“La defensa nacional es así un argumento más que debe incitarnos para asegurar la felicidad de nuestro pueblo” (Juan Domingo Perón)

(Por Juan Godoy*) Lo acontecido con el submarino ARA San Juan, más allá de lo que efectivamente haya pasado en tanto existen varias hipótesis, no es el objeto de estas líneas pues estamos lejos de poder establecer alguna idea en torno a las mismas en un tema tan delicado, sino que nuestra intención aquí es reflexionar brevemente, a partir de lo que los hechos conocidos hasta el momento dejan en evidencia y a algunos discursos que circularon en los últimos días en torno a las Fuerzas Armadas, sobre la función de las mismas en los países semicoloniales como la Argentina.

En relación a lo que el ARA San Juan deja en evidencia es la política llevada a cabo por los diferentes gobiernos en torno a las Fuerzas Armadas, al menos desde 1983 hasta la actualidad. Más específicamente, desde la posguerra de Malvinas, y ligada estrechamente con el proceso de desmalvinización, hasta nuestros días la política de los gobiernos, más allá de su matriz ideológica, prácticamente fue similar en relación a la función de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Una política de relegamiento y de poca atención a la importancia de las mismas, que se revela más grave aún en un país como la Argentina, con enormes recursos ya sea naturales o económicos, y con un territorio, en su mayor parte, con escasa densidad de población y una parte del mismo ocupada por una potencia imperialista. Las Fuerzas Armadas fueron dejadas de lado en torno a la defensa y el desarrollo nacional.

En referencia a los discursos que circularon aparecen fuertemente penetrados por una matriz, a saber: el anti-militarismo abstracto. Es decir, un pensamiento que considera que todo lo que proviene de las Fuerzas Armadas es negativo, que las mismas solo tienen la función de ser garantes y custodios del orden oligárquico. En fin, solo son el brazo armado de la oligarquía. José Enrique Miguens argumenta al respecto que este anti-militarismo abstracto considera que “los militares pueden ser únicamente lo que se califica como guardia pretoriana de la oligarquía, cuya actividad se limita a sofocar los movimientos populares”.

Sobre estas dos cuestiones pretendemos reflexionar, y desde ya, dejar de lado. En torno al anti-militarismo abstracto, tan presente en los sectores de la izquierda tradicional y del progresismo, acá desde una matriz nacional consideramos que las Fuerzas Armadas son una institución, y como toda institución está compuesta por hombres y mujeres, y por lo tanto puede cumplir diferentes roles, es decir, sintéticamente: pueden servir para anudar la dependencia o bien para romperla. Lo mismo que entre los civiles: hay sectores revolucionarios y contra-revolucionarios. Las Fuerzas Armadas están sujetas a tensiones, son un fenómeno vivo, contradictorio y vinculado a las luchas que se dan en nuestro país. A lo largo de la historia podemos comprobar estas diferentes vertientes que se dan desde los cimientos de la patria.

Basta recordar los orígenes de nuestro ejército cuando la invasión inglesa al Río de la Plata de 1806-1807. Este hecho fundacional le da un origen anti-colonialista y fuertemente popular. El hecho fundacional heroico que muchos sectores presos del amor por Europa y Gran Bretaña pretenden olvidar, y alguno llegan a expresar ¡lo mal que estuvo el pueblo criollo en rechazar la “civilización británica”! Es un Ejército popular que se improvisa ante la urgencia de combatir al enemigo, anota Miguel A. Scenna “eran militares improvisados, ciudadanos arrancados a sus actividades ordinarias por la emergencia derivada de la invasión”. No es un hecho meramente de nuestro país, sino que Gianfranco Valori sostiene que “las fuerzas armadas en América Latina son todas de origen popular”. Ramos sintetiza el proceso: “el pueblo criollo en armas se improvisa en Ejército para combatir la invasión británica. Así nace el Ejército argentino; y la palabra “argentino” se creará por esa misma razón (…) La milicia se hará Ejército y el nativo se hará argentino al nacer ambos para la historia en lucha con Inglaterra”.

A lo largo de nuestra historia se enfrentan entonces dos vertientes de las Fuerzas Armadas, que arquetípicamente se pueden establecer en figuras: como “el ejército de San Martín y el ejército de Rondeau, el de Mitre y el de Roca, la milicia facciosa y el Ejército del pueblo al servicio de la nación” (Ramos), podríamos sumar muchos casos como el de Mosconi, Savio, Vicat o el de Agustín P. Justo, o bien el de Perón, Valle, Juan Ignacio San Martín o Aramburu y Videla, por poner algunos ejemplos. En estas vertientes se observa el desprecio por el territorio (“el mal que aqueja a la Argentina es su extensión”) o una política de soberanía sobre el mismo. Una política ligada a la patria chica, reducida a la Pampa Húmeda y a unas pocas familias, enfrentada a una vinculada a la Patria Grande y los sectores populares. Un ejército para la emancipación nacional con la integración del pueblo y defensor de la soberanía nacional, o uno elitista, pro-oligárquico, asesino de su pueblo y/o genocida aliado a las potencias imperialistas.

El anti-militarismo abstracto que deriva en general de la importación acrítica de ideas de lugares lejanos y distantes de nuestra realidad, y de un profundo desconocimiento de la misma. Hay un error grosero que es la identificación del nacionalismo de los países dependientes con el de los imperialistas, y que lleva a confundir al mismo tiempo los ejércitos de los diferentes tipos de país.

Al mismo tiempo, si observamos la historia de nuestro país, observamos que también por sus características como país semicolonial con la ausencia de una burguesía nacional fuerte, fueron principalmente las fuerzas armadas las que plantearon tempranamente el problema del desarrollo y las mismas las que lo llevaron a cabo más profundamente. Es que la lucha nacional es al mismo tiempo la lucha por el desarrollo, pues como decía Hernández Arregui: “o somos nación o factoría”, y en esta lucha las Fuerzas Armadas se revelaron como uno de los factores más dinámicos.

Ahora bien, con la derrota del proyecto industrialista, argumenta Jorge Abelardo Ramos, las mismas depuraron sus filas “para ceder el paso a otros oficiales que interpretaban los viejos intereses agrario-comerciales”. Sin embargo, a pesar de esto, la línea nacional siguió perdurando. Asimismo, en naciones con una cuestión nacional inconclusa como el nuestro, afirma Salvador Lozada “en que la formación de una conciencia nacional es tarea parcialmente incumplida y reclamada con urgente ansiedad, el papel de las fuerzas armadas tiende a destacarse marcadamente”.

Las Fuerzas Armadas para cumplir este papel que indicamos deben estar subordinadas (y al mismo tiempo ser parte), a una política nacional. Definir el proyecto de nación es fundamental para definir el papel de las mismas. Por eso Arturo Jauretche afirma que “sin Política Nacional no hay ejército nacional y recíprocamente”. Es que las Fuerzas Armadas en un país en condición dependiente, no puede permanecer al margen del debate de las grandes problemáticas nacionales. Y es más, como considera Juan Enrique Guglialmelli, las Fuerzas Armadas como “factores activos y dinámicos de la seguridad nacional tienen como tarea fundamental una misión pacífica aunque esencialmente combativa: constituir el escudo protector y, en muchos casos, la vanguardia de la  lucha de todo el pueblo por asentar la soberanía y la autodeterminación nacional a través del desarrollo acelerado de la economía y de las formas superior de la convivencia social”. Nos preguntamos ¿Qué defensa nacional podemos tener sin unas Fuerzas Armadas fuertes y poderosas? La reconstrucción de las mismas requiere retomar una política nacional que apunte a un proyecto industrial, donde tengan un rol central.

