Según un informe de la UNDAV, con una caída acumulada del 6,1%, Argentina es el país de la región de mayor deterioro en el poder adquisitivo del salario mínimo en los últimos 2 años.

La macroeconomía en nuestro país muestra un resultado dual. La tenue recuperación de la crisis de 2016 aún no logra “derramar” en una mejora socioeconómica en la totalidad de actores económicos, en espacial la enorme porción de sectores de ingresos fijos. El proceso de deterioro del poder adquisitivo en los últimos dos años tuvo su raíz en el incremento sostenido en el nivel de precios, con un desacople muy marcado respecto de la variación en los ingresos en el año 2017. El año pasado, por su parte, el establecimiento de cláusulas gatillo en los principales convenios colectivos permitió frenar el proceso de deterioro, aunque la enorme porción de las ramas de actividad no han logrado recuperar la caída de salarios reales producida en 2016. El correlato de la persistencia en una variación de precios por encima de la inflación no es más que el deterioro del poder adquisitivo de las familias.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico relativo al análisis de la capacidad de compra del salario mínimo. A tales fines, los investigadores de la UNDAV estudiaron la evolución de una canasta homogénea de productos de consumo básica, compuesta por 16 ítems a lo largo de los tres últimos años en siete países de Latinoamérica. De esta forma, buscaron comparar los precios relevados con el salario mínimo de cada economía, a los fines de medir la variación en su poder adquisitivo. En breves términos, los principales resultados cuantitativos del informe se resumen a continuación:

El precio de los alimentos en Argentina ha verificado un incremento por encima del nivel general de inflación, en los últimos dos años. Este proceso, según los economistas de la UNDAV, “oficia un fenómeno de transferencia de recursos, de los sectores –cuya canasta de consumo es más dependiente de los bienes de consumo básico-, hacia aquellos de estratos más altos y mayor capacidad de ahorro por sobre los gastos fijos”. Para dar una medida de dimensión del proceso de deterioro salarial, en relación a otros países con estructuras productivas semejantes, la investigación de la UNDAV propone estudiar la evolución del salario en términos regionales. A tales fines, el estudio expone dos metodologías de comparación. La primera, implica el análisis del poder adquisitivo de alguna medida estándar de ingreso, en función a los precios de una canasta homogénea de productos. La segunda, surge de la comparación del salario en dólares, atendiendo a la relevancia que tiene el estudio del ingreso en moneda dura, como parámetro de poder adquisitivo. Sobre todo, lo anterior cobra especial validez para todos aquellos bienes y servicios influidos por el valor de la divisa. En economías con una matriz productiva tan incompleta, la enorme proporción de productos de la economía tiene algún grado de dependencia respecto de la cotización del dólar.

El panel de países del análisis cuantitativo realizado por el Observatorio UNDAV está compuesto por Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay. Perú y Uruguay, además de nuestro país. La muestra de 7 países se constituyó en función a la disponibilidad de información estadística confiable. Cubre el 80% de la población latinoamericana y permite alcanzar un grado de homogeneidad suficiente, en términos de la coexistencia de una institución como el “salario mínimo”, la cual es apropiada para establecer una posición de ingresos comparable. Por otro lado, ninguna de las economías explicitadas ha verificado grandes desajustes en la evolución de su tipo de cambio real, en el período analizado. La estabilidad cambiaria, también coadyuva en cuanto a la minimización de efectos anómalos. En ese sentido, se excluye a economías como la venezolana, en función a la alta volatilidad cambiaria que anula la posibilidad de sacar conclusiones fiables.

Dada esta distribución del salario mínimo, el informe de la UNDAV inidica que “en una mirada estática, nuestro país es el que sigue manteniendo el mejor poder adquisitivo expresado en moneda extranjera. Este efecto se debe a la fortaleza relativa de los agrupamientos sindicales, en términos de la capacidad de mantener la puja de poder adquisitivo con las patronales”. También tiene influencia en este resultado la persistencia de una “moneda barata”, en los últimos años en la Argentina. Ocurre que la tasa de devaluación de los últimos períodos fue relativamente baja, cuando se la observa en relación a su promedio histórico y a la evolución nominal del resto de las variables en los últimos años. A continuación, se presenta la canasta de productos relevados para la comparación de cantidades adquiridas por medio del salario mínimo.

En el análisis relativo a poder adquisitivo del salario entre países, se aplica la siguiente metodología:

• Se buscan los precios de los 16 productos especificados, para cada una de las siete economías mencionadas.

• Se recopilan los niveles estatuidos de salario mínimo del empleo formal, vigentes actualmente en cada uno de los países.

• Se calcula la cantidad de productos que se puede adquirir en cada economía a partir del salario mínimo. Se agregan esas cantidades.

• Se comparan las variaciones anuales, en función a la disponibilidad de información (homogeneidad de bienes relevados para los tres últimos años).

Desde el plano metodológico, según indican los investigadores de la Universidad Nacional de Avellaneda, “el número final correspondiente a una economía puede ser pensado como la capacidad de compra de ese producto/canasta en términos de salario, o cuántas unidades pueden ser adquiridas de un único producto/canasta, dado un nivel de salario mínimo”. Desde ya, esta medida está influida por factores regionales, dado que algunos productos primarios relevados varían su disponibilidad de oferta según cada economía. No obstante, según señala el informe, “la medida homogénea de observar la evolución en el tiempo de la misma canasta y cuantificar la variación en el poder de compra, elimina la posible disparidad producto de factores regionales”. A continuación, se presentan los resultados del relevamiento comparativo por países entre 2015 y 2017.

Como se ve, sólo cuatro de los siete países verificaron un deterioro de poder adquisitivo en el período estudiado. En el detalle, tanto nuestro país (-7,2%) como Brasil (-4,7%), Paraguay (-4,3%) y Perú (-2,9%) presentaron un descenso de la capacidad de compra del salario mínimo entre el período 2015 y 2016. Esto se vio parcialmente compensado en 2017 para la Argentina (+1,2%), Brasil (+1,4%) y Perú (+2%)., aunque se mantuvo la trayectoria bajista para el caso paraguayo (-0,4%), además del agregado de Uruguay (-2,8%).

En el análisis cualitativo, según apuntan los economistas del Observatorio UNDAV, “sobresalen los casos de Brasil, cuya crisis institucional se sostiene y la economía no termina de recuperarse. Las reformas estructurales sobre el mercado laboral y la seguridad social, junto con los altos niveles de inflación hasta 2016, redundaron en una caída acumulada en el bienio, en el orden del 3,4%”. A su vez, “casos paradigmáticos lo constituyen los de Paraguay y Perú, economías tasas de crecimiento aceptables, pero que no terminan de traducirse en una mejora en los niveles de consumo y bienestar general para los estratos poblacionales de menores ingresos. Así, en el global bianual, se encuentran mermas en el poder adquisitivo del salario mínimo 4,7% para el caso paraguayo y del 1% en el caso peruano”. En el otro extremo del espectro se ubican los contextos de Chile y Bolivia. En base a modelos de desarrollo opuestos, ambas economías han logrado estabilidad en su desempeño macroeconómico y esto se ve plasmado en una mejora paulatina de la capacidad de consumo de la población. Así, el informe sostiene que “en el acumulado de los dos últimos años, la mejora se posiciona en el 6,2% para el caso chileno, mientras que supera el 8% para la economía boliviana. Escenarios intermedios se plantean para Uruguay y Brasil. Con un desempeño mixto de caída en un año y recuperación en el otro, la economía oriental presenta una mejora de capacidad de compra del salario mínimo cercana al 5%, mientras que para el caso brasilero se presenta una leve recuperación en 2017, que no llega a compensar la merma del 2016, redundando en un deterioro global del 6,2%. Misma dirección verifica el caso argentino, aunque a partir de porcentajes más elevados. La tenue mejora por efecto rebote en el año pasado queda lejos de la rotunda caída del 7,2% del poder adquisitivo entre 2015-2016. Con todo, en el acumulado bianual, nuestro país es el que mayor deterioro presenta, con un 6,1% entre 2015 y 2017”.

A continuación, se exponen los resultados del segundo enfoque de análisis, a saber, el relativo al salario mínimo computado en moneda extranjera.

El análisis anterior, formulado en función al tipo de cambio y salario mínimo vigente al final de cada año, expone un panorama similar al de poder adquisitivo en cantidades de unidades de una canasta. Por caso, tal cual indica el informe de la UNDAV “a partir de la merma de medio punto porcentual en dólares durante 2017, nuestro país se encuentra en la segunda posición en terreno negativo, sólo por detrás de Brasil, cuyo ingreso mínimo en dólares sufrió un deterioro del 1,3%”. En contraste, entre los países de mejor desempeño se encuentran Bolivia y Chile, que en el período vieron robustecer el poder adquisitivo de su salario mínimo en moneda dura, en un 2,9% y en 1,5%, respectivamente.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la dinámica del poder de compra en los diferentes países de la región, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

• Los números obtenidos muestran que sólo cuatro de los siete países verificaron un deterioro de poder adquisitivo en el período estudiado. En el detalle, tanto nuestro país (-7,2%) como Brasil (-4,7%), Paraguay (-4,3%) y Perú (-2,9%) presentaron un descenso de la capacidad de compra del salario mínimo entre el período 2015 y 2016.

• Esto se vio parcialmente compensado en 2017 para la Argentina (+1,2%), Brasil (+1,4%) y Perú (+2%)., aunque se mantuvo la trayectoria bajista para el caso paraguayo (-0,4%), además del agregado de Uruguay (-2,8%).

• Por otro lado, al comparar el salario mínimo en moneda dura, se encuentra un panorama similar. Por caso, con una merma de medio punto porcentual (-0,5%) en dólares, nuestro país se encuentra en la segunda posición en terreno negativo, sólo por detrás de Brasil, cuyo ingreso mínimo en dólares sufrió un deterioro del 1,3%.

• También es sintomático el aumento en el ranking de países en materia de “costo de insumos energéticos”. Por caso, en materia de combustibles, nuestro país fue el segundo de la muestra de mayor incremento en el valor de la nafta en dólares, con una suba del 3,5% en 2017. Cabe destacar que sólo fuimos superados por Uruguay, que en el año pasado verificó una suba del 5,2%.

• En relación a la energía eléctrica los resultados no fueron mejores. Partiendo de un piso de tarifas bajo, producto de la anterior política de subsidios, nuestro país ya escaló tres posiciones, superando el costo eléctrico en Venezuela, Chile y Paraguay, con 10,6 centavos de dólar por kilovatio consumido.

• Así, Argentina es el país de la región de mayor caída en el poder adquisitivo del salario mínimo (-6,1%), en los últimos dos años.

