El diputado nacional, Axel Kicillof, vaticinó que después de las elecciones van a aumentar los servicios y el transporte.

El ex ministro de Economía y diputado nacional Axel Kicillof vaticinó que en la Argentina "se viene un gran ajuste" después de las elecciones al analizar la situación actual de la economía actual y marcó los principales puntos de preocupación de cara a 2018.

"Se viene un enorme ajuste, que probablemente el Presupuesto (2018) no exhiba porque el Presupuesto, por un lado, quiere quedar bien con los que le ha prometido un ajuste muy grande (el presidente Mauricio) Macri y, por el otro, en época electoral, en el Presupuesto que van a presentar el viernes van a tratar de decir que no están ajustando nada", alertó el legislador.

En declaraciones a radio 10, el ex jefe del Palacio de Hacienda durante el kirchnerismo sostuvo que, en lo que a economía se refiere, "hay muy pocos datos que sean buenos. El Gobierno les pone la lupa en un contexto electoral, pero lo más temible no es lo que pasó, sino lo que se viene: un gran ajuste".

"Un montón de tarifas, colectivos, subtes, trenes, prepagas, nafta, tarifas de luz, gas y agua, todo eso va a aumentar después de las elecciones", estimó el diputado nacional del Frente para la Victoria. Además, remarcó: "No quiero decir que el Gobierno esté en una situación de desastre absoluto en lo económico ni (que haya sufrido) una derrota tremenda en lo político, pero la verdad es que dos tercios lo votaron en contra" en las PASO de agosto.

"A casi dos años del gobierno de Macri, en términos generales, todos los indicadores están en rojo; si bien, como hay presente un intento de cambio estructural en la Argentina para desindustrializar más y, al mismo tiempo, favorecer a los sectores primarios, al sector financiero, hay sectores que se han beneficiado", reflexionó.

Sin embargo, Kicillof planteó que "si uno mira en general, el consumo no repunta, no repuntó; en los 20 meses fueron caídas en consumo en shopping y supermercados. Ahora están con esto de que los supermercados mayoristas pueden haber aumentado (las ventas), pero el hecho real es que todas las estadísticas que te miden hace mucho tiempo dan pésimo".

"Se perdieron 83 mil puestos de trabajo asalariados formales que, según el Gobierno, se compensa porque aumentaron los monotributos, lo cual es una chantada en toda la línea porque se trata de precarización laboral", denunció.

Por otra parte, juzgó que el "déficit comercial" es "preocupante, pero a un extremo increíble. Es el peor déficit comercial de la historia de la estadística, este primer trimestre". "El endeudamiento batió todos los récords: 40 mil millones de dólares de nueva deuda, y 100 mil millones de dólares de colocaciones, la fuga de capitales también, casi 9 mil millones de dólares, en un trimestre", acotó.

El macrismo anunció hoy que tomarán mil millones de dólares más y la deuda emitida por Gobierno nacional, provincias, municipios y empresas ya superó los 106.000 millones de dólares desde diciembre de 2015. Endeudamiento récord.

El Gobierno dispuso este miércoles emitir Letras del Tesoro por 400 millones de dólares, y ampliar la emisión de otras por 600 millones, en el marco de una "estrategia financiera integral" para este año.

La decisión fue tomada a través de una resolución del Ministerio de Finanzas, que comanda Luis Caputo, publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, la deuda emitida por Gobierno nacional, provincias, municipios y empresas superó los 106.000 millones de dólares desde diciembre de 2015, fecha en la que asumió la gestión Mauricio Macri.

En paralelo y como otra cara de la misma moneda de la política económica de Cambiemos, en ese mismo período la fuga de divisas se acercó a los 20.000 millones de dólares, según los números de un informe privado.

En lo que va del 2017, la emisión de nueva deuda de estos sectores sumó en torno a los 36.000 millones de dólares, y acumuló 101.082 millones desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri, equivalente al 20% del PBI.

Los datos surgen de un informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) que se dio a conocer el pasado 30 de agosto, a lo que se le suma de esta nueva emisión.

Como a fin de año pasado cuando mantuvieron cinco días la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los científicos ocupan la cartera que comanda Lino Barañao. Rechazan los recortes al Conicet que podrían dejar casi 500 investigadores en la calle.

Científicos, investigadores y docentes universitarios ocuparon ayer nuevamente la entrada del ministerio de Ciencia y tecnología que encabeza Lino Barañao, en el barrio de Palermo. Lo hicieron en momentos en los que se encontraba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sesionando y sostendrán la toma, al menos, hasta hoy al mediodía cuando una asamblea decida como seguirá el conflicto.