Es evidente que las potencias imperialistas quieren países sumisos sin posibilidad de defensa. A los detractores y/o descreídos de un ejército nacional comprometido con la defensa de la soberanía, los invitamos a recorrer nuestra historia y observar lo que venimos sosteniendo, desde las invasiones británicas al Plata y el proceso de emancipación, hasta las revoluciones nacionales que estallaron a lo largo y ancho de Nuestra América. Sino también pueden observar el presente, y por ejemplo las Fuerzas Armadas conformadas por el Comandante Chávez hoy pilar y sostén de la Revolución Bolivariana, ¿alguien puede pensar que esa revolución seguiría sin el apoyo de las Fuerzas Armadas (y el apoyo popular)?, o el ejército boliviano de Evo Morales que retoma la mejor senda de aquellos patriotas que volvieron de la cruenta guerra del Chaco impulsada por el apetito imperialista de las petroleras yanqui y británica, con la derrota, las muertes, pero al mismo tiempo con el cimiento de la conciencia nacional y llevaron a cabo una Revolución Nacional, o si se quiere otro ejemplo también actual, pero más lejano, podríamos tomar la heroica resistencia del ejército sirio al avasallamiento imperialista. Quizás algunos piensen que el mundo es un “club de amigos”, pero evidentemente no, hay intereses contrapuestos y la historia está escrita con sangre, mayormente la sangre de los puebles. Así, si se quiere mantener una paz duradera y la soberanía nacional es necesario el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

A partir de los expuesto brevemente, consideramos que urge la apertura del debate acerca de la función de las fuerzas armadas, pues no hay proyecto de nación posible, en un país semicolonial, sin la integración de las mismas a una política nacional, más aún en un mundo en que las potencias imperialistas a partir del enorme poder que tienen, y mediante la penetración de las empresas transnacionales avasallan la soberanía de los pueblos sin más interés que el de reproducir su propia ganancia. Que la situación, que muchos nacionales vienen denunciando desde hace tiempo, y que quedó cristalizada por la lamentable situación con el ARA San Juan sea la oportunidad para abrir ese debate, que los cuarenta y cuatro compatriotas que tienen como misión la defensa de nuestra soberanía y los recursos sean de guía. En un mundo, que trascurre, como dice Francisco, en una guerra mundial por etapas, y donde la mayor parte de los pueblos tienen como destino “el basural” y la muerte, llegando al primer cuarto del siglo XXI en nuestro caso en particular con un gobierno totalmente sumiso al interés extranjero, es necesario el fortalecimiento de la conciencia nacional y la discusión de las problemáticas centrales donde las fuerzas armadas tienen un lugar central o sino corremos el peligro de perecer como nación. Esperamos pues que como afirma Alberto Belloni “los ejércitos juegan un papel esencial en los países coloniales, y sufren también la presión imperialista, pero en momentos decisivos, toman conciencia del sometimiento nacional y se lanzan a la lucha”.

(*) Sociólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Por Eduardo M. Basualdo y Pablo Manzanelli * para Página/12.

Toda política económica requiere ineludiblemente una fuente de financiamiento. El gobierno de Cambiemos no es una excepción ya que el financiamiento del ajuste económico que está llevando a cabo la encuentra en el endeudamiento externo. Ello implica un giro copernicano respecto al gobierno anterior en tanto su política económica se sustentaba en los recursos internos que, entre otras cuestiones, le permitió llevar a cabo un notable desendeudamiento externo. Pero ese financiamiento de Cambiemos no es distinto al que prevaleció desde la última dictadura militar y que colapsó en la gran crisis de fin de siglo.

Una reciente publicación del Área de Economía y Tecnología de la Flacso y la editorial Siglo XXI se ocupa de analizar el endeudamiento y la fuga de capitales desde la dictadura a la actualidad (“Endeudar y fugar. De Martínez de Hoz a Macri”). Sobre esa base es posible comparar con una misma metodología el comportamiento de ambas variables en el primer año de Cambiemos respecto a las últimas cuatro décadas. Con tal finalidad en el gráfico se presenta el incremento anual de la deuda externa pública en dólares constantes de 2016.

Así, se puede constatar que el endeudamiento externo de 2016 es inédito ya que no sólo va en el sentido contrario al seguido por el gobierno anterior sino que al llegar a 43,6 mil millones supera largamente los picos de endeudamiento anual alcanzados desde 1976. En efecto, es prácticamente el doble del endeudamiento estatal contraído durante la guerra de Malvinas en 1982 (21,4 mil millones de dólares) y más elevado que el de 2003 cuando llegó a 19,2 mil millones de dólares de 2016 como resultado del salvataje al sistema financiero y la asistencia a las provincias en el marco del agotamiento de la valorización financiera y la crisis de la Convertibilidad. Es apropiado destacar que se trató de los dos momentos de mayor endeudamiento externo desde 1976 y que ambas instancias, por distintos motivos, fueron contemporáneos a profundas crisis económicas, políticas y sociales.

El proceso de endeudamiento bajo la administración macrista no se detuvo en ese año ya que el último dato disponible indica que la deuda externa pública creció en términos netos en 14,4 mil de millones de dólares en el primer trimestre de 2017. Es decir, que en un año y un trimestre del gobierno de Cambiemos el incremento de la deuda externa alcanza a 58 mil millones de dólares, lo cual no está demasiado lejos de toda la deuda externa contraída durante la dictadura militar (78,8 mil de millones entre 1976 y 1983) a valores de 2016.

Este nuevo endeudamiento no estuvo orientado a financiar proyectos de infraestructura o a sustituir importaciones, sino que tuvo una finalidad similar a la que experimentó durante la valorización financiera: sólo una parte minoritaria estuvo destinada a incrementar las reservas, ya que la mayor parte se dedicó a enfrentar obligaciones externas –entre las que se cuenta el pago a los fondos buitre–, a cubrir parte de un creciente déficit fiscal y sustentar las divisas provenientes de la fuga de capitales al exterior.

La fuga de capitales locales al exterior alcanzó a 11,7 mil millones de dólares en 2016, lo cual implica un crecimiento de más del 50 por ciento respecto al registro de 2015 y 2014. Se trata de un volumen que, medido a valores de 2016, es similar al promedio anual del ciclo kirchnerista (11,6 mil millones), inferior al promedio del decenio de 1990 (13,8 mil millones), y superior tanto al septenio 1983-1989 (4 mil millones) como a los registros de la última dictadura militar (10,4 mil millones de dólares a valores actuales).

No debe soslayarse que el monto de la fuga de capitales en 2016 se vio morigerado por el impacto del blanqueo de capitales (ingresaron en forma líquida al país 7,5 mil millones depositados en cuentas bancarias con obligación de permanencia por 6 meses) y obviamente por las elevadas tasas de interés de las Lebac.

El actual gobierno puso en marcha un mecanismo de valorización financiera interna, es decir en pesos, pero con altos rendimientos en dólares dada la estabilidad del tipo de cambio (con el reaseguro del dólar futuro). Se trata de una modalidad similar a la valorización financiera del período 1976-2001 pero con peculiaridades propias. En ese entonces, lo central era el diferencial positivo de la tasa de interés local respecto a la vigente en el mercado financiero internacional. Bajo la administración de Macri se asiste a una sumamente elevada tasa de interés local fijada directamente por el Banco Central mediante las Lebac y la combinación entre la estabilidad del tipo de cambio y el mercado del dólar futuro. De esta manera, la persistente valorización financiera de capital conllevó un notable incremento del stock de Lebac, que al 31 de julio superó en un 12 por ciento a las reservas internacionales y a la base monetaria.

Se expresa así el escaso margen de maniobra que tiene el actual planteo económico para evitar que los inversores privados dolaricen sus carteras y presionen aún más sobre el tipo de cambio. Se trata de una encrucijada generada por la propia política económica cuya resolución no se avizora con claridad pero todas las alternativas posibles coinciden en un punto: suponen situaciones críticas.