En diálogo con Primereando el ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, analizó en profundidad quienes son los ganadores y perdedores de la política energética del gobierno de Cambiemos.

Después de dos años de sucesivos aumentos de tarifas, el presidente Macri ordenó vender al mejor postor las acciones del Estado en las empresas eléctricas. La gobernadora Vidal no se queda atrás, y al tiempo que convive alegremente con un virtual monopolio eléctrico en la provincia, estudia la venta de la principal empresa energética del estado local.

¿Cuáles son las prioridades de política energética para un proyecto neoliberal como el de Cambiemos?

Al igual que con otros sectores de la economía, la prioridad del gobierno de Cambiemos es garantizar una drástica distribución de ingresos desde los hogares a las empresas. En el caso particular del sector energético, esta transferencia se concreta a partir del descomunal ajuste tarifario, la desregulación de los precios y el virtual congelamiento de la acción de los organismos de regulación y control. La retirada del Estado redunda en crecientes ingresos para las empresas, y en el caso del sector eléctrico la yapa es la venta de la participación del Estado en las empresas del sector.

¿Porque el gobierno nacional dice que “es negocio para el Estado vender las acciones que tiene en las empresas de energía eléctrica”?

Planteado de esa manera, parecería que es una decisión improvisada del poder ejecutivo. Como si un día el presidente revisara el precio de las acciones, y como es elevado, decide vender. En realidad, la decisión de Macri de vender las acciones del Estado en las empresas eléctricas, es parte de un plan económico que ejecuta este paso luego de concretar un ajuste brutal de los precios de la energía que garantiza una transferencia de ingresos desde los hogares a las principales empresas del sector. Como consecuencia de esta política, el balance de las empresas mejoró notablemente. Y es en ese contexto que el presidente decide retirar al Estado y venderle las acciones a los privados. Un negocio redondo, al menos por algunos años.

¿El caso de TRANSENER parece particularmente polémico. Se puede hablar de que la venta de la participación del Estado en este empresa atenta contra la soberanía nacional?

Todo el Decreto 882/17 es, por lo menos, polémico. En algunos casos se están vendiendo las pocas participaciones que quedaron en manos del Estado luego de la ola privatizadora de los años noventa. En otros, como las centrales de ENARSA, se privatiza el enorme esfuerzo económico que hizo el Estado durante los últimos años. Parecería que este gobierno socializa la inversión y privatiza las ganancias.

El caso de TRANSENER es ciertamente crítico. Se trata de una empresa estratégica que garantiza el transporte de la energía eléctrica en todo el territorio nacional. Lo más llamativo es que la actual gestión incrementó hace algunos meses la participación del Estado en esta empresa, argumentando que era clave por la función que cumple. Ahora, parece que ganó el criterio empresario, cuyo único objetivo es garantizarle a las empresas del sector el máximo de rentabilidad posible, durante el tiempo que dure la actual política tarifaria.

TRANSENER tiene particular importancia para la provincia de Buenos Aires, dado que su controlada TRANSBA realiza el transporte de la energía eléctrica. ¿Cómo ve la situación de la distribución eléctrica en la provincia, teniendo en cuenta las últimas operaciones de compra y venta de empresas?

Con preocupación. Llama la atención la velocidad con que el grupo DESA se expandió en este segmento. Prácticamente, en menos de un año y medio este grupo se quedó con toda la distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires, sin contemplar a las cooperativas. Se trata de una situación monopólica que atenta contra los derechos de los usuarios y el espíritu de la normativa vigente. Me imagino que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires estarán siguiendo el tema de cerca, sobre todo por las implicancias que tiene.

En los últimos días ha trascendido que la gobernadora Vidal planea vender la empresa provincial Centrales de la Costa Atlántica S.A. por su pésima situación financiera. ¿Cómo analiza esta situación?

No conozco los números de la empresa, pero me cuesta creer que se encuentre en una situación deficitaria, sobre todo después del feroz ajuste de tarifas que impulsó la gobernadora junto con el gobierno nacional. La intención de vender la empresa no me sorprende, es una política que se encuentra en plena sintonía con la implementada por el presidente Macri y que apunta a garantizar que los únicos beneficiarios de la actual política energética sean las empresas.

Federico Basualdo, ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Un informe de la UNDAV, analiza el impacto negativo del modelo económico de Macri sobre el sector industrial.

El sector industrial es sin dudas el más castigado del modelo económico implementado en los dos últimos años. Además de la liberalización creciente del comercio exterior y la persistencia de un tipo de cambio ficticiamente bajo en buena parte del período (debido el influjo de capitales especulativos), se suma la endeblez de un consumo interno que no termina de recuperarse. Como se sabe, nuestro país junto con Brasil, son las dos economías que presentan internamente entramados industriales con determinado grado de desarrollo relativo suficiente para abastecer el mercado interno. No obstante, aspectos relativos a la escala de producción, la inversión en investigación y desarrollo, de acceso al financiamiento, impositivos y logísticos, impiden alcanzar un nivel de competitividad suficiente como para competir con los grandes productores fabriles de escala global. En esta coyuntura, se vuelve imprescindible la generación de barreras (para)arancelarias efectivas. Conocida la reciente medida del levantamiento de 300 licencias no automáticas, la tendencia marcha en rumbo contrario.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico relativo a la coyuntura industrial, tanto en materia de actividad y empleo como de comercio con el resto el mundo. A partir de los recientes datos oficiales del EMI y EPI del Indec, y demás información del mercado, desarrollamos un informe cuantitativo con foco en los sectores más sensibles de la industria fabril local. Algunos de los principales resultados del documento al que tuvo acceso este medio, se presentan en los siguientes párrafos.

El año 2016 presentó las mayores dificultades en materia productiva, con caídas pronunciadas en sectores impactados por la masiva entrada de importaciones y el descenso de la demanda interna. Asimismo, en 2017 se presentan situaciones divergentes en los rubros de la industria local. Según comienza indicando el informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, “en algunos casos se observa cierta recuperación, mientras que otros continúan en expansión o en baja. Hacia el final del año, se advierte una desaceleración en el crecimiento. El cambio en el paradigma económico marca el signo de la tendencia para cada sector”. Analizando las cifras, la última publicación del INDEC del Estimador Mensual Industrial (EMI) de la industria manufacturera, había registrado una caída de 4,6% en 2016. En los primeros cuatro meses de 2017 continuó cayendo, para comenzar a mostrar signo positivo a partir de mayo. Hasta noviembre, el EMI había presentado un rebote positivo de 1,9% en el acumulado anual, por lo que todavía no había recuperado la caída del 2016. El crecimiento más significativo se observó en los meses de junio, julio y agosto, con aumentos de 6,6%, 5,9% y 5,1%, respectivamente. En noviembre, el indicador ya presentaba una desaceleración considerable en su crecimiento, expandiéndose al 3,5% interanual (casi la mitad del crecimiento de los meses más auspiciosos). En cuando a las expectativas de las firmas para el período diciembre 2017 febrero 2018, los economistas de la UNDAV señalan que “también confirman una situación de pre estancamiento, ya que el 50,3% prevé que la demanda interna se verá estable respecto del mismo período anterior, mientras que para la demanda de exportaciones un 54,7% proyecta estabilidad”. Si se analiza la industria manufacturera por bloques, se notan disparidades marcadas. En el acumulado hasta noviembre, los mayores crecimientos se registran en la industria metalmecánica excluida industria automotriz (+9,1%); industrias metálicas básicas (+8,6%) en donde se destaca la producción de acero crudo (10,5%); industria automotriz (+7%) y productos minerales no metálicos (+5,8%) destacándose la producción de cemento (+10,6%). Así, los rubros que más crecen están ligados a la construcción y la obra pública, dos variables que se expandieron en el último tiempo por la mayor demanda de créditos hipotecarios indexados y el gasto del gobierno nacional en el período previo a las elecciones legislativas. Por último, los bloques que subieron, pero en menor ritmo, fueron productos de caucho y plástico (+1,8%) y edición e impresión (+1,1%). El resto de los bloques tuvo un magro desempeño. Las caídas se registran en la industria textil (-10%), con una baja del rubro hilados de algodón de 13,1%; industria del tabaco (-3%); refinación de petróleo (-2,1%); sustancias y productos químicos (-1,7%) destacándose el descenso de fibras sintéticas y artificiales de 15,3% y productos químicos básicos de 6,4%; industria alimenticia (-1%) con fuerte caída en lácteos de 6,2% y papel y cartón (-0.1%).

Asimismo, desde el Observatorio apuntan que “cuando el análisis se centra en la coyuntura del mes de noviembre de 2017, respecto del mismo mes del año anterior, se observa un buen ritmo de crecimiento los rubros ligados a la construcción como cemento (+14%) y acero crudo (+18,1%)”. Por otro lado, el estudio marca que "se desaceleran o descienden otros más ligados al consumo del mercado interno (y la posible competencia importadora) o a la exportación. Las caídas más importantes se registran en los rubros azúcar y productos de confitería (-30,9%); materias primas plásticas y caucho sintético (-14%); cigarrillos (-7,4%); molienda de cereales y oleaginosas (-7,1%); productos farmacéuticos (-7,2%); petróleo procesado (-4,4%) y automotores (-3,3%)”. Por otro parte, si se analizan las cifras de producción cuantitativa publicadas por el INDEC en las Estadísticas de Productos Industriales (EPI), los guarismos observados muestran puntualmente cuales fueron los sectores que se beneficiaron y perjudicaron con los cambios económicos implementados en el último tiempo.

En el rubro productos alimenticios, bebidas y tabaco, el sector oleaginoso presentó una caída en el período enero octubre 2017 respecto al año anterior de 4,4% y el aceite de girasol aumentó 18,1% (los subproductos de ambas oleaginosas cayeron 3,5% y subieron 17,7%, respectivamente). Los productos cárnicos tuvieron un crecimiento en vacunos, aviar y porcina de 8,5; 2,7 y 7,3%, respectivamente, y una caída en ovina de 1,2%. Donde se observa una importante caída es en las leches refrigeradas (-19,6%) después de haber caído 22,1% en 2016, y en la leche no refrigerada (-7,7%). Otros productos lácteos tuvieron resultados dispares. La manteca y el yogurt cayeron un 12,7% y 4,3%, respectivamente (luego de haber caído 2,9 y 3,5% en 2016), mientras que el queso sube un 5,6%, lo mismo que la crema (+17,9%). Por último, los postres y el dulce de leche bajan 5,6% y 10,3%, respectivamente.

