El mandatario nacional oficializó el DNU que endurece los controles de ingreso y facilita la expulsión de extranjeros. Autoridades paraguayas y bolivianas expresaron su malestar, mientras que organizaciones de refugiados y migrantes denunciaron el carácter persecutorio de la medida.

De manera unilateral, el gobierno de Mauricio Macri reformó la Ley de Migraciones 25.871, una decisión que se venía anunciando con un discurso xenófobo, racista y discriminatorio, e incluso tratando de justificarlo con datos falsos, como hizo días atrás la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando apuntó contra paraguayos, peruanos y bolivianos.

El decreto de necesidad y urgencia 70/2017 firmado por el mandatario y publicado en el Boletín Oficial habilita a las autoridades migratorias a impedir el ingreso al país de personas condenadas, aunque su sentencia no esté firme, o a los que sólo tengan antecedentes penales o integren organizaciones que puedan ser consideradas terroristas.

Asimismo, endurece los criterios para echar extranjeros del territorio nacional, tras considerar que “en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”.

El decreto se suma a otras medidas de controles migratorios puestas en marcha la semana última, como la aplicación del sistema Información Anticipada de Pasajero, que obliga a las líneas áreas a brindar datos sobre los pasajeros antes de que arriben o egresen del país.

Macri también creó la Comisión Nacional de Fronteras, como ente regulador y coordinador del funcionamiento de los Pasos Internacionales y Centros de Frontera, y la Dirección de Extranjeros Judicializados, que tendrá, entre otros objetivos, supervisar la materialización de las expulsiones.

El director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, cuestionó hoy el decreto del presidente argentino al sostener que “no condice con el espíritu de la comunidad internacional”.

“Nosotros siempre hemos luchado por el libre tránsito… queremos descomprimir la situación, que la tecnología haga su trabajo y que todos nuestros ciudadanos puedan tener la posibilidad de libre tránsito en el país y en los países vecinos”, subrayó el funcionario.

Bolivia, en tanto, ya había convocado al embajador argentino tras los dichos xenófobos de la ministra Bulrrich, quien aseguró que son extranjeros “el 33 por ciento” de los presos “por delitos federales”, omitiendo que menos del 6 por ciento de la población carcelaria total es extranjera y que sobre dos millones de inmigrantes que viven en la Argentina apenas 1420 (0,07%) están presos por delitos vinculados al narcotráfico.

“Lamentamos la estigmatización a los ciudadanos bolivianos en Argentina, que coincide con el discurso de (Donald) Trump”, dijo en esa oportunidad Carlos Romero, ministro de Gobierno de Evo Morales.

El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, salió hoy a criticar el decreto de Macri y explicó que lo más efectivo para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos es impulsar “acciones conjuntas” a nivel regional.

“No se puede estigmatizar a los bolivianos ya que el conjunto de los bolivianos en Argentina contribuye al desarrollo de ese país”, remarcó.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, sostuvo que “estamos ante un gobierno que en su política exterior adopta medidas y posiciones que generan tensión en la región”, y reclamó que el tema pueda ser tratado en el Congreso porque es “delicadísimo”.

“El Gobierno perfectamente pueda avanzar en mejoras tecnológicas que permitan contar con perfiles de antecedentes, en estrecha colaboración con los países vecinos. Ahora, si se tensionan y ofenden los países vecinos, es muy difícil luego trabajar en la cooperación necesaria a los efectos de que los antecedentes penales se encuentren disponibles”, explicó el diputado al afirmar que Macri eligió “un camino que en su forma y su contenido no es adecuado”.

Tras la publicación del decreto contra los extranjeros en el Boletín Oficial, organizaciones de migrantes han denunciado su temor a que se inicie una ola de persecuciones hacia las personas sin papeles o con documentación en trámite.

“Dicen que es para combatir el delito, pero van por el que no tiene su situación regularizada”, denunció la Red Argentina de Migrantes.

En el mismo sentido, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref) indicó que “se invirtió la dinámica de políticas migratorias”, ya que ahora “el Estado no facilita” la regularización de los trámites, sino que “aumenta los controles de permanencia, con lógica de perseguir”.

