comercial es la más deficitaria en mucho tiempo. Es por esto que el crecimiento de las reservas del Banco Central está explicado por la entrada “no legitima” de divisas. En otras palabras, el crecimiento de las reservas se ve explicado por la entrada de dólares a través de la emisión de deuda pública.

RESERVAS E INVERSIÓN DE CARTERA

(stock trimestral en millones de U$S)

Fuente: elaboración propia en base a datos de Balanza de Pagos Indec.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre los principales resultados económicos del año 2017, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

En materia de comercio exterior, se tiene actualmente un resultado deficitario en más de U$$ 7.600 millones, en base a compras externas que crecen al 20% en contraste a exportaciones virtualmente estancadas. En el proyectado, se espera un déficit global en torno a los U$S 9.000 millones, presionando sobre la restricción externa de nuestra economía.

La contracara para compensar el desequilibrio es el ingreso de capitales, tanto en términos de inversión de cartera como en materia de endeudamiento público. Así, consolidados datos al tercer trimestre, se proyectan flujos de inversión de cartera por U$S 40.000 millones en el año, además de un endeudamiento externo neto en torno a los U$S20.000 millones.

El desbarajuste de las cuentas externas no está desvinculado del desempeño local. Con una economía que aún se posiciona un 1,4% debajo de los niveles de PBI per cápita del 2015, el mercado laboral mostró en el corriente año un rebote insuficiente, con una suba del 2,1% de los asalariados registrados. Cabe destacar que más del 60% se explica por el régimen de monotributo, modalidad altamente inestable y propia de ingresos bajos.

La languidez del mercado de trabajo tiene reflejo en el sector industrial, Además de ser una de las ramas de actividad con mayor potencial en la creación de empleo genuino, se ve incidida por las perspectivas de mediano plazo. En 2017, se espera una recuperación de la actividad consolidada en torno al 2%, aún por casi 3 puntos por debajo de los niveles de fines de 2015.

Sin embargo, la industria se encuentra mayormente traccionada por el sector automotriz, dominado por compañías transnacionales. Con todo, el empleo fabril cae en más de 26.000 empleos en la comparativa interanual, esto es, más de 2.200 puestos de trabajo destruidos por mes.

Por último, en materia de precios y finanzas, el desaguisado es ostensible. Con un desvío de la inflación esperada cercano al 50% y un dólar planchado en la mayor parte del año, los capitales golondrina aprovecharon una rentabilidad única en el mundo de hasta el 28,75% gracias a la apertura de la cuenta de capitales.

La represión sistemática desplegada desde la asunción de Mauricio Macri dejó dos muertos, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, 328 heridos y 354 detenidos. El CEPA constató un total de 111 hechos de este tipo en el país, siete de los cuales se registraron en La Plata.

(Por Fernando M. López *) La brutal embestida de Gendarmería contra los trabajadores de Cresta Roja, apenas doce días después de la asunción de Mauricio Macri, el 22 de diciembre de 2015, sobre la Autopista Riccheri, con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, anunció la configuración de un Estado policial que tuvo sus primeros ensayos en la Jujuy de Gerardo Morales con la detención arbitraria de Milagro Sala.

Desde entonces, las políticas de ajuste de Cambiemos fueron de la mano con una creciente represión, criminalización y judicialización de la protesta social, junto a una fuerte campaña mediática para demonizar a los sectores sociales más vulnerables, como los pueblos originarios, convertidos hoy en una suerte de “enemigo interno” por el solo hecho de reclamar tierras ancestrales usurpadas.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio cuenta de 111 hechos represivos en todo el país desde el 8 de enero de 2016, cuando la Infantería de la Policía bonaerense desalojó con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación de cooperativistas despedidos frente a la Municipalidad de La Plata, hasta el asesinato de Rafael Nahuel, el joven de veintidós años que el 25 de noviembre último recibió una bala de plomo por la espalda en medio del ataque del Grupo Albatros de la Prefectura a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.

El crimen de Nahuel se conoció el mismo día que velaban a Santiago Maldonado, quien apareció muerto en el río Chubut 78 días después de la represión de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, comandada por Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En promedio, esos 111 casos representan una represión cada siete días, con un total de 328 heridos y 354 detenidos, en su mayoría (37,8%) en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

En las provincias del NOA se registró el 19,8% de los hechos represivos; Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos concentraron el 18%; la Patagonia, el 16,2%; y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.

“Más de la mitad de los hechos de represión fueron cometidos enfrentando protestas encabezadas por trabajadores –formales e informales–: 52%. En segundo lugar, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad”, detalla el CEPA.

El informe también precisa que el 73% de las represiones fueron protagonizadas por las policías provinciales, incluida la de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) actuaron en el 27% de los casos.

Además, “la violencia física hacia los manifestantes es acompañada con la táctica de judicialización”, inaugurada el 16 de enero de 2016 con la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur que continúa en el penal de Alto Comedero de Jujuy, a pesar de las resoluciones a su favor de la ONU, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otros casos similares ocurrieron en Río Negro, con el arresto de integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre ellos el propio secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, y su adjunto, Aldo Capretti.

En Mendoza también estuvo detenida Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru local, junto a cuatro de sus familiares. En esa misma provincia se imputó a los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Lautaro Jiménez, Víctor Dávila y Héctor Fresina; a los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira y Jorge Chávez; y al abogado de derechos humanos Enrique Jasid, todos ellos por haber participado activamente del paro realizado el 6 de abril de este año.