En cuanto a las bebidas, se observa una caída generalizada. En 2017 las Licores finos y cremas bajan 19,2%, los amargos, bíters y fernets 5,9%; el whisky un 17,3%, el vino un 5,1 y 13,4% (destinada al mercado interno y externo, respectivamente), aperitivos, vermuts y quinados 0,7% y otras bebidas espirituosas 13,3%. Por su parte, el despacho de gaseosas baja 3% (a 28,9 millones de hectolitros) habiendo ya caído 10,6% en 2016 y la yerba sube un 3,1%. En términos generales, en el rubro productos alimenticios, bebidas y tabaco, se registraron caídas en dieciocho rubros y aumentos en doce.

Asimismo, el documento de la UNDAV puntualiza que “en el rubro petrolero también se registraron fuertes retrocesos. En los primeros nueve meses de 2017 el petróleo crudo cayó 7,5% y el procesado 2,8% (ya habían caído 3,9 y 2,6% en 2016). Los subproductos del petróleo tienen comportamiento dispar. En 2017 se destaca la producción de asfalto (por la obra pública) que crece un 67,8% (si bien en 2016 había descendido un 13,5%); de lubricantes 17,7%; nafta premium 97 octanos 20,9%, diesel oil 4,6% y aerokerosene 15,9%, mientras retrocede fuertemente la nafta común (-53,9%), la súper (-2,2%), el fueloil (-29,3%), el gasoil (-1,8%) y kerosene (-25,6%). Asimismo, baja la producción de solventes y sube la de aguarrás. En la producción de artículos para el hogar 2016 también fue un año de fuertes retrocesos. La producción de cocinas en dicho año cayó 18,3%, de hornos y anafes un 30,5%, freezers 34,6%, lavarropas 24,8%, heladeras 21,9%, secarropas 10%, aires acondicionados 36,1%, calefones 12,3%, termotanques a gas 17,3% y eléctricos 9,3%. En los diez primeros meses de 2017 varios productos se recuperaron de la caída, aunque todavía la mayoría está por debajo de 2015. En algunos casos como calefones, la producción subió un 243% respecto de 2015. Esto puede explicarse por el incremento de la demanda de dichos productos como sustituto de los termotanques a gas ante el elevado incremento de las tarifas de este recurso energético. Si se compara 2017 vs. 2016, las producciones que subieron fueron freezers 35,7%, heladeras 15,5%, cocinas 18,3% y lavarropas 12%. Continuaron en rojo hornos y anafes (-1,9%), acondicionadores de aire (-12,5%) y calefones (-1,4%2).

Por último, el material de los economistas de la UNDAV semana que “los productos electrónicos están dentro de los que más bajaron en el 2017, por las nuevas condiciones de mercado”. En los primeros nueve meses de dicho año la producción de televisores cayó 9,2%, la de reproductores de video 26,3%, de equipos de audio un 7,6%, de cámaras fotográficas 82,2%, de aires acondicionados para audio 19,3%, monitores 73,3%, discos compactos 94,7% y notebooks 100%.

La situación descripta impacta fuertemente en el empleo. La crisis del sector lechero se manifiesta con el cierre de numerosos tambos y el despido de trabajadores en empresas del rubro. Recientemente, por citar algunos ejemplos, la firma láctea La Mucca de la localidad de Diaz en la provincia de Santa Fe despidió a 25 trabajadores de su planta. La empresa láctea Ganave de Córdoba cerró sus puertas y despidió a trece trabajadores, a los que les ofrece el 30% de indemnización. En el sector gaseosas se registraron 40 despidos en la planta de Córdoba. La alimentaria de origen brasileño BRF (ex Quickfood) despedirá a 180 trabajadores de su planta bonaerense de Baradero al reducir un turno en la elaboración de salchichas. En 2017, la fábrica de alimentos Nevares cerró sus puertas en la localidad bonaerense de Carlos Keen y dejó a más de 60 trabajadores en la calle, sumado a más de 30 trabajadores despedidos en su planta de Tortuguitas. Por otro lado, en el sector petrolero, la empresa Halliburton despidió a 29 trabajadores en la provincia de Santa Cruz. Se calcula que solo en diciembre de 2017, los despidos en los sectores en crisis afectaron a más de 1.500 personas.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la dinámica de la coyuntura industrial de cara al mercado interno, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

• En términos generales, después de una caída del orden del 4,6% en el año 2016, en 2017 se verificó un incipiente rebote, del orden del 2%. En al acumulado bianual, la trayectoria fabril sigue un 2,7% por debajo de la registrada en 2015.

• En el análisis por sectores, se destaca la merma en la producción textil, que cerró 2017 con un segundo año de deterioro de alrededor del 10%. En orden de magnitud, la siguen la industria del tabaco con una caída del 3%, y el sector petrolero, con una merma del 2,1% en el año pasado.

• Estas mermas son aún más dramáticas analizando el acumulado en relación a 2015. Así, el sector textil destruyó producción en el orden del 15%, la industria del cuero y calzado se redujo en un 9% y la petrolera decreció un 6%.

• En materia de creación de puestos de trabajo, el contexto actual sigue sin recuperar los niveles de 2015. Del comparativo acumulado en base al SIPA, con datos al mes de octubre, se registran 20.000 puestos industriales registrados menos que hace dos años atrás.

• En materia de importaciones, la situación es crítica. El sector textil es el más dañado, con ingresos de indumentaria terminada que superan el 100% acumulado en cantidades, en los últimos dos años. Lo siguen cuero y calzado (+45% acum.), alimenticia (+8%) y petrolera (+5%).

• Así, en el año 2017, todos los rubros industriales de bienes de consumo registraron importaciones que crecieron más del 10%.

En sólo dos años se acumuló más inflación que lo proyectado por las anteriores metas hasta 2019.

La inflación mantiene su ritmo de avance incesante, a más de dos años de la “normalización económica” impulsada por los representantes del establishment. La expresión de la batería de cambios en materia de control de precios, se centró en el esquema de metas de inflación, importado de otras experiencias históricas contemporáneas. Su adaptación a la realidad económica argentina muestra limitantes, debido a la disparidad de fenómenos que son causales de la inflación. En nuestro país, además de visión clásica de una demanda superior a la oferta, que empuja al regulador a emitir billetes, se destacan los fenómenos de puja de poder adquisitivo, la inflación importada y, muy en particular, la inflación cambiaria. Los objetivos ambiciosos de la trayectoria de desinflación reflejaban un optimismo descomedido. El desacople respecto a los números observados y las proyecciones venideras, redunda en un alto costo de credibilidad para la autoridad monetaria. En el marco de un proceso de ajuste tarifario sobre servicios regulados que aún se encuentra a mitad de camino, la presión directa e indirecta (vía insumos) sobre precios es significativa. Por caso, en el último mes y a lo largo del primer trimestre de 2018 se sucederán una serie de aumentos de tarifas, definidos o autorizados por el Poder Ejecutivo. Su impacto efectivo sobre el IPC determinará buena parte de las perspectivas de cumplimiento de la meta inflacionaria del corriente período.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico relativo los futuros aumentos de tarifas, tanto en términos desagregados como en forma integral, estudiando la afectación al poder adquisitivo de la población. A partir de los datos oficiales del Indec, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y los principales anuncios oficiales, el documento pone en perspectiva los aumentos de tarifas, acumulando las subas desde el cambio de modelo. Por otro lado, también busca contrastar las metas de inflación con los resultados verificados en los dos primeros años. Algunos de los principales resultados del documento al que tuvo acceso este medio, se presentan en los siguientes párrafos.

El proceso de desinflación demora más que lo inicialmente esperado por el gabinete económico. La multiplicidad de causales de aumento sostenido de precios no fue justipreciada en los albores del nuevo modelo, y generó un retraso en el cumplimiento de los objetivos monetarios. La unicidad del diagnóstico del oficialismo en su comprensión sobre los causales que expresan este fenómeno en nuestro país, limitó el accionar de la política económica a un único instrumento: la tasa de interés. Según indica el análisis del observatorio UNDAV, “a diferencia de las experiencias de implementación de regímenes de metas de inflación en otros países del mundo, en Argentina los canales de transmisión de la tasa a la demanda de dinero no son automáticos ni directos. La baja penetración del crédito por lo prohibitivo de su costo financiero actual, el escaso nivel de ahorro en la economía y la prevalencia de una tradición de crecimiento tirado por demanda agregada, son sintomáticos de estas rigideces”. En este marco, la puesta en marcha de un régimen de dinero endógeno y tasas de interés reales positivas altas para señalizar un recorrido de convergencia entre oferta y demanda de dinero, no puede funcionar de manera aislada del resto de la política económica. La importancia de los factores estructurales como ser la inercia inflacionaria, la inflación de costos, la inflación importada, la inflación por puja de poder adquisitivo y la inflación estructural no deben ser subestimados, y se deben atacar en conjunto., La disposición de programas oficiales y acuerdos sectoriales para influir sobre los procesos de formación de precios, también podría redundar en una solución efectiva.

Dado este contexto, los economistas de la Universidad de Avellaneda señalan que “los resultados obtenidos hasta el momento, son insoslayables. Se consolida el segundo año de nueva administración y se sostiene una brecha significativa entre los objetivos inflacionarios y los números verificados”. El siguiente gráfico, realizado por el Observatorio Undav, muestra esta separación anual y agregada. Como se puede notar, el incumplimiento acumulado de la meta de inflación ya se posiciona cercano a los 30 puntos porcentuales. Si las paritarias de ambos períodos se hubieran regido estrictamente por los pronósticos oficiales, el contexto de los trabajadores asalariados sería mucho más acuciante.

METAS DE INFLACIÓN VS IPC PUBLICADO

(% acumulado a cada mes)

Fuente: elaboración propia en base a IPC Indec.

Como se ve, el incumplimiento de la meta es pronunciado. A tono con este importante sesgo, a fines del año pasado se anunció el retraso de un año en los objetivos de convergencia al 5%. No obstante, el nuevo target aún está lejos de los pronósticos para 2018. Los primeros ajustes anuales, que se analizarán en la siguiente sección, implicarán un arrastre inflacionario que impactará a lo largo del primer cuatrimestre. Posteriormente, al tratarse de insumos fundamentales de otros sectores, implicará incrementos de segunda ronda. En ese sentido, y según consigna el informe, “la alta persistencia de la inflación se encuentra notoriamente influida por el mantenimiento del proceso de recomposición tarifaria en los principales servicios públicos, en adición a la decisión de política económica de mantener o mejorar márgenes de utilidad en demás servicios regulados por el Estado”.

