El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, considero que algunos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri “utilizan el Estado como un botín de guerra”, y reclamó la sanción de una “Ley de Góndolas” para que los supermercados “bajen los precios de los alimentos”.

”Hay una lógica de usar el estado en beneficio de los negocios particulares. Eso es algo que está en varios funcionarios de este gobierno. No existe la idea de un Estado que ayude a la gente; se concibe al Estado como un botín de guerra”, señaló Massa en declaraciones a la señal televisiva C5N.

En ese sentido, afirmó que en el oficialismo “existe una matriz bajo investigación” que incluye cuestiones tales como el “dólar futuro, los bonos de la ANSES y operaciones referidas a las centrales eléctricas”

“Poner a un secretario de Comercio (Miguel Braun) como el que tenemos a cuidar el tema de los precios es como colocar a un zorro en el gallinero. Es una persona vinculada a un supermercado como La Anónima que no comercializa algunos productos con el propósito de favorecer la concentración”, fustigó el legislador.

Massa ponderó la puesta en marcha de la campaña “Bajemos los precios”, lanzada por su espacio en las últimas semanas, y reclamó la sanción de “una Ley de Góndolas y una quita impuestos a los alimentos.

“Esperamos juntar un millón de firmas con la campaña 'Bajemos los Precios'. Queremos una Ley de Góndolas para que en los supermercados estén todas las marcas. Hay que sacar los impuestos en los alimentos e intervenir en la cadena de valor. No puede ser que se grave la comida y no a las mineras”, remarcó.

En cuanto a la cuestión electoral, Massa negó que exista “una fuga de dirigentes” del Frente Renovador hacia el peronismo, y destacó "el crecimiento" que experimenta su espacio “en todo el país”.

“No hay una fuga de dirigentes. Estamos creciendo en todo el país con el acuerdo que hicimos con el Partido GEN de Margarita Stolbizer. No quiero un peronismo que defienda a los dirigentes que tienen causas judiciales. Pretendo un movimiento que trabaje para recuperar la movilidad ascendente. Creo en afirmar las propuestas y los equipos del Frente Renovador”, subrayó.

Las solicitó la fiscal Silvana Russi tras la denuncia de la dirigente opositora Gabriela Cerrutti. Se tratan de las que corresponden a los años 2010 y 2015 cuando el Presidente era jefe de Gobierno porteño.

La fiscal de instrucción Silvana Russi pidió las declaraciones juradas presentadas por Mauricio Macri y su esposa, la primera dama Juliana Awada, entre los años 2010 y 2015, cuando se desempeñó como jefe de Gobierno de la Ciudad y tras asumir la Presidencia de la Nación.

La fiscal avanzó así en la investigación de una denuncia formulada por la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerrutti y por un abogado particular contra Macri por omisión maliciosa en la declaración de sus bienes, al comparar las distintas presentaciones juradas efectuadas en el ámbito de la Ciudad y luego en la Nación, informaron fuentes judiciales a la agencia de Noticias NA..

La causa tramita en paralelo a la que se sigue en los tribunales de Comodoro Py por los denominados "Panamá Papers".

Esa causa se inició también por omisión maliciosa de bienes, pero luego se amplió a maniobras de lavado de dinero a raíz de dos sociedades, una radicada en Panamá y otra Bahamas, que integra el padre del Presidente, Franco Macri, pero del que se sospecha que el mandatario habría tenido participación.

La investigación federal está en un limbo, ya que Sebastián Casanello la partió, enviando un tramo al fuero en lo penal económico y otro al de instrucción que lleva adelante la fiscal Russi por omisión maliciosa de bienes.

No obstante, la decisión de Casanello fue apelada por el fiscal Federico Delgado y será la Cámara Federal la que diga si se acumula a ésta que lleva adelante el fuero de instrucción o la Justicia Federal investiga en paralelo.

La denuncia de Cerruti apunta a inconsistencias, luego de comparar las declaraciones juradas del Presidente presentadas en la Ciudad y la Nación.