* Investigadores del Area de Economía y Tecnología de la Flacso.

Así lo dijo Carlos del Valle Rojas, académico de la Universidad de La Frontera, quien se encuentra de este lado de la Cordillera en momentos de una escalada represiva contra las comunidades originarias que ya dejó dos muertos en menos de cuatro meses.

(Por Fernando M. López *) El año 2017 comenzó con una brutal represión a los mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Meses más tarde, tras una reunión bilateral entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, era encarcelado el líder de esa misma comunidad, Facundo Jones Huala, con pedido de extradición desde Chile. El 1º de agosto, en medio de otro salvaje operativo de Gendarmería, moría Santiago Maldonado. Mientras velaban al joven de veintiocho años en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, el sábado pasado, el Grupo Albatros de la Prefectura asesinaba de un tiro por la espalda a Rafael Nahuel, un carpintero de veintidós años que se había acercado hasta la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en Río Negro, para acompañar a familiares y amigos que reclaman esas tierras ancestrales como propias.

Si bien la autopsia determinó que la bala que puso fin a la vida de Nahuel era una 9mm de las utilizadas por la fuerza federal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, salieron a justificar el accionar de Prefectura, tal como lo hicieron anteriormente con Gendarmería en el caso Maldonado.

“Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento”, dijo Bullrich, agitando una vez más el fantasma de la “RAM” y el “terrorismo”.

Un virulento discurso oficial que es acompañado por el constante bombardeo mediático de Clarín y cía., que hablan de comunidades mapuches “infiltradas por miembros de grupos extremistas trasandinos con mayor conocimiento de conflictos guerrilleros” y hasta de vínculos con “kurdos de origen turco”. El colmo del absurdo lo consignó ayer la periodista Natasha Niebieskikwiat al asegurar que Abdullah Öcalan había sido visto en Neuquén, Río Negro y Chubut, cuando en realidad el líder del Movimiento Kurdo de Liberación (PKK) se encuentra preso en la isla turca de Imrali desde 1999.

“Se trata del mismo escenario que se montaba a finales de los noventa en Chile, cuando los mapuches pasaron de ser grupos que se movilizaban socialmente para recuperar sus tierras a ‘terroristas fuertemente armados’ e ‘infiltrados internacionalmente’, aunque eso nunca resultó comprobado”, dijo al diario Contexto Carlos del Valle Rojas, director del Doctorado en Comunicación de la Universidad de La Frontera (UFRO).

El académico chileno se encuentra en Argentina para dictar una serie de conferencias sobre sus investigaciones en torno al proyecto civilizatorio latinoamericano y el rol de la prensa hegemónica y la literatura de élite en la construcción del “enemigo íntimo-interno”.

-¿Concuerda con quienes denuncian la existencia de una coordinación entre Argentina y Chile para arremeter contra los mapuches?

-Absolutamente. Esto tiene sus raíces más profundas en la segunda mitad del siglo XIX, con dos episodios protagonizados por ambos Estados a través de sus ejércitos, que son la Campaña del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, muy coincidentes. Desde ese momento se vio un trabajo coordinado, cuyo propósito era directamente eliminar a la población indígena. Lo que uno puede observar hoy es un rebrote sobre el grupo que históricamente ha tenido como territorio ancestral lo que llaman el Wallmapu, que comprende el sur de Argentina y Chile. No cabe duda de que los Estados nacionales actúan de manera coordinada para criminalizar al pueblo mapuche, llevando el tema hacia un problema de seguridad del Estado.

-¿Cómo se dio ese rebrote represivo en Chile?

-Ha tenido algunos momentos bien diversos. En 1997, cuando se produce una primera movilización fuerte por parte de las comunidades indígenas, el Estado nacional decide aplicar leyes de excepción, como la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad del Estado. Este ciclo tiene otro momento muy fuerte en el año 2002, cuando muere el primero de los mapuches que estaban movilizados. Desde ese momento hasta ahora, se registraron dieciséis o diecisiete mapuches muertos. Con los distintos gobiernos fue variando quizás el énfasis, pero invariablemente la postura es que no se trata de un problema de tipo político sino judicial, de manera tal que, ante cualquier movilización o protesta, los tribunales invocan esas leyes de excepción.

-La Ley Antiterrorista data de la dictadura de Pinochet…

-Sí, es una ley que no se ha replanteado aun cuando el Estado chileno recibió un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que debe ser revisada y dejar de aplicarse contra las comunidades indígenas. De acuerdo con el análisis que hace la Corte, de las diecisiete ocasiones que se aplicó la Ley Antiterrorista desde el año 2000, doce eran en forma específica contra grupos mapuches. El principal dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), por ejemplo, estuvo preso ocho años por la aplicación de esa ley.

-Es la misma que quieren aplicarle a Jones Huala en caso de lograr su extradición.

-Claro, es lo primero que van a intentar usar. Pero cada vez se les hace más complicado y no sólo por el fallo internacional. Hace poco menos de un mes hubo un fallo del Tribunal de Temuco que termina absolviendo a los once mapuches que habían sido acusados por la Ley Antiterrorista. Es el primer caso desde 1997, y el principal fundamento fue que no existía evidencia de ese carácter. Entonces, es muy probable que tanto los tribunales como el Estado estén ahora replanteándose si conviene o no esa línea para poder obtener los resultados que ellos esperan.

-¿Cuáles son los principales intereses detrás de la persecución a los mapuches en Chile?

-Empresas hidroeléctricas en el Alto Biobío, en la VIII Región, y en el caso de la Región de la Araucanía el tema está relacionado con las empresas forestales, en su mayoría transnacionales, un extractivismo que estas empresas no están dispuestas a perder. Finalmente, lo que está en juego son conflictos que involucran intereses privados pero que se justifican desde el Estado nacional como si fueran problemas de orden público.

-¿Por qué cree que hay tan poca predisposición de los gobiernos de Argentina y Chile a resolver estos conflictos en una mesa de diálogo?

-Cuando el Estado se pone en esa postura insensible e intransigente, no va a avanzar mucho en ningún tipo de diálogo. Lo curioso es que, tratándose de comunidades indígenas, esta intransigencia se mantiene hasta el final, cosa que no ocurre con otro tipo de conflictos, con otros actores. Acá también tenemos una suerte de abuso de poder. Pero creo que todo esto tiene que ver con la historia que se carga encima, porque lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX es la intervención de los Estados nacionales con una necropolítica, que implicaba matar a los indígenas sin ninguna otra discusión, un proyecto civilizatorio de países blancos y occidentales. Cambiar eso significaría en el fondo cambiar la historia también.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.

(Por Nelson Ferrer) Algo acaba de suceder en la Argentina. Justo el día en que se conmemoró el 172º aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado, estipulado como el Día de la Soberanía, miles de trabajadores se reunieron en Luján, en el camping del combativo Sindicato de Farmacia, para participar del Encuentro de la Militancia por la Soberanía Nacional. Un hecho soslayado y ocultado por los medios de comunicación hegemónicos y mal interpretado por quienes no pudieron entender la trascendencia de lo que allí se gestó. Hasta el periodismo bien intencionado no vio otra cosa que un “rejunte” de dirigentes gremiales opositores al gobierno, reunidos para hacer catarsis y morigerar los golpes demoledores que la Derecha viene asestando a sus representados y al pueblo argentino en su conjunto. Craso error. Porque tras el Encuentro de Luján nada será igual.