El nuevo aumento de servicios del hogar, transporte, naftas, prepagas y otros bienes o servicios generan una pérdida en la capacidad de consumo de la sociedad. Y esto se da principalmente porque estos incrementos de precios son superiores a los que se enuncia a través del IPC y con el cual se negocian las paritarias. El punto es que estos aumentos tienen una influencia directa en las familias y otra indirecta. La directa, es el mayor dinero que esta tendrá que destinar a estas partidas. Y en forma indirecta por su influencia en las diferentes cadenas de producción que utilizan estos bienes o servicios como insumos. La influencia directa muchas veces suele generar mayores perjuicios de los que se ven reflejados en este índice. Esto sucede porque el IPC está basado en un promedio de una canasta calculada por la Encuesta Permanente de Hogares y en ciertos hogares la incidencia que tienen los servicios y los costes de transporte público son muchos mayores a los considerados en el índice. Desde el plano teoría, por ende, el documento indica que “esto expone con claridad que el IPC no es un indicador unívoco del costo de vida, sino un mero control de precios general de una determinada región”.

INCIDENCIA DE PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EN EL IPC

(como % del total)

Fuente: elaboración propia en base a IPC Indec.

Tal como muestra el anterior gráfico, los servicios de agua, electricidad y gas, junto con el transporte público solo implican el 4.35% de incidencia en la inflación en el IPC GBA. A pesar de esto, el aumento de, por ejemplo, el transporte público en un 62% repercutirá en un 1,71% en este índice el año siguiente. Trasladando dicho porcentaje al IPCN, este significa un 0.8% de la inflación para 2018. Es decir que, tan solo aumento en transporte significa un 5.3% del total de la inflación prometida por el ejecutivo nacional para este año.

En otro orden de cosas, según informa el Indec, el salario promedio de un ocupado era de $12.350 en septiembre de 2017. Suponiendo paritarias de un 15.5% con un primer aumento de 7% y una segunda del 8%, el aumento del subte afectaría un 1% del ejemplo mencionado. Continuando el ejemplo en conjunto con los aumentos de electricidad tipo 1, gas tipo R22, Aysa con medidor y un consumo mensual inicial de $350, la proporción de estos servicios dentro del salario pasaría de ser del 11% al 18%. Es decir que en tan solo 4 meses los usuarios tendrían una pérdida de poder adquisitivo del 7%.

Asimismo, el 2016 fue un año que estuvo marcado por un fuerte aumento en el transporte en la provincia de Bueno Aires que, en promedio, fue del doble de la inflación de ese año. Ahora en 2018, llega la segunda oleada de estos aumentos. Al inicio de la actual gestión el subte costaba $4,50 y este año llegará a $12,5. Esto significa un aumento total de 175%. En el caso del colectivo, el boleto en cuestión es el mínimo, que en este momento cuesta $6 y llegará a costar $10 en junio. Sin embargo, hay varios medios que mencionan la posibilidad de que a fin de año este pasaje cueste $13. Los trenes que ya aumentaron un 100%, como en el caso del tren Mitre, al pasar de $2 a $4, ahora aumentará un 68% llevándolo a $6,75. Esto implica un acumulado del 238%, transformándolo en el medio de transporte que más aumento durante esta gestión. Cabe aclarar que la aplicación del sistema “Red SUBE” solo trata de casos particulares, que no podrá incluirse dentro del IPC y además beneficiará tan solo al 20% de los afectados por los aumentos.

INCREMENTOS EN TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS O REGULADOS

(en función a % comunicados hasta el mes de enero)

Fuente: elaboración propia en base a Indec e información de mercado.

Otra suba de precios que sentirán los usuarios, será en las tarifas de servicios, las cuales fueron aumentando de forma acelerada a lo largo de estos dos años. En el caso del gas se analizó la tarifa tipo R21, la cual abarca a la mayoría de los usuarios y está por debajo de la media, en cuanto al precio. A raíz de la quita de subsidios, hubo un aumento del precio del Mbtu en boca de pozo en el orden del 510%. Además, tanto el transporte como las distribuidoras aumentaron en forma proporcional sus servicios. Hasta ahora, solo está anunciado un aumento en febrero del precio del gas, en relación a la quita de subsidios que se dio lugar el año pasado. Sin embargo, a través del cuadro de reducción de subsidios presentado por el Ministerio de Energía, se puede prever un aumento en torno al 129% a lo largo del año corriente. En cuanto a la electricidad, hubo un 910% de incremento en el valor de la tarifa para los hogares que consumen un promedio de 600 KW. Para esta misma categoría se predice un 56% de aumento en este año. En el caso del agua, el análisis se realizó sobre aquellos hogares que no tienen medidor, ya que representan más del 85% universo en cuestión.

Finalmente, el ABL que ya acumula un aumento promedio del 108%, ahora lo hará en un 24%, superando. un acumulado del 134%. Luego, tanto para el peaje, la nafta y las prepagas los aumentos que figuran en el cuadro, para este año, son los anunciados por el gobierno nacional. Seguramente, a medida que transcurra el año habrá una mayor suba en los precios de estas categorías.

PRINCIPALES SERVICIOS Y SALARIO MEDIO

(en $ corrientes y como % sobre el salario medio)

Fuente: elaboración propia en base a Indec e información de mercado.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la dinámica de precios de 2017 y los aumentos de tarifas venideros, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

Los ajustes tarifarios que se registran en estos meses, se aplican sobre rubros de alta incidencia del IPC. Por caso, el peso del “transporte público de pasajeros” representa 2,77% del total. Si se lo relativiza de acuerdo a la región focalizada del aumento, explicará un 0,8% de suba a lo largo de los próximos meses. Esto es, 5,3% de la meta oficial sólo por efecto transporte urbano.

Entre los principales aumentos venideros, se destacan la suba en transporte a registrarse hasta junio, con una suba media del 66% en subtes, trenes y colectivos urbanos.

Por su parte, a lo largo del 2018, gas natural, electricidad y agua corriente, verificarán incrementos del 129%, 56% y 30% respectivamente, para usuarios tipo. También se cuenta una suba media del ABL del orden del 24%, además de la anunciada en peajes en torno al 70%, una primera cuota de prepagas del 4% y el probable aumento en combustibles, esperado en torno al 6%.

Estas alzas significativas se agregarán a un proceso de “recomposición tarifaria” que ya lleva dos años. En casos como la electricidad, se acumulan subas promedio cercanas al 1500% y para el gas natural, en el entorno del 1300%.

En este escenario de subas preanunciadas, la incidencia de los precios regulados se va a incrementar como proporción del salario medio. Si se evalúa un usuario representativo, según la estimación realizada, el peso de estos servicios se incrementará más de 6 puntos porcentuales en el próximo cuatrimestre.

Con todo, a partir del 3,1% de aumento del IPC del mes de diciembre (que suma un 76% desde 2016), en dos años se acumuló más inflación que lo proyectado por las anteriores metas de inflación para los próximos 4 años.

Las necesidades de financiamiento externo se incrementaron más de 160% respecto al promedio del quinquenio 2011-2015.

En los últimos meses del 2017 se potenció el déficit comercial, de cuenta corriente y las necesidades de financiamiento externo. El efecto final es mayúsculo: el desbalance entre ingresos y egresos alcanza récords históricos. El fenómeno suscitado el año pasado no es más que un subproducto indeseado de un régimen económico dispuesto para la desregulación de los mercados. Con factores estructurales (baja competitividad sistémica) y coyunturales (un tipo de cambio apreciado en buena parte del año) inapropiados para mantener un crecimiento tirado por las exportaciones, la liberalización comercial no logra más que facilitar condiciones para que otras economías coloquen sus excedentes productivos. Más aún, en un contexto de abundancia relativa de divisas por la deuda, el ticket de los intereses pagados al capital financiero que llega a nuestro país para aprovechar las extraordinarias tasas de rentabilidad se vuelve más oneroso. El resultado de la balanza de bienes, servicio y renta es altamente deficitario y redunda en un desequilibrio financiero creciente. Si bien nuestro país sigue teniendo ratios de endeudamiento moderados, diferentes institutos de análisis financiero internacional ya empiezan a señalar las vulnerabilidades a las que se expone nuestra economía, ante eventuales contextos de shocks externos.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico sobre la coyuntura externa. A partir de los recientes datos oficiales sobre intercambio comercial y balanza de pagos, intentan poner el foco en los diferentes desagregados de la balanza comercial, cuenta corriente y cuenta financiera, cuantificando el efecto del sistema actual sobre la sustentabilidad sistémica de nuestra economía. Algunos de los principales resultados del documento al que tuvo acceso este medio, se presentan en los siguientes párrafos.

La abrupta suba del dólar en torno al 10% en dos semanas, y su posterior recorte a poco más de la mitad, son sintomáticos de la coyuntura actual del frente externo de la economía. Es por esto que según consideran los investigadores de la Universidad Nacional de Avellaneda “en el último año se comprobó que la dinámica desacoplada entre el aumento incesante de los precios y los saltos abruptos del dólar son sumamente perniciosos para la estabilidad macroeconómica”. Ocurre que son los grandes jugadores quienes típicamente tienen una mayor adaptabilidad a movimientos subrepticios en la cotización del dólar, además de tener, en muchos casos, acceso a información privilegiada que les permite anticiparse. En cambio, los sectores de ingresos fijos como asalariados, cuantapropistas o perceptores de programas sociales, difícilmente cuenten con “una matriz de información completa” para adecuarse a las nuevas condiciones financieras sin que su patrimonio se vea deteriorado.

No obstante, los vectores del modelo del oficialismo siguen igual de alineados que hace un mes, independiente del movimiento cambiario. Después de medio mandato transcurrido, no quedan dudas que el oficialismo no busca propiciar condiciones de competitividad a los sectores productivos que requieren de un paraguas de protección efectiva, sino tan sólo ofrecer a los grandes pooles de exportación y al capital financiero una ventana de tiempo para que realicen ganancias. El espasmo devaluatorio del mes de diciembre podrá maridar durante el año próximo con un dólar planchado que siga facilitando el proceso de expoliación de raigambre financiera. En esto radica el principal riesgo de este modelo económico. Ocurre que la bicicleta de ingreso irrestricto, valorización y fuga ya viene mostrando en extenso las señales de su agotamiento. Por caso, el dólar barato en buena parte del año, la liberalización del comercio y la existencia de stocks de producción excedentes en todo el mundo, han determinado un año récord en materia de déficit comercial, el cual cerrará en torno a los U$S 9.000 millones, según indican los economistas de la UNDAV.

CUENTA CORRIENTE Y SUS COMPONENTES

(en millones de U$S)

Fuente: elaboración propia en base a Balanza de Pagos- Indec.