La Plata

De las 111 represiones, siete sucedieron en la capital bonaerense, a cargo del intendente macrista Julio Garro. Dos meses después del violento desalojo de los cooperativistas que protestaban frente a la Municipalidad, la Policía bonaerense reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos y pistolas Taser a auxiliares de la educación frente a la Dirección General de Escuelas, dejando un saldo de siete heridos.

El 15 de agosto de 2016, la misma fuerza arremetió contra una toma de tierras que tuvo lugar en el predio del Parque Pereyra Iraola, y detuvo a 48 quinteros del cordón frutihortícola de la región. Unas semanas después, el juez César Melazo ordenó el desalojo de un predio de cuatro hectáreas en Melchor Romero. La policía no sólo reprimió con dureza, también incendió las casillas de las familias.

Ese año terminó con la represión a los choferes despedidos de las líneas Este y 520. Hubo más de una veintena de detenidos y varios heridos.

El 8 de febrero de 2017, un joven de veintidós años fue herido con balas de goma en Olmos durante una protesta por la falta de luz tras el temporal que azotó a la ciudad de La Plata. Un mes más tarde, la policía salió a cazar vecinos de Abasto que se quejaban por el mismo problema en la esquina de 179 y 531, dejando varios heridos y detenidos.

Violencia policial en la Patagonia

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahüe, Andrés Ponce de León, repudió ayer el accionar de la Policía Federal, que el fin de semana ingresó a las Residencias Estudiantiles rompiendo puertas y cerraduras. El nivel de abuso fue tal que a una de las alumnas la detuvieron desnuda mientras se encontraba duchándose en el baño, mientras que a otros los inmovilizaron en el suelo con precintos.

“Este suceso es parte de un contexto político más amplio, es la cuarta vez en el año que hay una irrupción de fuerzas públicas en territorio universitario. Este caso lo justificaron por un tema de drogas, pero sentimos que es una excusa para ingresar”, dijo el decano recordando hechos como el de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), donde la Policía de Gerardo Morales irrumpió de manera ilegal y se llevó detenido al presidente del Centro de Estudiantes.

Por su parte, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) detalló que la Federal impidió el ingreso de abogados, “violando el derecho constitucional de defensa, y no pidieron autorización a la Universidad, violando la autonomía universitaria”.

“Evidentemente, nos enfrentamos a la militarización de la Patagonia por parte de las autoridades nacionales y provinciales en defensa de los predadores de Vaca Muerta, las mineras, Benetton, Lewis y todos los terratenientes”, señalaron los docentes en alusión a los diversos operativos represivos en el sur del país.

Mientras tanto, en Neuquén, estatales, maestros, judiciales, obreros, militantes sociales y organizaciones políticas se movilizaron este lunes hasta la Casa de Gobierno en el marco de un paro de 24 horas para repudiar el desalojo y la represión de los trabajadores de Maderas al Mundo (MAM), en la que resultó herido el diputado de izquierda Raúl Godoy.

El secretario general de la seccional local de ATE, Carlos Quintriqueo, reclamó al gobernador Omar Gutiérrez “que deje de ser el empleado del intendente de Neuquén, Horacio Quiroga (PRO)”.

“Quiroga pide los palos y pide las balas, y Gutiérrez, como buen empleado, lo que nos da son palos y balas de goma. Pedimos que empiece a gobernar y a dar respuestas”, subrayó el gremialista, que llamó a la “unidad” de todos los sectores para enfrentar el ajuste y la represión.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.

INFORME de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

En la batería de las reformas estructurales que se debaten en nuestro país, tal vez la concerniente al sistema previsional sea la más sensible, debido a sus consecuencias sobre el bienestar económico de generaciones actuales y futuras. El debate del Proyecto de Ley presentado por estos días es tan sólo un preludio de la reforma integral que el Ejecutivo pretende implementar en 2019, a sabiendas del dictamen de la Comisión conformada a tales fines, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. En ese tránsito a la reforma total del régimen, se pavimenta el terreno a partir de una serie de modificaciones técnicas que reducen el peso del sistema sobre el erario público. Como contracara, por cierto, atentan contra los beneficios a otorgar. La prenda de cambio para negociar el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados, parece ser el compromiso de que los fondos ahorrados cubrirán el desfalco sobre las cuentas provinciales por la reforma tributaria y el pacto fiscal. La doble llave aplicada sobre transferencias económicas (mayormente subsidios a los servicios) y gasto social (principalmente seguridad social) cierra el círculo 2018 en materia fiscal. Sin ajuste sobre estos rubros, el cumplimiento del objetivo de déficit primario del 3,2% sería inasequible. La decisión del Ejecutivo de seguir esta dirección, no surge de una lectura introspectiva sobre los limitantes de nuestro sistema. No es más que una réplica exacta de las prescripciones

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico sobre los principales números de la Reforma Previsional de reciente media sanción. A tales fines, el documento indaga en los números del sistema actual, cuantificando los aspectos virtuosos de la Ley 24.241 del 2009. En contraste, se estudian los resultados de la aplicación de la nueva fórmula de ajuste, tanto en términos microeconómico como a nivel agregado, donde se compara la transferencia de recursos por la futura aplicación del 82% móvil sobre la mínima, con el ahorro fiscal producto de suprimir la Ley de Movilidad. Algunos de los principales resultados, se presentan en los siguientes párrafos.