Hubo allí un acontecimiento histórico. Un hito que marcará un “antes y un después” en el devenir de la política nacional, que no se limita en sus efectos a la cuestión meramente sindical. Se encontraron, y se abrazaron, líderes de organizaciones y corrientes sindicales y sociales que hasta hace poco parecían irreconciliables. Algunos analistas se aventuraron a afirmar que, en esta oportunidad, Pablo Moyano logró reflotar el mítico Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Otros, que el evento había dado lugar a la fundación de la “CGT – Luján”. Ni una cosa, ni la otra. Porque no fue un encuentro espontáneo. Tampoco fue un acto reflejo de aquellos a quienes “los une el espanto”. Fue, en todo caso, la consecuencia lógica de acciones bien fundadas y programadas por un sector del Movimiento Sindical curtido en las batallas que constituyen lo mejor de las tradiciones del movimiento obrero argentino. Un acontecimiento cualitativamente más importante que la fundación del MTA en 1994. Porque en Luján se constituyó, de hecho, una suerte de “Plenario Intersindical” más amplio que cualquiera de las organizaciones precedentes. Pretender que de este Encuentro surja otra Central obrera, buen favor le haría al gobierno neoliberal que asumió en 2015 con el hándicap de enfrentar a los trabajadores divididos en cuatro centrales y en siete corrientes sindicales. Es evidente que, en el espíritu de los participantes, nadie tiene la intención de seguir dividiendo y debilitando al movimiento nacional. Dicho esto, y para entender lo acontecido en Luján el 20 de noviembre, tenemos que remitirnos a su génesis. Debemos reconocer que, aunque relativamente nueva, la organización convocante fue la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. Esta corriente, que se constituyó formalmente en agosto de 2016, está integrada por tres vertientes sindicales caracterizadas por sólidas señas identitarias y por derroteros históricos que las hermanan. Por un lado, están los sindicatos que responden al Núcleo del MTA, un espacio que se forjó en la resistencia al neoliberalismo en los años 90 del pasado siglo y que se mantuvo activo a pesar de la decisión inconsulta de alguno de los líderes del MTA de desintegrar el Movimiento en 2004. Este Núcleo se ha caracterizado por su combatividad, por su coherencia, por su programa nacional y por su independencia de clase frente a los gobiernos de turno. Es, como suelen denominarlo, “la reserva moral” del movimiento obrero. El Núcleo del MTA nunca tuvo por objeto constituir una Central por afuera de la CGT. Su principal referente es Horacio Ghilini, dirigente del Sindicato de Docentes Privados. Además del SADOP, integran este espacio, el SATSAID (Televisión); la ADEF (Farmacia); la UOMA (Molineros); el SUP (Publicidad); la FATIDA (Gráficos del interior); la CEA (Confederación de Educadores Argentinos), SITRAJU (Judiciales); UOM de San Justo (Metalúrgicos); FATPREN (Trabajadores de Prensa); SECASFPI (Trabajadores de ANSES); APSEE (Energía); Telefónicos, entre otros. Otra de las vertientes de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, es la Corriente Sindical Federal. Un grupo de sindicatos liderados por la Federación Gráfica Bonaerense, con mucha influencia en las Regionales de la CGT del interior del país. Su referente indiscutido es Héctor “Gringo” Amichetti, Secretario General de la FGB. Este sector se identifica especialmente con la histórica CGT de los Argentinos, liderada por Raimundo Ongaro. La tercera vertiente está representada por la Asociación Bancaria, el poderoso sindicato de los empleados bancarios, liderado por Sergio Palazzo. La Bancaria, gremio de gran trayectoria, fue de los primeros en plantarse firmemente contra las políticas regresivas implementadas por el presidente Macri cuando inició su mandato. Las luchas obreras desencadenadas a principios de 2016 en respuesta a las mismas, encontró en la calle, a cielo abierto y casi cotidianamente, a los militantes de los sindicatos de las tres vertientes. Luego, sólo bastó matrizar la unidad y presentar en sociedad a esta nueva Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, hecho que se produjo en agosto de 2016 en el Micro Estadio de Ferro. A partir de entonces, todos los trabajadores reconocieron a esta organización como una verdadera representación de los intereses nacionales y populares. Una entidad combativa, solidaria y unitaria que se dispuso desde un principio a tejer alianzas con otras organizaciones sociales para resistir los embates neoliberales. Con un Programa Nacional sintetizado en 27 Puntos, inspirados en los Programas de La Falda, Huerta Grande, 1º de Mayo de 1968 de la CGT de los Argentinos, los 26 Puntos de la CGT de Ubaldini y el Programa del MTA, la CFT enarboló la unidad en base a principios históricos del movimiento obrero argentino. Consolidada como organización en apenas un año de lucha, la CFT dejó al descubierto todas las concesiones que los principales dirigentes de la CGT dieron al gobierno de los ricos, dando la espalda a los trabajadores y a los más humildes de la sociedad. Esta ausencia de representatividad por parte de los dirigentes de la CGT, denunciada por la Corriente Federal en el Congreso de la Central, como en el Confederal, ha deslegitimado las negociaciones y los acuerdos que el triunvirato ha realizado con el gobierno. Por otra parte, el clamor popular por ponerle límites a la voracidad oligárquica convocando un Paro Nacional que la CGT viene postergando indefinidamente, ha determinado que otras centrales sindicales, como las dos CTA y un grupo de gremios de la CGT liderados por Pablo Moyano, aceptaran participar del Encuentro de Luján convocado por la Corriente Federal para consensuar un enérgico Plan de Acción. Palazzo, Ghilini, Amichetti, Yasky, Micheli y Moyano, serán los conductores.

Ahora, resulta harto evidente que tras el éxito del 20 de noviembre, ha nacido un Frente Sindical y Social que, aún sin tener un nombre, evidencia la gestación de “una masa crítica” que está en condiciones de resistir eficazmente las políticas regresivas del actual gobierno y de avanzar en la construcción de una fuerza motriz sobre la que se sustente un nuevo bloque político Nacional y Popular. Entonces, como en otros momentos trágicos de la historia argentina, en los que la clase política no ha estado a la altura de las circunstancias, será nuevamente el Movimiento Sindical quien fije la última frontera, el límite inexpugnable para quienes pretendan devolvernos a la miseria de la dependencia y la injusticia social que las clases dominantes enarbolan como su única bandera.

(Por Fernando M. López)  El Gobierno de Mauricio Macri se lanzó con toda su rapacidad en contra del derecho de los trabajadores, con una reforma laboral que flexibiliza y precariza –como nunca en el último siglo- las condiciones de trabajo de todos los argentinos. En paralelo avanza sobre las paritarias para congelar salarios durante los próximos años. Son parte de un mismo juego donde el objetivo es garantizar las condiciones para una mayor expropiación del capital sobre el trabajo, o dicho de otro modo, una profundización del saqueo de los ricos a los bolsillos de los laburantes.

Claro que esto es posible gracias a un poderoso y burocratizado sector de la dirigencia gremial que, por acción u omisión, da vía libre a la succión sin límites de los recursos de aquellos a quienes dicen representar, que son cada vez más golpeados por un proceso inflacionario que no cede a causa de los tarifazos en los servicios públicos, el aumento sin control de los combustibles y la suba de los alimentos, entre otros productos de primera necesidad.

Así como la modificación al convenio colectivo de los trabajadores de Vaca Muerta, firmada por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado, que lidera Guillermo Pereyra, fue la punta de lanza de una reforma laboral a la brasilera, hoy la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Antonio Caló es cómplice de la avanzada contra las paritarias.

El mismo Caló que en el marco del último Coloquio de IDEA, antes de las elecciones legislativas, llamaba “compañero” al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y le daba la “bienvenida” a la flexibilización laboral, firmó con la Casa Rosada, la gobernadora Rosana Bertone y los empresarios electrónicos la eliminación de las paritarias para los metalúrgicos de Tierra del Fuego hasta el 2020.

“Hemos sido víctimas de un extorsión por parte del Gobierno nacional”, dijo el diputado nacional y secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, y aseguró que el gremio no tuvo otra alternativa. Hasta lo graficó con un “chiste”, el del “prisionero que era condenado a muerte, salvo que aceptara dunga, dunga”.