Aún más dramático es el escenario cuando se incorporan los flujos corrientes de rentas de la inversión, donde se contabiliza la inversión especulativa que llega a nuestra economía. En términos agregados, según el informe del Observatorio UNDAV “al tercer trimestre se registran casi U$S 22.500 millones de déficit en la balanza corriente, lo cual representa un 80% más que en igual período de 2015”. Paradójico es el hecho de que, a pesar de que el equipo económico busca oficiar los medios necesarios para garantizar “reglas de juego” propicias a los capitales internacionales, la inversión extranjera directa (IED) no termina de despegar. En contraposición, si se computa el cociente entre la IED y la inversión de cartera, la relación ha disminuido tanto en 2016 como en el corriente período.

Indican los economistas de la UNDAV que “según se desprende de los informes de Cuentas Internacionales del Indec, el saldo neto de la Cuenta Corriente fue deficitario en 2017 en 22.476 millones de dólares (acumulado al tercer trimestre del año). Esta cifra refiere de una profundización del déficit en 11.491 millones de dólares, en relación al año previo”. Asimismo, cuando se desagrega este número se constata que empeoraron significativamente los resultados de las cuentas Bienes, Servicios y de las rentas del trabajo y la inversión.

El balance comercial de Bienes arrojó un resultado negativo de 3.012 millones de dólares, mientras que el de Servicios fue aún más abultado (7.996 millones de dólares).

SALDO NETO EN SERVICIOS

(en millones de U$S)

 

Fuente: elaboración propia en base Balanza de Pagos- Indec.

Descomponiendo el rubro Servicios, se observa que en el acumulado enero-septiembre de 2017 salieron del país 1.600 millones de dólares por Cargos por el Uso de la Propiedad Intelectual, 2.099 millones por Otros Servicios Empresariales, 2.587 millones por Transporte y 4.700 millones por viajes al exterior. Resalta por tanto el déficit por Viajes, que superó al comercial, a partir de egresos por 8.338 millones de dólares y entradas por 3.637 millones. Para tener una noción relativa de la elevada suma que salió del país por dicho concepto, vale decir que supera a lo ingresado por exportaciones de cereales y frutos y semillas de oleaginosos en el mismo período (8.074 millones de dólares).

CUENTA SERVICIOS, INGRESO POR RUBROS

(en millones de U$S, primeros tres trimestres 2017)

Fuente: elaboración propia en base Balanza de Pagos- Indec.

Además, ambas cuentas (Bienes y Servicios) arrojan el peor resultado neto de la serie completa, suceso que se agrava cuando se consideran los egresos que se produjeron en concepto de rentas de la inversión extranjera directa (-6.181 millones de dólares) y de cartera (-4.452 millones de dólares).

Así con todo, la Argentina necesitó en los primeros tres trimestres del año pasado unos 22.341 millones de dólares para financiar los mencionados desbalances, que fueron solventados -principalmente- con una mayor emisión de deuda por parte del Gobierno General. El problema fundamental de este esquema radica en la ausencia de cambios estructurales que permitan la capacidad de repago de la deuda contraída. El déficit comercial ya es record y para los próximos años se proyecta una acentuación de los desbalances comerciales externos.

Por su parte, la Cuenta Financiera registró un ingreso neto de capitales de 21.673 millones de dólares en el acumulado de los primeros 9 meses de 2017. Cuando se desagrega este saldo neto positivo se notan resultados dispares en las distintas cuentas que componen el rubro. Así, por ejemplo, se puede destacar la discrepancia existente entre la Inversión Directa y la Inversión de Cartera. Como bien destaca el informe de Cuentas Internacionales del Indec la Inversión Extranjera Directa (IED) tiende a asociarse con una inversión duradera que se establece en el país en el largo plazo, mientras que la Inversión de Cartera puede vincularse con una inversión de corto plazo en la cual el inversionista foráneo tiene la posibilidad de retirar su capital en lo inmediato. Es por esto que suele referirse a la IED como aproximativa de una inversión productiva y a la Inversión de Cartera como aquella meramente especulativa. Habiendo aclarado esto, en el gráfico que sigue se explicita la evolución reciente de ambos tipos de inversión.

CUENTA FINANCIERA, SEGÚN SUS PRINCIPALES COMPONENTES

(en millones de U$S, enero a septiembre de cada año)

Fuente: elaboración propia en base Balanza de Pagos- Indec.

Como puede observarse en el gráfico, en los últimos dos años se presenta una tendencia a contramano de ambas series. Por un lado, en concepto de inversiones productivas externas ingresaron al país en 2017 (siempre teniendo en cuenta el acumulado de los primeros tres trimestres de cada año) 8.280 millones de dólares. Cabe mencionar que este número representa una suba de 4.593 millones de dólares respecto de 2016, aunque se mantiene por debajo de lo ingresado durante el 2015 (año en el cual llegó a 9.577 millones de dólares).

Por otro lado, en concepto de inversiones especulativas 27.937 ingresaron al país 27.937 millones de dólares, esto es, 3.252 millones más que en 2016 y 24.797 millones más que en 2015. De lo anterior se deriva que la inversión productiva en 2017 cayó 14% respecto de 2015, mientras que la especulativa creció 790% en el mismo período.

Asimismo, se advierte que la relación entre uno y otro tipo de inversión es notable: por cada dólar de inversión productiva ingresado al país en 2017, entraron otros 3,4 dólares por inversiones especulativas.

Esta dinámica dispar puede encontrar, al menos en parte, su fundamento en la fuerte emisión de deuda del Gobierno y a la desregulación de las inversiones especulativas aplicadas en este último tiempo. Por su parte, el exiguo incremento en la IED indica cierta reticencia de los inversores externos a posicionarse en inversiones de largo plazo como consecuencia de la desconfianza que ofrece la actual política económica en tanto se acumulan desequilibrios internos y externos.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la coyuntura actual del comercio y el sector externo, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

En materia de comercio exterior, se tiene actualmente un resultado deficitario en más de U$$ 7.600 millones, en base a compras externas que crecen al 20% en contraste a exportaciones virtualmente estancadas. En el proyectado, se espera un déficit global en torno a los U$S 9.000 millones, presionando sobre la restricción externa de nuestra economía.

La contracara para compensar el desequilibrio es el ingreso de capitales especulativos, tanto en términos de inversión de cartera como de endeudamiento público. Así, consolidados datos al tercer trimestre, se proyectan flujos de inversión de cartera por casi U$S 35.000 millones en el año, además de un endeudamiento externo neto en torno a los U$S20.000 millones.

En el detalle, los intereses pagados por renta de la inversión crecen un 63,7% en los primeros tres trimestres del año, en comparación a 2016, mientras que aumentan más de 100% en la comparativa con igual período de 2015.

Contrariamente a lo esperado por el cada vez más favorable marco institucional otorgado a los capitales internacionales, las inversiones extranjeras directas no repuntan, y consolidan poco más de U$S 8.000 en los primeros nueve meses del año. Esto representa un retroceso del 13,5% respecto a igual lapso en 2015.

Además del conocido frenesí financiero, el modelo macroeconómico actual propicia un fenómeno de “dólar barato”, favorable al turismo en el exterior. Es así que el ítem de “viajes” del balance de pagos, muestra un crecimiento bianual del 60%. Así, con U$S 8.300 millones que salen de la economía por esa vía, se trata del rubro de servicios más significativo.

Con todo, las necesidades de financiamiento externo se incrementaron más de 160% respecto al promedio del quinquenio 2011-2015.

El próximo satélite de la flota de Hispasat, que será lanzado al Espacio por SpaceX a principios de 2018, ampliará las capacidades del operador español sobre América y Europa en la posición de 30 grados Oeste remplazando al Hispasat-30W-4. El satélite ya fue autorizado en Argentina.

Hispasat-30W-6 será el próximo satélite que ampliará la flota del operador satelital de comunicaciones español Hispasat. Destinado a ocupar la Posición Orbital Geoestacionaria de 30 grados Oeste, remplazará en esa ubicación al Hispasat-30W-4, antiguamente denominado Hispasat-1D, que fuera lanzado en el año 2002 y que se encuentra al borde de su vida útil.

El nuevo satélite de Hispasat operará en las Bandas Ku, C y Ka con 40 transpondedores en Ku, 10 en Banda C y 7 spots en Ka. La misión dispone de dos haces en Banda Ku, uno iluminando Europa y parte de África y el otro todo el continente americano excluyendo a Brasil. La capacidad en Banda C cubre toda Sudamérica, el Mar Caribe y el Sur de Estados Unidos. Seis de los siete haces en Banda Ka tienen cobertura sobre la Península Ibérica, las Islas Baleares y Canarias, el noreste de África y el Centro de Europa.

Con este nuevo satélite Hispasat incrementa la capacidad en Banda Ku en Europa y en América, agrega capacidad en Banda C sobre el continente americano y Banda Ka sobre Europa.

Hispasat anunció en julio de 2014 el contrato con Space Systems Loral (SSL) para la construcción de Hispasat-30W-6. El satélite fue fabricado sobre la plataforma SSL-1300, tendrá un peso de 6.092 kilogramos al lanzamiento, una vida útil estimada de 15 años y una potencia de carga útil de 10.5 Kw.

El lanzamiento, inicialmente programado para fines de 2017, será realizado a principios de 2018 mediante un Falcon-9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.

Autorización en Argentina

Mediante la Resolución734-E/2017 del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, el gobierno argentino autorizó al próximo satélite de Hispasat a operar sobre su territorio en las bandas de frecuencia Ku y C.

La autorización se basa en el Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales aprobado por la resolución 3609 del año 1999 de la ex Secretaría de Comunicaciones y el convenio de reciprocidad entre la República Argentina y el Reino de España celebrado en el año 2001. Sobre este este mismo marco normativo en Argentina fueron autorizados los satélites Hispasat-1C (2001) y Amazonas-1 (2006). Luego, en el año 2017, fueron autorizados por el extinto Ministerio de Comunicaciones los satélites Hispasat-30W-4, Hispasat-30W-5, Amazonas-2 y Amazonas-3.

Hispasat, luego de una denuncia del diario Página12, fue sancionada duramente en 2017 por el Ministerio de Comunicaciones por prestar servicios sin autorización mediante los satélites Hispasat-30W-4 e Hispasat-30W-5, aunque luego estos satélites, así como el resto de la flota del operador español con cobertura en el país, fue autorizada.

Las autorizaciones basadas en acuerdos de reciprocidad son controversiales puesto que contemplan la oferta de servicios de forma recíproca entre los operadores de bandera española y argentina en sus territorios. El hecho de que ARSAT, el operador Argentino, no tenga la capacidad de ofrecer servicios en España e Hispasat, operador de España, tenga cinco satélite brindando servicios en Argentina, pone en claro cuestionamiento la reciprocidad del acuerdo.