Entre las diferencias denunciadas están el detalle de algunos bienes del Presidente y su patrimonio: en la presentación hecha en junio de 2015 respecto del año anterior en la Ciudad registraba un saldo de 68 millones de pesos, mientras que en el ámbito porteño la misma señalaba 52 millones.

Rucci, la fiscal que tiene delegada la causa, pidió a la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe la normativa legal de funcionarios para presentar declaraciones juradas patrimoniales entre 2010 y la actualidad.

Diferentes organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, entre otras, se movilizaron hasta el Hotel Sheraton donde mañana comenzará a deliberar la CIDH. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión interamericana recibió a una delegación del Comité por la Libertad de Milagro Sala con quienes mantuvieron una reunión de más de una hora.

Acompañados por más de 10.000 personas, el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala marcharon hoy, con antorchas en mano, hasta el Hotel Sheraton de Retiro, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará a sesionar a partir de este miércoles.

Cabe recordar, que a fines del año pasado, la CIDH le manifestó al Gobierno a dar "pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria (Grupo de Trabajo) que califica la detención preventiva de Sala como arbitraria y llama a su liberación inmediata" y ratificó su postura sobre el carácter “arbitrario” de la detención de Sala.

Durante el acto se pidió la inmediata liberación de todos los presos políticos de la Túpac Amaru de Jujuy y de Mendoza. Además, se exigió la renuncia de secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.

Los referentes Estela Díaz, Mara Brawer, Alejandro “Coco” Garfagnini, María Elena Naddeo, Hugo Yasky, Daniel Catalano, Anibal Ibarra integraron la delegación que fue recibida por la CIDH en el hotel Sheraton.

A la salida del encuentro, María Isabel Rivero, secretaria de prensa y comunicación de la CIDH indicó que recibieron “mucha información sobre la situación concreta de Milagro Sala que es el tema por el cual estaba convocada la movilización y muchos elementos de contexto de la situación”.

Son datos del INDEC con relación al mes de abril. Representa un aumento del 2,07% en la Canasta Básica con respecto al mes anterior. En tanto, para no caer en la indigencia hacen falta $ 5.918,80. La inflación superó el 10% para los sectores más pobres.

Una familia necesitó en marzo un ingreso de 14.500 pesos para no ser pobre, lo que significó un aumento del 2,9% respecto de marzo, indicó esta tarde el INDEC, al difundir el valor de la Canasta Básica Total (CBT).

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, se ubicó para una familia tipo en 5.918,80 pesos en marzo, lo cual representó un alza del 2,07%, también comparado con febrero, según informó el organismo.

Para no caer en la pobreza, los productos que deben comprar los hogares registraron una suba del 2,91% en abril.

Para evitar ser indigente, una familia precisó un ingreso de $ 5.918,80. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un incremento de 2,07% en abril y acumuló en cuatro meses una suba del 8,4%.

La ex presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchnner volvió a aparecer en las redes sociales. En esta oportunidad para advertir que el gobierno emitió bonos especulativos por una suma superior a la base monetaria total del país.

En un texto publicado en su perfil de Facebook, la expresidenta advierte que “el Banco Central tiene emitidos títulos de deuda LEBAC por 830 mil millones de pesos, lo que representa más que todos los billetes en posesión del público y de los bancos (la base monetaria)”.

Al mismo tiempo, esa inmensa suma de dinero en manos de especuladores financieros “es menos que las reservas”, lo que ha “generado así una inmensa ‘bola de nieve’ que nadie sabe cómo desarmar”.

Teniendo en cuenta que “el mercado puede cambiar de humor muy rápido”, Cristina advierte con ejemplos concretos sobre la eventual dolarización de la economía.

El texto completo de Cristina:

El Banco Central tiene emitidos títulos de deuda LEBAC por 830 mil millones de pesos, lo que representa más que todos los billetes en posesión del público y de los bancos (la base monetaria) y menos que las reservas. Han generado así una inmensa “bola de nieve” que nadie sabe cómo desarmar.