La medida de fuerza adoptada por el gremio gráfico de retrasar por dos horas la salida de los periódicos de la edición dominical de ese Grupo mediático, contó con el respaldo del ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Mientras el conflicto por los 380 despidos en la imprenta Artes Gráficas Rioplatenses (AGR)-Clarín continúa en pie, ayer los trabajadores en lucha decidieron bloquear la salida de los diarios Clarín por dos horas y de esa manera evitar que los periódicos llegasen hasta los kioskos de revistas. La acción de protesta tuvo el gesto solidario del Indio Solari.

Según detalle el sitio Infogremiales, la acción planeada por los trabajadores gráficos comenzó por la tarde del sábado en la planta Zepita de AGR y duró hasta las 7 am del domingo. Horario en que con un operativo de Gendarmería Nacional, comenzaron a salir algunos camiones con los diarios mencionados.

Tal medida de fuerza, contó con el respaldo del Indio Solari, quien a través de su cuenta personal de Facebook publicó un video donde se ve a los trabajadores expresando la situación que atraviesan. “No podemos mirar para otro lado, seamos solidarios poniéndonos en el lugar de quienes lo están pasando mal”, escribió el músico.

La idea de afectar la distribución contó, además, con una fuerte campaña a través de las redes sociales que llamó a no comprar ninguna de las publicaciones del Grupo que se imprimían en AGR y que ahora se tercerizan, en lo que es un proceso de destrucción de fuentes laborales y derechos adquiridos por los obreros, publicó Infogremiales.

El conflicto en la planta gráfica de Clarín tiene dos semanas de vida y comenzó cuando desde el multimedio anunciaron el despido de 380 trabajadores. A forma de respuesta, los operarios tomaron la planta Zepita en el barrio de Barracas y organizaron un plan de lucho para conservar sus fuentes laborales.

A 48 horas de la toma, efectivos de infantería de la Policia Federal Argentina (PFA) y de Gendarmería reprimieron a los operarios que se encontraban en la Planta. Luego se organizaron movilizaciones al Ministerio de Trabajo y diferentes acciones para la reincorporación de los 380 obreros gráficos despedidos.

La ex Presidenta de la Nación se refirió a las polémicas declaraciones del titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, quien cuestionó el número de desaparecidos, entre otras cuestiones; y responsabilizó al jefe de Estado por las declaraciones del titular de la Aduana.

A través de sus diferentes redes sociales, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, consideró que “Gómez Centurión cometió apología del delito” y enfatizó que “las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición” de personas durante el último golpe de Estado.

“Río Gallegos. Leo las declaraciones de Gómez Centurión y pienso, es un espanto pero de verdad, ¿se sorprenden?”, escribió, y continuó con una serie de tuits en los que repudió las declaraciones del funcionario que anoche negó que la desaparición de personas del “gobierno de facto haya sido un plan sistemático” y que “no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”.

El rabino licitó 50 buses por US$ 35 millones. Se desató una brutal confrontación entre firmas locales y chinas y todo terminó en funcionarios desplazados, por estar disconforme con un dictamen. Puso al hijo de Rousselot, que falló a favor de otra firma. Hay denuncias cruzadas.

Un negocio de US$ 35 millones desató una pelea entre empresarios locales y chinos, y el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El episodio, rodeado de suspicacias que derivó en denuncias cruzadas, dejó expuesta la relación entre los funcionarios y las empresas y la intervención directa de Mauricio Macri para definir a los adjudicatarios.

Todo comenzó con una licitación para adquirir cincuenta buses eléctricos. Según consignó Perfil, "el negocio ecológico huele tan mal que ya suma dos impugnaciones; un reclamo al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el desplazamiento de tres funcionarios; el coletazo de un escándalo de corrupción en China; el ascenso estrepitoso del funcionario que prestó su firma para darle el contrato a una de las empresas; y al menos dos denuncias judiciales que se concretarán en los próximos días".

Claro que el negocio tiene un condimento extra: habría sido una orden del presidente Mauricio Macri para supuestamente favorecer la relación con inversores chinos. Pero en lugar de “facilitar” el vínculo, terminará en un cruce de sospechas de corrupción.

En 2016, cinco oferentes locales se presentaron a la licitación asociadas a distintas fábricas chinas de buses que funcionan con baterías que se cargan en terminales eléctricas.

El 23 de diciembre, la comisión técnica dictaminó que había tres empresas en condiciones de cumplir con el pliego: Newsan, CTS Auto SA y Vía Bariloche. Pero los técnicos se inclinaron más por Vía Bariloche, una empresa de la familia Trappa, vinculada al kirchnerismo, y asociada en esta licitación con la china Higer, acusada de defraudar al Estado chino con subsidios que recibió de manera indebida.