El paradigma prevalente en el período 2003-2015 tenía una visión fuertemente signada por la valoración del Estado de Bienestar, comprendiendo que la mejora sistemática de las jubilaciones era una de las piezas más importantes para la construcción de una economía sólida, con un mercado interno pujante gracias a la existencia de más argentinos incorporados al consumo. Así y todo, el escenario inicial en materia previsional se presentaba sumamente complejo. Basta recordar que la jubilación mínima de aquel entonces era de $200. Más aún, era percibida sólo por aquellos que habían cumplido los requisitos para jubilarse, ya que, como indica el informe de la UNDAV, “aproximadamente un tercio de los abuelos no tenían protección efectiva alguna por parte del Estado a pesar de su entorno de vulnerabilidad”. En este marco, las acciones del anterior Gobierno para subsanar esta situación se pueden agrupar en tres grandes conjuntos:

Una primera etapa, desde el 2003 hasta el 2007 se basó en el sustancial incremento en las jubilaciones mínimas. Dado el amplio desfasaje causado por el congelamiento que sufrieron en la década de los ’90, era apremiante resolver la situación de quienes menos percibían y quedaban relegados por debajo de la línea de la pobreza. Así, en los 5 años transcurridos, la jubilación mínima de $200 se incrementó en un 198,2%, lo cual fue sustancialmente superior al 56% de alza de precios verificado en el período.

En segundo lugar, se debe mencionar la decisión política de la ampliación de la cobertura previsional. Esto se alcanzó por medio de las dos moratorias jubilatorias implementadas en los años 2005 y 2014. En base a estas medidas, el porcentaje de adultos mayores que pudieron gozar de su derecho creció enormemente, alcanzando una virtual universalización del beneficio superior al 97% hacia fines del año pasado. Así, en la moratoria del año 2005 se incorporaron casi 2,7 millones de jubilados, lo cual llevó la cobertura desde el 66,1% hasta el 93,8%. A su vez, en la que rigió desde mediados del 2014 hasta la actualidad se sumaron más de medio millón de adultos mayores. Cabe destacar que aproximadamente el 70% de quienes se acoplaron a las moratorias fueron mujeres, lo cual permite equilibrar la composición de género de la masa total de jubilados, que históricamente había mantenido una asimetría marcada.

El tercer gran conjunto demejoras se encuadra bajo la denominada Ley de Movilidad Previsional, N° 26.417, que data de octubre del año 2008. Por medio de la misma, se fijó un criterio objetivo de subas bianuales (en marzo y septiembre) con el objetivo de recomponer periódicamente los ingresos de todas las jubilaciones, solucionando así las disparidades que se producían con aquellos que no ganaban la jubilación mínima. El resultado de esta Ley fortaleció la verdadera reparación histórica ocurrida en los últimos doce años, ya que a lo largo de los catorce aumentos semestrales otorgados se logró incrementar los haberes en un 523%, esto es, sustancialmente por encima de cualquier índice de inflación privada (por ejemplo, la consultora de Bein computa un 370% de avance de precios en igual período). Cabe destacar una última cuestión en relación a este punto, a saber, que la decisión política de la fórmula por la cual se determina el incremento de cada semestre no fue neutral. La misma, que incorpora tanto la variación de los salarios, como los ingresos tributarios totales y la recaudación del sistema previsional, ha evolucionado muy por encima de otras formas alternativas de cálculo de la movilidad que se proponían en el momento en el que se sancionó la Ley. Por ejemplo, si para el período que va entre 2009 y 2015 se hubiera aplicado el índice RIPTE en vez de la movilidad previsional las jubilaciones hubieras crecido 510% en lugar de 523%.

Entrando en el análisis de la coyuntura, una cuestión que se deriva directamente de las modificaciones que plantea la nueva ley es el menor incremento que tendrán el marzo próximo los haberes y todos aquellos ingresos de la Seguridad social que se actualizan en base a la Ley de Movilidad. La nueva Ley plantea el cambio de la fórmula vigente y una actualización en base a la evolución de la inflación general (a partir del IPCNU que publica el Indec) y la evolución de los salarios (aproximada por la variación del Índice Ripte publicado por el Ministerio de trabajo). La fórmula anterior, en cambio, ajustaba en base a un promedio entre la recaudación tributaria del SIPA y la variación de los salarios (mediante la variación del Índice de Salarios del Indec o del Índice Ripte, la que resulte mayor de los dos). Asimismo, no solo se pretenden las variables sobre las cuales se sustentan las actualizaciones de la Seguridad Social, sino que además se cambian los meses sobre los cuales se calcula el ajuste. La fórmula vigente ajustaría en marzo próximo en función de la variación acumulada de los ingresos tributarios del SIPA y de la variación de los salarios del período julio 2017-diciembre 2017.

En términos de porcentajes de ajuste, la nueva fórmula ya tiene un número preciso de referencia. En el período julio- septiembre del corriente año la inflación del IPCNU denotó una suba de 5,1%. Por su parte, el Índice Ripte tuvo un incremento en el mismo período de 7,1%. Si se tiene en cuenta que la nueva fórmula se ajusta en un 70% de acuerdo a la variación del IPC y de 30% de acuerdo al Ripte, se obtiene un ajuste final para marzo de 5,7%.

En tanto, la fórmula vigente comprende un aumento estimado marcadamente superior. Respecto de las variaciones proyectadas de los recursos tributarios del SIPA y del Índice de Salarios que publica el Indec hasta diciembre de este año se tiene una variación estimada de 13,2%. En valores absolutos, la siguiente tabla muestra los incrementos que se derivan de una u otra fórmula y la pérdida relativa a los cambios que prevé la Ley.

DETERIORO PROYECTADO EN EL AUMENTO DE INGRESOS POR EL CAMBIO DE FÓRMULA

(en $ corrientes)

Fuente: estimaciones propias en base a ANSES e Indec.