Fuente: Latam Satelital

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA (UNDAV)

En 2017 se profundizó el rumbo estratégico definido por el actual gabinete en materia económica. Flexibilización tarifaria, política de ingresos reales a la baja, liberalización de las cuentas externas y dólar apreciado, en pos de la valorización financiera. El único factor anómalo de la política pública en 2017 fue una aceleración de los desembolsos para obra pública de baja escala, a tono con el año electoral y en compensación con un 2016 de extraordinaria inmovilidad en materia de inversión. En prospectiva, el Presupuesto 2018 vuelve a allanar el terreno a la “normalidad de la política económica”, Una hipótesis de inflación desacoplada de las expectativas, tipo de cambio bajo para favorecer el carry trade y más ajuste tarifario en servicios públicos para generar convergencia a “precios de mercados”. En igual sentido, se mantiene el objetivo macroeconómico de los últimos dos años, relativo a la reducción del déficit fiscal. En un entorno donde se propone una salida política para la resolución del diferendo por el “fondo del conurbano de la Provincia de Bs. As.”, la variable de ajuste son los fondos previsionales.

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico sobre la trayectoria económica de 2017. En particular, el estudio de la UNDAV pone el foco en la evolución del empleo, la inflación, la distribución del ingreso, el sector externo y el sector financiero, entre otros. Algunos de los principales resultados del documento al que tuvo acceso este medio, se presentan en los siguientes párrafos.

Empezando con la dinámica inflacionaria interna, los investigadores de la UNDAV consignan que “El 2017 dejó varias contradicciones en materia de política economica”. Así, consideran que se aplicaron desorganizadamente medidas espasmódicas desde distintos ministerios, que imprimieron señales contrapuestas y resultados lejanos a los pronósticos oficiales de principios de año. Por un lado, el BCRA esterilizó, a lo largo del año, con elevadas tasas de interés -mediante Lebacs- los excesos de liquidez del mercado y, por otro, se aumentaron significativamente las tarifas de servicios públicos, al mismo tiempo en que subieron los precios de otros bienes y servicios básicos e imprescindibles (como los precios de los medicamentos y las prepagas, por ejemplo). En definitiva, y como no podía ser de otra manera, los resultados en materia de contención inflacionaria fueron poco significativos. Aun cuando la inflación se desaceleró de manera marcada respecto de la experimentada en 2016, la suba de precios consolidada anual se ubicará alrededor de 7 puntos encima de la meta proyectada por el BCRA. En el gráfico que sigue se muestra las proyecciones de inflación anual de algunas consultoras y analistas, en relación a la meta del BCRA.

INFLACIÓN Y META

(acumulada hasta cada mes de 2017)

Fuente: elaboración propia en base a Indec y expectativas de mercado.

Los pronósticos de las consultoras y analistas corresponden al resultado del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA. Como se ve, el umbral inflacionario anual previsto por el Banco Central se excederá, en base a las proyecciones, en casi 7 puntos porcentuales. Si se tiene en cuenta la evolución del nuevo IPC Nacional, se observa una inflación acumulada hasta noviembre de 21%. Además, según el mismo índice, ya en el mes de septiembre el acumulado corrido a nueve meses había excedido las proyecciones oficiales de inflación acumulada anual. Como corolario de las medidas tomadas para estabilizar la suba de precios doméstica, se observa que los resultados han sido claramente insatisfactorios respecto de lo proyectado en las metas. Las señales contrapuestas han dejado un nivel de inflación alta, junto con un stock de Lebacs que pone en riesgo la solvencia futura del Banco Central.

En relación al mercado de trabajo en el año 2017, según el informe del Observatorio UNDAV “se observaron comportamientos divergentes en los distintos sectores de la economía nacional”. En primer lugar, en base a estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se puede constatar que la cantidad de asalariados registrados alcanzó 12.260,7 miles en septiembre de este año. Este número significa un aumento en el empleo de 2,1% en relación a los 12.010,7 miles de empleos registrados en el mismo mes de 2016. Cuando se desagrega la suba en la cantidad de empleos totales, de la suba interanual agregada (+250 mil empleos), prácticamente el 60% se explica por el incremento en la modalidad del monotributo en sus dos versiones (monotributistas independientes y monotributo social). Es decir que, 6 de cada diez empleos creados corresponden a monotributistas Así, gran parte de la creación de trabajo registrado corresponde a posiciones inestables y/o de bajos ingresos.

El empleo público también subió respecto del año pasado (+42 mil empleos) mientras que la modalidad de Independientes Autónomos de retrotrajo en cantidad de empleos (-20 mil).

Respecto de la cantidad de trabajadores registrados privados se observa una suba de 72 mil empleos. Cuando se descompone el aumento en el empleo privado se nota una divergencia respecto de la evolución de los distintos rubros económicos. El primer factor destacable es el incremento en el empleo del sector de la construcción, que sumó unos 47 mil empleos más en septiembre de este año, interanual. El sector de la construcción por sí solo, explica el 65,8% de la suba del empleo privado agregado y consolida de este modo un buen año en términos de actividad y empleo. El segundo factor llamativo es la situación de algunos rubros específicos que fueron beneficiados en los últimos meses con reducciones de los derechos de exportación que gravan a esas actividades. Por ejemplo, se puede advertir que la Explotación de Minas y Canteras redujo su dotación laboral en alrededor de 3.300 empleos, mientras que el sector de la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura perdió unas 1.300 fuentes laborales en 2017.

Por su parte, el rubro en el cual más se redujo la cantidad de asalariados registrados en 2017 fue el de las Industrias Manufactureras. Este sector disminuyó su dotación laboral en 26.600 empleos en 2017. Es decir, que en 2017 se destruyeron 2.217 empleos por mes (siempre teniendo en cuenta el período septiembre 2017 – septiembre 2016). Si se considera el consolidado de los últimos dos años (tomando como base septiembre de 2015), se advierte que el sector industrial redujo su dotación en 68.800 puestos laborales, o bien, que se perdieron empleos en la industria a razón de 2.867 puestos laborales por mes.

EMPLEO REGISTRADO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

(en miles de puestos de trabajo, variación período septiembre 2016/2017)

Fuente: elaboración propia en base a SIPA-MTEySS.

A nivel agregado, el desempleo en 2017 se mantuvo estable, y sin grandes cambios en lo que respecta a desocupación.  Según los indicadores de la EPH, que publica el Indec, las tasas de ocupación y subocupación no presentaron en el tercer trimestre de 2017 cambios interanuales significativos dado que las diferencias entre uno y otro trimestre están contenidas en el error muestral. La tasa de desocupación pasó de 8,5 a 8,3 y la tasa de 10,2 a 10,8. Esto implica que, según las cifras del Indec, el desempleo permanecería alto (en relación al cuarto trimestre de 2015) pero estable.

No obstante, lo mencionado, vale resaltar las dudas que arrojan los datos de empleo y desempleo publicados por el Indec. En este sentido, alcanzó reciente notoriedad pública lo sucedido en torno a la renuncia de la directora de la EPH, Cynthia Pok, y las supuestas presiones que habría recibido para distorsionar las estadísticas del Instituto referidas al empleo, desempleo y pobreza. A pesar de esto último, la dinámica del mercado laboral se encuentra lejos de ser promisoria. Aunque en el agregado se percibe una leve suba del empleo, cuando se analiza con mayor detalle se nota que se está dando un cambio en la composición del empleo: se destruye empleo que -en general- estaba bien remunerado y calificado, por empleos precarios y mal remunerados.

Por el lado de las cuentas externas, en el tercer trimestre del año la cuenta corriente ha mostrado un déficit de 8.683 millones de dólares. En este sentido, desde la Universidad Nacional de Avellaneda consignan que “el déficit se compone principalmente de un déficit de balanza comercial (intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo) y un déficit en ingresos primarios que representan el retorno a una unidad económica por su contribución al proceso productivo o a la provisión de activos financieros y de recursos naturales”. En menor medida aparecen las transferencias corrientes, también deficitarias en el periodo. Los números muestran un alto déficit en sí mismo, que además es creciente. El principal problema que genera es el de financiamiento de las importaciones necesarias para el proceso productivo y para los pagos comprometidos por el endeudamiento externo. Mientras el déficit es creciente, las exportaciones permanecen constantes.

BALANZA CORRIENTE

(en millones de U$S y como % de las exportaciones)

Fuente: elaboración propia en base a datos de Balanza de Pagos Indec.

A pesar de la dificultad de realizar comparaciones entre periodos muy lejanos cuando hablamos de déficits de la balanza comercial, este año es sin dudas el más alarmante en cuanto a este factor en mucho tiempo. El tercer trimestre de este año es el más deficitario y todo apunta a que el rojo de la balanza comercial de este año será del doble que el del año pasado. En la misma línea se puede ver como la necesidad de financiamiento, que se compone por el déficit de la cuenta corriente y el de la cuenta capital, está en el punto máximo este trimestre.

BALANZA DE PAGOS Y SUS COMPONENTES

(en millones de U$S)

Fuente: elaboración propia en base a datos de Balanza de Pagos Indec.

El mismo análisis resulta como producto de evaluar el déficit de la cuenta corriente en base al PBI. Este ya alcanza el 4% siendo el porcentaje más alto desde, al menos, comienzos del siglo 21.

DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE

(como porcentaje del PBI)

Fuente: elaboración propia en base a datos de Balanza de Pagos Indec.

La posición de inversión internacional del tercer trimestre de 2017 es la más baja desde la asunción del gobierno. A esto se llega no superando siquiera los U$S30.000 millones, un 35% menos que el mismo periodo del año anterior. En conjunción con este hecho ocurre que la inversión especulativa es la más alta del siglo XXI. Esta inversión es la que hace disminuir el resultado neto, sumado el tibio rendimiento de la inversión extranjera directa.

Algo que en su momento tuvo desvelados a los argentinos y hoy quedo en el olvido son las reservas del Banco Central. El motivo es que las mismas se recuperaron notablemente en estos dos años de gobierno. Ahora, como ya es conocido, la balanza comercial es la más deficitaria en mucho tiempo. Es por esto que el crecimiento de las reservas del Banco Central está explicado por la entrada “no legitima” de divisas. En otras palabras, el crecimiento de las reservas se ve explicado por la entrada de dólares a través de la emisión de deuda pública.

RESERVAS E INVERSIÓN DE CARTERA

(stock trimestral en millones de U$S)

Fuente: elaboración propia en base a datos de Balanza de Pagos Indec.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre los principales resultados económicos del año 2017, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:

En materia de comercio exterior, se tiene actualmente un resultado deficitario en más de U$$ 7.600 millones, en base a compras externas que crecen al 20% en contraste a exportaciones virtualmente estancadas. En el proyectado, se espera un déficit global en torno a los U$S 9.000 millones, presionando sobre la restricción externa de nuestra economía.