Los científicos denuncian que se está incumpliendo el documento que subscribieron en diciembre, después de la toma de cinco días del Ministerio de CyT, cuando lograron la extensión de las becas por un año para los 500 empleados despedidos y la reinserción de los afectados en el Conicet en universidades nacionales o en otros organismos públicos descentralizados.

“La mesa de seguimiento en el ministerio fue un nuevo fracaso”, anunciaron los investigadores ayer y resolvieron la ocupación pacífica.

El ministerio no asegura los puestos de trabajo para los despedidos y no dio lugar a los reclamos de los afectados que llevaron tres puntos: Garantizar la continuidad laboral cuando terminen los dos años; Equiparar los salarios a los de carrera CONICET; Asegurar el financiamiento para las lineas de investigación.

Alan Szalai, integrante de Jóvenes Científicos Precarizados señaló a Diario Pulse que mantuvieron “una reunión con las autoridades del ministerio por los 500 despidos del Conicet del año pasado. Evalúan incorporarlos en universidades nacionales pero no cumplen requisitos mínimos de estabilidad y salarios con los cuales se habían comprometido en diciembre”.

“Faltando 20 días para que se termine el plazo para la incorporación, no dan respuestas y los afectos no ven soluciones”, indicó.

En tanto, la Policía se apostó en los alrededores del organismo de manera desafiante. En la toma anterior, efectivos ingresaron con bastones en mano y armas largas.

Los rubros que más aumentaron fueron salud (2,5%), gastos para la vivienda (2,2) y alimentos y bebidas (2,1%). En tanto, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,6 por ciento.

La inflación fue del 1,4% en agosto último y acumula en el año un alza del 15,4%, informó este martes el INDEC que dejó sepultada la expecatativa del 17% que había proyectado el Gobierno Nacional..

Las cifras oficiales del Indice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) registraron que los rubros que más aumentaron fueron salud (2,5%), gastos para la vivienda (2,2), alimentos y bebidas (2,1%) y educación (2%).

En tanto, la inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,6%, al acumular en el año un alza del 16,9%, según la medición del Gobierno porteño.

La medición interanual en agosto trepó al 25,9%, tres puntos porcentuales por encima del mes anterior, señala el relevamiento oficial.

Al respecto, el gobierno informó que la variación interanual "estuvo influenciada por la baja base de comparación debido a la anulación en agosto de 2016 de los cuadros tarifarios del servicio de gas por red que habían entrado en vigencia en abril de ese año".

Lo rechazó durante una reunión con el representante regional de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, quien buscaba avanzar en la conformación de un grupo para supervisar y colaborar con la investigación, como había pedido la familia de Santiago.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibieron hoy a Amerigo Incalcaterra representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Según trascendió, durante el encuentro, los funcionarios rechazaron avanzar en la conformación de un grupo de expertos independientes que supervise y colabore con la investigación sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida el pasado 1 de agosto en medio de una brutal represión de Gendarmería.

Incalcaterra viajó a Buenos Aires expresamente para evaluar la posibilidad de conformar este grupo, que había sido pedido por la propia familia a la ONU con el objetivo de “destrabar la investigación”.

Desde Amnistía Internacional también habían planteado la necesidad de la intervención de expertos que contribuyeran “a una investigación independiente e imparcial” sobre lo ocurrido con el joven.

Daniel Moreira, presidente de la Asociación APYME, tildo de “cínicos y mentirosos” a los funcionarios de Cambiemos, y advierte que el gobierno usa a las pequeñas empresa para “lograr una flexibilización en todos los órdenes”.

En diálogo con la Radio de la Universidad de La Plata, Daniel Moreira, presidente de la entidad empresarial APYME, que nuclea a micro, pequeños y medianos empresarios, ya sean industriales, comerciantes, prestadores de servicios o cuentapropistas, de cualquier rama o actividad, apuntó contra la gestión Cambiemos , la que tilda de “cinicos y mentirosos”. “Es muy sencillo contraponerle a este discurso la realidad”, explica, “la realidad es que con estas mismas leyes, con estos mismos jueces, con todo lo mismo, en el gobierno anterior hemos crecido en 5 millones de puestos de trabajo, y las pymes han tenido un crecimiento como nunca antes en su historia”, y se lamenta, “cuando el mercado interno funciono no tuve ningún tipo de problema, en este esquema en el cual el mercado interno se cayó, no tengo laburo”.