Según el gremialista, habían amenazado con “quitarle la protección arancelaria a la producción de Tierra del Fuego”, lo que hubiera puesto en riesgo más de 10.000 fuentes de trabajo directas y otras tantas indirectas, y presionado “con la posibilidad de la reducción del 30% de nuestros ingresos”.

Habrá que ver cuánto poder adquisitivo perderán los metalúrgicos fueguinos durante los 24 meses de congelamiento salarial si la inflación continúa con el ritmo actual y se mantiene por encima del 20%. Pero acá lo cierto es que, más allá de las extorsiones y las amenazas, no hubo medidas de fuerza para resistir la embestida. Ni siquiera una movilización. Y eso que la UOM fueguina las había anunciado (marchas para el 14 y el 20 de noviembre, y un paro general antes de fin de mes). Todo quedó en la nada cuando llegó Caló con el “Acuerdo por la Producción y el Empleo” que le había dictado el “compañero” Triaca.

“El comportamiento de algunas organizaciones y dirigentes sindicales es muy claro. No sólo no están defendiendo los intereses de los trabajadores, siguen una misma línea de entrega de derechos”, afirmó en diálogo con Primereando el secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane.

El gremialista también rechazó el discurso oficial, amplificado por los grandes medios, con el que se justifican este tipo de medidas antiobreras y se avanza en “la precarización del derecho laboral, previsional e impositivo”.

“Nos vienen a decir que todos tenemos que ceder algo… Los trabajadores nos hemos pasado la vida cediendo. ¿Cómo se va argumentar que la Argentina no se desarrolla y que está en crisis por los derechos que tienen los trabajadores? Es una mentira, una verdadera vergüenza”, enfatizó.

Otro de los dirigentes gremiales que salió a rechazar la flexibilización del Gobierno fue el camionero Pablo Moyano, quien ayer apuntó contra los eternos dialoguistas de la CGT, los triunviros Juan Carlos Schimd, Héctor Daer y Carlos Acuña.

“Esperemos que los dirigentes que tienen los cuadros de Perón y Evita en sus oficinas se opongan a esta reforma que va contra los trabajadores”, ironizó y calificó la ley que pretenden imponer como “peor que la de Brasil y la de los 90”.

Mientras tanto, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, liderada por el bancario Sergio Palazzo, ya delinea un plan de lucha. El próximo lunes, de hecho, los gremios que integran la organización se reunirán en Luján para definir la fecha de una marcha contra las reformas macristas.

“El diálogo tiene que tener el límite de este mes y luego adoptar medidas de acción”, sostuvo el secretario de prensa de La Bancaria, Eduardo Berrozpe, quien advirtió: “Son reformas que no solamente se descargan sobre los trabajadores, sino que luego de aplicadas van a significar una mayor caída del mercado interno y una menor posibilidad de tener empleo de calidad”.

Rigane confirmó que la idea de las dos CTA es sumarse a la macha de la CFT porque “no hay posibilidad de confrontar esta precarización que se plantea si no tenemos capacidad de unirnos en acción”.

“La unidad se hace imprescindible y hay que hacerla con todos y cada uno de los sectores que representan al movimiento obrero. Llegó la hora de qué dejemos de lado cualquier tipo de diferencia porque si llega a avanzar con esta iniciativa de precarización, difícilmente nos podamos reponer. Acá se avanza contra los trabajadores y jubilados, contra la actividad sindical, y contra los abogados laboralistas”, enumeró el secretario adjunto de la CTA Autónoma.

Por lo pronto, las organizaciones gremiales llevaron su reclamo ante el director general de la OIT, Guy Ryder, con quien se reunieron este miércoles en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se desarrolla en Buenos Aires.

Desde la CTA confirmaron, además, que participarán del Encuentro Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que tendrá lugar entre el 16 y el 18 de noviembre en Uruguay, donde las reformas del golpista brasileño Michel Temer y de su par argentino, Mauricio Macri, serán temas obligados.

La carrera dirigida por Elsa Llenderrozas dio de baja una materia cuyo profesor titular fue candidato en las listas opositoras al espacio gobernante. Cambiemos no sólo conduce los destinos del país, sino también los de Ciencia Política de la UBA.

(Por Tomás Crespo* y Juan Manuel Facorro **) El pasado martes 31 de octubre la Junta de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tuvo su primera sesión con la composición que la misma adquirió tras los comicios que se llevaron adelante en esa casa de estudios hace dos años atrás.

En el orden del día dispuesto –al margen de algunas cuestiones de menor relevancia- se destacaba la aprobación de la grilla de materias optativas que los estudiantes podrán cursar a lo largo del año 2018.

En el proceso electoral acaecido en el mes de septiembre de este año, surgieron numerosos rumores que hacían mención al modo en que se otorgarías las materias para el próximo ciclo lectivo. Sin embargo, como miembros de la comunidad académica de Sociales -la que transitamos y habitamos desde hace tantos años- elegimos creer que primaría en la dirección de la Carrera el espíritu de camaradería y compañerismo que, al margen de las coyunturas electorales, ve en el adversario político un otro necesario en la tarea colectiva que implica la construcción de conocimiento.

Pero no fue así. Pese a que la materia Marxismo e Historia Argentina a cargo del profesor Pablo López Fiorito figuraba en la planilla que circuló el día previo a la votación, al llegar a la sesión de la Junta advertimos que la misma había sido excluida de la oferta que se ponía a consideración. La misma suerte corrieron las propuestas de los profesores Fabián Lavallén Ranea y Pablo Javier Salinas, con quienes nos solidarizamos plenamente.

Los motivos por los que esto sucedió pueden ser varios y de distinta índole. Sin pretender ser exhaustivos en la enumeración, podríamos mencionar entre los plausibles: mero cálculo electoral (para que el espacio que conduce la carrera de Ciencia Política pueda contar con un voto más en el claustro docente); revancha política (debido a la posición asumida tanto por el titular de la materia como por muchos de sus integrantes a favor de la Lista 10, opositora a la que finalmente resultó triunfante); o hasta la propia temática de la materia.

Sin embargo, ninguna de esas razones –algunas más nobles que otras- resulta plausible. Lo que ocurrió es mucho más grave. La alianza electoral CAMBIEMOS –a través de la Unión Cívica Radical- no sólo conduce los destinos del país, sino también los de la carrera de Ciencia Política de la UBA. Y al igual que sus pares en el Estado nacional, bajo un manto institucionalista y pretendidamente democrático ejercen en realidad un gobierno profundamente autoritario y excluyente.

No hay en la decisión de excluirnos otra motivación que demostrarle a la comunidad de Sociales y de Ciencia Política que no importa cuán legitimada esté una asignatura entre los estudiantes, cuán original sea su propuesta educativa y cuál sea el posicionamiento adoptado por sus integrantes en la política interna de la Facultad. Lo que debe quedar claro es que el espacio gobernante aspira a quedarse con todo lo que esté a su alcance y no dudará en marginar a quien sea necesario con ese objetivo. Hoy nos tocó a nosotros y mañana será el turno de otros compañeros y compañeras.

Mientras tanto, el armado que fuimos construyendo al calor de la Universidad continuará trabajando a pesar de no contar con un lugar institucional y seguiremos dando las peleas que haya que dar para tenerlo de vuelta.

Claro que esa batalla no será llevada adelante sólo por el profesor titular o por el cuerpo docente. Durante 5 años presentamos nuestra materia en la carrera de Ciencia Política y somos plenamente conscientes de que si no hubiéramos contado con la ayuda inestimable de los compañeros y compañeras del Frente de Graduados y demás organizaciones de estudiantes, no hubiéramos logrado nada. Se trata entonces de una lucha colectiva, que es el único modo en que concebimos el accionar político en cualquiera de sus formas.