La contracara para compensar el desequilibrio es el ingreso de capitales, tanto en términos de inversión de cartera como en materia de endeudamiento público. Así, consolidados datos al tercer trimestre, se proyectan flujos de inversión de cartera por U$S 40.000 millones en el año, además de un endeudamiento externo neto en torno a los U$S20.000 millones.

El desbarajuste de las cuentas externas no está desvinculado del desempeño local. Con una economía que aún se posiciona un 1,4% debajo de los niveles de PBI per cápita del 2015, el mercado laboral mostró en el corriente año un rebote insuficiente, con una suba del 2,1% de los asalariados registrados. Cabe destacar que más del 60% se explica por el régimen de monotributo, modalidad altamente inestable y propia de ingresos bajos.

La languidez del mercado de trabajo tiene reflejo en el sector industrial, Además de ser una de las ramas de actividad con mayor potencial en la creación de empleo genuino, se ve incidida por las perspectivas de mediano plazo. En 2017, se espera una recuperación de la actividad consolidada en torno al 2%, aún por casi 3 puntos por debajo de los niveles de fines de 2015.

Sin embargo, la industria se encuentra mayormente traccionada por el sector automotriz, dominado por compañías transnacionales. Con todo, el empleo fabril cae en más de 26.000 empleos en la comparativa interanual, esto es, más de 2.200 puestos de trabajo destruidos por mes.

Por último, en materia de precios y finanzas, el desaguisado es ostensible. Con un desvío de la inflación esperada cercano al 50% y un dólar planchado en la mayor parte del año, los capitales golondrina aprovecharon una rentabilidad única en el mundo de hasta el 28,75% gracias a la apertura de la cuenta de capitales.

La represión sistemática desplegada desde la asunción de Mauricio Macri dejó dos muertos, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, 328 heridos y 354 detenidos. El CEPA constató un total de 111 hechos de este tipo en el país, siete de los cuales se registraron en La Plata.

(Por Fernando M. López *) La brutal embestida de Gendarmería contra los trabajadores de Cresta Roja, apenas doce días después de la asunción de Mauricio Macri, el 22 de diciembre de 2015, sobre la Autopista Riccheri, con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, anunció la configuración de un Estado policial que tuvo sus primeros ensayos en la Jujuy de Gerardo Morales con la detención arbitraria de Milagro Sala.

Desde entonces, las políticas de ajuste de Cambiemos fueron de la mano con una creciente represión, criminalización y judicialización de la protesta social, junto a una fuerte campaña mediática para demonizar a los sectores sociales más vulnerables, como los pueblos originarios, convertidos hoy en una suerte de “enemigo interno” por el solo hecho de reclamar tierras ancestrales usurpadas.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio cuenta de 111 hechos represivos en todo el país desde el 8 de enero de 2016, cuando la Infantería de la Policía bonaerense desalojó con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación de cooperativistas despedidos frente a la Municipalidad de La Plata, hasta el asesinato de Rafael Nahuel, el joven de veintidós años que el 25 de noviembre último recibió una bala de plomo por la espalda en medio del ataque del Grupo Albatros de la Prefectura a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.

El crimen de Nahuel se conoció el mismo día que velaban a Santiago Maldonado, quien apareció muerto en el río Chubut 78 días después de la represión de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, comandada por Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En promedio, esos 111 casos representan una represión cada siete días, con un total de 328 heridos y 354 detenidos, en su mayoría (37,8%) en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

En las provincias del NOA se registró el 19,8% de los hechos represivos; Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos concentraron el 18%; la Patagonia, el 16,2%; y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.

“Más de la mitad de los hechos de represión fueron cometidos enfrentando protestas encabezadas por trabajadores –formales e informales–: 52%. En segundo lugar, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad”, detalla el CEPA.

El informe también precisa que el 73% de las represiones fueron protagonizadas por las policías provinciales, incluida la de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) actuaron en el 27% de los casos.

Además, “la violencia física hacia los manifestantes es acompañada con la táctica de judicialización”, inaugurada el 16 de enero de 2016 con la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur que continúa en el penal de Alto Comedero de Jujuy, a pesar de las resoluciones a su favor de la ONU, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otros casos similares ocurrieron en Río Negro, con el arresto de integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre ellos el propio secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, y su adjunto, Aldo Capretti.

En Mendoza también estuvo detenida Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru local, junto a cuatro de sus familiares. En esa misma provincia se imputó a los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Lautaro Jiménez, Víctor Dávila y Héctor Fresina; a los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira y Jorge Chávez; y al abogado de derechos humanos Enrique Jasid, todos ellos por haber participado activamente del paro realizado el 6 de abril de este año.

La Plata

De las 111 represiones, siete sucedieron en la capital bonaerense, a cargo del intendente macrista Julio Garro. Dos meses después del violento desalojo de los cooperativistas que protestaban frente a la Municipalidad, la Policía bonaerense reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos y pistolas Taser a auxiliares de la educación frente a la Dirección General de Escuelas, dejando un saldo de siete heridos.

El 15 de agosto de 2016, la misma fuerza arremetió contra una toma de tierras que tuvo lugar en el predio del Parque Pereyra Iraola, y detuvo a 48 quinteros del cordón frutihortícola de la región. Unas semanas después, el juez César Melazo ordenó el desalojo de un predio de cuatro hectáreas en Melchor Romero. La policía no sólo reprimió con dureza, también incendió las casillas de las familias.

Ese año terminó con la represión a los choferes despedidos de las líneas Este y 520. Hubo más de una veintena de detenidos y varios heridos.

El 8 de febrero de 2017, un joven de veintidós años fue herido con balas de goma en Olmos durante una protesta por la falta de luz tras el temporal que azotó a la ciudad de La Plata. Un mes más tarde, la policía salió a cazar vecinos de Abasto que se quejaban por el mismo problema en la esquina de 179 y 531, dejando varios heridos y detenidos.

Violencia policial en la Patagonia

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahüe, Andrés Ponce de León, repudió ayer el accionar de la Policía Federal, que el fin de semana ingresó a las Residencias Estudiantiles rompiendo puertas y cerraduras. El nivel de abuso fue tal que a una de las alumnas la detuvieron desnuda mientras se encontraba duchándose en el baño, mientras que a otros los inmovilizaron en el suelo con precintos.

“Este suceso es parte de un contexto político más amplio, es la cuarta vez en el año que hay una irrupción de fuerzas públicas en territorio universitario. Este caso lo justificaron por un tema de drogas, pero sentimos que es una excusa para ingresar”, dijo el decano recordando hechos como el de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), donde la Policía de Gerardo Morales irrumpió de manera ilegal y se llevó detenido al presidente del Centro de Estudiantes.

Por su parte, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) detalló que la Federal impidió el ingreso de abogados, “violando el derecho constitucional de defensa, y no pidieron autorización a la Universidad, violando la autonomía universitaria”.

“Evidentemente, nos enfrentamos a la militarización de la Patagonia por parte de las autoridades nacionales y provinciales en defensa de los predadores de Vaca Muerta, las mineras, Benetton, Lewis y todos los terratenientes”, señalaron los docentes en alusión a los diversos operativos represivos en el sur del país.

Mientras tanto, en Neuquén, estatales, maestros, judiciales, obreros, militantes sociales y organizaciones políticas se movilizaron este lunes hasta la Casa de Gobierno en el marco de un paro de 24 horas para repudiar el desalojo y la represión de los trabajadores de Maderas al Mundo (MAM), en la que resultó herido el diputado de izquierda Raúl Godoy.

El secretario general de la seccional local de ATE, Carlos Quintriqueo, reclamó al gobernador Omar Gutiérrez “que deje de ser el empleado del intendente de Neuquén, Horacio Quiroga (PRO)”.

“Quiroga pide los palos y pide las balas, y Gutiérrez, como buen empleado, lo que nos da son palos y balas de goma. Pedimos que empiece a gobernar y a dar respuestas”, subrayó el gremialista, que llamó a la “unidad” de todos los sectores para enfrentar el ajuste y la represión.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.

INFORME de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

En la batería de las reformas estructurales que se debaten en nuestro país, tal vez la concerniente al sistema previsional sea la más sensible, debido a sus consecuencias sobre el bienestar económico de generaciones actuales y futuras. El debate del Proyecto de Ley presentado por estos días es tan sólo un preludio de la reforma integral que el Ejecutivo pretende implementar en 2019, a sabiendas del dictamen de la Comisión conformada a tales fines, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. En ese tránsito a la reforma total del régimen, se pavimenta el terreno a partir de una serie de modificaciones técnicas que reducen el peso del sistema sobre el erario público. Como contracara, por cierto, atentan contra los beneficios a otorgar. La prenda de cambio para negociar el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados, parece ser el compromiso de que los fondos ahorrados cubrirán el desfalco sobre las cuentas provinciales por la reforma tributaria y el pacto fiscal. La doble llave aplicada sobre transferencias económicas (mayormente subsidios a los servicios) y gasto social (principalmente seguridad social) cierra el círculo 2018 en materia fiscal. Sin ajuste sobre estos rubros, el cumplimiento del objetivo de déficit primario del 3,2% sería inasequible. La decisión del Ejecutivo de seguir esta dirección, no surge de una lectura introspectiva sobre los limitantes de nuestro sistema. No es más que una réplica exacta de las prescripciones

En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico sobre los principales números de la Reforma Previsional de reciente media sanción. A tales fines, el documento indaga en los números del sistema actual, cuantificando los aspectos virtuosos de la Ley 24.241 del 2009. En contraste, se estudian los resultados de la aplicación de la nueva fórmula de ajuste, tanto en términos microeconómico como a nivel agregado, donde se compara la transferencia de recursos por la futura aplicación del 82% móvil sobre la mínima, con el ahorro fiscal producto de suprimir la Ley de Movilidad. Algunos de los principales resultados, se presentan en los siguientes párrafos.

El paradigma prevalente en el período 2003-2015 tenía una visión fuertemente signada por la valoración del Estado de Bienestar, comprendiendo que la mejora sistemática de las jubilaciones era una de las piezas más importantes para la construcción de una economía sólida, con un mercado interno pujante gracias a la existencia de más argentinos incorporados al consumo. Así y todo, el escenario inicial en materia previsional se presentaba sumamente complejo. Basta recordar que la jubilación mínima de aquel entonces era de $200. Más aún, era percibida sólo por aquellos que habían cumplido los requisitos para jubilarse, ya que, como indica el informe de la UNDAV, “aproximadamente un tercio de los abuelos no tenían protección efectiva alguna por parte del Estado a pesar de su entorno de vulnerabilidad”. En este marco, las acciones del anterior Gobierno para subsanar esta situación se pueden agrupar en tres grandes conjuntos:

Una primera etapa, desde el 2003 hasta el 2007 se basó en el sustancial incremento en las jubilaciones mínimas. Dado el amplio desfasaje causado por el congelamiento que sufrieron en la década de los ’90, era apremiante resolver la situación de quienes menos percibían y quedaban relegados por debajo de la línea de la pobreza. Así, en los 5 años transcurridos, la jubilación mínima de $200 se incrementó en un 198,2%, lo cual fue sustancialmente superior al 56% de alza de precios verificado en el período.