Por otra parte, atacó las cifras del gobierno que rescatan el crecimiento del empleo en Argentina, “cuando hacen la cínica frase de que ‘ahora resulta que tenemos más cantidad de monotributos’, el ‘emprenderurismo’, como le gusta decir al gobierno, lo que se olvidan de decir (…) es que cuando vos tenes una PYME que tiene 120 trabajadores y la PYME cierra, y vos tenes 20 nuevos emprendedores, son 20 tipos que pudieron hacer algo, que lamentablemente es de muy corto plazo, con su indemnización, pero hay 100 trabajadores que se quedaron sin ningún tipo de ingreso familiar”.

Al momento de hablar sobre los cambios que busca imponer el gobierno, usando como argumento bajar el nivel de litigiosidad del mercado laboral, Moreira aclara que el nivel de litigiosidad del presente es igual “al que hubo siempre”, al tiempo que advierte que “para lograr una flexibilización en todos los órdenes, nos usan a nosotros las PYMES como excusa”. Sobre la ley de ART, Moreira denuncia que el gobierno miente cuando dice que va a beneficiar a las PYMES, al tiempo que aclara el proyecto sólo va a beneficiar “a las 6 más grandes ART que tiene el país, que tienen una litigiosidad entre un 10% y 17%”.

Al ser consultado sobre los brotes verdes que muestra el gobierno, Daniel Moreira es lapidario, “la recuperación del mercado automotor no es tal. Lo que hiciste fue sacar un montón de trabajadores”, y vuelve a comparar el presente con el futuro, “Aun si el gobierno anterior lo único que hiciera fuera ensamblar autos”, supone y aclara, “vos tenías un montón de mano de obra que lo usabas para ensamblar. Hoy (al auto) lo importas, vienen totalmente armado. Hiciste que el rubro creciera en ventas pero que no genera puestos de trabajo”

Tras conocerse los resultados negativos de las muestras de ADN recogidas en vehículos de la fuerza federal, Patricia Bullrich dijo que esto “debilita la hipótesis de una desaparición forzada” en el caso Santiago Maldonado. Sin embargo, lo que no aclaró es que esos móviles habían sido lavados previamente para eliminar pruebas.

El juzgado federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, informó hoy que las muestras genéticas tomadas de los vehículos de la Gendarmería y del escuadrón de El Bolsón no son compatibles con el ADN extraído de los familiares de Santiago Maldonado.

Poco después de conocerse la información, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inició una nueva maniobra para desvincular a la fuerza y relativizar “la hipótesis de una desaparición forzada”.

“Lo importante es la prueba de ADN conocida hoy, lo cual debilita la hipótesis de desaparición forzada y abre la puerta a otras hipótesis que se venían trabajando”, sostuvo la funcionaria luego de participar en la firma de acuerdos entre el presidente Mauricio Macri y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Sin embargo, lo que eludió Bullrich fue la denuncia del defensor del Pueblo de la provincia de Chubut, Fernando Machado, quien reveló que los vehículos habían sido lavados con la presunta intención de eliminar pruebas de la represión del 1 de agosto en desapareció Santiago.

Las muestras fueron recogidas de las camionetas Ford Ranger dominios OVI549 y OLW237, Volkswagen Amarok AB234KT y AB140DC, y los Unimog  Mercedez Benz KGS799 y JYI842, diez días después del operativo represivo en la comunidad mapuche de Cushamen, al noroeste de la provincia de Chubut.

En tanto, esta mañana, declararon tres gendarmes ante el juez federal Guido Otranto. Según trascendió, ingresaron vestidos de civil y por la puerta trasera del edificio para evadir a los medios de comunicación que se encontraban en la puerta del edificio.

Además, un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación entregó los testimonios escritos de otros tres efectivos, luego de una “investigación interna” de esa fuerza.

No obstante, desde la querella consideran que los informes que presenta el Gobierno como “aportes” a la investigación, apuntando a siete gendarmes de los 137 que participaron del operativo represivo del 1º de agosto, carecerían de valor probatorio.

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana visitó Ituzaingó en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas de octubre. Lo hizo junto al intendente local, el peronista Alberto Descalzo. Insistió en su reclamo a los sectores opositores: "Para frenar el ajuste hay que ponerle un límite al Gobierno en las urnas". Mira el video.

En ese municipio de la primera sección electoral, CFK se reunió con empresarios locales que reflexionaron sobre el impacto de las políticas económicas de Cambiemos. La acompañó Jorge Taiana, segundo candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires.