Creemos en lo que hacemos y sabemos que nuestra labor aporta en cantidad y calidad a los contenidos que la Facultad brinda. No cejaremos en nuestros objetivos, sino que seguimos construyendo con el fin de que la Universidad pueda acompañar a nuestro pueblo en este momento tan complejo para el país y ser parte junto a él del proceso que supere la actual restauración liberal-conservadora.

Finalmente queremos convocar a todos los compañeros y compañeras que integran las distintas fuerzas de la izquierda y del movimiento nacional y popular a que nos acompañen tanto para lograr que se mantenga la asignatura como para mejorar el programa y los contenidos de la misma.

Por lo pronto, no es una buena señal lo que ha sucedido. Concretamente, se dio de baja una asignatura cuyo titular había sido candidato tanto en Ciencia Política (como profesor) y Sociología (como graduado) en las listas opositoras al oficialismo en mbas carreras, sumado al hecho de haber manifestado su apoyo a la Lista 10 en lo atinente al gobierno de la Facultad, que finalmente fue derrotada por el espacio que encabeza la decana electa.

Y si bien las consideraciones estrictamente académicas siempre deben ser tenidas en cuenta, lo ocurrido no deja de despertar cierta suspicacia.

Nuestra materia fue pensada para desentramar los muros evitables que en la realidad latinoamericana se han construido entre la izquierda y el movimiento nacional y que impidieron el establecimiento de cualquier dialogo fraterno, tan necesario para ambas tradiciones teórico-políticas.

Nosotros hemos demostrado, cuatrimestre tras cuatrimestre, que ese puente no solo es posible sino imprescindible y fecundo.

Esperamos que las autoridades de la Carrera y de la Facultad también puedan advertir lo necesario de este debate.

(*) Graduado de Ciencias de la Comunicación, docente de la Cátedra Marxismo e Historia Argentina.

(**) Graduado de Ciencia Política, docente de la Cátedra Marxismo e Historia Argentina.

Así lo dijo el sociólogo Horacio González, que impulsa una convocatoria junto a Eugenio Zaffaroni, Estela de Carlotto, Mempo Giardinelli, Susana Rinaldi y Cristina Banegas para alzar una “voz de alerta” ante los peligrosos atropellos del macrismo. Será este miércoles en el Congreso.

(Por Fernando M. López *) En tiempos de Mauricio Macri, la defensa de la democracia y el Estado de derecho exige una lucha diaria, que abarque a los más amplios sectores políticos y sociales, movilizados permanentemente. No se puede resignar ni un ápice de libertad, ninguna garantía constitucional, ni un solo derecho conquistado.

En ese escenario, Eugenio Zaffaroni, Estela de Carlotto, Horacio González, Mempo Giardinelli, Susana Rinaldi y Cristina Banegas encabezarán este miércoles a las 17 una presentación en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación para denunciar los distintos atropellos en los casi dos años del gobierno de Cambiemos.

“La República cruje, la democracia y el pluralismo ideológico están en peligro, los límites al poder se borran, no es momento de discutir preeminencias ni de hacer especulaciones”, remarcan en el llamado a “defender el techo democrático común”.

La convocatoria surgió tras el recrudecimiento de la persecución política de dirigentes opositores, alentada por un sistema mediático concentrado sin escrúpulos, y la pérdida –cada vez más marcada– de independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

La renuncia de la procuradora general Alejandra Gils Carbó luego del hostigamiento y las amenazas constantes en su contra, así como las detenciones arbitrarias de Julio de Vido y Amado Boudou, fueron las gotas que rebalsaron el vaso que comenzó a llenarse cuando el gobernador jujeño Gerardo Morales metió presa a Milagro Sala y la Casa Rosada incumplió cada una de las resoluciones internacionales por su liberación inmediata.

“La gravedad de la situación pone a todo un país frente al abismo”, dijo al diario Contexto el sociólogo Horacio González, y explicó que la del miércoles será una “voz de alerta” que “ayude a pensar a muchos compatriotas y ciudadanos” sobre todo lo que está en riesgo.

“La forma de tomar a las personas como lugares de destrucción de una imagen, con fotografías que las muestran con chalecos, cascos y esposas, es una invención que tiene una perfidia inigualable y que acerca muchísimo a este gobierno a un régimen totalitario”, sostuvo al referirse a los arrestos de De Vido y Boudou.

Para González, cuando una persona “es juzgada previamente por el conductor del noticiero central y después actúa un juez de oficio”, no cabe duda de que “la Justicia está totalmente destrozada por dentro”.

“No podemos estar inmóviles mientras se cae el Estado de derecho a pedazos”, agregó el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; al tiempo que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, instó “a poner el hombro para que no se avance en esta dislocada etapa donde la Constitución se viola y las leyes se desconocen o se anulan por decretos de necesidad y urgencia”.

“No sólo se ha deteriorado la calidad de la democracia que tanto dolor y tanta sangre costó hace cuarenta años, sino que –peor aún– es la democracia misma la que peligra”, completó el escritor Mempo Giardinelli al hacer hincapié en los “diarios atropellos políticos y jurídicos en un país desquiciado, cuya Justicia ya no es tal pues ha sido copada y desvirtuada por una banda corporativa que merecería la cárcel si la Argentina fuera hoy –como les gusta decir a los contentos de la república– ‘un país normal’”.

González, por su parte, también advirtió sobre las reformas anunciadas por Macri la semana pasada, que “trastocan todos los derechos” de trabajadores y jubilados.

En este sentido, consideró que la reforma laboral de Cambiemos retrotrae a la clase obrera a la situación anterior a 1904, cuando ni siquiera existía la Ley Nacional de Trabajo impulsada por Joaquín V. González.

“La ley de los conservadores era más atinada que la de Macri, que significa la destrucción misma del contrato laboral, y más que eso: es la destrucción del sujeto público, porque se le quita la fuente de seguridad del trabajo, la fuente nutricia de lo que es una persona”, reflexionó el sociólogo.

“Por lo tanto, se hacen necesarias las voces de alerta. La del miércoles será una de las tantas. Hay que multiplicarlas en todo el país”.

(*) Artículo tomado del diario Contexto de La Plata.

La lista arranca con el presidente Mauricio Macri, investigado en distintas causas, entre ellas la del Correo Argentino a cargo de Ariel Lijo, el mismo juez que detuvo a Boudou sin siquiera procesarlo. Gabriela Michetti, Juan José Aranguren, Gustavo Arribas y muchos otros miembros del gabinete están imputados, procesados o asumieron bajo estado judicial.

(Por Jonathan Heguier *) La Justicia impuso un nuevo modus operandi: meter presos a políticos sin condena por haber sido funcionarios y posible entorpecimiento de la causa, ya que el solo hecho de haber sido funcionarios provocaría tales complicaciones a las investigaciones.

Tanto en el caso Julio De Vido como Amado Boudou usó a ese riesgo procesal limitado y llevó a la cárcel a ambos ex funcionarios del kirchnerismo que se presentaron siempre a declarar por sus propios medios y no dieron señales de querer entorpecer la causa.

Hoy, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a Boudou se lo detiene con preventiva por orden del juez Ariel Lijo por haber sido ministro y vicepresidente y "por las relaciones que conserva en el poder". "La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-", afirma el fallo, similar a la determinación con el ex ministro de Planificación.

En sus argumentos, Lijo se basa en el fallo de la Cámara Federal por el cual ordenó al juez Luis Rodríguez detener a De Vido en la causa por el yacimiento de Río Turbio, de cuando era ministro de Planificación Federal. En ese fallo, la Cámara consideró que se debía tener en cuenta no solo si la persona se ajustaba a derecho sino si los lazos de los imputados creados en el marco de los presuntos ilícitos seguían vigentes y eso podía entorpecer la investigación.