El mercado puede cambiar de humor muy rápido y esto no sería un problema sino por el hecho de que la decisión de pasarse a dólares recae únicamente en un solo día, es decir, el día de vencimiento y renovación de Lebac. Con lo cual, si un cuarto de los que renuevan letras decidiesen no renovar y pasarse a dólares, implicaría que el 14% de la base monetaria se dolarice. Si un tercio no renueva, casi el 20% de la base monetaria se dolarizaría y si la mitad de las renovaciones de Lebac se pasan a dólares implicaría el pasaje de moneda local a extranjera de casi el 30% de la base monetaria.

La fiscal de instrucción Silvana Russi pidió las declaraciones juradas presentadas por el jefe de Estado y la primera dama, entre los años 2010 y 2015, cuando se desempeñó como jefe de Gobierno de la Ciudad y tras asumir la Presidencia de la Nación.

La fiscal está a cargo de la investigación de una denuncia hecha Gabriela Cerrutti y por un abogado particular, quienes acusaron a Mauricio Macri de omisión maliciosa en la declaración de sus bienes, al comparar las distintas presentaciones juradas efectuadas en el ámbito de la Ciudad y luego en la Nación.

Esa causa se inició también por omisión maliciosa de bienes, pero luego se amplió a maniobras de lavado de dinero a raíz de dos sociedades, una radicada en Panamá y otra Bahamas, que integra el padre del Presidente, Franco Macri, pero del que se sospecha que el mandatario habría tenido participación.

La investigación federal está en un limbo, ya que Sebastián Casanello la partió, enviando un tramo al fuero en lo penal económico y otro al de instrucción que lleva adelante la fiscal Russi por omisión maliciosa de bienes.

No obstante, la decisión de Casanello fue apelada por el fiscal Federico Delgado y será la Cámara Federal la que diga si se acumula a ésta que lleva adelante el fuero de instrucción o la Justicia Federal investiga en paralelo.

La denuncia de Cerruti apunta a inconsistencias, luego de comparar las declaraciones juradas del Presidente presentadas en la Ciudad y la Nación.

Entre las diferencias denunciadas están el detalle de algunos bienes del Presidente y su patrimonio: en la presentación hecha en junio de 2015 respecto del año anterior en la Ciudad registraba un saldo de 68 millones de pesos, mientras que en el ámbito porteño la misma señalaba 52 millones.

Rucci, la fiscal que tiene delegada la causa, pidió a la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe la normativa legal de funcionarios para presentar declaraciones juradas patrimoniales entre 2010 y la actualidad.

A la vez, solicitó las declaraciones juradas de Macri y Awada entre 2010 y 2015 que fueran presentadas ante el Gobierno de la Ciudad, la AFIP (incluido el impuesto a las ganancias y sobre bienes personales de ambos), y las hechas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Por otra parte, reclamó documentación al Gobierno de la Ciudad anexa al expediente "Caputo S.A.I.C,F", a raíz de que el empresario hizo un préstamo de dinero a su amigo Macri, pero también por sospechas de irregularidades en las licitaciones que aquel ganó para obra pública en la Capital

La confederación obrera junto a diferentes altos funcionarios, estudian cerrar un acuerdo para frenar los aumentos en los sueldos más bajos.  Pretenden que las paritarias tengan un tope del 20 por ciento.

La aceitada relación entre el gobierno de Mauricio Macri y la Confederación General del Trabajo (CGT) está dando su frutos y por estos días crece con la negociación de un acuerdo para moderar la suba del salario mínimo y ponerle un tope a todas las paritarias.

Según trascendió hoy, en una próxima fecha, el Ejecutivo convocará al Consejo del Salario para debatir un nuevo valor de ese ingreso.