Ese mismo 23, la abogada que integraba la comisión evaluadora, Leticia Pereyra, analizó la propuesta de los técnicos y elevó su informe legal. La funcionaria sostuvo que la oferta más favorable era la de CTS. Pero agregó que si las otras finalistas –Newsan y Vía Bariloche– subsanaban una serie de faltas con el pliego, estaban en condiciones de acceder al contrato.

Sin embargo, tres días después, el Ministerio decidió que no había lugar para “subsanar” faltas y que el negocio debía ser adjudicado a CTS, asociada a la china BYD. Pedro Orbaiz, el jefe técnico que habían favorecido en su dictamen a Vía Bariloche, se negó a firmar. Bergman no se echó para atrás. Decidió removerlo a él y sus suplentes de la comisión.

Por ello el 26 de diciembre, el Rabino conformó a las apuradas una nueva comisión que emitió otro dictamen otorgando el negocio a CTS. Para lograr las firmas necesarias, Bergman autorizó a Julián Rousselot, jefe de Informática del Ministerio, a sustituir al técnico especializado en buses eléctricos.

Tres semanas más tarde, Bergman ascendió a Rousellot a subsecretario de Coordinación Administrativa, el área encargada de la revisión legal de las licitaciones públicas. Rousselot es ingeniero en informática, titular de uno de los gremios de informática que busca insertarse en el mundo gremial e hijo del denunciado ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot.

¿Cómo hizo Rousselot, un ingeniero informático, para evaluar en tan sólo cuatro días un expediente de 10 mil fojas sobre un tema que no es de su expertise?

El 6 de enero, Vía Bariloche presentó una carta a Marcos Peña denunciando supuestas irregularidades en la licitación. “La Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la compra y el servicio técnico por 5 años a la empresa CTS, la cual no registra actividad económica alguna desde su creación, no posee empleados ni instalaciones, y cuyo patrimonio neto asciende a $ 20 mil”, sostuvo.

Vía Bariloche y Newsan impugnaron la decisión de entregar el negocio a CTS, pero Vía Bariloche irá por más y presentará una denuncia ante la Justicia, según informó la firma.

El fuerte aumento de los peajes, se suma al ya anunciado de los cospeles de estacionamiento y la nafta. El gasto será desde febrero 40% mayor con respecto al último mes de 2016.

A pesar de las previsiones oficiales del 17 por ciento, la presión inflacionaria y la suba de precios no ceden en este 2017. Al inminente tarifazo, ya se le suman los aumentos de los costos de todos aquellos que utilicen el auto como medio de transporte para trasladarse a su trabajo.

En el último mes se cristalizaron aumentos de naftas, peajes, parquímetros y seguros que impactarán fuerte en los presupuestos de aquellos que llegan desde el conurbano a Capital Federal.

Según un trabajo realizado por El Cronista, el gasto será 40% mayor comparado con el último mes de 2016. Los peajes serán los que más pesen en ese cóctel. Además de ser los últimos en ser tenidos en cuenta ya que los nuevos valores comenzarán a regir a partir del miércoles.

Aunque dependiendo del vehículo y la zona desde donde se cruce la General Paz, el gasto diario tendrá variaciones. Es que además de ‘hora pico‘ y ‘no pico‘, se sumará el ‘horario congestión’, de 7 a 9 mano a Capital; y de 17 a 19 a Provincia. En esos horarios, en el Acceso Oeste se pasará de $ 25 a $ 55 en efectivo; y $ 33 por telepeaje.

En el caso del Acceso Norte, quienes circulen en la hora pico (de 6 a 7 y de 9 a 10 mano a Capital, y de 16 a 17 y 19 a 21 mano a Provincia) pagarán en efectivo $ 60, y con Telepeaje $ 36.

También las autopistas de Capital Federal sufrirán un importante reajuste. Mano a Capital, la hora pico aumentará una hora y será de 7 a 11. Mano a Provincia, hasta ahora era de 17 a 20, pero será de 16 a 20 los días hábiles. La suba tarifaria será de 52,3 % en efectivo y 15 % por telepraje. Estos incrementos alcanzarán a las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia.