Con este mismo procedimiento de la "doctrina De Vido-Boudou", la Justicia argentina podría y debería detener a funcionarios del actual Gobierno que están imputados, procesados o asumieron bajo ese estado judicial

. Al ser hoy parte del Estado, les daría un poder privilegiado para complicar el andar de las causas judiciales en su contra, si se siguiera esa línea argumental inaugurada recientemente. La lista que complica al Gabinete de Mauricio Macri y hasta al mismísimo Presidente.

MAURICIO MACRI

El Presidente de la Nación es investigado por la causa del Correo Argentino. ¿El juez? También es Ariel Lijo. Es en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado aceptó el año pasado para que el Correo Argentino salde su deuda millonaria con una quita del 98,8 por ciento.

El mandatario además asumió procesado por la causa escuchas ilegales, procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Con la "doctrina De Vido-Boudou" no debería haber asumido o caer en prisión ya asumido.

Además, Macri acumula causas por encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado, por el memorándum con Qatar, Panamá Papers y los casos Avianca y Fly Bondi. Todas bajo su presidencia.

GABRIELA MICHETTI

Imputada la vicepresidenta junto a Macri por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses. Luis María Blaquier, uno de los funcionarios del gobierno nacional que firmó el Memorándum, renunció a su cargo al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa apeló y ahora está en manos del fiscal Germán Moldes, quien debe impulsarla o dejarla caer.

JUAN JOSÉ ARANGUREN

El ministro de Energía está imputado por negociaciones incompatibles, ya que se inició una causa penal contra el ministro por haber designado como subsecretario de Energía Hidroeléctrica a un consultor vinculado a la firma que hizo el impacto ambiental de las represas Kirchner y Cepernic, que ahora cambiaron nuevamente de nombre.

La denuncia pide que se investigue si Aranguren incurrió en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

Según la denuncia, un funcionario "como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de elaborar el informe ambiental de la obra" de las represas sobre el río Santa Cruz, ahora rebautizadas "Condor Cliff" y "La Barrancosa".

GUSTAVO ARRIBAS

El director de la AFI (ex SIDE) fue denunciado por recibir transferencias de parte del cuevero Gustavo Meirelles, en una fecha coincidente en la que se decidía el inicio de las obras por el soterramiento del Sarmiento, obra adjudicada a Odebrecht. Hubo documentación y declaraciones que los complicaban, además del propio testimonio de uno de los hombres clave del Lava Jato brasileño. El juez Canicoba Corral no solo no lo detuvo con la doctrina "De Vido-Boudou" sino que realizó un sobreseimiento exprés.

Como si fuera poco, el fiscal de Cámara Germán Moldes desistió de impulsar la investigación, pese a que él era uno de los más enérgicos críticos al cierre de la denuncia de Nisman.

LUIS CAPUTO

El ministro de Finanzas está denunciado por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Durante el 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a un Fondo Común de Inversión que administró el propio ministro hasta un día antes de asumir como secretario, en 2015. La causa quedó radicada ante el juzgado federal número nueve, a cargo del juez Luis Rodríguez. Este magistrado es el primero que ordenó detener a De Vido, a expensas del fallo de la Cámara Federal.

El Fondo de Garantías podía, y de hecho lo hizo, comprar Lebacs sin pagar comisiones, pero prefirió tercerizar parte de esa operación al abonar comisiones al fondo FCI Axis Ahorro Plus, fundado por el titular de la cartera de Finanzas e integrado por él hasta diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación.

LUIS ETCHEVEHERE

El recién asumido Ministro de Agroindustria está denunciado por evasión, desvío de dinero y cuentas ocultas en Uruguay.

El Grupo Etchevehere está complicado por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias a través de maniobras irregulares con préstamos por $ 4,5 millones.

CARLOS MELCONIAN

El ex presidente del Banco Nación fue denunciado bajo su gestión en 2016 por darle subsidio al presidente de la Sociedad Rural, ahora ministro de Agroindustria. El establecimiento rural “Las Margaritas S.A.”, propiedad de los Etchevehere en Entre Ríos, recibió un subsidio de parte del Banco nación por $ 900.000.

FEDERICO STURZENEGGER

El titular del Banco Central asumió imputado. Fue por la causa del canje de bonos en la gestión de Fernando De la Rúa. Hasta la Corte Suprema confirmó el procesamiento por el Megacanje. El 28 de septiembre de 2016 su sobreseimiento quedó firme cuando el Fiscal federal Germán Moldes no lo apeló. Debió pasar años detenido con la "doctrina De Vido-Boudou".

PATRICIA BULLRICH

La ministra de Seguridad está imputada en la causa por el encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. El fiscal Federico Delgado dio impulso a una denuncia penal y pidió informes a la Justicia de Esquel y al Ejecutivo. Macri y Pablo Noceti, jefe de gabinete de ese ministerio, también imputados.

ALFONSO PRAT-GAY

El ex ministro de Hacienda y Finanzas estaba denunciado por evasión fiscal en el marco de una presunta operación ilícita vinculada al banco HSBC cuando asumió. Recién en 2016 anunció que la jueza Straccia dictó su sobreseimiento en la causa.

SUSANA MALCORRA

La ex Canciller también estuvo imputada, junto al Presidente y la vicepresidenta por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares.

MARIO QUINTANA

El vicejefe de Gabinete fue imputado en la causa del 'dólar futuro' iniciada tras una investigación de El Destape. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al director del Banco Central, Pablo Curat y a él. Quintana "habría sido uno de los funcionarios intervinientes en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos del Mercado a término de Rosario (ROFEX) (…) el nombrado se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus los cuales habrían adquirido dólares a futuro por un monto de 11.480.000 dólares", dice la denuncia.

También Quintana en el caso Fly Bondi. El fiscal Di Lello pidió investigar a Quintana para determinar "si guarda relación con la empresa aérea". El fiscal ya había imputado a Mauricio Macri, su padre y funcionarios por el caso Avianca.

SERGIO BERGMAN

El ministro de Medio Ambiente está denunciado penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py por su actuación previa a los incendios forestales que azotaron a las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. El rabino habría contratado helicópteros "a dedo".

La causa recayó por sorteo en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, con intervención del fiscal federal Federico Delgado.

GUILLERMO DIETRICH

El ministro de Transporte está denunciado por un supuesto fraude al Estado que se cometería con la transferencia de la aerolínea Mac Air, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, según la presentación en la que se advierte un posible conflicto de intereses por la promesa de otorgamiento de nuevas rutas aéreas ante el ingreso de las "low cost", un nuevo mercado que se abrió por decisión de los actuales funcionarios.

OSCAR AGUAD

El ex ministro de Comunicaciones y ahora titular de Defensa también está imputado por la causa Correo Argentino que tiene en vilo a Macri. Como ministro habría avalado el acuerdo de la empresa de los Macri con el Estado.

ANDRÉS IBARRA

El ministro de Modernización estaba denunciado en la Justicia federal por el acuerdo suscripto con Corea del Sur que supuestamente incluiría la compra de las máquinas de voto electrónico, un proyecto desactivado en el Senado. Fue sobreseído a los cuatro meses de la denuncia. Había sido denunciado en diciembre de 2016.

PABLO AVELLUTO

El ministro de Cultura fue imputado por irregularidades en las contrataciones que a través de su cartera se realizaron para la feria Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), que se desarrolló en Madrid en febrero.

El fiscal Franco Picardi consideró que se debe investigar si cometió "defraudación a la administración pública”.

JULIO MARTÍNEZ

El ex ministro de Defensa, ahora senador electo en La Rioja tiene una causa abierta por el intento de compra de armamentos a EE.UU. que reveló El Destape.

El fiscal federal Franco Picardi lo imputó junto a los diputados oficialistas Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.