Así, por ejemplo, según marca el estudio del Observatorio UNDAV, “los haberes jubilatorios mínimos tendrán una pérdida aproximada de 543 pesos, las pensiones universales para el adulto mayor (PUAM) perderán 434 pesos, la Asignación Universal por Hijo unos 106 pesos”. Es importante destacar, además, que este recorte en los ingresos de los beneficiarios de la Seguridad Social se produce en un contexto sumamente complejo, caracterizado por el notorio retroceso en el poder de compra de los ingresos que se produjo en los últimos meses en los distintos ingresos que se desprenden del sistema previsional argentino.

En ese sentido, según indican los economistas de la UNDAV, “cuando se acumulan los montos totales que resignarán los jubilados por el cambio de fórmula en los dos últimos años, se encuentran resultados significativos”. Por caso, si se proyecta el ajuste de la nueva fórmula a partir de una inflación proyectada según relevamiento de expectativas de mercado BCRA (16% para 2018 y 11% para 2019), se tiene una sensible baja de haberes mensuales. En números, la merma acumulada supera los $8.600, lo cual representa un 98% de un haber mínimo promedio, para igual período. Dicho de otra forma, en caso de que cambie la Ley de Movilidad por la nueva fórmula de ajuste por inflación y salarios del sector registrado, los jubilados perderían casi un mes entero de sus haberes jubilatorios, en un lapso de dos años.

PROYECCIÓN DE MOVILIDAD DE LOS HABERES JUBILATORIOS

(en $ corrientes, ajustados por inflación proyectada)

Fuente: estimaciones propias en base a ANSES y proyecto de Reforma Previsional.

Por último, pero no menos importante, es sustantivo analizar lo que ocurre en el nivel agregado. Cuantificar el efecto neto sobre el erario público, implica sopesar la transferencia de recursos que la ANSES realizará a partir de dar cumplimiento al artículo de la futura Ley que garantiza el 82% móvil con el ahorro fiscal por el cambio de fórmula.

Así, cuando se compara la movilidad hipotética si se mantuviera la Ley del año 2009, en relación al nuevo ajuste por inflación (aun suponiendo para 2018 un ajuste total ambicioso en torno al 24%). Por último, se asume un ajuste del 5% del SMVM para el último trimestre 2018.

TRANSFERENCIA PRODUCTO DEL 82% MÓVIL

(en $ corrientes, ajustados por inflación proyectada)

Fuente: estimaciones en base a proyecto de Reforma Previsional.

Cabe destacar que, en algunos períodos, incluso con la aplicación del 82% móvil del SMVM, el haber jubilatorio quedaría posicionado por debajo de la proyección hipotética de mantener la Ley de Movilidad tal cual está vigente. Ahora bien, cuando se agrega esta “transferencia positiva” de casi $1.800 por jubilado para las aproximadamente 690 mil personas que estarán alcanzadas, se tiene una transferencia agregada de poco más de $1.200 millones. Cabe destacar que este número representa tan solo un 2,07% de los $60.000 millones que el Estado Nacional ahorrará por el cambio en la fórmula de ajuste previsional, para el próximo ejercicio fiscal.

Dicho de otra forma, en términos globales, el efecto neto resulta de conjugar una transferencia positiva sobre menos de 700 mil. jubilados por el 82% móvil con una transferencia negativa por el cambio en la fórmula de movilidad. Así, el esfuerzo fiscal por la primera, representa menos de 2,1% de lo que los adultos mayores perderán mensualmente por la nueva Ley. Todo esto, es un subproducto de la necesidad del Poder Ejecutivo de equilibrar las cuentas públicas para evitar que se dispare en 2018 el déficit fiscal. Tanto la reforma tributaria como el pacto fiscal con las provincias, será oneroso para las arcas públicas. Por ende, la transferencia neta negativa sobre jubilados, pensionados y demás perceptores de programas sociales, serán la variable de ajuste en el año venidero. A continuación, se comparan gráficamente ambos efectos.

MODIFICACIONES SOBRE EL RÉGIMEN PREVISIONAL

(en millones de $)

Fuente: estimaciones en base a proyecto de Reforma Previsional.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre las principales características de la Reforma Previsional, se desprenden los siguientes resultados sintéticos:

En primer lugar, se cuantifica el diferencial entre la nueva fórmula de ajuste por inflación trimestral y la que se obtendría de mantener la Ley de Movilidad. Asumiendo una trayectoria de inflación futura en base al relevamiento de expectativas BCRA, se acumula una brecha de $8.646 en los próximos dos años.

La modificación incorporada en el dictamen de Comisión, relativa a la incorporación de un 30% de índice de salarios registrados –siguiendo al RIPTE- no modifica sustancialmente la inconveniencia del cambio en el esquema de ajuste.

En el corto plazo, adiciona $40 sobre la liquidación de marzo próximo. No obstante, cuando se analiza la serie larga, el RIPTE puede quedar incluso por debajo del índice general de inflación. Por caso, si se toma la serie mensual desde enero 2016 hasta la actualidad, se encuentra que el mismo se posiciona 0,3% por debajo del IPC Caba (IPC Nacional aún vigente para ese lapso).

Claro que no sólo los haberes se ven afectados por la desactivación de la fórmula de movilidad, ya que la gran porción de las prestaciones, ajustaba en base a ese índice. Así, en el próximo ajuste del mes de marzo, la AUH tendrá un deterioro de $105 respecto al correspondiente a la Ley de Movilidad, mientras que la asignación por hijo con discapacidad perderá $345.

En el nivel agregado se conjuga una transferencia positiva sobre alrededor de 700 mil. jubilados por el 82% móvil con una transferencia negativa por el cambio en la fórmula de movilidad. En el efecto neto, la primera representa menos de 2,1% de lo que los adultos mayores perderán mensualmente por la nueva Ley.

