El presidente del organismo interamericano, Francisco Eguiguren, abrió las audiencias que se desarrollarán hasta el sábado en el Hotel Sheraton. El Foro por la Libertad y la Democracia le entregó un duro informe. Este martes habrá una marcha de antorchas por la liberación de Milagro Sala y el resto de los presos políticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy en Buenos Aires su 162° período de sesiones extraordinarias. Es la primera vez que lo hace en Argentina, aunque el temario no incluye ninguno de los ejes pendientes en materia de derechos humanos sobre la Argentina por una cuestión de protocolo. Estos ejes serán tratados recién a principio julio, cuando la CIDH sesione en Lima.
Por el momento, Francisco Eguiguren, presidente del organismo y relator para Argentina, su vice segunda, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y su secretario ejecutivo, Paulo Abrão, trabajarán en el Hotel Sheraton de Retiro problemáticas relacionadas con Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.
No obstante, la CIDH viene recibiendo desde la semana pasada distintas denuncias sobre la vulneración de derechos humanos a lo largo de la gestión de Mauricio Macri. El Foro por la Libertad y la Democracia, que mañana se movilizará hasta el lugar donde sesiona la CIDH en reclamo de la liberación de Milagro Sala y el resto de los presos políticos de la Tupac Amaru, entregó el viernes un duro informe con cada una de las violaciones de Cambiemos desde el 10 de diciembre de 2015.
El Foro recuerda en el documento que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ratificó el jueves en su visita oficial a la Argentina que la prisión de Sala es arbitraria y que el Estado Nacional debe liberarla en forma inmediata, como se reclamó el año pasado.
En este marco, se denuncia que el socio jujeño de Macri, el gobernador Gerardo Morales, instauró en su provincia “un Estado policial”, que “se constituyó en un laboratorio de ensayo que se expandió luego a otros puntos del país, tal como sucedió en Mendoza con la detención de Nélida Rojas y otros dirigentes de la Tupac Amaru.
Pero además del “modelo represivo y criminalizador” contra las organizaciones sociales, el Foro por la Libertad y la Democracia advirtió sobre “la creciente violencia institucional” en un contexto de “debilitamiento de la institucionalidad democrática”.
“Que este modelo cierra con represión no es una consigna, es una realidad que el macrismo y sus aliados ponen en acto y multiplican a diario”, indicó a la CIDH.
El incumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas privadas de su libertad que la CIDH realizó al gobierno nacional en septiembre de 2016, el agravamiento de la crisis penitenciaria, el incremento de la violencia policial avalada por el Poder Judicial, la represión policial desmedida en barrios humildes, el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del estado en manifestaciones públicas, la desobediencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una orden de la CIDH, las detenciones ilegítimas en el Paro Internacional de Mujeres, la represión policial a docentes que reclamaban de forma pacífica, la represión y detenciones ilegítimas en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy son sólo algunos de los casos tratados en el apartado sobre el incremento de la violencia institucional en el país.
Otro de los ejes centrales del documento de 328 fue el retroceso de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “En la actualidad, nuestro país está atravesando una profunda crisis en materia de derechos humanos, que parece no tener fin. Desde la asunción del presidente Macri, las tres esferas de poder del Estado -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, no cesan la toma de decisiones institucionales regresivas, que tiran por la borda derechos y reivindicaciones que han costado años de lucha a nuestro pueblo, siendo reconocidas estas luchas a nivel internacional”, señaló el foro integrado por un centenar de organizaciones y referentes de derechos humanos, como las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres-Línea Fundadora y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
En este sentido, enumeraron casos como el desmantelamiento de áreas estatales vinculadas con la investigación de crímenes de la dictadura, la designación de autoridades vinculadas con responsables de delitos de lesa humanidad y las declaraciones de funcionarios nacionales reivindicando o negando los hechos ocurridos durante la dictadura cívico militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983.
En el capítulo sobre la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución se hizo eje en las causas armadas contra referentes políticos, sociales, gremiales, espionaje y escuchas ilegales; detenciones arbitrarias, denuncias infundadas e investigaciones direccionadas por los medios; la influencia de los medios sobre magistrados y funcionarios; y la embestida gubernamental contra magistrados y funcionarios no alineados con el gobierno de turno.
El informe contiene además denuncias sobre los retrocesos en el mundo del trabajo, la persecución sindical y la criminalización de la protesta; sobre el ajuste en el sistema de salud y la seguridad social; el asedio a la educación y a la producción de conocimiento; los retrocesos en las políticas de género y diversidad, cultura, medios de comunicación y cerco mediático, y en relación a la política internacional y el contexto internacional.
Los representantes de la CIDH también se reunieron en Buenos Aires con Justicia Legítima y el Colectivo de abogados de lesa humanidad Mario Bosh, y mantuvieron un encuentro con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, donde valoraron “positivamente” la ley contra el 2×1 a los genocidas y la reacción de la sociedad frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó ese beneficio al represor Luis Muiña.