Es por la millonaria compra de un arsenal a los Estados Unidos que supuestamente hubiera implicado un fraude al Estado y generado beneficios para algunos de los involucrados.

(*) Periodista de El Destape.

La titular de la Comisión Administrativa de la Biblioteca, María Teresa García, le respondió al presidente con una carta abierta en la que reveló los “absurdos cargos” creados por Cambiemos desde su llegada a la Casa Rosada. “Solicito que deje de humillar a trabajadores que sostienen y sostuvieron nuestro país cuando usted estaba de vacaciones o haciendo trámites en Panamá”, dijo y le exigió que devuelva “la deuda de su empresa que pagamos todos los argentinos”.

En medio de sus anuncios de reformas y profundización del ajuste, el presidente Mauricio Macri arremetió contra los trabajadores de la Biblioteca del Congreso de la Nación, a quienes señaló como parte de las “estafas que se tienen que terminar”.

“Tiene más empleados que la mayor biblioteca del mundo. Pasó de menos de quinientos a más de 1700 empleados”, dijo el mandatario desde el Centro Cultural Kirchner, haciéndose eco de una nota del diario Clarín.

La diputada nacional María Teresa García, a cargo de la Biblioteca del Congreso, le respondió a través de una carta abierta. Primereando la reproduce de manera completa:

Muy probablemente usted a mí no me conozca. Yo supe de usted hace muchos años, pero confirmé quién era usted, en realidad, apenas asumió cuando, a tono con su condición e historia y con sus costumbres de patrón de estancia, no le tembló el pulso en perseguir y despedir trabajadores estatales con un único objetivo: usar los recursos del Estado –o sea el dinero de todos- para su propio beneficio.

Me llamo María Teresa García; hasta el 10 de diciembre soy Diputada de la Nación y secretaria Parlamentaria del bloque del Frente para la Victoria. Actualmente soy Presidenta de la Comisión Administrativa de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Puede que si tiene intención de darse una vuelta por la Biblioteca y ver la inmensa labor que hacemos no me ubique si me llama por ese cargo. Pregunte por la “guardiana del quórum”, como me bautizó un periodista, o por “La Tere” o “la negra García”, como me llaman mis amigos, amigas y compañeros y compañeras. Ah, y soy peronista, para más datos.

No me sorprendió lo suyo de hoy. Usted y su familia le deben dinero al Estado argentino desde el fondo de los tiempos, desde los tiempos oscuros, cuando en sociedad con la más cruenta dictadura nos obligó a todos –incluida mi nieta que aún no había nacido y que hoy tiene apenas un año- a pagar las deudas de sus empresas y de su familia.

Usted pasó de poseer 7 empresas en 1973 a 47 al fin de la dictadura, las más conocidas: SEVEL, SIDECO Americana, SOCMA y MANLIBA. Sus jugadas empresariales, a los argentinos, nos terminan costando caras: la deuda de FIAT de 170 millones de pesos terminó transformándose en bonos del Estado que le permitieron a ustedes, los Macri Blanco Villegas, pagar su deuda a un valor que equivalió a 10% de la original. Y como si con esto no hubiera alcanzado, ustedes, los Macri Blanco Villegas acumularon endeudamientos por cerca de 180 millones de dólares, que fueron transferidos a la sociedad a través de los seguros de cambio.

Su deuda, como parte de la deuda de todos los argentinos, fue la que nos llevó a la más tremenda crisis que la Argentina recuerde y fueron nuestros gobiernos, los del período 2003-2015, los que le permitieron recibir un país desendeudado; un país liviano de herencia.

Así que, en principio, Sr Presidente funcionario público Mauricio Macri Blanco Villegas, usted a mí y a mi nieta nos debe dinero.

No contento con endeudarnos, Ud asume como presidente de la Nación y apenas lo hace hostiga, humilla y despide a miles de trabajadores. Los desinformados pueden creerse el versito de la eficiencia de los CEOS. Yo no, ¿y sabe Ud, Sr Presidente funcionario público Mauricio Macri Blanco Villegas, por qué no? Porque leo mucho y entre tantas cosas que leo, leo el diario La Nación. Y a menos que usted me diga que La Nación miente, su gobierno aumentó la planta de empleados del Estado Nacional. Usted incrementó en un 25% promedio la estructura de la administración pública.

Es decir, despidió trabajadores para poner empleados lo más amarillos posibles. Así que el cuentito de la austeridad, a otro; no a mí.

Hoy usted volvió a hacer lo que sabe: comportarse como un amenazador patrón de estancia y humilló a trabajadores. Yo no voy a entrar a discutirle números. ¿Sabe por qué? Porque ya le descubrimos el juego. Usted hace la de los teros: chilla en un rincón para hacer lo que realmente le importa en otro sitio. Usted nos quiere poner a debatir una cantidad de trabajadores del Estado cuando acaba de estafar a millones de jubilados. Y yo no voy a entrar en su juego coacheado, premeditado y distractivo. Si tiene algo que averiguar, pida los datos; los tengo bien a mano. Y si le sirve, le comento al pasar que bajo mi administración la Biblioteca no sólo no subió en cantidad de empleados, sino que bajó. Cualquier consulta de nombramientos anteriores, vaya por el lado de sus socios que eran quienes la administraban.

Sr Presidente funcionario público Mauricio Macri:

– Usted es el creador del cargo "Directora de Despacho y Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales" que ocupa la millonaria hermana de la reina de Holanda, Inés Zorreguieta.

– Usted es el creador de la "Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta", que ocupa una amiga de su ministro Dietrich.

– Usted es el creador de los absurdos cargos: "Director Nacional de Políticas y Desarrollo de Internet", "Coordinadora de la Coordinación de Desarrollo y Plataformas Tecnológicas de la Dirección de Datos Públicos de la Dirección Nacional de Datos e Información Pública de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización", "Coordinadora de la Coordinación de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización", "Coordinadora de la Coordinación de Estadística, Calidad y Minería de Datos de la Dirección de Gestión de la Información de la Dirección Nacional de Gestión y Soporte de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización", "Coordinador de la Coordinación de Aplicación de Políticas Transversales de Recursos Humanos de la Dirección Nacional de Coordinación Interministerial de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil", "Coordinador de la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación", “Coordinador de Asuntos Regulatorios de la Dirección de Dictámenes y Asesoramiento Legal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación", "Director Nacional de Comunidad y Capital Humano dentro de la Subsecretaría de Emprendedores de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa", "Director Nacional de Foros Sectoriales en la Subsecretaría de Articulación Federal y Sectorial de la Secretaría de la Transformación Productiva", "Director de la Dirección de Coordinación de la Red de Recursos Humanos dependiente de la Dirección Nacional de Coordinación Interministerial de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil" y “Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Planificación Urbana de la Dirección General de Planificación de Seguridad de Recursos No Policiales de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia".

Y esos cargos, no sólo no bajan de los 120 mil pesos mensuales de salario, sino que no han llegado ahí por concursos quienes los ocupan: han sido elegidos entre el ejército de tuiteros que nosotros –todos los argentinos- mantenemos y, sobre todo, soportamos en las redes sociales.

Así que, Señor Presidente funcionario público Mauricio Macri Blanco Villegas, le solicito que deje de humillar a trabajadores que sostienen y sostuvieron nuestro país cuando Usted estaba de vacaciones o haciendo trámites en Panamá; devuélvanos la deuda de su empresa que pagamos todos los argentinos; compórtese como un caballero y no como un patrón; vea de qué modo atajará a los jubilados cuyo fatal destino hoy Ud anunció y trabaje un poco más.

Lo saludo a Usted con todo el respeto que merece su investidura y no le digo que “quedo a su disposición” porque los militantes políticos sólo estamos a disposición de nuestro pueblo.

María Teresa García

Diputada de la Nación

Peronista