“La defensa nacional es así un argumento más que debe incitarnos para asegurar la felicidad de nuestro pueblo” (Juan Domingo Perón)

(Por Juan Godoy*) Lo acontecido con el submarino ARA San Juan, más allá de lo que efectivamente haya pasado en tanto existen varias hipótesis, no es el objeto de estas líneas pues estamos lejos de poder establecer alguna idea en torno a las mismas en un tema tan delicado, sino que nuestra intención aquí es reflexionar brevemente, a partir de lo que los hechos conocidos hasta el momento dejan en evidencia y a algunos discursos que circularon en los últimos días en torno a las Fuerzas Armadas, sobre la función de las mismas en los países semicoloniales como la Argentina.

En relación a lo que el ARA San Juan deja en evidencia es la política llevada a cabo por los diferentes gobiernos en torno a las Fuerzas Armadas, al menos desde 1983 hasta la actualidad. Más específicamente, desde la posguerra de Malvinas, y ligada estrechamente con el proceso de desmalvinización, hasta nuestros días la política de los gobiernos, más allá de su matriz ideológica, prácticamente fue similar en relación a la función de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Una política de relegamiento y de poca atención a la importancia de las mismas, que se revela más grave aún en un país como la Argentina, con enormes recursos ya sea naturales o económicos, y con un territorio, en su mayor parte, con escasa densidad de población y una parte del mismo ocupada por una potencia imperialista. Las Fuerzas Armadas fueron dejadas de lado en torno a la defensa y el desarrollo nacional.

En referencia a los discursos que circularon aparecen fuertemente penetrados por una matriz, a saber: el anti-militarismo abstracto. Es decir, un pensamiento que considera que todo lo que proviene de las Fuerzas Armadas es negativo, que las mismas solo tienen la función de ser garantes y custodios del orden oligárquico. En fin, solo son el brazo armado de la oligarquía. José Enrique Miguens argumenta al respecto que este anti-militarismo abstracto considera que “los militares pueden ser únicamente lo que se califica como guardia pretoriana de la oligarquía, cuya actividad se limita a sofocar los movimientos populares”.

Sobre estas dos cuestiones pretendemos reflexionar, y desde ya, dejar de lado. En torno al anti-militarismo abstracto, tan presente en los sectores de la izquierda tradicional y del progresismo, acá desde una matriz nacional consideramos que las Fuerzas Armadas son una institución, y como toda institución está compuesta por hombres y mujeres, y por lo tanto puede cumplir diferentes roles, es decir, sintéticamente: pueden servir para anudar la dependencia o bien para romperla. Lo mismo que entre los civiles: hay sectores revolucionarios y contra-revolucionarios. Las Fuerzas Armadas están sujetas a tensiones, son un fenómeno vivo, contradictorio y vinculado a las luchas que se dan en nuestro país. A lo largo de la historia podemos comprobar estas diferentes vertientes que se dan desde los cimientos de la patria.

Basta recordar los orígenes de nuestro ejército cuando la invasión inglesa al Río de la Plata de 1806-1807. Este hecho fundacional le da un origen anti-colonialista y fuertemente popular. El hecho fundacional heroico que muchos sectores presos del amor por Europa y Gran Bretaña pretenden olvidar, y alguno llegan a expresar ¡lo mal que estuvo el pueblo criollo en rechazar la “civilización británica”! Es un Ejército popular que se improvisa ante la urgencia de combatir al enemigo, anota Miguel A. Scenna “eran militares improvisados, ciudadanos arrancados a sus actividades ordinarias por la emergencia derivada de la invasión”. No es un hecho meramente de nuestro país, sino que Gianfranco Valori sostiene que “las fuerzas armadas en América Latina son todas de origen popular”. Ramos sintetiza el proceso: “el pueblo criollo en armas se improvisa en Ejército para combatir la invasión británica. Así nace el Ejército argentino; y la palabra “argentino” se creará por esa misma razón (…) La milicia se hará Ejército y el nativo se hará argentino al nacer ambos para la historia en lucha con Inglaterra”.

A lo largo de nuestra historia se enfrentan entonces dos vertientes de las Fuerzas Armadas, que arquetípicamente se pueden establecer en figuras: como “el ejército de San Martín y el ejército de Rondeau, el de Mitre y el de Roca, la milicia facciosa y el Ejército del pueblo al servicio de la nación” (Ramos), podríamos sumar muchos casos como el de Mosconi, Savio, Vicat o el de Agustín P. Justo, o bien el de Perón, Valle, Juan Ignacio San Martín o Aramburu y Videla, por poner algunos ejemplos. En estas vertientes se observa el desprecio por el territorio (“el mal que aqueja a la Argentina es su extensión”) o una política de soberanía sobre el mismo. Una política ligada a la patria chica, reducida a la Pampa Húmeda y a unas pocas familias, enfrentada a una vinculada a la Patria Grande y los sectores populares. Un ejército para la emancipación nacional con la integración del pueblo y defensor de la soberanía nacional, o uno elitista, pro-oligárquico, asesino de su pueblo y/o genocida aliado a las potencias imperialistas.

El anti-militarismo abstracto que deriva en general de la importación acrítica de ideas de lugares lejanos y distantes de nuestra realidad, y de un profundo desconocimiento de la misma. Hay un error grosero que es la identificación del nacionalismo de los países dependientes con el de los imperialistas, y que lleva a confundir al mismo tiempo los ejércitos de los diferentes tipos de país.