Con semejantes niveles de subas, los peajes son uno de los gastos que más impacta en los bolsillos de los conductores. Sus valores subieron hasta 83% en los últimos dos años. Así, para un conductor que ingresa a Capital desde Morón (en el Oeste del Conurbano bonaerense) y paga peaje en Acceso Oeste y las autopistas de AUSA en hora pico, su gasto diario llega a $ 220. Quienes acceden desde zona norte por Acceso Norte y la autopista Illia, deberán pagar un monto apenas menor, de $ 170 diarios. En este marco, utilizar TelePASE (el sistema electrónico de pago en autopistas) o la tarjeta SUBE con la que se viaja en transporte público generará un gasto menor. En el Acceso Oeste por caso, no pagará $ 55 sino $ 33.

Pero el peaje no es el único, ‘costo’ de usar el auto como medio de transporte que evidenció subas desde principios de año. Por ejemplo, la nafta subió 8% y el litro de super ya cuesta $19,04. Llenar un tanque de un auto chico oscila los $ 1100 y puede consumirse en una semana de ida y vuelta, de casa al trabajo. El gasoil tiene mayor autonomía pero también es más caro. La opción más barata, el GNC, ya ronda $ 9,90 el m3. Pero si el auto aún no tiene el equipo necesario, la inversión en colocarlo hace que por los primeros dos años la diferencia en el gasto no sea tan relevante.

Estacionar también es más oneroso. La hora en un parquímetro se duplicó y vale $ 8, con la dificultad que además presentan las máquinas que entregan los tickets que solo aceptan monedas de hasta $ 1 y hay muy pocos lugares donde comprar los cospeles. El máximo permitido son cuatro horas, por lo que un oficinista que trabaja 8 horas diarias y con suerte consiguió un espacio donde estacionar, debe tener 64 monedas de $1 cada día. Si, en cambio, se opta por un garaje, el gasto es ampliamente mayor. Los precios por hora van desde los $ 30 a los $ 70. Esto significa que un día de trabajo tradicional consumiría entre $ 240 y $ 560 solo por estacionar.

Las cocheras rentadas mensualmente son un poco más accesibles y hoy promedian los $ 1600. Esto equivale a alrededor de $80 diarios.

A estos gastos se le deben sumar otros que ya pesan en la cuenta mensual de un automovilista como el pago de las patentes; los costos de mantenimiento y las eventuales multas que puedan recibir. Todas erogaciones que subieron entre 10% y 45% en los últimos meses.

El extitular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, le enrostró al Diego Bossio su cambio abrupto, haber abandonado el FpV y su acercamiento al gobierno de Macri. "Vos cambiás de banderas por conveniencia y de principios con una rapidez que asusta", disparó Recalde.

El diputado nacional Diego Bossio protagonizó ayer un duro cruce con Gabriel Mariotto y Mariano Recalde, que criticaron al exdirector de ANSES por abandonar el FpV y apoyar ciertas medidas del gobierno de Mauricio Macri.

Fue el expresidente de Aerolíneas Argentinas quien responsabilizó a Bossio por haber votado la mayoría de las leyes importantes para el Ejecutivo. "Macri ganó las elecciones y había una necesidad de darle gobernabilidad", justificó Bossio.

"Vos cambiás de banderas por conveniencia y de principios con una rapidez que asusta", le dijo Recalde a Bossio.

El ahora referente del Bloque Justicialista criticó la falta de militancia de La Cámpora por la candidatura de Daniel Scioli en 2015. "Los que supuestamente no acompañábamos a Scioli, ahora que perdió, seguimos estando junto a Scioli", se defendió Recalde en el programa Mauro, la pura verdad.

Por otro lado, Mariotto también criticó duramente a Bossio por ser funcional al gobierno y también le recordó la votación por la deuda con los holdouts, donde el bloque Justicialista de Diego Bossio votó a favor de la propuesta del gobierno para salir del default. "Había cosas que había que resolver, yo voté en contra de los artículos de negociación de Macri", justificó el diputado.

En otro de los cruces que protagonizaron, Bossio buscó correrse del centro del ring y afirmar que había que "empezar a encontrar puntos en común y resolver problemas de la Argentina". La sola mención fue capitalizada por Mariotto, quien rápido de reflejos, le retrucó: "Vos encontraste puntos en comun con Macri", lanzó desatando la bronca de Bossio: "No me chicaneés".