"Ayer cuando lancé la carta a todos los electores y electoras de la provincia pidiendo la unidad del voto opositor tuvo que ver con el mandato de las urnas del 13 de agosto donde 2 de cada 3 bonaerenses le dijeron que no al ajuste", indicó CFK en referencia a la carta abierta que difundió dirigida a los votantes opositores.

Por su parte, Taiana resaltó: “Haremos una campaña con mucho despliegue territorial, estando muy cerca de la gente, movilizando todo nuestro espacio y sumando a todos lo que están descontentos, desilusionados, preocupados y nos lo hacen saber", describió.

En las PASO, Ituzaingó mostró una elección muy pareja: Cambiemos se impuso por sólo 400 votos. Sin embargo, en esa sección electoral (la primera) el kirchnerismo ganó por 4 mil votos.

Durante la gestión de Mauricio Macri, los precios de los remedios aumentaron un 95% promedio, según reveló la Universidad Nacional de Avellaneda. Los más caros son los ansiolíticos, broncodilatadores, antiiflamatorios y antiespasmódicos, con subas de hasta 150%. La situación se agrava por el descenso de la cobertura del PAMI.

Con un Gobierno que ajusta en salud y elimina todo control de precios para beneficiar a los grandes laboratorios, enfermarse puede ser mortal.

Desde que asumió Mauricio Macri en la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2015, hasta septiembre de 2017, los medicamentos aumentaron el 95 por ciento promedio, un avance mayor a 15 puntos respecto de la inflación medida por el índice del ente estadístico porteño (69%).

Así lo indicó un relevamiento de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) sobre la base de una muestra de 123 drogas de consumo masivo.

Los fármacos que más aumentaron fueron los ansiolíticos (147%), broncodilatadores (137%), antiiflamatorios (130%) y antiespasmódicos (121%), mientras que la reventa de remedios importados creció entre enero y agosto de 2017 más del 35 por ciento respecto de igual período de 2016, generando un déficit comercial de 900 millones de dólares.

Desde Unidad Ciudadana señalaran que “los medicamentos están fuera de control” y exigieron una “emergencia farmacológica” para hacer frente a esta situación que afecta a los sectores más vulnerables.

La candidata a diputada nacional por esa fuerza, Fernanda Vallejos, agregó a través de su cuenta de Twitter que “la jubilación argentina es la que menos remedios compra, por los aumentos de la era Macri”.

Precisamente, de acuerdo al informe de la UNDAV, el aumento en los medicamentos va de la mano con la caída de la cobertura por parte del Gobierno.

“Más del 15 por ciento de los productos del relevamiento sufrieron un descenso en la cobertura por parte del PAMI en 2016. En grupos de riesgo de adultos mayores, con patologías depresivas, la afectación es de casi un 50 por ciento de incremento por quita de cobertura”, detalla la casa de estudios.

Sigue la disputa entre el Gobierno macrista y al Justicia por más de 100 mil pensiones por discapacidad. Cambiemos no quiere pagarlas, mientras un fallo judicial obligó a restituir el beneficio. Ahora el Ejecutivo decidió volver a apelar la medida cautelar. Mientras siegue el conflicto, casi 200 mil personas siguen sin cobrar el beneficio.

Hace unas semanas, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, suspendió la decisión del ministerio de Desarrollo Social que había dado de baja 170 mil pensiones por invalidez. Lo hizo mientras la Cámara resuelve la cuestión de fondo. Mientras tanto obligó al Estado a pagar todos los beneficios a más de un millón de personas.

Sin embargo, el Gobierno volvió a apelar y de este modo no se pagarán las retribuciones suspendidas. Vale recordar que en su momento, cuando se conoció la noticia, la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, aseguró que se trató de un "error administrativo".

Mientras se da la disputa entre el Gobierno y la Justicia, el gobierno avanza con cambios en el sistema de reparto de pensiones no contributivas. Actualmente se pagan más de un millón, aunque Cambiemos quiere bajar notablemente ese número. Entre las modificaciones, está la obligación de presentar un “certificado único de discapacidad (CUD)”.

Advierten especialistas y organizaciones que representan a personas con incapacidad que ese trámite puede tardar entre 6 meses y un año. Además, el CUD deja afuera patologías que hoy son tenidas en cuenta para una pensión, como HIV, chagas, lupus, entre otras. Estiman que podrían caerse 600 mil pensiones de ese modo.