Al mismo tiempo, si observamos la historia de nuestro país, observamos que también por sus características como país semicolonial con la ausencia de una burguesía nacional fuerte, fueron principalmente las fuerzas armadas las que plantearon tempranamente el problema del desarrollo y las mismas las que lo llevaron a cabo más profundamente. Es que la lucha nacional es al mismo tiempo la lucha por el desarrollo, pues como decía Hernández Arregui: “o somos nación o factoría”, y en esta lucha las Fuerzas Armadas se revelaron como uno de los factores más dinámicos.

Ahora bien, con la derrota del proyecto industrialista, argumenta Jorge Abelardo Ramos, las mismas depuraron sus filas “para ceder el paso a otros oficiales que interpretaban los viejos intereses agrario-comerciales”. Sin embargo, a pesar de esto, la línea nacional siguió perdurando. Asimismo, en naciones con una cuestión nacional inconclusa como el nuestro, afirma Salvador Lozada “en que la formación de una conciencia nacional es tarea parcialmente incumplida y reclamada con urgente ansiedad, el papel de las fuerzas armadas tiende a destacarse marcadamente”.

Las Fuerzas Armadas para cumplir este papel que indicamos deben estar subordinadas (y al mismo tiempo ser parte), a una política nacional. Definir el proyecto de nación es fundamental para definir el papel de las mismas. Por eso Arturo Jauretche afirma que “sin Política Nacional no hay ejército nacional y recíprocamente”. Es que las Fuerzas Armadas en un país en condición dependiente, no puede permanecer al margen del debate de las grandes problemáticas nacionales. Y es más, como considera Juan Enrique Guglialmelli, las Fuerzas Armadas como “factores activos y dinámicos de la seguridad nacional tienen como tarea fundamental una misión pacífica aunque esencialmente combativa: constituir el escudo protector y, en muchos casos, la vanguardia de la  lucha de todo el pueblo por asentar la soberanía y la autodeterminación nacional a través del desarrollo acelerado de la economía y de las formas superior de la convivencia social”. Nos preguntamos ¿Qué defensa nacional podemos tener sin unas Fuerzas Armadas fuertes y poderosas? La reconstrucción de las mismas requiere retomar una política nacional que apunte a un proyecto industrial, donde tengan un rol central.

Es evidente que las potencias imperialistas quieren países sumisos sin posibilidad de defensa. A los detractores y/o descreídos de un ejército nacional comprometido con la defensa de la soberanía, los invitamos a recorrer nuestra historia y observar lo que venimos sosteniendo, desde las invasiones británicas al Plata y el proceso de emancipación, hasta las revoluciones nacionales que estallaron a lo largo y ancho de Nuestra América. Sino también pueden observar el presente, y por ejemplo las Fuerzas Armadas conformadas por el Comandante Chávez hoy pilar y sostén de la Revolución Bolivariana, ¿alguien puede pensar que esa revolución seguiría sin el apoyo de las Fuerzas Armadas (y el apoyo popular)?, o el ejército boliviano de Evo Morales que retoma la mejor senda de aquellos patriotas que volvieron de la cruenta guerra del Chaco impulsada por el apetito imperialista de las petroleras yanqui y británica, con la derrota, las muertes, pero al mismo tiempo con el cimiento de la conciencia nacional y llevaron a cabo una Revolución Nacional, o si se quiere otro ejemplo también actual, pero más lejano, podríamos tomar la heroica resistencia del ejército sirio al avasallamiento imperialista. Quizás algunos piensen que el mundo es un “club de amigos”, pero evidentemente no, hay intereses contrapuestos y la historia está escrita con sangre, mayormente la sangre de los puebles. Así, si se quiere mantener una paz duradera y la soberanía nacional es necesario el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

A partir de los expuesto brevemente, consideramos que urge la apertura del debate acerca de la función de las fuerzas armadas, pues no hay proyecto de nación posible, en un país semicolonial, sin la integración de las mismas a una política nacional, más aún en un mundo en que las potencias imperialistas a partir del enorme poder que tienen, y mediante la penetración de las empresas transnacionales avasallan la soberanía de los pueblos sin más interés que el de reproducir su propia ganancia. Que la situación, que muchos nacionales vienen denunciando desde hace tiempo, y que quedó cristalizada por la lamentable situación con el ARA San Juan sea la oportunidad para abrir ese debate, que los cuarenta y cuatro compatriotas que tienen como misión la defensa de nuestra soberanía y los recursos sean de guía. En un mundo, que trascurre, como dice Francisco, en una guerra mundial por etapas, y donde la mayor parte de los pueblos tienen como destino “el basural” y la muerte, llegando al primer cuarto del siglo XXI en nuestro caso en particular con un gobierno totalmente sumiso al interés extranjero, es necesario el fortalecimiento de la conciencia nacional y la discusión de las problemáticas centrales donde las fuerzas armadas tienen un lugar central o sino corremos el peligro de perecer como nación. Esperamos pues que como afirma Alberto Belloni “los ejércitos juegan un papel esencial en los países coloniales, y sufren también la presión imperialista, pero en momentos decisivos, toman conciencia del sometimiento nacional y se lanzan a la lucha”.

(*) Sociólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Por Eduardo M. Basualdo y Pablo Manzanelli * para Página/12.

Toda política económica requiere ineludiblemente una fuente de financiamiento. El gobierno de Cambiemos no es una excepción ya que el financiamiento del ajuste económico que está llevando a cabo la encuentra en el endeudamiento externo. Ello implica un giro copernicano respecto al gobierno anterior en tanto su política económica se sustentaba en los recursos internos que, entre otras cuestiones, le permitió llevar a cabo un notable desendeudamiento externo. Pero ese financiamiento de Cambiemos no es distinto al que prevaleció desde la última dictadura militar y que colapsó en la gran crisis de fin de siglo.