Por último, quien iba a ser ministro de Daniel Scioli si ganaba en 2015 explicó: "El atajo y la chicana no conduce a nada. No quiero participar de un espacio político que tenga determinadas improntas, no me siento cómodo", indicó justificando su salida del Frente para la Victoria. Recalde, enseguida, lo cruzó con ironía al afirmar que mientras formaba parte del Gobierno de CFK "estaba cómodo".

El gobierno nacional oficializó hoy a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y evitando su tratamiento legislativo, modificaciones a la Ley de Migraciones. Buscan acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que señala como "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".

En este sentido, lo que la norma reglamenta es "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

“Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”, señalan los considerandos.

Así lo establece el Decreto 70/2017 publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del todos los ministros del gabinete nacional. 

En el inicio de su texto, la norma remarca que los principios establecidos por la Constitución Nacional en relación a los derechos que gozan los extranjeros en el país pero, a su vez, subraya que "cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales" y que el ejercicio de esa potestad "debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección de los Derechos Humanos".

En este sentido, el DNU señala que, "en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas".

No obstante, afirma que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total".

Además, destaca que, "en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33 por ciento de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros" y argumenta que eso demuestra que "la población extranjera está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5 por ciento".

Por otro lado, el DNU indica que, "como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria".

"Lo hasta aquí expuesto configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes", concluyen los considerandos de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial.

En este sentido, el decreto señala que, "el análisis efectuado de diversos regímenes vigentes en el Derecho Comparado permite concluir que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancian por regla general de manera expedita, pues la cuestión a resolver en ellos queda circunscripta a determinar si a un extranjero le asiste o no el derecho de permanecer en el territorio del Estado respectivo".

Con este argumento, esgrime que "la razonabilidad del plazo de duración de un proceso reviste gran importancia para el efectivo respeto del derecho al debido proceso legal garantizado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país".

Por ese motivo, la norma entiende que esa situación "justifica la regulación inmediata de un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

Además, remarca que el "procedimiento sumarísimo" que establece el decreto es "respetuoso del artículo 22 inciso tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto se orienta a la protección de la seguridad y el orden público".

Mauricio Macri sostuvo el 17 de enero del presente año  "Las estadísticas dicen que hay más empleo". El presidente se refería a la reciente publicación del Ministerio de Trabajo en base a SIPA para noviembre de 2016, cuya información muestra un aumento de 38.000 puestos adicionales. (Estudio de CEPA)

Con un análisis muy sencillo, es posible identificar que, al margen de las declaraciones grandilocuentes de Cambiemos, la dinámica del mercado de trabajo ha mantenido la misma tendencia que desde el 10 de diciembre de 2015.

Algunas consideraciones:

–  Del total mencionado, 11.785 puestos los explica el sector público. Llama la atención que sea Cambiemos el que recurra al empleo público para hablar de aumento del empleo. Sobre esta cuestión, vale recordar, entre otras menciones críticas a la gestión anterior, la del propio Mauricio Macri el 1° de mayo de 2016 en el festejo del día del trabajador en el gremio de Gastronómicos: "Hace cinco años que no se genera empleo, porque ocultaron el desempleo con trabajo público inútil".

–   Quizás para evitar que el “error” de contratar desde el Estado se repita, en el mes en curso el Gobierno congeló por decreto la contratación de nuevos empleados en el Estado.

–  Repasando el derrotero del empleo estatal, desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2016, el sector público expulsa a aproximadamente 70 mil trabajadores. Esa dinámica se modifica desde abril en adelante, conjugándose despidos en menor cuantía e incorporación de personal, llegándose en la actualidad a superar la cantidad de trabajadores existentes en diciembre de 2015. Es decir, el incremento neto de empleo público que se observa hacia finales de año 2016 no invalida la existencia de despidos durante el ciclo macrista y el efecto disciplinador de los mismos. De hecho, el informe de CEPA para diciembre de 2016 menciona una sensible cantidad de despidos en el sector público “compatibles” con esta dinámica, es decir, presumiblemente reemplazados.

–   Asimismo, 4.500 puestos se generaron a través de monotributo. Si bien la evolución de la cantidad de monotributistas no presenta un comportamiento uniforme en relación a los trabajadores registrados, resulta llamativo el aumento de estos durante dicho mes y a lo largo de todo el 2016: se observa que entre enero y noviembre se produjo un incremento de casi 73 mil personas en la cantidad de monotributistas, variación que no se observa en ningún periodo inmediato anterior. La explicación de Cambiemos ha sido que esto se debe al cumplimiento del pago de la obligación en virtud de obtener de esta forma el beneficio de la AUH. Siguiendo este razonamiento, no se deriva nuevo empleo de la información pertinente, sino solo una mejora en el cumplimiento o una incorporación para la obtención del beneficio.