En la convocatoria participan además de la cartera de Jorge Triaca 16 representantes gremiales y otro número igual de empresarios– está previsto definir un aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil de entre 20 y 25 por ciento. Si se actualizar con un 20%, pasará de 8.060 a 9.672 pesos, aunque la cifra no habría sido todavía cotejada con las cámaras empresarias que participan de la negociación.

El objetivo de la CGT es equiparar el valor del salario mínimo con el costo de una canasta básica de alimentos, cuyo valor, según el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la propia central, es de 14.686 pesos. También las dos CTA pretenden igualarlo con la canasta básica del Indec, que es de 14.090 pesos.

El Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, extendió la conciliación obligatoria entre el gremio y la patronal. Los metalúrgicos piden 30% de incremento, mientras los empresarios proponen 20%. Ayer, la UOM se movilizó al Congreso nacional. Podrían implementar medidas de fuerzas si no hay acuerdo.

Por el momento, las diferencias en la negociación no se acortan. La cámara empresarial pretende fijar un techo en torno al 20%, en sintonía con lo que reclama el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, para la UOM es "inaceptable" ese número. "El año pasado cerramos en 33%, unos puntos por debajo de la inflación según el propio Indec. Este año no podemos volver a quedar atrás", reconoció Ricardo Bonetti, secretario adjunto del gremio.

Si no hay acuerdo, la UOM podría implementar medidas de fuerza: pararían la industria 30 minutos por cada hora empleada. Además, proponer realizar asambleas en los lugares de trabajo para "explicar lo mal que está en el país", señalaron.

Otro reclamo del sindicato tiene que ver con el salario mínimo que cobra un metalúrgico. Hoy están en los 8500 pesos: el gremio quiere subirlo hasta los 13 mil pesos. De ese modo, ningún trabajador del sector quedaría por debajo de la canasta básica.

El consumo baja y la crisis ya lleva un año en un marco de alta inflación y cuando las paritarias 2017 aún no entraron en plena vigencia.

El pago de bienes y servicios con débito automático cayó un 3 por ciento mensual en abril y el uso de las tarjetas de crédito para abonar en cuotas se redujo un 4,6 por ciento en el mismo período.

La caída de ambos sistemas electrónicos de pago se dio en un escenario en el que el consumo no logra recuperarse a la crisis que ya lleva más de un año, en un marco de alta inflación y cuando las paritarias 2017 aún no entraron en plena vigencia.

Con una inflación cercana aún al 30% anual, el uso de las tarjetas de débito mostró una desaceleración del 15% al 13% respecto a abril del año pasado mientras que los plásticos de créditos pasaron del 10% al 7%.

Así lo indican datos de la empresa Visa que son entregados de forma confidencial a los bancos y fueron publicados por el diario Ámbito Financiero.

El uso de la tarjeta que hacen los argentinos cayó 4% en cantidad de transacciones respecto de marzo; y se redujo del 14% al 10% el crecimiento que venían alcanzando en comparación con igual época del año pasado.

El Ministerio de Salud autorizó a las entidades a través de una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial. Los aumentos serán del 6% en julio y 5% en agosto. Sigue la suba de precios.

El Ministerio de Salud autorizó a todas las entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional (R.N.E.M.P.) un aumento general, complementario y acumulativo del valor de las cuotas mensuales que deben abonar sus usuarios, del 6% a partir del 1 de julio y del 5% desde el 1 de agosto próximos.

La Resolución 613-E publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que las Entidades de Medicina Prepaga deberán extremar los recaudos necesarios para notificar de manera fehaciente a los usuarios, a fin de que tengan cabal información de este aumento.

En los considerandos de la resolución se explica que la Superintendencia de Servicios de Salud revisó las proyecciones de incremento de costos del sector, y entendió razonable autorizar un aumento del 11% a partir de julio.

Por su parte, la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción propició el desdoblamiento del porcentaje citado, resultando un aumento del 6% a partir del 1 de julio y del 5% a partir del 1 de agosto de 2017.