Una reciente publicación del Área de Economía y Tecnología de la Flacso y la editorial Siglo XXI se ocupa de analizar el endeudamiento y la fuga de capitales desde la dictadura a la actualidad (“Endeudar y fugar. De Martínez de Hoz a Macri”). Sobre esa base es posible comparar con una misma metodología el comportamiento de ambas variables en el primer año de Cambiemos respecto a las últimas cuatro décadas. Con tal finalidad en el gráfico se presenta el incremento anual de la deuda externa pública en dólares constantes de 2016.

Así, se puede constatar que el endeudamiento externo de 2016 es inédito ya que no sólo va en el sentido contrario al seguido por el gobierno anterior sino que al llegar a 43,6 mil millones supera largamente los picos de endeudamiento anual alcanzados desde 1976. En efecto, es prácticamente el doble del endeudamiento estatal contraído durante la guerra de Malvinas en 1982 (21,4 mil millones de dólares) y más elevado que el de 2003 cuando llegó a 19,2 mil millones de dólares de 2016 como resultado del salvataje al sistema financiero y la asistencia a las provincias en el marco del agotamiento de la valorización financiera y la crisis de la Convertibilidad. Es apropiado destacar que se trató de los dos momentos de mayor endeudamiento externo desde 1976 y que ambas instancias, por distintos motivos, fueron contemporáneos a profundas crisis económicas, políticas y sociales.

El proceso de endeudamiento bajo la administración macrista no se detuvo en ese año ya que el último dato disponible indica que la deuda externa pública creció en términos netos en 14,4 mil de millones de dólares en el primer trimestre de 2017. Es decir, que en un año y un trimestre del gobierno de Cambiemos el incremento de la deuda externa alcanza a 58 mil millones de dólares, lo cual no está demasiado lejos de toda la deuda externa contraída durante la dictadura militar (78,8 mil de millones entre 1976 y 1983) a valores de 2016.

Este nuevo endeudamiento no estuvo orientado a financiar proyectos de infraestructura o a sustituir importaciones, sino que tuvo una finalidad similar a la que experimentó durante la valorización financiera: sólo una parte minoritaria estuvo destinada a incrementar las reservas, ya que la mayor parte se dedicó a enfrentar obligaciones externas –entre las que se cuenta el pago a los fondos buitre–, a cubrir parte de un creciente déficit fiscal y sustentar las divisas provenientes de la fuga de capitales al exterior.

La fuga de capitales locales al exterior alcanzó a 11,7 mil millones de dólares en 2016, lo cual implica un crecimiento de más del 50 por ciento respecto al registro de 2015 y 2014. Se trata de un volumen que, medido a valores de 2016, es similar al promedio anual del ciclo kirchnerista (11,6 mil millones), inferior al promedio del decenio de 1990 (13,8 mil millones), y superior tanto al septenio 1983-1989 (4 mil millones) como a los registros de la última dictadura militar (10,4 mil millones de dólares a valores actuales).

No debe soslayarse que el monto de la fuga de capitales en 2016 se vio morigerado por el impacto del blanqueo de capitales (ingresaron en forma líquida al país 7,5 mil millones depositados en cuentas bancarias con obligación de permanencia por 6 meses) y obviamente por las elevadas tasas de interés de las Lebac.

El actual gobierno puso en marcha un mecanismo de valorización financiera interna, es decir en pesos, pero con altos rendimientos en dólares dada la estabilidad del tipo de cambio (con el reaseguro del dólar futuro). Se trata de una modalidad similar a la valorización financiera del período 1976-2001 pero con peculiaridades propias. En ese entonces, lo central era el diferencial positivo de la tasa de interés local respecto a la vigente en el mercado financiero internacional. Bajo la administración de Macri se asiste a una sumamente elevada tasa de interés local fijada directamente por el Banco Central mediante las Lebac y la combinación entre la estabilidad del tipo de cambio y el mercado del dólar futuro. De esta manera, la persistente valorización financiera de capital conllevó un notable incremento del stock de Lebac, que al 31 de julio superó en un 12 por ciento a las reservas internacionales y a la base monetaria.

Se expresa así el escaso margen de maniobra que tiene el actual planteo económico para evitar que los inversores privados dolaricen sus carteras y presionen aún más sobre el tipo de cambio. Se trata de una encrucijada generada por la propia política económica cuya resolución no se avizora con claridad pero todas las alternativas posibles coinciden en un punto: suponen situaciones críticas.

* Investigadores del Area de Economía y Tecnología de la Flacso.

Así lo dijo Carlos del Valle Rojas, académico de la Universidad de La Frontera, quien se encuentra de este lado de la Cordillera en momentos de una escalada represiva contra las comunidades originarias que ya dejó dos muertos en menos de cuatro meses.

(Por Fernando M. López *) El año 2017 comenzó con una brutal represión a los mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Meses más tarde, tras una reunión bilateral entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, era encarcelado el líder de esa misma comunidad, Facundo Jones Huala, con pedido de extradición desde Chile. El 1º de agosto, en medio de otro salvaje operativo de Gendarmería, moría Santiago Maldonado. Mientras velaban al joven de veintiocho años en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, el sábado pasado, el Grupo Albatros de la Prefectura asesinaba de un tiro por la espalda a Rafael Nahuel, un carpintero de veintidós años que se había acercado hasta la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en Río Negro, para acompañar a familiares y amigos que reclaman esas tierras ancestrales como propias.