En lo referido al empleo privado vale indicar:

. Se observa que, sin el efecto de estacionalidad, la cantidad de puestos de trabajo nuevos se reducen de 23.000 a -1.740 casos. Es decir, si se le quita el efecto estacional (del momento del año) sobre la evolución del empleo, el resultado es negativo.

. La Encuesta de Indicadores Laborales a diciembre de 2016 (que permite inferir la evolución del empleo) muestra una sensible caída de 0,5% respecto de noviembre del mismo año, lo que anticipa que los datos de diciembre profundizarán la tendencia habitual del empleo en la era macrista.

. En línea con la dinámica mencionada previamente, nuevamente la industria es la más afectada en el trascurso del mes de octubre de 2016: se computan 3.420 trabajadores netos menos. Aquí el efecto desestacionalizado tiene el efecto inverso, ya que en un mes donde habitualmente la industria contrata personal, ha habido una importante cantidad de despidos. La desestacionalización de los 3.420 puestos perdidos en un mes de habitual contratación de personal industrial eleva ese valor al equivalente de 5.113 casos menos.

. Dentro de la encuesta mencionada anteriormente –EIL- para el mes de diciembre de 2016, es otra vez la industria la más afectada, computando una caída de 0,8% en términos de empleo para el último mes del año anterior.

Finalmente indicar algunos de los despidos más importantes del mes de enero:

Una investigación de El Disenso revela cuánto le cuestan al Estado los jóvenes Pro a cargo de Piter Robledo que  vinieron a reemplazar la “grasa militante” de la gestión anterior. ¿Cuánto cobran estos jóvenes para ponerse las pecheras azules y "ayudar" en la inundación de La Emilia?

El grupo de jóvenes es comandado por Piter Robledo que tiene el cargo de Subsecretario de Juventud de la Nación en el Ministerio de Desarrollo y representa a la Juventud PRO a nivel nacional, dicho lugar fue ocupado anteriormente por el actual Jefe de Gabinete Marcos Peña Braun. Una gran mayoría de estos jóvenes fueron compañeros del exclusivo colegio Southern Cross, y con la llegada de Piter hicieron su arribo al Ministerio de Desarrollo Social.

Juventud, divino tesoro

Hoy el funcionamiento de los jóvenes Pro le cuesta al Estado 22 millones de pesos y un sueldo promedio alcanza casi los 40 mil pesos. El nutrido “grupo cool” que reemplaza a la “grasa militante”, lo componen desde familiares de funcionarios y legisladores hasta compañeros de colegio que en su mayoría sin experiencia laboral pasaron a engrosar las filas del ministerio.

Según un informe de Desarrollo Social al que accedió El Disenso, Piter Robledo ingresó en la Secretaría de la Juventud el 10/12/15 con cargo de Subsecretario de Juventud y con un sueldo de $100.896,50. Actualmente cobra $127.203,60.

La contradicción es que Robledo llevo a cabo muchos despidos en Desarrollo Social argumentando que “no quiero que la Subsecretaría sea un local partidario”. Pero no sólo que le dio asilo a los que componen la Juventud Pro sino que con consecuencias escandalosas, si sumamos los sueldos de los 561 ingresos de Desarrollo Social desde la asunción de Macri, tendríamos un total de $21.955.292,59 en sueldos mensuales, compuesto por $18.101.949,50 de sueldos brutos y $3.853.343,09 de horas extras.

Solo en la Secretaría de Juventud, los nuevos sueldos sumarían cada mes $2.018.187,54, de eso, casi medio millón corresponde a horas extras que están especialmente repartidas entre los jóvenes PRO de menor jerarquía y su aplicación tiene cierto criterio de equidad, como si estuvieran distribuidas para que absolutamente ningún militante tenga que vivir con menos de $20.000. Por ejemplo, tenemos el caso de B. Williams, que este mes habría cobrado un sueldo de $11.757,60 con $15.244,19 de horas extras. Esta “modalidad” se repite no solo en los empleados de Robledo, sino en la mayoría de los nombramientos de Desarrollo Social con casos realmente escandalosos en los que las horas extras superan ampliamente al sueldo. Así F. Catán otro miembro de la Secretaria de la Juventud se llevaría 10.712,6 de salario bruto más $13.870,09 de horas extras.