En segundo lugar, se debe mencionar la decisión política de la ampliación de la cobertura previsional. Esto se alcanzó por medio de las dos moratorias jubilatorias implementadas en los años 2005 y 2014. En base a estas medidas, el porcentaje de adultos mayores que pudieron gozar de su derecho creció enormemente, alcanzando una virtual universalización del beneficio superior al 97% hacia fines del año pasado. Así, en la moratoria del año 2005 se incorporaron casi 2,7 millones de jubilados, lo cual llevó la cobertura desde el 66,1% hasta el 93,8%. A su vez, en la que rigió desde mediados del 2014 hasta la actualidad se sumaron más de medio millón de adultos mayores. Cabe destacar que aproximadamente el 70% de quienes se acoplaron a las moratorias fueron mujeres, lo cual permite equilibrar la composición de género de la masa total de jubilados, que históricamente había mantenido una asimetría marcada.

El tercer gran conjunto demejoras se encuadra bajo la denominada Ley de Movilidad Previsional, N° 26.417, que data de octubre del año 2008. Por medio de la misma, se fijó un criterio objetivo de subas bianuales (en marzo y septiembre) con el objetivo de recomponer periódicamente los ingresos de todas las jubilaciones, solucionando así las disparidades que se producían con aquellos que no ganaban la jubilación mínima. El resultado de esta Ley fortaleció la verdadera reparación histórica ocurrida en los últimos doce años, ya que a lo largo de los catorce aumentos semestrales otorgados se logró incrementar los haberes en un 523%, esto es, sustancialmente por encima de cualquier índice de inflación privada (por ejemplo, la consultora de Bein computa un 370% de avance de precios en igual período). Cabe destacar una última cuestión en relación a este punto, a saber, que la decisión política de la fórmula por la cual se determina el incremento de cada semestre no fue neutral. La misma, que incorpora tanto la variación de los salarios, como los ingresos tributarios totales y la recaudación del sistema previsional, ha evolucionado muy por encima de otras formas alternativas de cálculo de la movilidad que se proponían en el momento en el que se sancionó la Ley. Por ejemplo, si para el período que va entre 2009 y 2015 se hubiera aplicado el índice RIPTE en vez de la movilidad previsional las jubilaciones hubieras crecido 510% en lugar de 523%.

Entrando en el análisis de la coyuntura, una cuestión que se deriva directamente de las modificaciones que plantea la nueva ley es el menor incremento que tendrán el marzo próximo los haberes y todos aquellos ingresos de la Seguridad social que se actualizan en base a la Ley de Movilidad. La nueva Ley plantea el cambio de la fórmula vigente y una actualización en base a la evolución de la inflación general (a partir del IPCNU que publica el Indec) y la evolución de los salarios (aproximada por la variación del Índice Ripte publicado por el Ministerio de trabajo). La fórmula anterior, en cambio, ajustaba en base a un promedio entre la recaudación tributaria del SIPA y la variación de los salarios (mediante la variación del Índice de Salarios del Indec o del Índice Ripte, la que resulte mayor de los dos). Asimismo, no solo se pretenden las variables sobre las cuales se sustentan las actualizaciones de la Seguridad Social, sino que además se cambian los meses sobre los cuales se calcula el ajuste. La fórmula vigente ajustaría en marzo próximo en función de la variación acumulada de los ingresos tributarios del SIPA y de la variación de los salarios del período julio 2017-diciembre 2017.

En términos de porcentajes de ajuste, la nueva fórmula ya tiene un número preciso de referencia. En el período julio- septiembre del corriente año la inflación del IPCNU denotó una suba de 5,1%. Por su parte, el Índice Ripte tuvo un incremento en el mismo período de 7,1%. Si se tiene en cuenta que la nueva fórmula se ajusta en un 70% de acuerdo a la variación del IPC y de 30% de acuerdo al Ripte, se obtiene un ajuste final para marzo de 5,7%.

En tanto, la fórmula vigente comprende un aumento estimado marcadamente superior. Respecto de las variaciones proyectadas de los recursos tributarios del SIPA y del Índice de Salarios que publica el Indec hasta diciembre de este año se tiene una variación estimada de 13,2%. En valores absolutos, la siguiente tabla muestra los incrementos que se derivan de una u otra fórmula y la pérdida relativa a los cambios que prevé la Ley.

DETERIORO PROYECTADO EN EL AUMENTO DE INGRESOS POR EL CAMBIO DE FÓRMULA

(en $ corrientes)

Fuente: estimaciones propias en base a ANSES e Indec.

Así, por ejemplo, según marca el estudio del Observatorio UNDAV, “los haberes jubilatorios mínimos tendrán una pérdida aproximada de 543 pesos, las pensiones universales para el adulto mayor (PUAM) perderán 434 pesos, la Asignación Universal por Hijo unos 106 pesos”. Es importante destacar, además, que este recorte en los ingresos de los beneficiarios de la Seguridad Social se produce en un contexto sumamente complejo, caracterizado por el notorio retroceso en el poder de compra de los ingresos que se produjo en los últimos meses en los distintos ingresos que se desprenden del sistema previsional argentino.

En ese sentido, según indican los economistas de la UNDAV, “cuando se acumulan los montos totales que resignarán los jubilados por el cambio de fórmula en los dos últimos años, se encuentran resultados significativos”. Por caso, si se proyecta el ajuste de la nueva fórmula a partir de una inflación proyectada según relevamiento de expectativas de mercado BCRA (16% para 2018 y 11% para 2019), se tiene una sensible baja de haberes mensuales. En números, la merma acumulada supera los $8.600, lo cual representa un 98% de un haber mínimo promedio, para igual período. Dicho de otra forma, en caso de que cambie la Ley de Movilidad por la nueva fórmula de ajuste por inflación y salarios del sector registrado, los jubilados perderían casi un mes entero de sus haberes jubilatorios, en un lapso de dos años.

PROYECCIÓN DE MOVILIDAD DE LOS HABERES JUBILATORIOS

(en $ corrientes, ajustados por inflación proyectada)

Fuente: estimaciones propias en base a ANSES y proyecto de Reforma Previsional.

Por último, pero no menos importante, es sustantivo analizar lo que ocurre en el nivel agregado. Cuantificar el efecto neto sobre el erario público, implica sopesar la transferencia de recursos que la ANSES realizará a partir de dar cumplimiento al artículo de la futura Ley que garantiza el 82% móvil con el ahorro fiscal por el cambio de fórmula.

Así, cuando se compara la movilidad hipotética si se mantuviera la Ley del año 2009, en relación al nuevo ajuste por inflación (aun suponiendo para 2018 un ajuste total ambicioso en torno al 24%). Por último, se asume un ajuste del 5% del SMVM para el último trimestre 2018.

TRANSFERENCIA PRODUCTO DEL 82% MÓVIL

(en $ corrientes, ajustados por inflación proyectada)

Fuente: estimaciones en base a proyecto de Reforma Previsional.

Cabe destacar que, en algunos períodos, incluso con la aplicación del 82% móvil del SMVM, el haber jubilatorio quedaría posicionado por debajo de la proyección hipotética de mantener la Ley de Movilidad tal cual está vigente. Ahora bien, cuando se agrega esta “transferencia positiva” de casi $1.800 por jubilado para las aproximadamente 690 mil personas que estarán alcanzadas, se tiene una transferencia agregada de poco más de $1.200 millones. Cabe destacar que este número representa tan solo un 2,07% de los $60.000 millones que el Estado Nacional ahorrará por el cambio en la fórmula de ajuste previsional, para el próximo ejercicio fiscal.

Dicho de otra forma, en términos globales, el efecto neto resulta de conjugar una transferencia positiva sobre menos de 700 mil. jubilados por el 82% móvil con una transferencia negativa por el cambio en la fórmula de movilidad. Así, el esfuerzo fiscal por la primera, representa menos de 2,1% de lo que los adultos mayores perderán mensualmente por la nueva Ley. Todo esto, es un subproducto de la necesidad del Poder Ejecutivo de equilibrar las cuentas públicas para evitar que se dispare en 2018 el déficit fiscal. Tanto la reforma tributaria como el pacto fiscal con las provincias, será oneroso para las arcas públicas. Por ende, la transferencia neta negativa sobre jubilados, pensionados y demás perceptores de programas sociales, serán la variable de ajuste en el año venidero. A continuación, se comparan gráficamente ambos efectos.

MODIFICACIONES SOBRE EL RÉGIMEN PREVISIONAL

(en millones de $)

Fuente: estimaciones en base a proyecto de Reforma Previsional.

Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre las principales características de la Reforma Previsional, se desprenden los siguientes resultados sintéticos:

En primer lugar, se cuantifica el diferencial entre la nueva fórmula de ajuste por inflación trimestral y la que se obtendría de mantener la Ley de Movilidad. Asumiendo una trayectoria de inflación futura en base al relevamiento de expectativas BCRA, se acumula una brecha de $8.646 en los próximos dos años.

La modificación incorporada en el dictamen de Comisión, relativa a la incorporación de un 30% de índice de salarios registrados –siguiendo al RIPTE- no modifica sustancialmente la inconveniencia del cambio en el esquema de ajuste.

En el corto plazo, adiciona $40 sobre la liquidación de marzo próximo. No obstante, cuando se analiza la serie larga, el RIPTE puede quedar incluso por debajo del índice general de inflación. Por caso, si se toma la serie mensual desde enero 2016 hasta la actualidad, se encuentra que el mismo se posiciona 0,3% por debajo del IPC Caba (IPC Nacional aún vigente para ese lapso).

Claro que no sólo los haberes se ven afectados por la desactivación de la fórmula de movilidad, ya que la gran porción de las prestaciones, ajustaba en base a ese índice. Así, en el próximo ajuste del mes de marzo, la AUH tendrá un deterioro de $105 respecto al correspondiente a la Ley de Movilidad, mientras que la asignación por hijo con discapacidad perderá $345.

En el nivel agregado se conjuga una transferencia positiva sobre alrededor de 700 mil. jubilados por el 82% móvil con una transferencia negativa por el cambio en la fórmula de movilidad. En el efecto neto, la primera representa menos de 2,1% de lo que los adultos mayores perderán mensualmente por la nueva Ley.