Si bien la autopsia determinó que la bala que puso fin a la vida de Nahuel era una 9mm de las utilizadas por la fuerza federal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, salieron a justificar el accionar de Prefectura, tal como lo hicieron anteriormente con Gendarmería en el caso Maldonado.

“Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento”, dijo Bullrich, agitando una vez más el fantasma de la “RAM” y el “terrorismo”.

Un virulento discurso oficial que es acompañado por el constante bombardeo mediático de Clarín y cía., que hablan de comunidades mapuches “infiltradas por miembros de grupos extremistas trasandinos con mayor conocimiento de conflictos guerrilleros” y hasta de vínculos con “kurdos de origen turco”. El colmo del absurdo lo consignó ayer la periodista Natasha Niebieskikwiat al asegurar que Abdullah Öcalan había sido visto en Neuquén, Río Negro y Chubut, cuando en realidad el líder del Movimiento Kurdo de Liberación (PKK) se encuentra preso en la isla turca de Imrali desde 1999.

“Se trata del mismo escenario que se montaba a finales de los noventa en Chile, cuando los mapuches pasaron de ser grupos que se movilizaban socialmente para recuperar sus tierras a ‘terroristas fuertemente armados’ e ‘infiltrados internacionalmente’, aunque eso nunca resultó comprobado”, dijo al diario Contexto Carlos del Valle Rojas, director del Doctorado en Comunicación de la Universidad de La Frontera (UFRO).

El académico chileno se encuentra en Argentina para dictar una serie de conferencias sobre sus investigaciones en torno al proyecto civilizatorio latinoamericano y el rol de la prensa hegemónica y la literatura de élite en la construcción del “enemigo íntimo-interno”.

-¿Concuerda con quienes denuncian la existencia de una coordinación entre Argentina y Chile para arremeter contra los mapuches?

-Absolutamente. Esto tiene sus raíces más profundas en la segunda mitad del siglo XIX, con dos episodios protagonizados por ambos Estados a través de sus ejércitos, que son la Campaña del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, muy coincidentes. Desde ese momento se vio un trabajo coordinado, cuyo propósito era directamente eliminar a la población indígena. Lo que uno puede observar hoy es un rebrote sobre el grupo que históricamente ha tenido como territorio ancestral lo que llaman el Wallmapu, que comprende el sur de Argentina y Chile. No cabe duda de que los Estados nacionales actúan de manera coordinada para criminalizar al pueblo mapuche, llevando el tema hacia un problema de seguridad del Estado.

-¿Cómo se dio ese rebrote represivo en Chile?

-Ha tenido algunos momentos bien diversos. En 1997, cuando se produce una primera movilización fuerte por parte de las comunidades indígenas, el Estado nacional decide aplicar leyes de excepción, como la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad del Estado. Este ciclo tiene otro momento muy fuerte en el año 2002, cuando muere el primero de los mapuches que estaban movilizados. Desde ese momento hasta ahora, se registraron dieciséis o diecisiete mapuches muertos. Con los distintos gobiernos fue variando quizás el énfasis, pero invariablemente la postura es que no se trata de un problema de tipo político sino judicial, de manera tal que, ante cualquier movilización o protesta, los tribunales invocan esas leyes de excepción.

-La Ley Antiterrorista data de la dictadura de Pinochet…

-Sí, es una ley que no se ha replanteado aun cuando el Estado chileno recibió un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que debe ser revisada y dejar de aplicarse contra las comunidades indígenas. De acuerdo con el análisis que hace la Corte, de las diecisiete ocasiones que se aplicó la Ley Antiterrorista desde el año 2000, doce eran en forma específica contra grupos mapuches. El principal dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), por ejemplo, estuvo preso ocho años por la aplicación de esa ley.

-Es la misma que quieren aplicarle a Jones Huala en caso de lograr su extradición.

-Claro, es lo primero que van a intentar usar. Pero cada vez se les hace más complicado y no sólo por el fallo internacional. Hace poco menos de un mes hubo un fallo del Tribunal de Temuco que termina absolviendo a los once mapuches que habían sido acusados por la Ley Antiterrorista. Es el primer caso desde 1997, y el principal fundamento fue que no existía evidencia de ese carácter. Entonces, es muy probable que tanto los tribunales como el Estado estén ahora replanteándose si conviene o no esa línea para poder obtener los resultados que ellos esperan.

-¿Cuáles son los principales intereses detrás de la persecución a los mapuches en Chile?

-Empresas hidroeléctricas en el Alto Biobío, en la VIII Región, y en el caso de la Región de la Araucanía el tema está relacionado con las empresas forestales, en su mayoría transnacionales, un extractivismo que estas empresas no están dispuestas a perder. Finalmente, lo que está en juego son conflictos que involucran intereses privados pero que se justifican desde el Estado nacional como si fueran problemas de orden público.

-¿Por qué cree que hay tan poca predisposición de los gobiernos de Argentina y Chile a resolver estos conflictos en una mesa de diálogo?

-Cuando el Estado se pone en esa postura insensible e intransigente, no va a avanzar mucho en ningún tipo de diálogo. Lo curioso es que, tratándose de comunidades indígenas, esta intransigencia se mantiene hasta el final, cosa que no ocurre con otro tipo de conflictos, con otros actores. Acá también tenemos una suerte de abuso de poder. Pero creo que todo esto tiene que ver con la historia que se carga encima, porque lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX es la intervención de los Estados nacionales con una necropolítica, que implicaba matar a los indígenas sin ninguna otra discusión, un proyecto civilizatorio de países blancos y occidentales. Cambiar eso significaría en el fondo cambiar la historia también.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.