Los Piter Robledo Boys

Los mejores amigos de Piter y compañeros de colegio: Matías “Gato” Plechot y “Santi” Nicolas Gracia Nougués, cuya única experiencia laboral conocida es la de haber sido tarjeteros/relaciones públicas de “La fiesta del Lago”, e Indalecio “Inda” Jaeschke el artista del grupo, compensan la baja categoría a la que accedieron por falta de experiencia para mejores cargos, deben hacer “extraordinarios sacrificios” para llegar “dignamente” a fin de mes:

Sueldos

El caso más escandaloso de explotación es el de A. Contreras, que habría cobrado este mes un sueldo de $17.384,43, pero con horas extras por $27.097,96, un monto que refleja una exhorbitante cantidad de horas extras, especialmente para dependencias públicas que no son exactamente un drugstore “Open24”.

Otra gran trabajadora del ministerio es la sobrina dela Ministra de Desarrollo social. La joven Cecilia Stanley habría cobrado este mes $111.650,90, un salario interesante para la Coordinadora de Financiamiento para el Fomento del Ingreso Social con Trabajo.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Desarrollo se está gestando una de las movidas electorales más fuertes para este año. A través del Decreto 51/2017 del Servicio Aduanero el abultado presupuesto de la cartera será engrosado con las cajitas felices, es decir, con los containers abandonados e incautados que yacían en aduana sin destino cierto y que pondrá a disposición de Stanley 973 bultos de mercadería suelta y 2995 contenedores llenos. El clientelismo no es ajeno al gobierno liberal, y este empujoncito extra valuado en U$S 760 millones consolida lo que será mayor movida populista de la historia.

Lo que no está claro es que el contenido de esos containers coincida con lo que realmente necesita la gente que recurre a la asistencia del Ministerio de Desarrollo, los contenedores con artículos de cotillón, accesorios de telefonía abandonados hace varios años, medicamentos vencidos u otras cosas que puedan aparecer no sean realmente útiles para los más necesitados. Respecto a los bultos sueltos y ateniéndonos al último detalle emitido por la aduana, entre los bultos que repartirá el Ministerio de Desarrollo podremos encontrar cargamentos de “dientes de Drácula”, repuestos para automotores, tonners vencidos para impresoras, cartones de raspadita o muñecas de porcelana. Se sabe, sin embargo, que muchos de los containers están cargados de ropa y juguetes importados, pero el gobierno no se ha preocupado de analizar las consecuencias que traería para las industrias textil y juguetera argentina la distribución los contenedores. En cualquier caso, las consecuencias negativas sobre sobre la industria no se sentirán hasta después de las elecciones, y la caída del sector será explicada con el dogmático argumento de la falta de competitividad.

Fuente: El Disenso

A través de un comunicado emitido hoy por ese gremio se acusó al  Ministro de Trabajo  y al jefe del Banco Central de estafadores por no homologar el acuerdo que incluía la reapertura de la paritaria y una suma fija de 2.000 pesos más un aumento salarial del 10%.

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, acusó hoy de "sinverguenzas y estafadores" al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por no homologar un acuerdo negociado entre los bancos y el sindicato para un incremento salarial.

El entendimiento incluía la reapertura de la paritaria 2016 para compensar la pérdida de poder adquisitivo de ese año y una suma fija de $2.000 más un aumento salarial del 10%, equivalente a un aumento del 19,5% para el sueldo inicial, a cuenta de lo que se negocie en la paritaria 2017.

La cartera que conduce Jorge Triaca no homologó el acuerdo negociado entre el gremio y los bancos, y enterada de esta decisión, La Bancaria intimó al cumplimiento de lo acordado con las entidades.

"Este hecho es de una extrema gravedad, en el que tenemos que decir que tanto el Sr Triaca como los funcionarios cómplices de esta maniobra legal como los banqueros que se avienen a incumplir sus acuerdos con los trabajadores bancarios son no solos unos sinverguenzas sino que de consumar este robo de ingresos de carácter alimentario para la familia bancaria se convierte en vulgares estafadores", sentenció la entidad gremial en un comunicado.

Comunicado completo